STS 2001/2002, 28 de Noviembre de 2002

Ponente:Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
Número de Recurso:2649/2001
Procedimiento:PENAL - 01
Número de Resolución:2001/2002
Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2002
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal
RESUMEN

DELITO DE HOMICIDIO. PRUEBA INDICIARIA. APRECIACIÓN: Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos formales, así como la concurrencia de indicios incriminatorios, no se trata de sustituir la ponderación efectuada por el Tribunal sentenciador de los indicios y contraindicios, sino únicamente de comprobar su racionalidad, así como la racionalidad del proceso deductivo que, desde dicha valoración, conduce a considerar acreditado el hecho consecuencia. En primera instancia se condena al acusado. Se estima la apelación. Se estima la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Noviembre de dos mil dos.

En el recurso de Casación por infracción de Precepto Constitucional, de Ley y quebrantamiento de Forma, que ante Nos pende, interpuesto por la Acusación Particular, Ramón , contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha once de Julio de dos mil uno, que estimaba el recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Tribunal del Jurado número 1/2001) de fecha veintiséis de Abril de dos mil uno, absolviendo a Alexander , del delito de homicidio por el que había sido condenado, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Vista bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, siendo parte recurrente la Acusación Particular Ramón representado por el Procurador D. Alejandro González Salinas y como parte recurrida Alexander representado por la Procuradora Doña Belén Jiménez Torrecillas.

ANTECEDENTES

Primero

Seguido por la Audiencia Provincial de Jaén, el procedimiento del Tribunal del Jurado número 1/2001, dimanante de la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Linares bajo el número 1/2000, se dictó Sentencia con fecha veintiséis de Abril de dos mil uno, que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

"El Tribunal del Jurado declara probados los siguientes Hechos: La noche del día 22 al 23 de Mayo de 1.997 el acusado Alexander y su esposa Teresa , estuvieron tomando copas en varios establecimientos de la ciudad de Linares y sobre las 4:30 horas del día 23, a la salida del último establecimiento, Pub "Night City", discutieron acaloradamente subiendo ambos al coche marca Opel Corsa, matrícula K-....-K que conducía el acusado para viajar a la ciudad de Jaén donde residían, para ello tomó la Carretera Local JV- 3001 que une la ciudad de Linares con la Carretera Nacional 323, y tras recorrer 2 kilómetros y 300 metros detuvo el vehículo a su derecha cerca del arcén, bajando ambos, y el acusado con ánimo de causarle la muerte golpeó a su esposa en la cabeza con un objeto contundente, que determinó su inmediato fallecimiento.- A continuación para ocultar su crimen arrastró el cuerpo de la víctima a la carretera haciendo rodar su vehículo por encima del cadáver, simulando un accidente de tráfico.- El acusado estaba casado con la víctima y convivían juntos." (sic)

Segundo

La Audiencia de instancia en la citada sentencia, dictó la siguiente Parte Dispositiva:

"Que debo condenar y condeno a Alexander como autor responsable de un delito de homicidio, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia agravante ya reseñada, a la pena de 12 años y seis meses de prisión y al pago de las costas, con exclusión de las de la acusación particular, y en concepto de responsabilidad civil indemnizará con la cantidad de 20 millones de pesetas, 10 para cada uno, a los padres de la víctima. Cantidad que será incrementada en su caso conforme al art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sirviéndole de abono el tiempo que hubiera estado privado de libertad por esta causa." (sic)

Tercero

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por el acusado, en base al apartado e) del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dictándose sentencia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha once de Julio de dos mil uno, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"FALLO.- Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el acusado Alexander , que fue representado en esta alzada por la Procuradora Doña María Nieves Echeverría Jiménez, contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Presidente del Tribunal de Jurado, en el ámbito de la Audiencia Provincial de Jaén, con fecha veintiséis de abril de dos mil uno, en causa seguida contra dicho acusado por un delito de homicidio, debemos revocar y revocamos dicha sentencia, cuya parte dispositiva viene recogida en el cuarto antecedente de hecho de la presente, y, en su lugar, debemos absolver y absolvemos libremente al repetido acusado, Alexander , del delito de homicidio, de que venía acusado, declarando de oficio las costas causadas en ambas instancias, poniéndose inmediatamente en libertad el mismo, con la obligación de comparecer los días uno y quince de cada mes ante el Juzgado de Instrucción número Uno de Linares, para lo que se dirigirá el correspondiente despacho al Iltmo. Sr. Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, llevándose testimonio de este fallo a la pieza de situación personal." (sic)

