STS 834/2005, 16 de Junio de 2005

Al amparo del artículo 849, 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 301, párrafo 2º del Código Penal.

Al amparo del artículo 849, 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 302, párrafo 1º (pertenencia a organización) del Código Penal.

Al amparo del artículo 849, 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 563 del Código Penal.

4. - La representación del procesado Mónica, Marcos E Felix, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el art. 5. 4 de la L.O.P.J., por infracción de precepto constitucional por vulneración del art. 24.2 de la Constitución Española, sobre Derecho Fundamental a la Presunción de Inocencia, en relación con los arts. 368. 1º, 301. 1 párrafo 2º y el art. 302 párrafo 1º último inciso del Código Penal.

Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los arts. 11. 1 y 5. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en orden al derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías y el derecho a la tutela judicial efectiva y con nulidad de las pruebas obtenidas ilícitamente; en relación con el art. 24. 1º y 2º de la Constitución Española en orden al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los arts. 11. 1 y 5. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en orden al derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías y al derecho de tutela judicial efectiva en cuanto a la motivación de las sentencias en relación a la presunción de inocencia del artículo 24. 1 de la C.E., recogido en el art 120. 3 de la Carta Magna.

Al amparo del artículo 849. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 368, 564.1.1º, 301. 1 párrafo 2º, 302 párrafo 1º último inciso (pertenencia a organización y jefe), y artículo 14 del Código Penal.

Al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la apreciación de la prueba.

Al amparo del artículo 851. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo al quebrantamiento de forma.

5. - La representación del procesado Ángel, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Al amparo del artículo 849, 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el art. 5. 4 de la L.O.P.J. y los artículos 24.2 y 53.1 de la Constitución Española, por entender que no existe prueba de cargo suficiente, directa o indirecta.

Al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artº 301 nº 1, párrafo 2º del Código Penal y vulneración de los preceptos constitucionales de los arts. 24. 1 y2, 9.3 y 120.3 de la C.E.

Al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del art. 302 párrafo 1º, en relación con el art. 301 nº 1, párrafo 2º del Código Penal y vulneración de los preceptos constitucionales de los arts. 24. 1, 2, 9.3 y 120.3 de la C.E.

Al amparo del artículo 849. 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida de los arts. 301 nº 1, párrafo 2º y 302 párrafo 1º (pertenencia a organización) del Código Penal, por error en la apreciación de la prueba y vulneración de los preceptos constitucionales de los arts. 24.1 y 2, 9.3 y 120.3 de la C.E.

Al amparo del artículo 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 5. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los arts. 301 nº 1, párrafo 2º y 302 párrafo 1º (pertenencia a organización) del Código Penal y 66. 1º del mismo texto legal, y vulneración de los arts. 24. 1 y 120.3 de la C.E.

Al amparo del art. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del art. 127 en relación con los arts. 301 nº 1, párrafo 2º y 302 párrafo 1º (pertenencia a organización) del Código Penal, y vulneración de los preceptos constitucionales de los arts. 24. 1 y 2, 9.3 y 120. 3 de la C.E.

6. - Instruidas las partes de los recursos interpuestos, el Ministerio Fiscal, por escrito de fecha 20 de Julio de 2004, evacuando el trámite que se le confirió, y por la razones que adujo, interesó la inadmisión de los motivos de los recursos que, subsidiariamente, impugnó.

7. - Por Providencia de 31 de Mayo de 2005 se declaró el recurso admitido y quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

8. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación el día 6 de Junio de 2005.

Siguiendo el orden de presentación examinaremos en primer lugar el Recurso de Jose Francisco que formula un primer motivo al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que se le ha aplicado indebidamente el artículo 301, párrafo 2º del Código Penal. 1.- En principio, trata de ajustarse al contenido del hecho probado pero, mas adelante, se va decantando por otras opciones entre las que figura la referencia a datos omitidos en el relato fáctico. Considera destacable que no se haga referencia a un sustancial incremento de su patrimonio. Estima que esta omisión desmonta el juicio de inferencia realizado al incluirle en el grupo, en paridad de intervención, con el resto de los acusados.

