STS 588/2003, 17 de Abril de 2003

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que en la sentencia recurrida se ha infringido, por no aplicación, el artículo 28 párrafo 2º b, del Código Penal.

Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haber existido error en la apreciación de la prueba.

La representación procesal de Donato , basó su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por considerarse infringido el principio constitucional de la presunción de inocencia recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

Por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por considerar la sentencia como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican la predeterminación del fallo.

Al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegándose error en la apreciación de la prueba, en base a los documentos obrantes en autos.

Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegándose infracción de precepto penal de carácter sustantivo, dados los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida.

La representación procesal de María Consuelo , basó su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por infracción de ley y de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española.

Por infracción de ley, al amparo del nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 28 del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida de los artículos 123 y 124 del Código Penal.

5. - Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, interesó la inadmisión de los motivos excepto el tercero del recurso de María Consuelo , que lo apoya. La Sala admitió los recursos quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo, cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento para el Fallo, se celebró la Votación prevista para el día 9 de abril de 2003.

El inicial motivo del recurso se formula al amparo del nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley, alegándose inaplicación del artículo 28 párrafo 2º letra b) del Código Penal, ya que las acusadas absueltas Verónica y Magdalena , fueron cooperadoras de uno de los hechos objeto de acusación.

El motivo, no puede prosperar.

En efecto, a tenor del precepto procesal invocado, ha de partirse de un respeto absoluto a los hechos declarados probados, sin que, por tanto, los mismos puedan ser modificados o puedan verificarse manifestaciones contrarias a los mismos. Por tanto, en aquellos, se afirma que dichas acusadas, renunciaron a ser titulares de los inmuebles que previamente les había enajenado la Sra. Amelia , sin que, además, como posteriormente se expresa, obtuvieran beneficio económico en la venta más tarde efectuada al arrendatario de los mismos. Y en el fundamente jurídico segundo de la sentencia, con valor de dato fáctico, se declara que las acusadas jugaban "un mero papel instrumental, sin beneficio económico directo no quedando acreditado y sin género de dudas que conocían el estado de la Sra. Amelia y/o la trama urdida por el Sr. Donato ".

Y en el propio fundamento in fine se afirma que "finalmente, debemos absolver a las acusadas Dª Amelia y Dª Verónica , pues si bien es verdad que cierta participación tuvieron en alguno de los hechos declarados probados, no existen elementos de prueba suficiente que permita acreditar que conocían el engaño en que el Sr. Donato les hizo servir como instrumento, sin que conste además que obtuvieran beneficio económico directo. En este caso y en aplicación del principio in dubio pro reo debe absolverse a estas dos acusadas".

En consecuencia, al no quedar acreditado el conocimiento por parte de las acusadas de la finalidad ilícita del otro acusado, el motivo, pues, como se ha dicho, debe rechazarse.

En el correlativo motivo, por el cauce procesal del nº 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se alega error en la apreciación de la prueba, citando como documento que lo evidencia el obrante al folio 22 de las actuaciones firmado por Verónica , reconocido al folio 129, donde, según se asevera, se desprende la participación de ésta en la enajenación de los locales comerciales constitutivos de la estafa.

El motivo, debe desestimarse.

El documento mencionado, fue ponderado correctamente por el juzgador "a quo", que fue desvirtuado como se afirma en el fundamento jurídico segundo de la sentencia impugnada, por las restantes pruebas practicadas, pues, pese a su contenido, no se infiere que aquélla conociera la finalidad de las maniobras engañosas efectuadas por el acusado Donato .

Recurso de Donato

En el primer motivo de impugnación, que se formula al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española, principio de presunción de inocencia.

Las reglas básicas, y consolidadas jurisprudencialmente por su reiteración, para analizar el ámbito y operabilidad del derecho a la presunción de inocencia pueden resumirse de acuerdo con múltiples pronunciamientos de esta Sala, como las Sentencias de 4 de octubre de 1996 y 26 de junio de 1.998 entre otras, en el sentido de que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación con tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de instancia, a quien por ministerio de la Ley corresponde con exclusividad dicha función (artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

En términos de la Sentencia de 2 de abril de 1996 su verdadero espacio abarca dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendido el término "culpabilidad" (y la precisión se hace obligada dada la polisemia del vocablo en lengua española, a diferencia de la inglesa), como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989, 30 de septiembre de 1993 y 30 de septiembre de 1994). Por ello mismo son ajenos a esta presunción los temas de tipificación (entre varias, Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1993, y las en ella citadas). En este sentido recuerda la Sentencia de 20 de mayo de 1997 que el ámbito de la presunción de inocencia queda circunscrito a los hechos externos y objetivos subsumibles en el precepto penal, pero nunca al elemento subjetivo de la concreta tipicidad.

Aplicando la doctrina expuesta al caso que se examina, es evidente que la presunción de inocencia ha quedado enervada, tal y como analiza ampliamente el Tribunal de instancia, en el fundamento jurídico primero de la sentencia impugnada, al ponderar todas las pruebas practicadas en el plenario e incluso de la percepción directa del testimonio de la víctima Amelia , para concluir que ésta tenía sus facultades mentales sensiblemente dañadas, que no podía pasar desapercibida para personas que la conocieran y trataran durante cierto tiempo.

