STS 475/2002, 15 de Marzo de 2002

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del artículo 138 del Código Penal y el artículo 564.1.1 del Código Penal.

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española referido al derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley y a un proceso con todas las garantías.

Al amparo del artículo 851.1º, 2º y 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Recurso de Mauricio

Al amparo del artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por consignar la sentencia, como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican la predeterminación del fallo.

Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento criminal por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Recurso de Carlos Francisco

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del artículo 451.3º del Código Penal.

Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por inaplicación del artículo 454 del Código Penal.

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción, por interpretación errónea, del artículo 454 del Código Penal.

Recurso de Baltasar

Al amparo del artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por consignar la sentencia como hechos declarados probados conceptos que, por su carácter jurídico implican la predeterminación del fallo.

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del artículo 451.3º del Código Penal.

Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española.

5. - Instruido el Ministerio Fiscal de los recurso interpuesto, interesó la impugnación de todos los motivos de los recursos.La Sala admitió los mismos quedando conclusos los autos para vista y fallo, cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento para la vista se celebró la misma el día 6 de marzo de 2002. Por la defensa de Mauricio , Ldo D. Daniel Matanza Cavero; la de Eduardo , Ldo. D. José Antonio Prieto Palazón; la defensa de Carlos Francisco , Ldo. D. Juán Manuel Bachiller Ramón, y la defensa de Baltasar , Ldo. D. Ismael Cardo Castillejo, pidieron la estimación de sus recursos y la casación de la sentencia, y con la también presencia del Ministerio Fiscal que se remitió a lo manifestado en su escrito de seis noviembre de dos mil uno.

Se formula el primer motivo de impugnación, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegándose infracción del artículo 138 del Código Penal y 564.1.1 del mismo texto legal.

1) Comienza el recurrente por mostrar su oposición a que la causa se haya llevado por los trámites del Sumario ordinario y no por los de la Ley del Jurado, reiterando así la postura mantenida durante la instrucción y rechazada tanto por el Instructor como por la Audiencia..

Esta queja resulta, sin embargo, totalmente inadecuada en un motivo como el articulado, reservado exclusivamente para la infracción de preceptos sustantivos y en ningún caso de normas adjetivas que, en definitiva, son las que se plantean por el recurrente, lo que puede dar lugar a la inadmisión.

En todo caso, la cuestión ya ha sido resuelta por el Pleno no jurisdiccional de la Sala de 5 febrero 1999 y sentencias de 18 febrero 1999 y 19 abril 2000, en linea con la tesis de la Audiencia.

Esta última expresa: al acusado se le imputa un delito consumado y otro intentado de homicidio. Para el primero la competencia es del Tribunal de Jurado, en tanto que la competencia del segundo corresponde a la Audiencia Provincial. La Ley del Jurado no establece una competencia atractiva del Jurado para el conocimiento del segundo, como sí lo hace en los supuestos de concurso ideal o de conexidad salvo el apartado 5 del artículo 17 de la Ley procesal. Sin embargo, la Ley Procesal dispone en el artículo 300 el enjuiciamiento conjunto de las imputaciones en relación de conexidad.

Este juego de reglas de competencias han de ser interpretadas a partir de los siguientes presupuestos: el enjuiciamiento de los hechos imputados debe ser conjunto, pues las acciones se desarrollan en un marco temporal y de lugar que así lo requieren, y el Tribunal de Jurado tienen excluida su competencia para los delitos de homicidio, y sus formas, no consumadas.

A tenor de lo anterior, la acompetencia para el enjuiciamiento de los hechos ha de atribuirse a la Audiencia Provincial -por las reglas procesales del Sumario ordinario-.

2) También plantea el recurrente la indebida aplicación del artículo 138 del Código Penal.