Cuarto

Notificada la resolución a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional, de Ley y quebrantamiento de Forma, por la representación de la Acusación Particular, Ramón , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Quinto

El recurso interpuesto por la representación del recurrente Ramón (Acusación Particular) se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

  1. - Por quebrantamiento de Forma, al amparo del artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 846 bis c) y artículo 24.2 de la Constitución, por vulneración del derecho a la defensa y de los principios de inmediación y contradicción.

  2. - Por quebrantamiento de Forma, al amparo del número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegando que en los hechos que se declaran probados en la Sentencia, se modifican los del Veredicto del Jurado, lo que resulta una manifiesta contradicción.

  3. - Por quebrantamiento de Forma, al amparo del artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial violación del artículo 846 bis c) apartado e) y del número 1º artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alegando que en los hechos que se declaran probados, modificando los del Veredicto del Jurado, se consignan como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico, implican la predeterminación del fallo y artículo 24.2 de la Constitución, por vulneración del derecho a la defensa.

  4. - Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por considerar infringidos los artículos 386 y siguientes de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en la nueva regulación dada a la prueba de presunciones con derogación expresa de los artículos 1.249 y 1.253, ambos inclusive, del Código Civil (disposición derogatoria única).

  5. - Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y del artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 117.3 de la Constitución, en relación al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 3 y 61, 1 a) y d) de la Ley 5/1995 del Tribunal del Jurado.

  6. - Al amparo del artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de Ley por estimar error en la apreciación de la prueba, basado en los documentos que obran en la causa que demuestran la equivocación de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con vulneración de los artículos 9.3 y 24 de la Constitución Española.

Sexto

Instruido el Ministerio Fiscal y la parte recurrida; quedaron conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

Séptimo

Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la votación prevenida el día veintiuno de Noviembre de dos mil dos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurrente formaliza un primer motivo por quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 846 bis c) y 24.2 de la Constitución. Se queja el recurrente de que el Tribunal Superior de Justicia modifica los hechos probados infringiendo las normas del procedimiento, de modo que lo que en realidad hace es apreciar de nuevo una prueba que no se ha practicado a su presencia. Solo tiene en cuenta tres de los muchos indicios que ha valorado el jurado. Afirma que extravasó su función de control al realizar una nueva valoración de la prueba cuya práctica no presenció.

Hemos de recordar que la sentencia del Tribunal del jurado condenó al acusado como autor de un delito de homicidio, cometido en la persona de su esposa, con la agravante de parentesco a la pena de doce años y seis meses de prisión. Contra la sentencia interpuso recurso de apelación en base al artículo 846 bis c), apartado e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, por entender que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso, revoca la sentencia de instancia y absuelve al acusado. Contra esta sentencia se alza en casación la acusación particular.

En el enjuiciamiento penal hemos de partir de la presunción interina de inocencia, de modo que toda persona acusada de un delito se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley. Así lo exigen la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11), el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (artículo 6.2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y la Constitución española (artículo 24.2). Corresponde a la acusación aportar los medios de prueba que puedan ser considerados como de cargo, de modo que el Tribunal, para llegar a una sentencia condenatoria, debe contar con elementos de prueba obtenidos, practicados o incorporados al juicio oral con observancia de las normas constitucionales y de legalidad ordinaria que regulan la materia, de los que se pueda deducir la existencia de unos determinados hechos y la intervención o participación del acusado en ellos. El Tribunal de casación, o de apelación en el caso del Tribunal del jurado, debe comprobar no solo esos extremos, sino también la racionalidad del proceso valorativo efectuado por el Tribunal de instancia.

