STS, 6 de Octubre de 1997

El inicial motivo de impugnación, se formula al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución, en relación con el 11.1 de la L.O.P.J., al condenarse a los recurrentes en base a pruebas aportadas de forma indebida al procedimiento, ya que si la sentencia de instancia reconoce la posibilidad de que las declaraciones policiales de los procesados hubieran sido obtenidas bajo tortura y malos tratos, las de algunos de ellos, inculpatorias para si mismo y para el resto de los coprocesados, éstas últimas son subsiguientes y están directamente relacionadas con las anteriores declaradas nulas, por lo que no pueden tener valor, y en su consecuencia no hay prueba de cargo para condenar. El motivo debe desestimarse.

No se puede pretender viciar las declaraciones prestadas en el Juzgado de Instrucción, de las irregularidades que pudieran tener lugar en las realizadas ante la Policía. Y ello porque aquellas fueron verificadas sin que se atentara a la libertad de quienes la llevaron a cabo, pues manifestaciones que constan en las mismas, tales como " que no se afirma ni ratifica en la declaración prestada", son expresivas claramente de dicha libertad en su contenido. Por lo tanto, el que el objeto primordial de las anteriores declaraciones coincidieran con las posteriores, no condiciona en modo alguno el sentido de la declaración. Por otra parte, como se consigna en el fundamento de derecho primero de la sentencia en algunas de las declaraciones judiciales que se toman por el Tribunal de instancia como base probatoria, los declarantes estaban asistidos por Letrados de su elección, con lo que quedan desvirtuadas las alegaciones que se efectúan en el motivo. Las posibilidades de asistencia real a los detenidos se determina por la Ley, y no se ha denunciado irregularidad alguna en este aspecto, por lo que se refiere a las declaraciones judiciales, que se han valorado por el juzgador " a quo", para formar su convicción sobre el hecho.

« Por otra parte, la cuestión de la credibilidad que el Tribunal de instancia otorgue a las declaraciones de los coimputados, en contraste con la de los demas acusados, no afecta a la supuesta vulneración del derecho constitucional a la preseunción de inocencia, pues tal facultad de confrontar las declaraciones prestadas oralmente y en forma contradictoria compete al Tribunal de instancia en cuya presencia se han formulado, conforme al principio de inmediación (cfr. Sentencias 21 y 23 Mayo 1.996).

Por ello, las contradicciones, retractaciones o correcciones sobre la implicación de los acusados en los hechos que se enjuician, frecuentes entre las afirmaciones del sumario y las evacuadas en el acto del juicio oral, no significa inexistencia de actividad probatoria, sino que pasa a ser un tema de apreciación probatoria, pudiendo el Tribunal sentenciador llevar a cabo una confrontación entre unas y otras y formar un juicio en conciencia sobre su respectiva veracidad, en los términos que autoriza el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -cfr. Tribunal Supremo Sentencias 12 Diciembre 1.996 y 3 Octubre 1.997-.>>

Y la misma, es totalmente aplicable al caso que se examina, puesto que tales declaraciones incriminatorias, se han prestado sin violación de derechos fundamentales.

Por la misma vía que el precedente, en el correlativo motivo, se alega vulneración del derecho fundamental a un juicio con todas las garantias sin que se produzca indefensión, del artículo 24.1 y 2 de la Constitución, en relación con los derechos a la defensa y a la asistencia Letrada del mismo artículo, al ser nulos todos los autos que acordaban la incomunicación de los procesados y las prorrogas de detención de los mismos.