Dada la vía procesal elegida ha de partirse del respeto absoluto al relato histórico de la sentencia. Del mismo puede destacarse: El reto efectuado entre Jose Antonio y el recurrente para dirimir sus diferencias bajo el Puente de San Pablo, de la ciudad de Cuenca. La búsqueda de otras personas, tanto por parte de Jose Antonio como de Eduardo para que los acompañaran al lugar donde se habían retado, yendo con el recurrente, Mauricio , quien portaba tres pistolas, con pleno conocimiento de Eduardo , para el caso de que considerara necesaria su utilización en el curso de la previsible contienda.

La huida del lugar del encuentro de Jose Antonio y sus acompañantes, al ver un vehículo que les pareció estar ocupado por bastantes personas, apareciendo entonces el coche conducido por el recurrente, y en el que viajaba Mauricio con las armas, iniciándose una persecución de éstos a aquellos, durante la cual, mientras Eduardo conducía, Mauricio comenzó a disparar sobre el vehículo conducido por Jose Antonio , alcanzando al vehículo, al que Eduardo llegó a adelantar girando en una maniobra brusca, cuyas razones se desconocen, produciéndose la colisión entre ambos coches quedando en paralelo y muy próximos por el lado de ambos copilotos, momento en el que desde el automóvil que conducía el recurrente se realizaron por parte de Mauricio más disparos, uno de los cuales causó la muerte a Jose Antonio y lesiones a Jose Augusto .

A partir de estos hechos, la Audiencia en el Fundamento de Derecho segundo de la sentencia, sienta la conclusión respecto al recurrente de que no puede afirmarse que hubiera llegado a disparar en alguna ocasión.

En el Fundamento de Derecho tercero explica, con detalle y con todo acierto, como la conducta del recurrente, a tenor del factum, es constitutiva del delito de homicidio, como cooperador necesario.

Así, Eduardo , conoció y aceptó que Mauricio , con sus armas le acompañara al lugar del encuentro. Condujo el coche desde el que se efectuaban los disparos, tanto durante la persecución como al ir en paralelo, interceptando finalmente, con su brusca maniobra, al coche de Jose Antonio , produciéndose la colisión en la que ambos vehículos quedaron nuevamente en paralelo, momento en que efectuaron los disparos mortales.

Los criterios dogmáticos más utilizados por la doctrina y la jurisprudencia para delimitar el concepto de autor y distinguirlo de la simple complicidad, son los siguientes:

Las tres teorías: la objetivo-formal, la objetivo-material y la teoría del dominio del hecho han sido manejadas por nuestra jurisprudencia con mayor o menor adhesión. La sentencias de esta Sala de 16 de Febrero de 1993 y 27 Enero y 24 noviembre 1998 recogen, en acertada síntesis, los diversos caminos seguidos por nuestra jurisprudencia para concretar y perfilar el concepto de autor, en sus tres variantes, y distinguirlo de la complicidad.

En primer lugar se puede optar por considerar autor a todo el que pone una causa sin la que el resultado no se hubiera producido, aunque diferenciando la causa (autoría) de la condición (complicidad), con lo que se evade de la teoría de la equivalencia de las condiciones, que sería insuficiente para distinguir entre ambas categorías participativas.

De la aplicación de la teoría del dominio del hecho, se sigue, como criterio diferenciador, la posibilidad de dejar correr o de interrumpir la realización de la acción típica, haciendo de este dominio, el signo distintivo de la cooperación necesaria, relegando la complicidad a los simples actos de ayuda sin participación en la decisión ni el dominio final del hecho.

Ajustándose a la eficacia de los medios, se ha puesto énfasis en las aportaciones necesarias para el resultado, teniendo en cuenta el criterio de la escasez de medios y, en este campo, toda actividad claramente criminal, que por serlo, el ciudadano corriente no está dispuesto a llevar a cabo, es escasa y constitutiva de cooperación necesaria si, además es causal para el resultado y supone la remoción de un obstáculo serio para la comisión del delito.