Aunque se trate de cuestiones distintas, en el análisis de la vulneración de la presunción de inocencia es fundamental la comprobación de la motivación sobre los hechos. Esta Sala ha establecido en numerosas resoluciones que la motivación de las sentencias debe abarcar el aspecto fáctico, y si bien es cierto que no es preciso reseñar todas las pruebas que se han tenido en cuenta, no lo es menos que de la motivación debe desprenderse con claridad las razones que ha tenido el Tribunal para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos. La necesidad de motivar las sentencias se refuerza cuando se trata de sentencias condenatorias y el acusado ha negado los hechos. La exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir al justiciable y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de recurso. El Tribunal Constitucional (SS. 16, 58 y 165/1998, 28, 122 y 177/1999, 158/1995, 46/1996, 54/1997, de 17-3 y 231/1997, de 16-12), y esta Sala (SS. 629/1996, de 23-9, 1009/1996, de 12-12, 621/1997 de 5- 5 y 1749/2000, de 15-3), han fijado la finalidad y el alcance y límite de la motivación. La finalidad de la motivación será hacer conocer las razones que sirvieron de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. La motivación tendrá que tener la extensión e intensidad suficiente para cubrir la esencial finalidad de la misma, que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera.

Es cierto que, cuando se trata de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado, no puede exigirse a los ciudadanos que lo integran el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez profesional, y por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado solo requiere en el artículo 61.1.d), la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar como probados unos determinados hechos, aspectos que deberán ser completados por el Magistrado Presidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2. (En este sentido, STS nº 956/2000, de 24 de julio; STS nº 1240/2000, de 11 de setiembre, y STS nº 1096/2001, de 11 de junio). Pero la exigencia de motivación, en cuanto elemento que permite la inteligibilidad y el control de la racionalidad de la decisión, no desaparece cuando se trata de una sentencia del Tribunal del Jurado y por lo tanto, aunque no sea exhaustiva, debe ser suficiente para dar adecuada satisfacción a las necesidades que justifican su exigencia.

La motivación exigible sobre la valoración de la prueba presenta diferencias según se trate de prueba directa, que acredita los hechos a los que se refiere, o de prueba indiciaria, que, partiendo de declarar probados unos hechos base, llamados indicios, permite construir sobre ellos una inferencia, como razonamiento lógico que conduce a declarar probado otro hecho diferente al que no se referían directamente las pruebas disponibles. Cuando se trata de prueba directa, el Tribunal debe razonar el resultado de su valoración. Cuando se trata de prueba indiciaria, la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala han exigido varios requisitos de orden formal y de orden material. Respecto de estos últimos, han de existir varios indicios o, excepcionalmente uno solo pero de una singular potencia acreditativa; han de ser concomitantes al hecho que se trate de probar; han de estar interrelacionados, cuando sean varios, reforzándose entre sí, y han de estar suficientemente acreditados. Desde el punto de vista formal, la sentencia debe expresar cuáles son los hechos base o indicios en que apoya el juicio de inferencia, y además, debe explicitar el razonamiento a través del cual partiendo de los indicios se llega a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación del acusado.

Respecto de la inferencia, se exige que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de demostración, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

En definitiva, se exige que el razonamiento se apoye en elementos de hecho y que éstos sean varios, estén acreditados, se relacionen reforzándose entre sí, así como que el juicio de inferencia pueda considerarse razonable y que la sentencia lo exprese.