Apartándose totalmente del propósito inicial, dedica sus esfuerzos a mantener que los fundamentos de derecho hablan de que la conducta o actuación del recurrente, junto a otros dos acusados, tuvo una intensidad menos relevante. En consecuencia, sostiene que no se puede ir mas allá de considerarlo como un simple "testaferro". Introduce, además, cuestiones de calificación jurídica que vuelve a repetir en otros motivos, por lo que nos centraremos en todo lo que tiene por objeto dilucidar si la aplicación del artículo 301, párrafo 2º ha sido debida o indebidamente aplicado.

2. - El relato fáctico parte de una declaración genérica en la que afirma que se encuentra ante una organización, con ramificaciones en el extranjero, que se dedicaba al tráfico de cocaína. Posteriormente su actividad era la reversión de los ilícitos beneficios, realizando negocios aparentes.

   Se dice, a continuación, que ésta organización internacional, de origen colombiano, contactó con un grupo de personas entre las que incluye al recurrente que "conocedores del origen ilícito de los fondos y tras dotarles de una apariencia legal, los revertían a la organización, canalizándolos a través de cuentas bancarias instrumentales".

   A partir de esta afirmación genérica e indiscriminada, va perfilando el protagonismo y actuación de todos los implicados. Cuando llega al recurrente, declara que se encontraba plenamente integrado en el grupo y participaba de las otras actividades de la organización. Como ya ha insinuado el recurrente, la sentencia gradúa la diversa intensidad de sus actividades para imponerle incluso una pena menor pero, en ningún momento, pone en duda su plena participación en las actividades del blanqueo de dinero. En consecuencia, le condena a una pena de prisión, dos años menor que la aplicada a la que se considera directora o principal protagonista de las actuaciones.

   Todo el resto del hecho probado, en el que incorrectamente se incluyen fragmentos literales de las conversaciones telefónicas intervenidas, no nos proporciona materiales distintos que permiten aceptar la tesis del acusado.

3. - La pruebas utilizadas para establecer las conclusiones condenatorias, están perfectamente enlazadas y recogen, todas ellas, los elementos válidamente obtenidos a lo largo de la investigación, suficientemente contrastados en el juicio oral. Como dice acertadamente el Ministerio Fiscal "las declaraciones testificales del director, interventora y jefe de gestión administrativa del BBV de la sucursal de la Seo de Urgel, sobre la operativa de cuentas corrientes, ingreso en pesetas, conversión en dólares e inmediata trasferencia efectuada la convertibilidad a paraísos fiscales y entidades de Panamá, EEUU, etc., corroboran la operación de lavado del dinero procedente del tráfico ilícito de cocaína, que controlaba directamente Mónica aunque no apareciera por la entidad bancaria, conclusión a la que contribuyó la testifical de los funcionarios del Cuerpo de Policía que venían realizando las investigaciones sobre la ejecución de estos hechos por la acusada, sus hermanos y los imputados Ángel y Jose Francisco".

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimados

El motivo tercero se centra en alegar la indebida aplicación del artículo 563 del Código Penal, es decir la condena por tenencia ilícita de armas.

1. - El relato fáctico, en la parte que se refiere a este delito, se limita a sentar como probado que al acusado, en el momento de la detención, le fué intervenida "un arma de defensa eléctrica catalogada como arma prohibida y en perfecto estado de funcionamiento".

   Consta en las actuaciones que el arma le fué ocupada en el local donde se produjo la detención por lo que no hubo porte ni exhibición pública de la misma.

2. - En relación con las armas prohibidas la jurisprudencia de esta Sala ha seguido una interpretación restrictiva en función de su naturaleza, peligrosidad y forma en que se poseen, portan o exhiben. Existe una cierta proximidad de estas conductas con las previsiones administrativas que reglamenta la posesión de esta clase de armas, catalogadas, con mayor o menor precisión y exhaustividad.