Como señala las resoluciones citadas, la jurisprudencia actual viene conjugando estos criterios, incluso del dominio del acto, sin adscribirse a ninguno de ellos en exclusiva, pero sin ocultar sus preferencias, (para distinguir entre el auxilio necesario y otras colaboraciones contingentes y secundarias), hacia la doctrina de los bienes o actividades escasas, prestando, dentro de este criterio, una atenta consideración de la eficacia y poderío causal de la acción de auxilio.

Es evidente que tanto si se parte de la teoría del dominio funcional del hecho, manejada por la Jurisprudencia, según la cual son coautores los que co-dominan el hecho en que se subsume la conducta típica, como si se sigue la teoría de los bienes o actividades escasos, es clara la condición de coautor del recurrente.

Resulta patente que del hecho probado que Eduardo , conocedor y aceptante de la circunstancia de que Mauricio iba armado, conduce el vehículo desde el que Mauricio tirotea a las víctimas, facilitando esa acción al perseguir hasta colocarse en paralelo al otro coche, facilitando así el fuego que hacía Mauricio , llegando incluso a interferir la trayectoria de huída de sus oponentes, provocando una colisión y la detención del automóvil donde viajaban quienes serían las víctimas de los disparos.

Tiene, pues, Eduardo la posibilidad de evitar el tiroteo, al que sin embargo coadyuva eficientemente con su actuación.

Sí, por el contrario, se atiende a la aportación de Eduardo al hecho, es también notorio, según relata el factum, lo decisivo de la misma para el resultado final, teniendo en cuenta el criterio de la escasez de medios que un ciudadano corriente no estaría dispuesto a mitigar, al tratarse de una actividad claramente ilícita.

3) También el fundamento de derecho cuarto de la sentencia atribuye el delito de tenencia ilícita de armas -artículo 564.1.11 del Código Penal- al recurrente.

Nuevamente, partiendo del precepto que da la cobertura al motivo, hay que respetar al Hecho Probado. En él se explica que Eduardo y Mauricio llegaron al lugar del desafío, "portando el segundo las tres armas referidas, con pleno conocimiento del primero, para el caso de que consideraran necesaria su utilización en el curso de la previsible contienda".

Este conocimiento, del recurrente, del porte de las armas por Mauricio , concretamente una pistola semiautomática de las denominadas de "alarma-gas-señalización", calibre 8 mm. knall, ala que se le había sustituído el cañón original por otro de acero para que pudiera disparar munición convencional calibre 6,35 mm.; otra pistola marca Tauflogio, cuyo cañón también le había sido cambiado por otro estriado apto para el paso de munición de balacalibre 6,25 por 15 Browning y otra tercera pistola de características desconocidas, su aquiescencia a su uso e incluso la facilitación del mismo, le convierten en coautor de un delito de tenencia ilícita de armas en atención a la libre disposición que junto con su propietario tenía sobre ellas.

Pese a que doctrina y jurisprudencia han calificado dicho delito como de propia mano, por cuanto que solo podría cometerlo quien goza de la posesión del arma de forma exclusiva y excluyente, éllo no impide que el arma pueda pertenecer a diversas personas, o incluso estar a disposición de varios con idéntica utilización, supuesto en el que todas ellas responderían en concepto de tenencia compartida, siempre que, conocedores de su existencia la tuvieran indistintamente a libre disposición de cualquiera, mediando pacto implícito o explícito -sentencia del Tribunal Supremo de 3 abril 1995-. Sin embargo, no siempre el conocimiento de la posesión del arma por un tercero, origina la disponibilidad y en consecuencia el delito -sentencia 5 octubre de 1993-. La tenencia compartida, debe conjugarse con la idea de disponibilidad compartida -sentencia de 14 mayo de 1993-.

Y esta disponibilidad compartida, como se ha dicho, es el que surge del relato fáctico.

Por tanto el motivo, en su integridad, debe rechazarse.

En el correlativo motivo al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aduce vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española referido al derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley y a un proceso con todas las garantías.