Es evidente que tanto las prórrogas de la detención, como la incomunicación, requieren resolución motivada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Es cierto, que según lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Constitución Española, las sentencias, y también los autos han de ser motivados, y si tal motivación no existe o es insuficiente o arbitraria e irracional queda lesionado el derecho a la tutela judicial.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha concretado el contenido y significado de tal requisito, que afecta no solo a las sentencias a las que concretamente se refiere el artículo 120 citado de la Norma Constitucional,sino también a los autos, que según el artículo 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Procesal Penal, artículos 141 y 550, han de ser siempre fundados -Tribunal Constitucional Sentencias 159 y 175 de 1.992- Se insiste en que el derecho a una resolución motivada, consiste en el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, sin que sea exigible una extensión determinada, y sin que el juez o Tribunal esté obligado a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectivo que le lleva a resolver en un determinado sentido, siendo suficiente el que tales razones se expresen de modo que pueda entenderse el porqué de lo resuelto, poniéndose así de manifiesto que no se ha obrado con arbitrariedad, y siendo las peculiares circunstancias del caso, asi como la naturaleza de la resolución de que se trate, las que han de servir para juzgar sobre la suficiencia o no de las razones expuestas a los fines de tener o no por cumplido el requisito que se examina. Así, pues, ha de examinarse caso por caso, atendiendo a las peculiares circunstancias de cada uno y la clase de resolución de que se trate, lo que tiene excepcional importancia en supuestos como el presente en que se trata de autorizar una medida policial de investigación previa al descubrimiento del delito -Tribunal Supremo Sentencias 8 y 22 de Mayo de 1.995-. Tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -Sentencias 28 Junio 1.993, 10 Junio 1.994 y 1 Julio 1.997- como la del Tribunal Supremo -cfr. Sentencias 4 Marzo, 17 Abril 1.995 y 3 Octubre 1.996 y 16 Abril 1.997-, admiten la motivación por remisión, y esta doctrina viene siendo aplicada con frecuencia por esta Sala, cuando se trata de autorizaciones judiciales para entradas y registros en domicilios; así pues, el auto del juzgado dá respuesta a una determinada solicitud de la Policía, queda completado por el contenido de la solicitud, de tal forma que han de considerarse constitucionalmente correctos, aunque procesalmente puedan reputarse viciados, los casos como el que se examina en que la resolución judicial es sucinta, pero no lo es el oficio policial de petición de autorización, y ello porque no se produce indefensión alguna a la parte, cuando tiene acceso al procedimiento, conoce al mismo tiempo el auto del juzgado , y la solicitud de la Polícia que le precede y sirve de fundamento -Tribunal Supremo Sentencias 26 Enero, 24 Febrero, 2 y 30 Abril 1.996-.

Hay que tener presente que dichas decisiones se adoptan en los momentos iniciales de la investigación policial de un delito, por lo que generalmente en la comunicación que se dirige por la Policía al Juzgado, solo se pueden consignar las circunstancias que fundan la sospecha del delito. Esas circunstancias que se hacen constar en el escrito de petición, son objeto de valoración judicial para otorgar lo pedido; y por tanto, deben considerarse incluidas en la resolución que otorga la autorización. En la motivación, pues, recibe expresión externa esa valoración de circunstancias que justifican la medida. Desde esa perspectiva, hay que reputar motivados suficientemente los dos autos cuestionados, y en consecuencia, el motivo debe rechazarse.

Así mismo, con amparo en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se formula el tercer motivo de impugnación, en el que se aduce infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, ya que la sentencia no resuelve sobre dos de las cuestiones formuladas por las defensas en el acto de la vista oral, pues se afirma, se solicitó la declaración de nulidad de los autos de incomunicación y prórroga de detención dictados por el Instructor, y asi mismo respecto a los autos que se autorizaban registros domiciliarios, sin que se diera respuesta a las mismas.

En realidad, por la vía del derecho a la tutela judicial efectiva, se pretende denunciar un vicio formal de la sentencia, esto es, una supuesta incongruencia omisiva. Tal derecho no supone un desconocimiento de las normas sobre el proceso. Los vicios formales de la sentencia, no se modifican ni en su número, ni en su extensión, por la proclamación de ese derecho fundamental. la supuesta ilegalidad de la detención o la incomunicación, puede denunciarse a través de otro cauce, y con otros efectos, pues su repercusión sería el valor de la prueba obtenida en esa situación.

Una reiterada doctrina jurisprudencial ha declarado en relación con la incongruencia omisiva que se denuncia, que: « para su estimación se precisa: 1º) que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y nó sobre problemas de hecho. 2º)que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno. 3º) que en el fallo no se refleje la resolución de un modo explicito o implícito de las mísmas -cfr. Sentencias 10 Abril, 29 Mayo; 12 Setiembre 1.989 , 10 Abril 1990 y 2 Octubre 1.997.>>

En el caso que se examina, no hay tal incongruencia omisiva, pues no se trata de falta de respuesta jurisdiccional a una pretensión jurídica oportunamente ejercitada, conforme a la doctrina expuesta. El motivo, debe rechazarse.