Las dificultades que la ley reconoce existentes para plasmar de alguna forma la valoración de la prueba realizada por los jurados, se incrementan cuando la prueba que se tiene en cuenta no es prueba directa sino prueba indiciaria. Las dos obligaciones antes referidas, cuyo cumplimiento atribuye la ley a los miembros del jurado y al Magistrado Presidente, adquieren singular importancia a efectos de la motivación en estos casos, pues los primeros deberán sentar en su "sucinta explicación" las bases de la prueba indiciaria, es decir, los indicios básicos que han tenido en cuenta como elementos de convicción, mientras que corresponderá al Magistrado Presidente, partiendo de la expresión en la sentencia de la motivación de los jurados, concretar la existencia de prueba de cargo mediante la constatación de los indicios y la razonada expresión de la inferencia en la sentencia que finalmente se dicte. No se ignoran las dificultades que en algunos casos se pueden presentar para concretar la expresión de un proceso racional que no ha sido efectuado por quien redacta la sentencia, pero la permanente atención del Magistrado Presidente a la marcha del juicio debe permitirle resolver la cuestión de forma adecuada, siempre teniendo en cuenta que la inexistencia de prueba de cargo que pudiera fundar una condena del acusado habría debido provocar la disolución del jurado, conforme al artículo 49 de la Ley.

Establecido lo anterior, debemos hacer ahora referencia a los límites del control que procede realizar sobre la valoración de la prueba cuando se alega la vulneración de la presunción de inocencia, con la finalidad de comprobar si el Tribunal Superior de Justicia se ha extravasado en su labor, tal como alega el recurrente.

El Tribunal de casación, o el de apelación cuando se trata de sentencias del Tribunal del Jurado, debe efectuar en estos casos un doble control. En primer lugar, debe verificar la existencia y validez de la prueba En este sentido, debe verificar en primer lugar si se ha dispuesto de prueba de cargo y si ésta ha sido obtenida, practicada e incorporada, en su caso, al juicio oral de acuerdo con las reglas constitucionales y de legalidad ordinaria que disciplinan estos extremos.

En segundo lugar, debe comprobar la racionalidad de la valoración que haya hecho de la prueba existente el Tribunal de instancia. Debe distinguirse entre la percepción sensorial de la prueba, en cuyo aspecto no es posible, generalmente, sustituir al Tribunal que ha dispuesto de la inmediación, y la racionalidad del proceso valorativo. Es en este segundo extremo donde se centra la verificación del Tribunal revisor. Aunque no se excluye el control de la racionalidad de la valoración de la prueba directa, es evidente que el alcance es mucho más complejo cuando se trata de prueba indiciaria, habida cuenta de los distintos aspectos que ésta ha de satisfacer para que pueda enervar la presunción de inocencia. Así, la labor de verificación se extiende desde la constatación de la existencia de indicios (no sobre su prueba, que corresponde a la instancia), hasta la racionalidad de la inferencia construida sobre ellos. Ahora bien, el control de la racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal revisor. No se trata de sustituir una inferencia razonable por otra que también pueda serlo, sino de comprobar si el razonamiento del Tribunal sentenciador, que ha presenciado directamente toda la prueba, resiste el contraste con las reglas de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos. Decíamos en la STS nº 506/2002, de 21 de marzo, que "queda fuera del ámbito del recurso casacional la valoración por el Tribunal sentenciador del peso de los indicios incriminatorios en relación con las pruebas de descargo practicadas que el Tribunal valora con inmediación, otorgándoles o no credibilidad o con las manifestaciones exculpatorias del acusado, quien proporciona una versión fáctica alternativa que el Tribunal puede estimar convincente o bien inverosímil por su incoherencia interna, falta de consistencia, contradicción con datos objetivos debidamente acreditados, etc.; ponderación de elementos incriminatorios y de descargo que debe ser respetada, pues constituye el núcleo de la función enjuiciadora del Tribunal «a quo», siempre que responda a las reglas de la lógica y del criterio humano. En definitiva, una vez constatado el cumplimiento de los requisitos formales anteriormente indicados, así como la concurrencia de indicios incriminatorios que cumplan las condiciones ya expresadas, no se trata de sustituir la ponderación efectuada por el Tribunal sentenciador de los indicios y contraindicios, sino únicamente de comprobar su racionalidad, así como la racionalidad del proceso deductivo que, desde dicha valoración, conduce a considerar acreditado el hecho consecuencia". (En el mismo sentido, STS nº 1573/2000, de 16 de octubre; STS nº 1980/2000, de 25 de enero de 2001; STS nº 914/2001, de 23 de mayo; STS nº 399/2002, de 7 de marzo y STS nº 2036/2002, de 3 de diciembre, entre otras). De esta forma se excluyen a través de este control los eventuales supuestos en que la inferencia realizada se introduzca en terrenos de arbitrariedad.