En el segundo, ampliamente, se valoran todas las pruebas tanto directas como indirectas que se mencionan en el mismo, tales como, las declaraciones del recurrente en el sentido de que el declarante y su novia ( María Consuelo ) conocían a la perjudicada Amelia ; Donato y María Consuelo eran sabedores que Amelia tenía problemas económicos como consecuencia de una herencia y por tanto con el pago de los impuestos hereditarios; el condenado Donato se encontraba en mala situación económica por razones profesionales y crediticias y por estar separado de su ex mujer y tener un hijo con la misma; asimismo que captó la voluntad de la Sra. Amelia mediante préstamos y diversas atenciones e incluso vivió en el domicilio de la víctima, so pretexto de no tener donde dormir, etc -fundamento jurídico segundo-; el acusado captó la confianza de la Sra. Amelia y a partir de ese momento comienza aquél a descapitalizar a ésta mediante la venta de sus bienes a bajo precio y posteriormente beneficiarse del dinero obtenido. Todos estos elementos fueron valorados por el Tribunal, quien en conciencia, llegó al convencimiento del hecho, por lo que el principio de presunción de inocencia ha quedado dervirtuado.

El motivo, debe desestimarse.

El segundo motivo, se formaliza por quebrantamiento de forma, al amparo del nº 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por consignar en la sentencia como hechos probados conceptos que predeterminan el fallo, como es la palabra "engaño".

En orden al vicio sentencial indicado, una reiterada doctrina jurisprudencial (de las que compendiosas cabe citar las SS.TS. 190/1994, de 3 de febrero, 1.304/1995, de 19 de diciembre, y 129/1996, de 19 de febrero y 23 febrero 1998) ha recogido que la predeterminación del fallo requiere para su estimación: a) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) Que tales expresiones sean por lo general asequibles tan solo para los juristas y no sean comparatidas en el uso del lenguaje común; c) Que tengan valor causal respecto al fallo y d) Que suprimidos tales conceptos jurídicos dejen el hecho histórico sin base alguna --por todas, S. 23 de diciembre de 1991--. La predeterminación del fallo precisa pues la utilización de expresiones técnicamente jurídicas y con virtualidad causal respecto al fallo --SS. 27 de febrero y 4 de octubre de 1982, 14 de febrero de 1986, 19 de febrero y 13 de marzo de 1987, 26 de enero, 13 de marzo de 1987, 26 de enero, 13 de marzo y 14 de abril de 1989, 18 de septiembre de 1991 y 17 de enero de 1992--. O sea, cuando la descripción del hecho se reemplaza por su significación --SS. 12 de marzo y 11 de octubre de 1989--- En un cierto sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, pues si en los mismos se describe una conducta subsumible en un tipo penal, la consecuencia lógica se infiere, aunque se describa en la parte dispositiva o fallo de la sentencia, pero no es este el sentido, sino que se produce exclusivamente por la utilización en el "factum" de expresiones técnicamente jurídicas que definan y den nombre a la esencia del tipo aplicable y aplicado, expresiones ajenas al gran público y al lenguaje común, con un valor causalista del fallo, o sea predeterminación eficaz y causal, por lo que si suprimidos tales anómalos conceptos jurídicos incrustados en el relato no dejan el hecho histórico sin base alguna, huérfano de inteligibilidad y sentido, el vicio procesal no existe.

Es doctrina específica de esta Sala que el concepto predeterminante jurídico -el sustantivo engaño- aún estando incluído en la definición de estafa, es una palabra de uso vulgar y significado asequible a cualquiera -sentencia del Tribunal Supremo de 15 Junio de 2001-. Por tan no ha existido predeterminación del fallo y el motivo, debe rechazarse.

Por la vía del nº 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se alega, en el tercer motivo de impugnación, error en la apreciación de la prueba, citándose como documentos que lo evidencian: testimonio de la sentencia de 22 noviembre de 2000, dictada por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia; escrituras públicas otorgadas por la Sra. Amelia -perjudicada-, ante los diferentes Notarios.

Aún cuando la sentencia invocada, no tiene el carácter de documento, a efectos casacionales, el propio precepto en que se apoya el motivo, ya señala que el documento en que se base el mismo, no esté desvirtuado por otras pruebas, y eso ocurre en el presente supuesto, ya que el Tribunal contó como prueba en contrario, practicada en el juicio oral, la pericial psiquiátrica del Dr. Lucio quien afirmó que la Sra. Amelia no estaba en condiciones de gobernarse a sí misma; el informe de la médico forense Dña. Melisa quien dictaminó en el mismo sentido que el anterior; el informe forense del Dr. Evaristo quien en el jucio oral afirmó que la Sra. Amelia no estaba bien del todo. Asimismo en el juicio oral, múltiples personas testimoniaron en el sentido de que la perjudicada no se encontraba en su sano juicio.

Por tanto, la sentencia alegada, está desvirtuada por las pericias y testimonios practicados en el acto del juicio oral.

El motivo, pues, debe rechazarse.

