STS 743/2004, 9 de Junio de 2004

Ponente:DIEGO ANTONIO RAMOS GANCEDO
Número de Recurso:1141/2003
Procedimiento:PENAL - Recurso de casacion
Número de Resolución:743/2004
Fecha de Resolución: 9 de Junio de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal
RESUMEN

"DELITO DE ROBO. El Tribunal sentenciador no elude los Informes médicos aportados, ni construye el ""factum"" de la sentencia de espaldas a los mismos, sino que en el ejercicio de su exclusiva función que le atribuye el art. 741 L.E.Cr., efectúa una valoración de los mismos que razona en la sentencia para declarar que los acusados ""son drogodependientes de cocaína y heroína de varios años de evolución"", y, en su consecuencia declara la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de drogadicción respecto a los delitos contra el patrimonio, que, si bien hubiera podido ser incardinada en la atenuante específica del art. 21.2 C.P. en tanto que se dan los requisitos de grave adicción y que ésta intensa servidumbre al consumo ha sido la causa de la perpetración de los mencionados delitos, a efectos penológicos resultan equivalentes. Se condena al acusado. Se desestima la apelación."

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Junio de dos mil cuatro.

En los recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, que ante Nos penden, interpuestos por los acusados Clemente y Carlos Ramón, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Séptima, que les condenó por delitos de robo con violencia, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y atentado, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la vista y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Diego Ramos Gancedo, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados, respectivamente, por la Procuradora/or Sra./Sr. Fernández Redondo y de Zulueta y Cebrián.

ANTECEDENTES

  1. - El Juzgado de Instrucción nº 30 de Madrid incoó procedimiento abreviado con el nº 105 de 2.003 contra Clemente y Carlos Ramón, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Séptima, que con fecha 10 de julio de 2.003 dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados: El día 19 de diciembre de 2.002 sobre las 02,45 horas, los acusados Carlos Ramón con DNI NUM000 y Clemente con DNI NUM001 ambos mayores de edad y sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, en la C/ Serrano de Madrid, cuando Juan María, se disponía a acceder al interior del vehículo BMW matrícula M-8007-YX, propiedad de Hispamer, lo abordaron, portando Clemente un revólver marca Rubi Extra, calibre 38 largo, número de serie 34559, en buen estado de conservación y perfecto funcionamiento, careciendo de licencia y guía de pertenencia, se lo colocó a la altura del cuello, obligándole a que se introdujera en los asientos traseros del vehículo, exigiéndole la entrega de lo que de valor tuviera, obteniendo de este modo un reloj marca Viceroy, diversas tarjetas de crédito y débito y 30 Euros. A continuación y bajo la amenaza de pegarle un tiro, le exigieron que les revelara el número secreto de las tarjetas de crédito, dirigiéndose a una sucursal bancaria, sin que los acusados pudieran realizar algún reintegro al no ser correctos los números secretos facilitados por Juan María. Iniciando la marcha por diversas calles de Madrid, haciendo una segunda parada en el poblado de las Barranquillas, donde introdujeron a Juan María en el interior del maletero. Hacia las 8,15 horas del mismo día, los acusados se dirigieron con el referido vehículo a la sucursal de Caja Madrid de la Localidad de Alcorcón (Madrid), sita en la C/ Nueva esquina con Polvoranca, y mientras que Carlos Ramón permanecía en el exterior, dentro del coche en labores de vigilancia y espera, Clemente portando en la mano el revólver antes reseñado, con un pasamontañas de color azul y unas gafas de sol que utilizaba para ocultar su rostro, entró en el interior de la entidad bancaria y colocando el arma en el cuello del director de la oficina, le exigió la entrega de dinero obteniendo 6.660 Euros. Cuando Clemente, salía de la entidad bancaria, al verse sorprendido por una pareja de la Policía Municipal de Alcorcón, con el arma encañonó a uno de ellos el Policía Municipal NUM002, siendo reducido finalmente por el PM NUM003 que se abalanzó encima del acusado, cayendo los dos al suelo, perdiendo el acusado el arma, que fue recuperada por los agentes. Como quiera que Carlos Ramón se percatara de la detención de su compañero. Con el coche se dirigió marcha atrás hacia el PM NUM002 que tuvo que retirarse para evitar ser atropellado, dando el agente la orden de parar el motor y de bajar del coche, llegando el policía a realizar dos disparos a las ruedas del coche. Carlos Ramón hizo caso omiso y a gran velocidad continúa su marcha, por la C/ Jabonería donde se encuentran las dependencias de la policía municipal; allí los agentes NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM006 y NUM008, le indicaron con las manos y por megafonía que detuviera la marcha, pero el acusado continúo la huída a gran velocidad, llegando a subirse a la acera por lo que varios agentes nuevamente estuvieron a punto de ser atropellados, realizando los PM NUM004 y NUM005 disparos a las ruedas del coche. El acusado Carlos Ramón fue finalmente interceptado al cerrarle el paso dos vehículos de la policía. Mientras que se desarrollaban los anteriores hechos Juan María, se encontraba en el interior del maletero, de donde fue liberado por la policía municipal, sin que sufriera lesiones físicas. En el momento de la detención a Clemente, se le ocuparon 17 cartuchos marca Winchester 38 SPC, aptos para ser disparados por el revólver ya descrito, que tenía alojado en el tambor cinco cartuchos idénticos a los anteriores, unas gafas de sol, un pasamontañas de color azul y una billetera que contenía el permiso de conducir de Juan María así como la totalidad del metálico sustraido en la entidad bancaria. No se recuperó el reloj Viceroy valorado en 69 Euros, y 30 Euros pertenecientes a Juan María. El vehículo M-8007-YX tuvo daños por valor de 985,36 Euros. Los acusados son drogodependientes de cocaína y heroína de varios años de evolución.