   Cuando la tenencia no es pública y no representa un peligro potencial e inmediato para la seguridad colectiva se deben desviar las conductas hacia el derecho administrativo sancionador. Cuando la posesión es domiciliaria o en un recinto equivalente como sucede en el caso presente, la conducta no es típica.

   Por lo expuesto el motivo debe ser estimado

Los recurrentes Mónica, Marcos e Felix formalizan tres primeros motivos por vulneración de derechos fundamentales que examinaremos conjuntamente.

1. - Como cuestión previa debemos advertir que la personación se realiza en nombre de los tres recurrentes y que la formalización se hace sólo en nombre de Mónica, por lo que al no existir otro recurso lo consideramos extendido a los tres.

   El motivo primero, por presunción de inocencia, tiene dos vertientes. La primera versa sobre el delito de tráfico de drogas y la segunda sobre el blanqueo de capitales.

   Después de desgranar una jurisprudencia estereotipada sobre la presunción de inocencia, que compartimos en términos generales, centra la cuestión sobre el objeto del recurso y pone de relieve que no existe prueba válida sobre este extremo y que las conclusiones obtenidas sobre el contenido de las conversaciones telefónicas carecen de toda constatación objetiva.

   En efecto, la sentencia recoge, como hechos probados, conversaciones telefónicas que pudieran estar relacionadas con este tráfico pero siempre referidas a frases crípticas y de contenido ambiguo que pudieran constituir un indicio o dato de investigación pero que no se plasman en afirmaciones tajantes y contrastadas sobre el tráfico de una determinada cantidad de droga. Hasta tal punto la indefinición y la incertidumbre asalta a los redactores de la sentencia que, dando a entender que nos encontramos ante una organización con raíces en Colombia que maneja grandes cantidades de cocaína, no se decanta por la aplicación del tipo de notoria importancia e impone a Mónica, de forma aleatoria, una pena de cinco años de prisión.

   Por lo que respecta al delito de blanqueo de capitales la prueba es válida y abrumadora ya que, a través de una laboriosa tarea de investigación, se va desentrañando una serie de operaciones, con numerosas entidades financieras, que no tiene asiento o realidad contable distinta del origen ilícito de dichos fondos, lo que ha sido valorado además, de forma correcta, en la fundamentación jurídica de la sentencia. En este caso, las operaciones dirigidas por Mónica, contaban con la participación y colaboración de sus dos hermanos.

2. - El motivo segundo, conectado en cierta forma con el anterior, ataca la validez de la prueba en función de la irregularidad de las escuchas telefónicas.

   En realidad no sabemos cuáles han sido los vicios formales que han afectado a las garantías fundamentales, ya que no se impugnan directamente, ni la motivación ni la proporcionalidad de la medida sino la falta de fiabilidad de la transcripción. Conviene recordar que las cintas fueron escuchadas en el momento del juicio oral lo que refuerza su legitimidad y valor probatorio.

3. - El motivo tercero se refiere a la motivación de la sentencia y vuelve a introducir una abundante doctrina general que asumimos si bien en relación con la sentencia que es objeto de recurso, admite que es extensa pero disiente de su razonamiento. En principio ya hemos dicho que la motivación de la dedicación al tráfico de drogas carece de solidez incriminatoria si bien, por el contrario, la fundamentación y explicación del delito de blanqueo es plena y acertada.

   Por lo expuesto el motivo primero debe ser estimado parcialmente y desestimados los otros dos.

El motivo cuarto entra en cuestiones de fondo y mantiene que se han vulnerado, por aplicación indebida, los artículos 368, 564.1.1º, 301.1 párrafo segundo y 302 párrafo 1º fundamentalmente en lo que se refiere a su consideración como perteneciente a una organización y la cualidad de jefe.

1. - Ya hemos dicho que no concurren elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia en esta causa de un delito de tráfico de drogas por lo que damos por contestada la primera cuestión.