SEGUNDO

En la sentencia del Tribunal del jurado se declara probado que "el acusado con ánimo de causarle la muerte golpeó a su esposa en la cabeza con un objeto contundente, que determinó su inmediato fallecimiento". Y que "a continuación para ocultar el crimen arrastró el cuerpo de la víctima a la carretera haciendo rodar su vehículo por encima del cadáver, simulando un accidente de tráfico". Se reconoce la ausencia de prueba directa, debido a que, en el lugar de los hechos, se encontraban el acusado y su esposa, la víctima, sin que se haya podido contar con testigos presenciales. Sin embargo, se valoran varios indicios. En primer lugar, que poco antes de los hechos el acusado y su esposa discutieron acaloradamente. En segundo lugar, que la versión del acusado sobre la forma en que ocurrieron los hechos es inverosímil, pues según manifiesta, habiéndose detenido, cruzó la carretera para buscar un lugar para hacer el amor con su mujer, que ella lo siguió, escuchando un crujido viendo un coche pequeño a gran velocidad y después a su mujer tendida en el suelo. Y esa versión es incompatible con los siguientes datos: a) dos testigos afirman que en una primera manifestación afirmó que el accidente había sido causado por una furgoneta; b) no se apreciaron en el lugar vestigios (huellas, de derrape, de frenada, arañazos en la calzada, restos de vehículo) de accidente alguno, excepto las huellas de sangre; c) según el segundo informe de autopsia del Médico Forense, las lesiones se produjeron por aplastamiento y no por impacto directo; d) el atropello se produjo a baja velocidad, estando la víctima tendida en el suelo; e) no existe relación entre el mecanismo de producción manifestado por el acusado con el cuadro lesional y las circunstancias del caso.

El Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia, explica que su labor se ha dirigido esencialmente a comprobar si en la sentencia se contiene un razonamiento que responda a las reglas de la lógica y de la experiencia, y afirma, que, en primer lugar, no se aprecia la existencia de prueba alguna en la sentencia acerca de que el acusado golpeara a su esposa en la cabeza con un objeto contundente causándole la muerte inmediata, ni tampoco existe ningún razonamiento expreso que explique las razones a las que se ha atendido para llegar a esa conclusión, por lo que ese aspecto del hecho no puede tenerse por probado. Y, en segundo lugar, teniendo en cuenta que los indicios no deben ser desvirtuados por otros de igual poder demostrativo y de signo contrario, es preciso valorar que en contra de las conclusiones contenidas en la sentencia del Tribunal del jurado, se alza el dato de la inexistencia de restos de sangre o de masa encefálica en los bajos o en los neumáticos del vehículo que conducía el acusado, cuando según los dictámenes forenses, tales restos deberían haber quedado en el vehículo utilizado para atropellar a la víctima. Por ello no considera lógico afirmar que el acusado pasó su vehículo por encima del cuerpo de su esposa.

En cuanto al primer aspecto, el Tribunal Superior se ha mantenido dentro de los límites adecuados al proceder a comprobar la existencia de prueba sobre un extremo fáctico, llegando a la conclusión de su inexistencia. Le atribuye, sin embargo, consecuencias que no se siguen de esa comprobación. Como sugiere el recurrente, la declaración de hechos probados encuentra su origen en una propuesta no adecuada del objeto del veredicto al someter a la consideración de los jurados dos proposiciones contrarias entre sí que abarcaban el total del hecho, sin distinguir aspectos fácticos independientes que podían haber sido objeto de afirmaciones no necesariamente coincidentes. Teniendo esto en cuenta, resulta irrelevante cuál haya sido la forma en que el acusado consiguió situar a su esposa en el suelo, e incluso si en ese momento estaba o no sin vida, siempre que se pueda considerar acreditado que después hizo rodar el vehículo por encima de su cuerpo causándole unas lesiones en todo caso incompatibles con la vida. Es este, por lo tanto el aspecto central de los hechos que precisa de prueba.