  2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: FALLAMOS: Condenamos a Carlos Ramón y a Clemente, como autores responsables de: A) un delito de robo con violencia la atenuante analógica de drogadicción del art. 21.1 y 6 del Código, a la pena de prisión de cuatro años, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, B) un delito de robo con violencia en grado de tentativa, concurriendo la agravante de disfraz del art. 22.2 del Código Penal y la atenuante analógica de drogadicción del art. 21.1 y 6 del Código, a la pena de prisión de dos años y seis meses, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, C) un delito de detención ilegal, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de prisión de cuatro años y seis meses, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, D) un delito de tenencia ilícita de armas, sin que concrurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de prisión de un año y seis meses, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, E) un delito de atentado sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de prisión de dos años y seis meses, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Debiendo los ahora condenados indemnizar de forma conjunta y solidaria a Juan María en 30 Euros que le fueron sustraidos y 69 Euros por el valor del reloj que también le fue sustraido. Y al representante de Hispamer en 985,38 Euros por los daños habidos en el vehículo de su propiedad. Las costas de este juicio serán satisfechas por los condenados por mitad e iguales partes. Se acuerda el comiso del arma intervenida a la que se dará el destino legal. Para el cumplimiento de las penas impuestas se abonará a los ahora condenados el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa. Se aprueba el auto de insolvencia dictado por el Juez de Instrucción en la pieza de responsabilidad civil. Esta sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, recurso que habría de prepararse mediante escrito a presentar en la Secretaría de esta Sala en el término de cinco días.

  3. - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, por los representantes de los acusados Clemente y Carlos Ramón, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

  4. - I.- El recurso interpuesto por la representación del acusado Clemente, lo basó en el siguiente MOTIVO DE CASACION: Motivo único.- Por infracción de ley del art. 849.2 L.E.Cr. al haber existido, a juicio de la parte recurrente, error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios y conforme al art. 855 de dicho Texto competencial, se designaron como particulares: los informes médicos aportados a los autos por el propio recurrente y los informes médicos realizados inmediatamente después de la detención de Clemente en el Hospital de Alcorcón donde es conducido por la Policía.

    1. EL recurso interpuesto por la representación del acusado Carlos Ramón, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.- Por infracción de ley del artículo 849.1 de la L.E.Cr., al haberse infringido, según esta parte, un precepto penal de carácter sustantivo, cual es el artículo 242.1 y 2, en relación con la tenencia de armas del art. 563, y la detención ilegal del art. 163 del mismo Texto material, en relación con el art. 24 de la Constitución; Segundo.- Por infracción de ley del art. 849.1 L.E.Cr. por aplicación indebida del delito de atentado del art. 242.2 C.P., en relación con el art. 24 de la Constitución; Tercero.- Por infracción de ley del art. 849.1 L.E.Cr. por aplicación indebida de la agravante de disfraz en Carlos Ramón, del art. 22.2 C.P.; Cuarto.- Por infracción de ley del art. 849.2 L.E.Cr. al haber existido, según el recurrente, un error en la apreciación de las pruebas, basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, y conforme el art. 855 del mismo texto competencial, se designa como particulares el informe de Punto Omega, que revela al recurrente como un adicto a la cocaína y la heroína, agravado a raíz de los hechos que se enjuician; Quinto.- Por quebrantamiento de forma del art. 851.1 L.E.Cr., al no expresarse en la sentencia clara y terminantemente cuáles son los hechos probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos; Sexto.- Por quebrantamiento de forma del art. 851.3 L.E.Cr., al no resolverse todos los puntos propuestos por la acusación y la defensa.