Reitera nuevamente el recurrente, lo expuesto ante el Juzgado Instructor y en el motivo precedente, de que el juicio debió seguirse por el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

La cuestión suscitada, incompetencia de la Audiencia, ha sido resuelta por el Instructor y confirmada en Apelación por la Audiencia acertadamente, siguiendo la jurisprudencia de esta Sala en sus sentencias de 18 febrero 1999 y 4 abril 2000, como se ha dicho en el fundamento precedente, y al que nos remitimos para evitar repeticiones, por lo que el motivo debe rechazarse.

Al amparo del artículo 851.1º, 2º y 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se alega en el tercero motivo de impugnación, predeterminación del fallo.

En orden al vicio sentencial indicado, una reiterada doctrina jurisprudencial (de las que compendiosas cabe citar las SS.TS. 190/1994, de 3 de febrero, 1.304/1995, de 19 de diciembre, y 129/1996, de 19 de febrero y 23 febrero 1998) ha recogido que la predeterminación del fallo requiere para su estimación: a) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) Que tales expresiones sean por lo general asequibles tan solo para los juristas y no sean comparatidas en el uso del lenguaje común; c) Que tengan valor causal respecto al fallo y d) Que suprimidos tales conceptos jurídicos dejen el hecho histórico sin base alguna --por todas, S. 23 de diciembre de 1991--. La predeterminación del fallo precisa pues la utilización de expresiones técnicamente jurídicas y con virtualidad causal respecto al fallo --SS. 27 de febrero y 4 de octubre de 1982, 14 de febrero de 1986, 19 de febrero y 13 de marzo de 1987, 26 de enero, 13 de marzo de 1987, 26 de enero, 13 de marzo y 14 de abril de 1989, 18 de septiembre de 1991 y 17 de enero de 1992--. O sea, cuando la descripción del hecho se reemplaza por su significación --SS. 12 de marzo y 11 de octubre de 1989--- En un cierto sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, pues si en los mismos se describe una conducta subsumible en un tipo penal, la consecuencia lógica se infiere, aunque se describa en la parte dispositiva o fallo de la sentencia, pero no es este el sentido, sino que se produce exclusivamente por la utilización en el "factum" de expresiones técnicamente jurídicas que definan y den nombre a la esencia del tipo aplicable y aplicado, expresiones ajenas al gran público y al lenguaje común, con un valor causalista del fallo, o sea predeterminación eficaz y causal, por lo que si suprimidos tales anómalos conceptos jurídicos incrustados en el relato no dejan el hecho histórico sin base alguna, huérfano de inteligibilidad y sentido, el vicio procesal no existe.

Concreta el recurrente su queja casacional en el empleo de expresiones que predeterminan el fallo, tales como "con pleno conocimiento" pero no señala, como exige la doctrina de esta Sala, expuesta, ningún concepto jurídico, sino expresiones de lenguaje común incapaces de producir el vicio denunciado.

Luego insiste en cuestiones de hecho sobre las que pretende imponer sus propios criterios valorativos, saliéndose del marco del motivo que, por todo ello debe ser desestimado.

Recurso de Mauricio

Al amparo del artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el primer motivo, se denuncia consignar la sentencia, como hechos probados, conceptos que, por su carácter jurídico, implican la predeterminación del fallo.

El recurrente, sin llegar a concretar qué frases o expresiones, quizás porque no existen, incurren en el vicio procesal denunciado, se dedica a valorar las pruebas de las declaraciones de acusados y testigos, acomodándolas a sus intereses, tratando de crear unos hechos favorables, cosa que en modo alguno tiene cabida en un motivo como éste, lo que debe dar lugar a su desestimación.

Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en el motivo segundo de impugnación.

El recurrente, pese al enunciado del motivo, no se limita a considerar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, sino que amplía su contenido solicitando la aplicación de la eximente de legítima defensa -artículo 20.4º-, y las atenuantes de drogodependencia -artículos 21.1º y 21.6º- y éllo pese a que para formalizar el motivo invoca el artículo 849.2º, reservado exclusivamente para denunciar error en la apreciación de la prueba.