Se reitera en el cuarto motivo de impugnación, la mención del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para alegar vulneración de los derechos de defensa, a un juicio con todas las garantias y a la prueba, del artículo 24.2 de la Constitución.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha examinado en diversas Sentencias el problema cuestionado, Sentencias de Kostovski de 20 de Noviembre de 1.989, Windisch de 27 de Setiembre de 1.990, o finalmente la Sentencia Ludi de 15 de Junio de 1.992, en todas las cuales se trataban de pruebas de cargo contra el acusado, y esencialmente se reputaban contrarias a las exigencias derivadas del artículo 6 del Convenio citado, a la imposiblidad de contradicción en el juicio oral. Asi también lo corroboran las Sentencias del Tribunal Constitucional 64/94 de 28 de Febrero, y las de esta Sala de 8 de Julio de 1.994 y 6 Febrero de 1.995. Los testigos, que no comparecieron en el acto del juicio oral, no pudieron ser interrogados en momento alguno por la defensa del acusado, ni pudo el Tribunal observar su comportamiento durante el interrogatorio, ni formar su convicción acerca del crédito que merecian.

Conforme a la doctrina expuesta, lo que se veda en el proceso es la validez de la declaración del testigo anónimo, en contraposición a los denominados testigos "ocultos", y sobre todo la posibilidad de contradicción por las partes en el acto del juicio oral, pues de acuerdo con lo que dispone la Ley 19/94 de 23 de Diciembre, corresponde al Tribunal sentenciador apreciar la situación de peligro y adoptar las medidas de seguridad previstas en la mencionada Ley, entre las que se encuentra, la de realizar cualquier diligencia de tal forma que se impida la identificación visual.

Se cumplió, pues, y es respetado por el Tribunal de instancia la posibilidad de contradicción por las partes en la vista del juicio oral conforme consta en la correspondiente acta levantada al efecto. El motivo, debe rechazarse.

El quinto motivo de impugnación, se formula al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el mismo, se denuncia infracción del artículo 24.2 de la Constitución, en relación con los artículos 416 y 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que se ha perjudicado el derecho fundamental a no declarar contra parientes, siendo nula dicha prueba por aplicación del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En nuestro ordenamiento jurídico, se establecen diversos supuestos en que, por incapacidad física o moral, para evitar la propia inculpación, o por razón de parentesco o de secreto profesional, se exime al testigo del deber de declarar; según el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado, si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley". Y el deber de prestar declaración constituye el deber fundamental del testigo, en torno al cual gira toda la diligencia. Sin embargo, la ley establece determinadas exenciones a dicho deber de declarar, que con exclusión de los imputados, son únicamente los testigos, y a ellos se refieren los artículos 416 y siguientes de la Ley Procesal. La Constitución dispone que la ley habrá de regular los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos -artículo 24.2 párrafo 2º-. Se habilita pues al legislador para establecer casos de secreto procesal, aunque en realidad se legitiman los que estaban previstos con anterioridad, al no establecer la Constitución ningún parámento normativo para esta regulación. Y uno de ellos -artículo 416.1º Ley Enjuiciamiento Criminal- es el secreto familiar que tiene su fundamento en los vínculos de solidaridad que existen entre los que integran un mismo circulo familiar. La colisión que puede surgir entre el deber de veracidad del testigo y el deber de fidelidad para con su pariente, por lo que fueron reputado testes non integri en el derecho común, a los que efectivamente el instructor ha de advertir de la facultad que les asiste para no declarar contra el inculpado, se resuelve pudiendo hacer las manifestaciones que estimen oportunas, sin que tampoco esté obligado a responder de una manera directa e importante a la persona o fortuna de alguno de dichos parientes, aunque no sean inculpados -artículo 418 L.E. Crimm.- Pero siempre referido ambos preceptos al testigo que es el único sobre el que pesa la obligación de declarar, a quien se le exime en el supuesto mencionado y en otros, secreto del defensor, religioso, etc. del deber de testimoniar.

Es evidente, que no existiendo obligación de declarar en el imputado, pudiendo optar libremente por no efectuarlo, no puede vulnerar ningún derecho fundamental, ni hay necesidad de instruirle de ningún derecho que no tiene reconocido (cfr. Tribunal Supremo Sentencias 25 Junio 1.990, 4 Marzo y 16 Mayo 1.995 , 21 y 29 Octubre 1.996 y 18 Abril 1.997).