  5. - Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, solicitó la desestimación de todos los motivos de ambos recursos, quedando conclusos los autos para señalamiento de vista cuando por turno correspondiera.

  6. - Hecho el señalamiento para la vista, se celebró la misma el día 2 de junio de 2.004, con la presencia del Letrado recurrente D. Cosino Carlos Spinola Cantó en defensa de los acusados Clemente y Carlos Ramón quien mantuvo sus recursos; del Letrado recurrido D. Oscar Enrique Gilsanz en defensa de Caja Madrid, quien impugnó los recursos y con la también presencia del Ministerio Fiscal, que impugnó igualmente los recursos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

RECURSO DE Clemente

PRIMERO

El único motivo que articula este coacusado se ampara en el art. 849.2º L.E.Cr., para alegar error de hecho en la apreciación de la prueba. El desarrollo del reproche alude a que el acusado es un enfermo de SIDA y afectado de drogadicción grave, por lo que, asegura el recurrente, ni física ni psicológicamente Clemente estaba en uso de sus facultades mentales.

Esta afirmación se fundamenta en una genérica y abstracta mención a "los Informes aportados en el acto del Juicio Oral ...", pero se omite absolutamente toda concreción de dichos Informes, ni los particulares de ellos que acreditaran el "error facti" que se denuncia, cuando ha declarado esta Sala reiteradamente que la invocación "in genere" a documentos no es suficiente cuando se aduce el error de hecho, siendo obligación del recurrente especificar los fragmentos o particulares del documento aducido y razonar, siquiera mínimamente, cómo, de esa manera, se demuestra palmaria e incuestionablemente, la equivocación del juzgador al elaborar la declaración de Hechos Probados.

De otra parte, debe significarse que el Tribunal sentenciador no elude los Informes médicos aportados, ni construye el "factum" de la sentencia de espaldas a los mismos, sino que en el ejercicio de su exclusiva función que le atribuye el art. 741 L.E.Cr., efectúa una valoración de los mismos que razona en la sentencia para declarar que los acusados "son drogodependientes de cocaína y heroína de varios años de evolución", y, en su consecuencia declara la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de drogadicción respecto a los delitos contra el patrimonio, que, si bien hubiera podido ser incardinada en la atenuante específica del art. 21.2 C.P. en tanto que se dan los requisitos de grave adicción y que ésta intensa servidumbre al consumo ha sido la causa de la perpetración de los mencionados delitos, a efectos penológicos resultan equivalentes. Si a ello se añade que no se cita ni aparece documento alguno que acredite que los acusados tuvieran mermadas sus facultades cognoscitivas o volitivas (al margen de la propia limitación para dominar los impulsos delictivos con el objeto de conseguir dinero para consumir la droga que su adicción les exigía, que fundamenta la atenuante de drogadicción) en relación con su actividad criminal, la conclusión no puede ser otra que la desestimación del motivo.

RECURSO DE Carlos Ramón

SEGUNDO

Comenzando por los dos motivos casacionales que denuncian quebrantamiento de forma, el primero de ellos denuncia la contradicción entre los hechos declarados probados que previene el art. 851.1 L.E.Cr. A tal fin, indica el motivo que "en los Hechos Probados se dice que Carlos Ramón hizo caso omiso a los agentes y continúa su huída a gran velocidad; en tanto que en el Fundamento de Derecho Segundo, se afirma que los agentes habían llegado a pie y por ello no se percata de la presencia policial e intenta evitar la detención".

El reproche carece de todo fundamento. No se aprecia la contradicción "in terminis" que requiere el éxito del motivo, que únicamente procederá cuando los datos fácticos probados sean absolutamente incompatibles entre sí y recíprocamente excluyentes, de tal suerte que el uno suponga el rechazo del otro, dejando de este modo el relato histórico vacío de contenido; y, así, es de ver que las expresiones supuestamente encontradas que señala el motivo, no son en modo alguno contradictorias.