No obstante, se da respuesta a las cuestiones suscitadas.

Así, el ámbito de la presunción de inocencia se extiende al hecho enjuiciado y a la participación en él del acusado, quedando fuera la referencia a las circunstancias eximentes y atenuantes.

Por lo que al hecho enjuiciado y a la participación que en él matuvo el ahora recurrente basta con remitirse al Fundamento de Derecho segundo de la sentencia donde se analiza y valora la prueba de cargo contra el recurrente, entre las que destaca su propia admisión de los hechos.

La presunción de inocencia ha sido, pues, enervada.

Otro tanto sucede con la legítima defensa, sin base fáctica ni jurídica alguna -Fundamento de Derecho Décimo- para su apreciación, salvo las particulares valoraciones del acusado.

Y con la drogadicción ocurre otro tanto ya que el factum para nada la menciona y en el Fundamento de Derecho Décimo se excluye expresamente.

En consecuencia el motivo no puede prosperar y debe desestimarse.

Recurso de Carlos Francisco

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se alega en el primer motivo aplicación indebida del artículo 45.3º del Código Penal.

Señala el relato histórico de la sentencia de instancia que Eduardo llemó desde un teléfono público, a Carlos Francisco , el recurrente, "explicándole lo sucedido y pidiéndole que les sacara del pueblo".

Ante tan claro y expresivo texto, al que la vía procesal elegida obliga al máximo respeto, es patente que, las razones expuestas en el motivo sobre la falta de conocimiento por parte de Carlos Francisco y de la comisión del delito principal, no pueden ser atendidas y con ellas la pretensión de la falta de concurrencia de los requisitos legales del arrtículo 451.3º del Código Penal.

Requisitos del mentado delito, que se analizarán al impugnar el motivo segundo del recurso de Baltasar , por lo que basta con remitirse a lo que se dirá, de plena apliación aquí.

El motivo, por tanto, debe ser desestimado.

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminañl se alega inaplicación del artículo 454 del Código Penal, en el motivo segundo de impugnación.

Señala el relato histórico de obligado acatamiento que, el recurrente fue puesto al corriente de todo lo sucedido por su hermano Eduardo quien le pidió que les sacara del pueblo, recogiendo Carlos Francisco a Mauricio y a Eduardo trasladándolos hasta las inmediaciones del Centro Penitenciario de Cuenca a fin de que allí pudieran ocultarse.

De tal relato queda claro que la actuación de encubrimiento por el recurrente se extiende a dos personas: Eduardo , su hermano, y Mauricio , ajeno al círculo parental del artículo 454 del Código Penal.

Esto supone que la exención de responsabilidad por encubrimiento de parientes -hermano- nada tiene que ver con el ajeno a la familia al no ser comunicable esta circunstancia, respecto al cual siempre subsistirá el citado delito de encubrimiento - artículo 451.3º-.

En efecto, una reiterada jurisprudencia de esta Sala, sentencias de 26 diciembre 1986, 16 mayo 1989 y 25 enero 1993, ha declarado que cuando la conducta se dirige a varias personas se debe rechazar la excusa absolutoria cuando concurra una situación psicológica movida y presidida por el deseo de ayudar a todos los miembros del grupo, por encima de la vinculación familiar a uno de ellos, que es lo que realmente ocurre en el caso que se examina, toda vez que el recurrente no consta, hiciese ninguna advertencia a tal fin, sino que ayudó a ocultarse a su hermano y al extraño, sin tomar en consideración solo el vínculo y afecto familiar, que es lo que ampara la exención postulada.

La inexigibilidad de otra conducta, solo puede predicarse respecto del pariente, y no respecto al que no le une tal vínculo.

En consecuencia el artículo 454 ha sido correctamente inaplicado y ello comporta la desestimación del motivo.

En el tercer motivo, por la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamento Criminal, se aduce interpretación errónea, del artículo 454 del Código Penal.