El Tribunal del jurado lo ha considerado probado sobre la base de los indicios antes citados, y el Tribunal Superior de Justicia entiende que la inferencia carece de racionalidad suficiente debido a la existencia de un contraindicio, consistente en la ausencia de restos de sangre, de huesos o de masa encefálica en los bajos del automóvil, según manifestó el agente de la Guardia Civil que inspeccionó el vehículo, cuando tales restos deberían haber existido, según la pericial forense.

Sobre este aspecto, obtenido de la declaración del agente de la Guardia Civil, nada dice la sentencia del Tribunal del jurado. Cuando en el examen de la racionalidad de la inferencia realizada por el Tribunal sentenciador se comprueba la existencia en la causa de un dato acreditado objetivamente, en cuanto que su apreciación no dependa de la percepción directa, que puede ser relevante a los efectos de aquel examen, nada impide al Tribunal revisor tenerlo en cuenta, aun cuando haya sido omitido en la sentencia. Por el contrario, no puede sustituirse el criterio del Tribunal de instancia en la labor de valoración de la prueba sobre el indicio, cuando depende de la inmediación.

Es preciso comprobar, entonces, si el contraindicio está objetivamente acreditado. En el cuarto motivo del recurso, el recurrente, en relación con el artículo 386 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la nueva regulación dada a la prueba de presunciones, sostiene que la Sala da como hecho probado, basándose en la prueba testifical, que en los bajos del vehículo y en sus neumáticos no había restos de sangre ni de tejidos humanos. Sin embargo, dice, tal dato no puede darse por probado ya que el reconocimiento del vehículo efectuado por el testigo fue solamente visual sin utilizar ningún método científico. Por lo tanto, sostiene que al no ser posible afirmar que no existan tales restos, no puede valorarse ese dato como contraindicio.

Efectivamente, el Tribunal de apelación da por probado un hecho que no puede considerarse acreditado, pues sobre el mismo solamente se practicó una inspección visual del vehículo por parte de un agente de la Guardia Civil, que, aunque la repitió al día siguiente, no empleó ningún medio técnico de comprobación que permitiera realizar esa afirmación de un modo contundente. El Tribunal del jurado, que presenció directamente la declaración de ese agente y pudo percibir sus manifestaciones en todos sus detalles en cuanto a la forma en que tal reconocimiento se practicó y a su resultado, no declaró probado este aspecto. Teniendo en cuenta que el vehículo circuló durante algún tiempo y que no se examinó utilizando procedimientos técnicos, no puede descartarse objetivamente la existencia de restos ocultos, y por lo tanto no puede considerarse acreditado tal extremo de modo suficiente como para operar como contraindicio con poder destructivo de la racionalidad de la inferencia realizada por el Tribunal sentenciador.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la inferencia realizada por el Tribunal del jurado, que presenció directamente la prueba, oyó las explicaciones del acusado, las manifestaciones de los testigos y los informes de los peritos, no se ve desvirtuada por la existencia de otros datos objetivos, y en tanto que se ajusta a las reglas de la lógica y no es, por tanto, arbitraria, no puede ser sustituida por otra inferencia, aun cuando pudiera considerarse también razonable.

El motivo se estima, lo cual hace innecesario entrar en el examen de los demás motivos del recurso.

III.

FALLO

Que debemos DECLARAR y DECLARAMOS HABER LUGAR al recurso de Casación por quebrantamiento de Forma, interpuesto por la representación de la Acusación Particular, Ramón contra Sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, casando y anulando la referida sentencia. Con declaración de oficio de las costas procesales.

Comuníquese esta resolución al mencionado Tribunal a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos José Antonio Martín Pallín Cándido Conde-Pumpido Tourón Perfecto Andrés Ibáñez Miguel Colmenero Menéndez de Luarca Enrique Abad Fernández

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Miguel Colmenero Menéndez de Luarca , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.