Por otra parte, el reproche no se ajusta a la realidad de lo que consigna la sentencia. El "factum" describe que, tras el enfrentamiento de Clemente con la Policía Municipal cuando aquél salía del Banco que había pretendido atracar "como quiera que Carlos Ramón se percatara de la detención de su compañero. Con el coche se dirigió marcha atrás hacia el PM NUM002 que tuvo que retirarse para evitar ser atropellado, dando el agente la orden de parar el motor y de bajar del coche, llegando el policía a realizar dos disparos a las ruedas del coche. Carlos Ramón hizo caso omiso y a gran velocidad continúa su marcha, por la C/ Jabonería donde se encuentran las dependencias de la policía municipal; allí los agentes NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM006 y NUM008, le indicaron con las manos y por megafonía que detuviera la marcha, pero el acusado continúo la huída a gran velocidad, llegando a subirse a la acera por lo que varios agentes nuevamente estuvieron a punto de ser atropellados, realizando los PM NUM004 y NUM005 disparos a las ruedas del coche". Por su parte el Fundamento de Derecho mencionado por el recurrente, indica que "como quiera que los agentes de policía llegaron a pie, Carlos Ramón inicialmente no se percata de su presencia, que observó cuando éstos se encontraban ya deteniendo a su compañero, por eso intenta evitar esa detención, dirigiendo el coche al punto donde se encontraban los agentes y Clemente".

La reproducción de estos fragmentos de la sentencia evidencia que en modo alguno existe la contradicción fáctica alegada y, por ello, el motivo debe ser desestimado.

TERCERO

Se aduce también la incongruencia omisiva prevista como vicio formal en el art. 851.3 L.E.Cr. porque "se ha desoído gran parte de formulaciones del procesado y se han recogido tesis no formuladas por la acusación" (sic).

El recurrente no se digna desarrollar, argumentar o razonar esta denuncia, ni siquiera para indicar cuáles pretensiones jurídicas formuladas por la defensa en tiempo y forma han dejado de tener respuesta del Tribunal sentenciador, lo que impide a esta Sala siquiera abordar la retórica censura.

CUARTO

Por el cauce del art. 849.2º L.E.Cr., se alega error de hecho en la apreciación de la prueba. La queja es sustancialmente igual a la que formula el otro coacusado que ha quedado examinada, incluso con párrafos idénticos que se repiten en uno y otro motivo. Aquí se aporta el Informe de PUNTO OMEGA, también sin señalamiento de particular alguno, señalando el motivo que tal documento "... revela al recurrente como un adicto a la cocaína y la heroína ....". Pero ocurre que esta situación de drogodependencia ha sido apreciada por la sentencia que se recurre, por lo que ningún "error facti" se aprecia.

QUINTO

Entrando ya en los motivos por infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr., el primero de los formulados es un "totum revolutum" en el que se dice literalmente "haberse infringido, según esta parte, un precepto penal de carácter sustantivo, cual es el artículo 242.1 y 2, en relación con la tenencia de armas del art. 563, y la detención ilegal del art. 163 del mismo texto material, en relación con el art. 24 de la Constitución".

Al margen de unas extensas consideraciones generales que brillan por su falta de concreción y adecuación a los errores de derecho que se invocan en el motivo; al margen también de que el motivo se adentra en revisar la valoración de la prueba para obtener conclusiones a su conveniencia, parece que lo que pretende el motivo es rechazar la calificación jurídica que hace la sentencia de los hechos declarados probados que, como es bien sabido, deben ser escrupulosamente respetados dada la vía casacional utilizada.

Del farragoso y oscuro desarrollo del motivo parece desprenderse que el recurrente formula los siguientes reproches:

  1. - La aplicación a Carlos Ramón del subtipo agravado de uso de armas en los delitos de robo calificados como integrantes del art. 242.1 y 2 C.P., alegando que el arma de fuego fue utilizada por el coacusado Clemente exclusivamente. Pero lo cierto es que la sentencia reseña que ambos actuaron de común acuerdo y que, además, el "factum" precisa que ambos acusados abordaron a la víctima "portando Clemente un revólver marca Rubi Extra, calibre 38 largo, número de serie 34559, en buen estado de conservación y perfecto funcionamiento, careciendo de licencia y guía de pertenencia, se lo colocó a la altura del cuello, obligándole a que se introdujera en los asientos traseros del vehículo, exigiéndole la entrega de lo que de valor tuviera, obteniendo de este modo un reloj marca Viceroy, diversas tarjetas de crédito y débito y 30 Euros. A continuación y bajo la amenaza de pegarle un tiro, le exigieron que les revelara el número secreto de las tarjetas de crédito, dirigiéndose a una sucursal bancaria, sin que los acusados pudieran realizar algún reintegro al no ser correctos los números secretos facilitados por Juan María. Iniciando la marcha por diversas calles de Madrid, haciendo una segunda parada en el poblado de las Barranquillas, donde introdujeron a Juan María en el interior del maletero". Este relato evidencia, fuera de toda duda razonable, que el ahora recurrente conocía y consentía el empleo del revólver por su compinche del revólver en la ejecución de los hechos -así como en la tentativa posterior de atraco al Banco-, por lo que estamos ante un supuesto paradigmático de comunicabilidad del empleo del arma a quien físicamente no la porta pero participa conscientemente del hecho en que es utilizada por otro partícipe.

  2. - Sostiene que "la detención ilegal y la tenencia ilícita de armas son delitos que no alcanzan a Carlos Ramón". Respecto del delito primeramente citado, basta con advertir que el relato de Hechos Probados indica que los acusados (los dos) privaron de su libertad a Juan María a las 02'45 horas del 19 de diciembre de 2.002, y lo retuvieron en tal situación hasta que fue liberado por la Policía sobre las 08,15 horas del maletero del vehículo donde le habían encerrado, y varias horas después de finalizado el acto del robo intimidatorio. Este reproche, por tanto, no puede prosperar.

  3. - En lo que concierne al delito de tenencia ilícita de armas, el motivo alude a que Carlos Ramón no tuvo contacto con el revólver en ningún momento y que "la pistola era un asunto de Clemente".

La sentencia impugnada, por su parte, realiza un certero análisis de los elementos materiales, normativos y subjetivos que configuran el delito del art. 564 C.P., y declara la coautoría de Carlos Ramón en la comisión del ilícito porque, con cita de la sentencia de esta Sala de 28 de enero de 2.000, "la coautoría en el delito de tenencia ilícita de armas afecta no sólo al portador físico del arma de que se trate, es decir, a quien materialmente la tiene o posee de manera inmediata, sino a cuantos con posesión mediata mantiene la codisponibilidad sobre ella", para, de seguido señalar la concurrencia de estos elementos en el coacusado ahora recurrente por lo que la coautoría deviene patente al concurrir, según afirma la sentencia, la codisponibilidad del arma para hacer uso de la misma. El submotivo tampoco puede ser acogido.

SEXTO

El siguiente motivo, por el mismo cauce del "error iuris" alega la indebida calificación del delito de atentado que tipifica el art. 551.1 y 550 C.P. (el recurrente sufre una confusión al citar el art. 242.2), afirmando que en la conducta de Carlos Ramón no concurre el dolo requerido por la figura delictiva.

Junto al elemento subjetivo de que el sujeto activo del delito conozca la cualidad del sujeto pasivo de Agente de la Autoridad -que no se discute-, ha de concurrir también el dolo, que, si tradicionalmente se venía concibiendo como la consciencia y voluntad de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad (véase, entre otras muchas, STS de 9 de junio de 1.990), la moderna doctrina soslaya las antiguas concepciones y las sustituye por la más acorde con los principios constitucionales entendiendo que el bien jurídico protegido por el tipo no es otro que el libre desempeño de las funciones de protección y garantía de la convivencia social que los Agentes de la Autoridad tienen encomendada, de suerte que, siendo ese el bien tutelado por la norma, el dolo consistirá en agredir, acometer o resistirse activa y gravemente a dichos agentes en el desempeño de sus funciones y deberes, con conocimiento de esa condición y voluntad de ejecutar la acción típica.

Del fragmento del relato de Hechos Probados que hemos transcrito anteriormente, en la actuación de quien ahora recurre pueden diferenciarse dos episodios distintos: el primero, cronológicamente, en el que Carlos Ramón, al percatarse de la detención de su compañero, dirigió el coche marcha atrás hacia el Policía NUM002, que tuvo que retirarse para evitar ser arrollado. Esta acción comporta un acometimiento al agente de la Autoridad con el empleo del vehículo como instrumento de la agresión que, por la propia naturaleza de los hechos, refleja el dolo requerido por el tipo, sin que sea exigible que la acción atacante venga seguido de un resultado lesivo al tratarse de un delito de mera actividad, y que queda expresamente reflejado en la sentencia al consignar en el F.J. Quinto que el acusado tuvo como propósito evitar la detención de Clemente "quien en un primer momento intenta atropellar a los agentes, NUM002 y NUM009 que estaban deteniendo a Clemente".