   La tenencia ilícita de armas, cuya realidad, no ha sido discutida nos lleva de la mano al dictamen pericial que nos proporciona el dato, elevado a la categoría de hecho probado, que afirma su catalogación como arma de fuego en perfecto estado de conservación y apta para el disparo por lo que poco podemos añadir a lo que se dice en la sentencia. Estimamos correctamente aplicado el artículo 564 del Código Penal en los términos en que se ha hecho por la sentencia recurrida.

2. - Respecto de la receptación o blanqueo de capitales el hecho probado hace un referencia inicial a la existencia de una organización con "ramificaciones internacionales" que contactó con el grupo del que formaba parte la acusada y que se prestó a realizar operaciones necesarias para dar apariencia legal al origen ilícito de los fondos. A continuación atribuye a la recurrente ser "la máxima responsable del grupo y bajo cuya dependencia se hallaban los demás" lo que la sitúa no solamente en el seno de una organización con todas las características de un entramado con estructura y mecanismos perfectamente ensamblados, sino que además se le atribuye la dirección y la capacidad de decisión y mando sobre el grupo y las operaciones realizadas. Por ello estimamos que la aplicación de estos preceptos está suficientemente justificada. Asimismo considera a los otros dos recurrentes como partícipes y colaboradores directos en las operaciones de blanqueo.

   Por lo expuesto procede estimar parcialmente el motivo en lo que se refiere al tráfico de drogas.

El motivo quinto alega error de hecho en la apreciación de la prueba.

1. - Al desarrollar el error de hecho no hace referencia a documento alguno limitándose a cuestionar la prueba testifical.

2. - Es evidente que a la vista de esta orientación el motivo es improsperable.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

El motivo último, que debió ser el primero, plantea el quebrantamiento de forma por falta de claridad en los hechos probados y la utilización de conceptos jurídicos que predeterminan el fallo.

1. - La parte recurrente selecciona una serie de pasajes que considera defectuosos, incompatibles o contradictorios. Añade que se falta a la tutela judicial efectiva y que se han omitido datos.

2. - No se entiende muy bien el propósito del recurrente. Los hechos, tal como los relata y selecciona, son claros y meridianos en cuanto a la atribución a los recurrentes su condición de partícipes en las actividades que se describen y constituyen la base de la condena. Las omisiones no pueden ser canalizadas por la vía de la falta de claridad y, por supuesto, la tutela judicial efectiva está fuera de toda discusión ya que se ha fundamentado suficientemente las razones que llevan a dar por probados los hechos en los que, además, no se observa la utilización de conceptos jurídicos que predeterminan el fallo.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

El recurrente Ángel formaliza un primer motivo por presunción de inocencia.

1. - Reconoce la existencia de prueba indiciaria pero discrepa del proceso valorativo que se llevó a cabo por la sentencia. Ello nos llevaría a plantear, también conjuntamente, la falta de tutela judicial efectiva por falta de motivación suficiente.

   Para desarrollar su tesis analiza pormenorizadamente, todas las pruebas de las que ha dispuesto la Sala sentenciadora, sin negar su validez pero negando su valor incriminatorio. Para ello se fija en las declaraciones de los directivos y empleados de la entidad financiera en la que trabajaba y en las declaraciones de los policías que intervinieron en la investigación. Su posición discrepante se centra, en síntesis, en sostener que la principal acusada era una persona de conocida solvencia y con actividad económica conocida en la localidad, lo que no permitía sospechar de las numerosas operaciones de transferencias de dinero. Se omite que, algunas, se realizaban con sedes, conocidamente consideradas como "paraísos fiscales". Pretende derivar la responsabilidad hacia el Director de la Sucursal bancaria en la que trabajaba por omisión de su deber de controlar las operaciones que estaba realizando. Ello no desvirtúa la realidad de transferencias continuas y sospechosas de cantidades importantes de dinero a sucursales extranjeras, algunas en países caracterizados por su opacidad en el control del movimiento de capitales. Admite su presencia en las oficinas aduaneras pero matiza que se debía a su colaboración y propósito de agilizar los trámites Incluso reconoce que era el encargado de avisar a los servicios blindados para que fueran a recoger el dinero. Admite el contenido de las conversaciones telefónicas realizadas con la principal acusada, si bien intenta disfrazar su contenido, seleccionando aquellas que le pudieran favorecer pero despreciando las que tienen un indudable contenido incriminatorio. Desvaloriza las conclusiones de la sentencia y llegar a mantener que no existe una motivación suficiente.