En último término, en el fundamento de derecho quinto de la sentencia, se dice en general que la prueba está constituída por las declaraciones judiciales prestadas por Begoña, Fidel, Jose Pedroy Narciso, pero la prueba es conjunta, no de la individualizada referencia de una declaración a un hecho. El motivo, pues, ha de rechazarse.

En el sexto motivo de impugnación, al amparo de lo establecido en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba en relación con Jose Pedroy Margarita.

El motivo debe decaer. El hecho 8º del relato fáctico, afirma que los recurrentes aceptan alojar a los miembros de ETA, poniendo a su disposición su domicilio, y posteriormente que en Setiembre de 1.991, alojan durante dos dias a dos miembros de ETA, y más tarde el 1 de Diciembre, permaneciendo en el mismo en diversas ocasiones, siendo detenidos en dicho domicilio. Por tanto, se tratan de acciones esporádicas y puntuales, sin que los documentos aportados demuestren la imposibilidad de que lo relatado fuera tal como se afirma en el factum, pues ni la fecha del matrimonio, ni los viajes impiden que tuvieran la disponibilidad de las viviendas en las fechas indicadas y fuera ocupada por las personas a que nos hemos referido. El motivo debe rechazarse.

Al amparo del artículo 849.1ºde la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se formula el séptimo motivo de impugnación en el que se denuncia violación por inaplicación del artículo 666.2 de la misma Ley que contempla la excepción de cosa juzgada, repecto de los recurrentes Pedro, Hugoy Cristobal.

El motivo debe desestimarse.- En efecto, contrariamente a lo que afirman los recurrentes a que el mismo se refiere, no se dán todos los requisitos necesarios para que pueda estimarse la excepción de cosa juzgada, pues aunque se trate de las mismas personas, no es el mismo el hecho histórico enjuiciado, ni es la misma la causa petendi, no en abstracto sino en concreto, atendiendo a las respectivas razones de pedir.

En el caso que se examina, hay identidad de personas, pero son distintos los hechos históricos, que en la primera sentencia se centra en la realización de un acto terrorista, como autores por cooperación necesaria, en relación con un hecho concreto, la colocación de un artefacto explosivo en el bar "Jat" de Santurce, mientras que en el presente procedimiento se le condena por hechos de ayuda y asistencia a miembros de Comando Vizcaya de ETA.

La sentencia de esta Sala de 7 de Mayo de 1.997, declara que como señala la Sentencia de 24 de Enero de 1.983, entre otras, es plenamente compatible la sanción como colaboración con banda armada, al facilitar informaciones genéricas desvinculadas de hechos delictivos concretos, con la participación como cómplice, cooperador necesario o encubridor de un acto delictivo determinado, participación que no absorbe la conducta de colaboración referida a otras informaciones distintas.

Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se formula el octavo motivo de impugnación en el que se denuncia violación por aplicación indebida de los artículos 401 a 404 de la citada norma de procedimiento que permiten valorar como ajustada a derecho la declaración de uno de los procesados, Narciso, cuando no lo es.

El motivo debió ser inadmitido, puesto que el precepto procesal que se invoca, exige que se haya infringido un precepto penal sustantivo,. u otro de idéntica naturaleza, mientras que en el examinado, se aduce violación de los artículos 401 a 404 de la propia Ley de Procedimiento, y por tanto, en la actualidad es fundamento de su desestimación, máxime porque aunque se pudiese conocer del contenido del motivo, y se aceptara la nulidad plena de la declaración de Narciso, ello no alteraría la validez de las demás declaraciones prestadas que fundan la convicción del Tribunal sentenciador de modo suficiente.

2. Recurso de Carlos Alberto, Narciso, Fidel.

El único motivo del recurso se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al resultar lesionado el artículo 24 de la Constitución concretamente el derecho a la presunción inocencia.

Procede su desestimación, porque en esencia, es análogo al primero de los otros recurrentes, que fue rechazado en el fundamento de derecho primero de esta resolución, por lo que nos remitimos a lo allí expuesto para evitar repeticiones innecesarias, toda vez que se cuestiona igualmente las declaraciones prestadas ante el Juzgado instructor, cuando como se ha dicho con anterioridad, éstas, no adolecen vicio alguno, y son valorables como prueba, según la doctrina de esta Sala también expuesta, siempre que sus contenidos sean puestos en evidencia al declarante en el acto del juicio oral y se le invite a explicar la eventual contradicción con lo que afirme en dicho acto.III.