En la segunda fase de la actuación, el acusado,-siempre siguiendo el "factum"- hace caso omiso de las órdenes de parar y de bajar del vehículo, así como de los disparos que los agentes disparan a las ruedas y, a gran velocidad emprende la huída sin atender a los requerimientos de otros policías que con ademanes y por megafonía le comunicaban a detenerse, a pesar de lo cual el acusado "continuó la huída" a gran velocidad, llegando a invadir la acera, por lo que varios agentes nuevamente estuvieron a punto de ser apropellados. Esta actuación pudiera no estar integrada en los verbos nucleares de acometer, atacar o agredir que conforma la primera modalidad típica de atentado, toda vez que la finalidad perseguida por el sujeto activo es la de huir de las fuerzas policiales y no se advierte un propósito específico de ataque que conformara el dolo específico, o directo de ofender al principio de autoridad que representan sus Agentes, lo que no empece para que esta conducta se integre en el tipo de atentado del art. 550 C.P. en atención a dos razones: A) que estaríamos ante un supuesto de dolo de segundo grado conocido por la doctrina como "de consecuencias necesarias", cuando el sujeto activo, aún persiguiendo otras finalidades (aquí la huída), le consta la condición de autoridad o funcionario del sujeto pasivo y acepta que aquel principio quede vulnerado por causa de su proceder (STS de 3 de marzo de 1.994); y, B) porque, en último extremo, la actuación del ahora recurrente se incardina sin duda en la segunda modalidad del tipo de atentado, consistente en la resistencia activa grave, pues no de otra forma puede calificarse a quien se resiste a ser interceptado y detenido por la Policía utilizando como instrumento de esa resistencia un vehículo a toda velocidad que puso en serio peligro la integridad física de aquéllos, lo que evidencia una oposición activa violenta y hostil en la que se utiliza el empleo de la fuerza.

El motivo debe ser desestimado.

SEPTIMO

Por último, y también por infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr., se alega la indebida aplicación a Carlos Ramón de la agravante de disfraz del art. 22.2 C.P. en lo referente al robo intentado en la sucursal bancaria de Caja Madrid.

Dice el recurrente en apoyo de su pretensión y con único argumento atendible, que el enmascaramiento de Clemente al ejecutar materialmente el atraco utilizando un pasamontañas y unas gafas de sol "no favorece nada de la acción delictiva". Se trata de un alegato irrelevante pues la "ratio essendi" de la agravación es plural, ya que unas veces se trata de evitar una mayor facilidad en la ejecución del hecho y, otras la impunidad del autor.

Por lo demás, la doctrina de esta Sala es reiterada y pacÍfica al declarar la comunicabilidad de esta agravante de naturaleza objetiva a los partícipes en el hecho delictivo e integrados en el "pactum sceleris" que tienen conocimiento de ella al tiempo de su acción o cooperación al delito. En el caso, no sólo declara la sentencia la existencia del acuerdo previo de los dos acusados para la variada actividad criminal realizada, por lo que, en buena lógica y según los dictados de la experiencia, el ahora recurrente tenía que conocer el "modus operandi" de su compañero al atracar el banco mientras aquél "permanecía en el exterior dentro del coche en labores de vigilancia y espera", según el "factum", como el Tribunal sentenciador confirma al señalar que Carlos Ramón conocía este extremo como resultado de la planificación conjunta del hecho; además, el mismo recurrente admite dicho conocimiento cuando señala, refiriéndose a Carlos Ramón que "el saber que se va a producir una disimulación por parte de Clemente [no] puede extenderse de alguna manera a Carlos Ramón, que no disimula nada ....".

El motivo debe ser desestimado.

III.

FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION por quebrantamiento de forma e infracción de ley, interpuestos por los acusados Clemente y Carlos Ramón contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Séptima, de fecha 10 de julio de 2.003 en causa seguida contra los anteriores por delitos de robo con violencia, detención ilegal, tenencia ilícia de armas y atentado. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en sus respectivos recursos. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Diego Ramos Gancedo , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.