2. - La valoración de la prueba sobre el delito de blanqueo de capitales no puede ser más ajustada a la realidad de los hechos que se plasman en el relato fáctico. Un empleado de una entidad financiera que interviene de forma reiterada en operaciones de baja fiabilidad y que supone una excepción a las usuales prácticas bancarias, no puede argumentar que es absolutamente irresponsable y desconocedor de una realidad que debió suscitar sus sospechas. No es frecuente que las operaciones que se describen en el hecho probado y sobre cuya realidad nada se objeta por parte del recurrente, puedan pasar desapercibidos en el marco de la legítima actividad financiera de una entidad que ocupa uno de los puestos punteros en el mundo financiero de nuestro país. En todo caso, si puso o no en conocimiento de sus superiores estas extrañas y llamativas maniobras de transferencias, no le exime de su directa participación en hechos que a todas luces resultan incriminatorios. Asimismo omitió el deber de transmitir a los organismos oficiales de control del movimiento de capitales, las sospechosas operaciones para que examinasen su adecuación o no a la normativa vigente. Su vinculación y connivencia aparece nítidamente reflejada en los numerosos documentos y en los hechos que el propio acusado reconoce como ciertos. No se puede admitir que la sentencia se haya basado en simples sospechas o elucubraciones alejadas de la realidad. Una persona que directa, responsable y personalmente colabora en estas actividades sin admitir su responsabilidad, está fuera de la realidad y pretende evadirse de unos hechos que incuestionablemente le incriminan.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

El motivo segundo combate la aplicación de los artículos relativos al blanqueo de capitales y su participación en los hechos.

1. - Para sustentar su argumentación se basa específicamente en el motivo anterior en el que combate la realidad del hecho probado.

2. - Ello nos lleva a considerar que efectivamente abandona toda posibilidad de que prospere su recurso, si no es por la vía de la negación y modificación del hecho probado. Manteniendo éste en su integridad, no tiene cabida esta pretensión.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

En el motivo tercero suscita, como argumento subsidiario, que, en todo caso, no se le puede imputar su pertenencia a una organización.

1. - La vía utilizada para sustentar esta postura pasa por respetar el hecho probado por lo que tenemos que remitirnos a su contenido para establecer si efectivamente se puede construir, sobre esa base fáctica, su integración en una organización dedicada al blanqueo de dinero.

2. - No se puede discutir que todo el entramado de las operaciones para lavar o legalizar el dinero procedente de actividades ilícitas necesita de los circuitos financieros legalmente establecidos. No podemos entrar en el análisis de las responsabilidades que puedan ser atribuidas a personas que han quedado al margen de este procedimiento pero, es suficiente con los datos que obran en las actuaciones, para establecer, sin duda ni vacilación, que el recurrente conocía y estaba al tanto de las operaciones y de la procedencia del dinero.

3. - Desde su posición de empleado de la entidad financiera, asumió un papel relevante e imprescindible para que los propósitos delictivos se alcanzasen por parte de todos los que participaban en las complejas operaciones de transmisión de cantidades de dinero a través de la apariencia y cobertura de una entidad financiera que actuaba legalmente dentro del sistema bancario. Su aportación no sólo fue relevante sino que era imprescindible para que se obtuviese el efecto deseado. La prestación de funciones colaboradoras, desde dentro de una entidad bancaria, solamente el acusado podía realizarla. Su consideración como protagonista y personaje decisivo en la consumación del delito y de su integración en el entramado que se había constituido es tan evidente que, sin su colaboración, hubiera sido necesario que otra entidad bancaria u otro empleado financiero asumiese ese papel imprescindible para la consumación del delito en todas sus facetas, incluidas la de integrarse en una organización delictiva con una misión prácticamente insustituible.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

El motivo cuarto se canaliza por la vía del error de hecho en la apreciación de la prueba.