Alega la parte recurrente en el cuarto motivo, infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aduciendo aplicación indebida de los artículos 248, 249 y 250.6 del Código Penal.

El recurrente no desarrolla el motivo, sino que se limita a manifestar que se han infringido dichos preceptos, sin argumentar dicha afirmación, por lo que, el motivo debe rechazarse, por cuanto los hechos declarados probados integran indudablemente el tipo penal por el que se condena al acusado, y en consecuencia, ha de desestimarse el motivo.

Recurso de María Consuelo

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se alega en el primer motivo del recurso, vulneración del derecho a la presunción de inocencia., que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española.

Hay que reiterar, al igual que con el otro acusado, los medios probatorios con los que contó el Tribunal, tanto de forma directa como indirecta, y tales medios probatorios no hacen sino hacer realidad el concierto adhesivo de la acusada con Donato .

Asimismo hay que resaltar que la recurrente conocía a la perjudicada desde hacía bastante tiempo, ya que eran vecinas, y por tanto conocía sus deficiencias mentales. Aquélla también era conocedora de la situación económica de su novio, incorporándose a la cuenta corriente de la entidad Caja de Ahorros del Mediterraneo, para disponer del metálico de la perjudicada, beneficiándose con el otro acusado de las ventas de bienes de la Sra. Amelia .

Por tanto, el Tribunal "a quo" contó con los elementos directos e indirectos en los que se acredita la relación íntima existente entre la recurrente y su prometido coautor de los hechos, y en definitiva, participó y se lucró de los mismos.

Procede el rechazo del motivo.

Alega la parte recurrente en el segundo motivo, infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del artículo 28 del Código Penal, y no aplicación del artículo 29 del mismo texto legal.

Esta Sala, en reiterada jurisprudencia, de cuya relación basta señalar las de 8 de marzo, 1 de febrero de 1.989, o la de 16 de julio de 1.990, ha declarado que la diferencia entre la complicidad y la cooperación necesaria radica en la consideración de la actividad del cómplice como secundaría, accesoria o auxiliar a la acción del autor principal, frente a la condición de necesariedad a la producción del reusltado del cooperador necesario. Para que esa conducta sea tenida como necesaria se ha acudido a distintas teorías que fundamentan esa diferenciación. De una parte, la de la "conditio sine qua non", para la que será necesaria la cooperación sin la cual el delito no se habría cometido; la teoría de los bienes escasos, cuando el objeto aportado a la realización del delito es escaso, entendido según las condiciones del lugar y tiempo de la comisión del delito; y la teoría del dominio del hecho, para la que será cooperación necesaria la realizada por una persona que tuvo la posiblidad de impedir la infracción realizada retirando su concurso. En la complicidad resalta una participación de segundo grado inscribible en las prestaciones de auxilio eficaz favorecedor del resultado, pero sin el cual el hecho criminal también era posible (Cfr. sentencia de 17 de marzo de 1992).

La recurrente, pese al que precepto en que se apoya lo impide totalmente, no respeta el hecho probado. A tenor del mismo el fundamento jurídico segundo de la sentencia señala como el condenado Morellá era el principal protagonista, y la recurrente, como persona que ejecuta hechos relevantes que convergen con los de aquél, realizando cada uno actos que previamente se han consignado, por lo que no existe el principio de accesoriedad, sino el de la acción conjunta de los dos autores del hecho, y -sentencia del Tribunal Supremo de 11 abril de 2000- participación conjunta de los beneficios obtenidos con el engaño -sentencia del Tribunal Supremo de 13 diciembre de 2001-.

Ha de rechazarse el motivo.

Alega la parte recurrente en el tercer motivo, infracción de ley al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida de los artículos 123 y 124 del Código Penal.

El motivo, que fue apoyado por el Ministerio Fiscal debe estimarse.

La acción se dirigió contra María Consuelo por dos delitos, uno de estafa y otro de falsedad; Donato por tres delitos, estafa, falsedad y amenazas, y Magdalena y Verónica por dos delitos.

El Tribunal absuelve a Magdalena y a Verónica y condena a la recurrente María Consuelo por un delito de estafa y la mitad de las costas procesales, absolviéndole del de falsedad.

Condena igualmente a Donato por un delito de estafa y a la mitad de las costas procesales, absolviéndole de los otros dos delitos.

En virtud de lo establecido en los artículos 123 y 124 del Código penal procede imponer las costas a la recurrente en dos novenas partes.

Asimismo en virtud de lo establecido en el artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la estimación de este motivo ha de beneficiar al recurrente Donato por encontrarse en la misma situación que la recurrente anterior.

Procede, pues, casar y anular la sentencia de instancia en tal particular, dictándose a continuación la procedente.

Procede, pues, estimar el motivo tercero de María Consuelo , que beneficiará al otro acusado, también recurrente Donato , desestimando los de este último y los restantes de aquella así como los de la acusación particular, sin que proceda imponer las costas a aquél, porque aunque no alegó un motivo como el que se estima, al beneficiarse del que se acoge a María Consuelo , no debe imponérsele las costas del recurso, a ninguno de los acusados, e imponiéndoselas por su recurso a la acusación particular.

III.