Sostiene el recurrente que, la literalidad del artículo 454 excepcionando sólo de exención de responsabilidad el caso del artículo 451.1º del Código Penal que no es el de Autos, obliga a eximirle de pena.

Tal interpretación no es, sin embargo, la correcta a tenor de lo expuesto en el motivo precedente, al que sólo cabe remitirse.

Recurso de Baltasar

En el inicial motivo de impugnación, al amparo del artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por consignar la sentencia como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican la predeterminación del fallo.

Señala el recurrente, como constitutivas del vicio procesal denunciado, las expresiones: "conocedor de que se hallaba en busca y captura...conocedor de su particupación en los hechos", ninguna de las cuales sin embargo lo son.

Nos remitimos al Fundamento de Derecho tercero de esta resolución, a efectos de la doctrina de esta Sala sobre la predeterminación. Aplicando tal doctrina, al supuesto que se examina, nada de ello acontece con las frases entrecomilladas, en las que se relatan unos hechos, con palabras comunes y a todos asequibles, ajenas a cualquier descripción típica.

Es por ello que el motivo debe desestimarse.

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aduce aplicación indebida del artículo 451.3º del Código Penal, en el motivo segundo de impugnación.

La articulación de motivo obliga a atenerse al factum. Señala éste, que Eduardo se entregó a la Policía el 10 de marzo de 2000, y que "al menos desde dos días antes se encontraba oculto en la vivienda de Baltasar , ahora recurrente, resultando ya éste perfectamente conocedor de que su amigo Eduardo estaba siendo buscado por la Policía en relación a su participación en los hechos que aquí se enjuician".

Concurren en el párrafo transcrito los elementos que constituyen el delito de encubrimiento: a) conocimiento de la transgresión jurídica cometida; b) actuación posterior del encubridor, respecto al delito principal; c) conducta del encubridor encaminada a sustraer al autor del delito principal de su captura y d) que el hecho encubierto sea, entre otros, homicidio.

Por ello, no pueden acogerse las razones del recurrente, de falta de atención o voluntad del agente de sustraer al autor del delito principal de su captura, pues el hecho probado resalta el acogimiento en su casa, que es una conducta mucho más decidida que la simple omisión del deber de denunciar al que se refiere el motivo, que por todo ello debe ser desestimado.

por el cauce procesal del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española, en el tercer motivo de impugnación.

Las reglas básicas, y consolidadas jurisprudencialmente por su reiteración, para analizar el ámbito y operabilidad del derecho a la presunción de inocencia pueden resumirse de acuerdo con múltiples pronunciamientos de esta Sala, como las Sentencias de 4 de octubre de 1996 y 26 de junio de 1.998 entre otras, en el sentido de que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación con tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de instancia, a quien por ministerio de la Ley corresponde con exclusividad dicha función (artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

En términos de la Sentencia de 2 de abril de 1996 su verdadero espacio abarca dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendido el término "culpabilidad" (y la precisión se hace obligada dada la polisemia del vocablo en lengua española, a diferencia de la inglesa), como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989, 30 de septiembre de 1993 y 30 de septiembre de 1994). Por ello mismo son ajenos a esta presunción los temas de tipificación (entre varias, Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1993, y las en ella citadas). En este sentido recuerda la Sentencia de 20 de mayo de 1997 que el ámbito de la presunción de inocencia queda circunscrito a los hechos externos y objetivos subsumibles en el precepto penal, pero nunca al elemento subjetivo de la concreta tipicidad.

La denuncia de vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española obliga a comprobar si ha existido actividad probatoria de cargo lícitamente obtenida.

Se centra este en la admisión de los hechos por el propio Baltasar , ahora recurrente, y por Eduardo según se expresa en el Fundamento de Derecho Noveno de la sentencia.

Existe pues, actividad probatoria de cargo que enerva la presunción de inocencia.

En consecuencia el motivo debe desestimarse.

III.