1. - Toda la documentación aportada, cuya realidad no se cuestiona, se esfuerza en demostrar que las operaciones en las que participaba de forma protagonista y materialmente decisiva el condenado, necesariamente tenían que ser firmadas por el director de la sucursal o por el interventor.

2. - Nadie discute esta afirmación ya que entra en las funciones propias de una realidad que es habitual en el sistema de funcionamiento de una entidad bancaria. Aún admitiendo esa realidad, no se puede descartar la relevancia de las funciones realizadas por el acusado que fueron directamente protagonistas de la puesta en marcha de las operaciones. Cualquier connivencia o negligencia que pueda ser atribuida al director o interventor de una entidad bancaria, no puede ser causa de exención de responsabilidad ya que, en todo caso, sería una responsabilidad por omisión que no ha sido objeto de enjuiciamiento.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

El motivo quinto se centra en denunciar la falta de motivación de la pena impuesta.

1. - Para ello trata de justificar su impugnación en una carencia o suficiencia de la medida de la pena impuesta ya que, a su juicio, no se explícita suficientemente cual ha sido el criterio seguido para fijar su cuantía.

2. - Si damos por inamovible la participación y el papel relevante e imprescindible que ha jugado el recurrente en todo el proceso de cobertura de las operaciones encaminadas a encubrir la procedencia ilícita del dinero y canalizarlo por los circuitos ordinarios y reconocidos por el sistema financiero, podemos concluir que la pena impuesta, no sólo se ajusta a las previsiones legales y se justifica por los razonamientos incluidos en la sentencia sino que, además, resulta a otras luces justificada y quizá podría llegarse a conclusiones más perjudiciales para la parte recurrente.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

El motivo sexto invoca la vulneración del comiso de bienes de su propiedad que no estaban relacionados con la comisión del hecho delictivo.

1. - En síntesis se viene a mantener que los dos vehículos decomisados no eran instrumentos utilizados para la comisión de los hechos delictivos y nada tenían que ver con las actividades ilícitas que se le imputan.

2. - La determinación de esta medida está en directa relación con la actividad que se le imputa al acusado. Evidentemente nada tienen que ver con las operaciones de camuflaje que realizaba el acusado en el desempeño de sus funciones en el interior de la entidad financiera, pero no puede olvidarse que la sentencia, da una valor primordial a la actividad del acusado al desplazarse de Andorra a Seo de Urgel para facilitar las operaciones que después se consumaban, a través del sistema ideado por todos los intervinientes. Esos vehículos eran decisivos o por lo menos relevantes en orden a la actividades que realizaba el acusado por lo que su comiso entra dentro de las previsiones legales.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado

III.

FALLO

FALLAMOS: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR PARCIALMENE AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación de Mónica Y Jose Francisco, casando y anulando la sentencia dictada el día 9 de Diciembre de 2003, por la Audiencia Nacional en la causa seguida contra la misma y otros por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Declaramos de oficio las costas causadas.

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Marcos, Felix y Ángel .

Declaramos de oficio las costas causadas. Comuníquese esta resolución a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. José Antonio Martín Pallín D. José Manuel Maza Martín D. Luis-Román Puerta Luis

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Junio de dos mil cinco.

En la causa incoada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, con el número 101/1999 contra Mónica, Marcos, Felix, Ángel Y Jose Francisco y, en prisión provisional por la presente causa, en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 4ª, con fecha 9 de Diciembre de 2003, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen, bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, que hace constar lo siguiente: