STS, 4 de Junio de 2001

Ponente:MARIN CASTAN, FRANCISCO
Número de Recurso:1071/1996
Procedimiento:CIVIL - 01
Fecha de Resolución: 4 de Junio de 2001
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

CULPA EXTRACONTRACTUAL. DAÑOS Y PERJUICIOS. El mero índice estadístico de complicaciones derivadas de la raquianestesia no permite concluir que cualquier lesión o parálisis subsiguiente a la aplicación de esa técnica sea jurídicamente exonerable, ya que la estadística no discrimina la proporción que es imputable a una deficiente aplicación de la técnica. En primera instancia se desestima demanda. Se estima casación.

 
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CONTENIDO

D. PEDRO GONZALEZ POVEDAD. FRANCISCO MARIN CASTAND. JOSE DE ASIS GARROTE

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Junio de dos mil uno.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Bonifacio Fraile Sánchez, en nombre y representación de Dª María Angeles , contra la sentencia dictada con fecha 7 de marzo de 1996 por Audiencia Provincial de Salamanca en el recurso de apelación nº 36/96 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 92/95 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Salamanca, sobre reclamación de cantidad por culpa extracontractual. Ha sido parte recurrida D. Esteban , representado por el Procurador D. Isacio Calleja García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 21 de febrero de 1995 se presentó demanda interpuesta por Dª María Angeles contra D. Esteban solicitando se dictara sentencia "por la que se declare y condene al demandado a indemnizar a los herederos de Don Alejandro :

-de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de su muerte en la cantidad de treinta y cinco millones de pesetas, y en su defecto al pago de la que el Juzgado determine.

-subsidiariamente de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las lesiones y secuelas padecidas en la cantidad de diecisiete millones cuarenta y cuatro mil setecientas sesenta y cinco pesetas, y en su defecto al pago de la que el Juzgado determine.

-en ambos casos con el pago de los intereses legales y de las costas causadas".

SEGUNDO

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Salamanca, dando lugar a los autos nº 92/95 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazada la parte demandada, ésta compareció y contestó a la demanda solicitando su total desestimación con imposición de costas a la actora.

TERCERO

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 2 de enero de 1996 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por DOÑA María Angeles , representada por la Procuradora Sra. Casanova Martín, contra D. Esteban , representado por la Procuradora Sra. Sagardía Redondo, al no resultar probados los hechos objeto de la misma; con expresa imposición de costas a la demandante".

CUARTO

Interpuesto por la demandante contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 36/96 de la Audiencia Provincial de Salamanca, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 7 de marzo de 1996 desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo a la recurrente las costas de la alzada.

QUINTO

Anunciado recurso de casación por la actora-apelante contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador D. Bonifacio Fraile Sánchez, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en seis motivos: los tres primeros al amparo del ordinal 3º del art. 1692 LEC por infracción del art. 359 de la misma Ley en relación con los arts. 248.3 LOPJ, 372.3º LEC y 120.3 CE (motivo primero), de los arts. 203.2 LOPJ y 326.1 LEC (motivo segundo) y de los arts. 1242 y 1243 y 610 a 632 LEC con excepción de los arts. 619 a 625 (motivo tercero); y los otros tres al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC por infracción, respectivamente, de los arts. 1253, 1902 y 1105 CC.

SEXTO

Personado el demandado D. Esteban como recurrido por medio del Procurador D. Isacio Calleja García, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC oponiéndose a la admisión del motivo segundo y admitido el recurso por Auto de 8 de abril de 1997, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación, solicitando se desestimara íntegramente el recurso y se confirmara la sentencia impugnada.

SÉPTIMO

Por Providencia de 15 de marzo del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 17 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El presente recurso de casación dimana de un juicio de menor cuantía promovido contra un médico anestesista por la hija de un paciente que, tras ser intervenido para implantarle una prótesis de cadera izquierda, sufrió paralización de la pierna derecha y de los esfínteres y murió ciento catorce días después de la intervención, atribuyéndose por la demandante la lesión medular sufrida por su padre a una defectuosa administración de la anestesia epidural y su posterior fallecimiento a una tromboembolia pulmonar causada por la inmovilidad.

En la demanda se instaba una indemnización a favor de los herederos abintestato del paciente fallecido: en cuantía de 35.000.000 de ptas. o la que el Juzgado determinase, por fallecimiento, y, subsidiariamente, en cuantía de 17.044.765 ptas., o en su defecto en la que el Juzgado determinase, por daños y perjuicios a consecuencia de las lesiones y secuelas causadas por la conducta del médico anestesista demandado.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por inaplicabilidad al caso de la teoría del riesgo, resultar indicada la intervención, fundarse la prueba de la relación causal entre intervención y daño en "meras presunciones, basadas en criterios de exclusión y no de afirmación", falta de prueba de que la intervención "se realizara de forma incorrecta o negligente" y, en fin, tratarse "de una situación de caso fortuito que la propia intervención conlleva".

Interpuesto recurso de apelación por la demandante, el tribunal de segunda instancia lo desestimó, confirmando el fallo absolutorio, por no resultar avaladas las pretensiones de la demanda por ninguna de las pruebas obrantes en autos, aludiéndose a "informes periciales en particular el emitido por un catedrático de neurocirugía". Más concretamente, dicho tribunal descartó cualquier nexo causal entre la muerte del paciente y la raquianestesia administrada durante su intervención; pero en cuanto a las lesiones y secuelas, monoplejia del paciente y paralización de esfínteres, el tribunal entendió que "sobre la base de los informes periciales reiterados y obrantes en autos y aun admitiendo la mera probabilidad de la mediación de una relación etiológica entre la práctica anestésica y el daño", el supuesto no reunía el resto de los elementos conformadores del ilícito extracontractual según el art. 1902 CC por falta de imputabilidad objetiva y subjetiva ya que la técnica anestésica era la indicada y se había aplicado "con ortodoxia y con la diligencia exigible", no conteniendo dicho precepto un régimen de responsabilidad objetiva, por todo lo cual tenía que atribuirse el resultado a un "riesgo natural o inherente a la actividad", "social e individualmente aceptable" que, además, en el caso enjuiciado estaba "acrecido no ya por la edad del paciente, sino por su estado de salud".

Contra esta sentencia de apelación ha recurrido en casación la actora-apelante mediante los seis motivos que se examinan a continuación.

SEGUNDO

El primer motivo del recurso se formula al amparo del ordinal 3º del art. 1692 LEC para alegar falta de motivación de las sentencias de ambas instancias, citando la recurrente como infringidos los arts. 248.3 LOPJ, 372.3º LEC y 120.3 CE.

En su desarrollo argumental la parte recurrente, tras señalar que no eran titulares la juez sustituta que falló en primera instancia ni el magistrado suplente que fue ponente de la sentencia de apelación, destaca las carencias de ambas resoluciones en cuanto a fijación de los hechos, la confusión de que adolece la sentencia de apelación al atribuir el carácter de informe pericial a lo que no era sino un informe extraprocesal acompañado con la contestación a la demanda y, en fin, la absoluta omisión de fundamentos y motivaciones legales en ambas sentencias.

Ciertamente la sentencia recurrida en casación, que es única y exclusivamente la de segunda instancia como con toda claridad se desprende del art. 1687-1º LEC, dista mucho de ser modélica en su motivación, sobre todo en lo que se refiere a la determinación de los hechos probados, y esta carencia no puede ser suplida mediante remisión a la de primera instancia porque también ésta adolece de igual defecto. Pero ello no significa que el motivo haya de ser estimado, ya que el efecto de nulidad que inevitablemente comporta la falta de motivación, con la consecuencia de que el mismo tribunal que dictó la sentencia recurrida en casación haya de dictar nueva sentencia convenientemente motivada, debe considerarse como un remedio extremo, por indeseable, a evitar siempre que los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, por insatisfactorios que puedan parecer, permitan conocer la razón causal del fallo, auténtico índice del deber de motivación de las sentencias según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 14/91, 28/94, 153/95 y 33/96). Y en este punto hay que convenir que la sentencia recurrida, según se desprende de sus razonamientos transcritos en el fundamento jurídico anterior y por más que debieran de haber sido más explícitos, especialmente en orden a los hechos probados, cumple los mínimos exigibles de motivación porque permite conocer los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión, que son la falta de nexo causal entre intervención del paciente y muerte del mismo al cabo del tiempo, de un lado, y la probable existencia de ese nexo entre la anestesia y las lesiones del paciente, pese a lo cual no se generaría responsabilidad para el médico anestesista por no estar probada su falta de diligencia.

Si a lo antedicho se une, de un lado, que según jurisprudencia de esta Sala el régimen combinado de los arts. 248.3 LOPJ y 372 de la LEC de 1881 no impone que la sentencia civil haya de contener una apartado específico de hechos probados (SSTS 14-3-95 en recurso 3588/91, 25-10-00 en recurso 2649/95, 29-12-00 en recurso 3633/00 y 6-2-01 en recurso 47/96); y de otro, que también es doctrina de esta Sala que no es requisito imprescindible de la sentencia la cita de concretos preceptos legales (SSTS 20-12-96 en recurso 1771/93, 16-6-00 en recurso 2458/95, 14-11-00 en recurso 2924/95 y 18-1-01 en recurso 3768/95), cita que además sí se contiene en la sentencia recurrida al referirse por dos veces al art. 1902 CC, habrá de concluirse que el motivo, pese a no faltarle razón en alguno de los reproches que hace a la sentencia impugnada, no puede ser estimado en el efecto perseguido de anular dicha sentencia.

TERCERO

El segundo motivo del recurso se formula también al amparo del ordinal 3º del art. 1692 LEC, pero para alegar ahora la infracción de los arts. 203.2 LOPJ y 326.1 LEC por haberse cambiado al magistrado ponente inicial por un magistrado suplente sin notificación a las partes de esta circunstancia antes de dictarse la sentencia recurrida en casación. Por lo que se refiere a la indefensión sufrida por la recurrente, ésta la razona con base en los arts. 872 Y 894 LEC porque, en su opinión, la aclaración que en el acto de la vista instó el tribunal de su abogado en orden a la cuantía exacta de las indemnizaciones solicitadas demostraría que el magistrado ponente que redactó la sentencia no conocía suficientemente el pleito y sus actuaciones.

De nuevo no le falta cierta razón a la recurrente en su queja de no haber sido notificada del cambio de magistrado ponente, omisión que indudablemente entraña una irregularidad procesal si se tiene en cuenta lo que al respecto dispone el apartado 2 del art. 203 LOPJ; así como en la de no haber sido tampoco notificada de que la Sala ante la que se iba a celebrar la vista del recurso de apelación se completaba con un magistrado suplente, como prevé el párrafo primero del art. 326 LEC. Pero tampoco en este caso el motivo debe prosperar con su efecto inherente, todavía más enérgico, de anular el propio acto de la vista del recurso de apelación. Y ello porque tanto el Tribunal Constitucional como esta Sala tienen declarado que la falta de notificación del cambio de ponente, aun siendo el nuevo ponente un magistrado suplente, no genera por sí sola indefensión material si la parte que la alega no justifica la existencia de una causa de recusación del nuevo ponente dotada de un mínimo fundamento (SSTC 64/97 y 6/98 y SSTS 23-6-97 en recurso 2069/93, 27-11-98 en recurso 3350/95 y 30-12-98 en recurso 3347/96), fundamento mínimo que no cabe hallar en el presunto desconocimiento del pleito porque ni esto constituye causa de recusación según los arts. 219 y 220 LOPJ ni, desde luego, el requerimiento de aclaración sobre cuantías indemnizatorias que consta en la diligencia de vista del recurso de apelación es un elemento que por sí solo autorice a sospechar que el magistrado ponente desconociera las actuaciones.

CUARTO

El motivo tercero se ampara igualmente en el ordinal 3º del art. 1692 LEC, y como infringidos se citan los arts. 1242 y 1243 CC y los arts. 610 a 632 LEC con excepción de los arts. 619 a 625, en lo que la recurrente denomina "complejo preceptual" regulador de la prueba pericial, pues en su opinión se ha dado el rango de tal prueba a lo que no era sino un mero informe extraprocesal aportado por el demandado con su contestación a la demanda.

Así planteado, el motivo ha de ser desestimado por las siguientes razones: primera, porque no se cumple el art. 1707 LEC cuando se citan grupos o bloques de artículos (SSTS 3-4-97 en recurso 1604/93, 3-9-97 en recurso 2360/93, 3-11-97 en recurso 3071/93 y 10-7-00 en recurso 2405/95); segunda, porque el motivo se ampara en el ordinal 3º del art. 1692 LEC, debiendo suponerse que en su segunda modalidad, y sin embargo no se alcanza a comprender cuál sería el efecto que conforme al art. 1715.1-2º LEC pretende la recurrente; y tercera, porque si bien hay que reconocer la poca fortuna de la sentencia recurrida al poner en pie de igualdad la verdadera prueba pericial practicada en los autos con el informe extraprocesal de un catedrático de neurocirugía acompañado con la contestación a la demanda, no cabe sin embargo desconocer que este último informe fue contrastado dentro del proceso mediante la prueba testifical de quien lo había firmado, según resulta de la crítica que la propia recurrente hace de las respuestas del testigo en la parte final del desarrollo del motivo. El problema, pues, poco o nada tiene que ver con un quebrantamiento de forma causante de indefensión y sí, en cambio, con la valoración de la prueba o, en su caso, con el juicio de valor sobre el nexo causal o sobre la culpa o negligencia del demandado.

QUINTO

Se formula el motivo cuarto al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC y como norma infringida se cita el art. 1253 CC porque, según la recurrente, el tribunal de apelación tenía que haber aplicado dicha norma para presumir el enlace preciso y directo entre la administración de la anestesia epidural y el daño sufrido por el paciente.

También este motivo ha de ser desestimado porque es doctrina reiterada de esta Sala que el art. 1253 CC autoriza al tribunal de instancia, pero no le obliga, a acudir a la prueba de presunciones, de suerte que la falta de ejercicio de esa facultad no puede combatirse en casación (SSTS 15-11-96 en recurso 105/93, 4-11-98 en recurso 1770/94, 31-12-98 en recurso 2102/94 y 17-4-99 en recurso 2972/94).

SEXTO

También se amparan en el ordinal 4º del art. 1692 LEC los motivos quinto y sexto para alegar infracción de los arts. 1902 y 1105 CC respectivamente.

Lo que en ambos motivos viene a combatirse es el juicio de valor del tribunal de instancia sobre la falta de culpa o negligencia del demandado y, en cierto modo, las dudas que el mismo tribunal manifiesta en orden al nexo causal entre anestesia epidural y daño o lesiones del paciente, extremos ambos que pueden revisarse en casación según reiterada doctrina de esta Sala (SSTS 13-10-92, 31-1-97 y 23-10-00 entre otras muchas). La recurrente, en cambio, se aquieta con la conclusión del tribunal de segunda instancia que descarta el nexo causal entre la intervención y la muerte del paciente meses después, según manifiesta explícitamente dicha parte en el párrafo segundo del desarrollo del motivo quinto, de suerte que esta Sala se limitará a examinar si la sentencia recurrida ha infringido o no los preceptos citados al enjuiciar la pretensión indemnizatoria por las lesiones y secuelas del padre de la demandante.

A este respecto es fundamental la prueba pericial practicada en los autos y para la que se nombró un solo perito por acuerdo de ambas partes. En el punto relativo a la técnica anestésica aplicada, el perito, tras señalar ciertas contradicciones en la documentación examinada, concluye que consistió en una anestesia combinada por raquianestesia y, aprovechando la vía, colocación de un catéter epidural para controlar el dolor postoperatorio, considerando poco probable que, pese a lo que se dice en alguno de aquellos documentos, se aplicase además al paciente una narcosis general. En orden a la adecuación o pertinencia de dicha técnica, el perito la considera adecuada, como igualmente lo habría sido una narcosis o anestesia general y una combinación entre ambas. Respecto de la mielorradiculopatía o lesión medular que sufrió el paciente, el perito no es en absoluto dubitativo, sino que contundentemente afirma su relación causal con la anestesia raquídea al cumplirse los cinco criterios: topográfico, cronológico, de continuidad, de intensidad y de exclusión, por lo que la lesión medular afirmada en el informe del Instituto Nacional de Toxicología tan sólo podía deberse a un mecanismo compresivo ocasionado por un hematoma epidural, al tener que descartarse un origen vascular, inflamatorio o tóxico. En lo referente a la anestesia raquídea como técnica anestésica regional, consistente en inyectar un anestésico local en el líquido cefalorraquídeo, el perito afirma la facilidad de la punción del saco dural en la zona lumbar baja, señalando concretamente la zona entre L2 y L4 como la más aconsejable para la punción. Como índice estadístico de complicaciones cuando se aplica la referida técnica el perito señala el de seis casos de parálisis residual por cada mil doscientas anestesias raquídeas. En cuanto a la detección inmediata de la complicación, el perito considera que habría podido lograrse el diagnóstico de urgencia mediante una tomografía axial computarizada. Finalmente, en su comparecencia ante el juez para ratificar su informe y respondiendo a preguntas del letrado del médico anestesista demandado, el perito manifestó que la mielorradiculopatía no era consecuencia de una mala praxis médica, que la anestesia se ajustó a la praxis médica y que la lesión del paciente podía entrar dentro del caso fortuito como factor de riesgo del 0'5%.

Pues bien, de lo dicho se desprende, en primer lugar, que las dudas del tribunal de apelación sobre la relación causal entre anestesia y lesión carecen en verdad de justificación: de un lado, porque la aplicación de criterios de exclusión en casos como el enjuiciado no tiene por qué poner en cuestión las conclusiones alcanzadas; y de otro, por la evidencia de que antes de la intervención el paciente tenía sana su pierna derecha, ya que la prótesis de cadera se iba a implantar en la izquierda, y sin embargo la parálisis de aquélla se manifestó de forma inmediata a la intervención, siendo precisamente una de las complicaciones posibles de la técnica anestésica aplicada. En consecuencia, la revisión del juicio de valor sobre el nexo causal ofrece como resultado en casación el que dicha relación entre anestesia y lesión se afirme sin ningún género de dudas.

Abordando ahora la revisión del juicio de valor sobre la culpa o negligencia del médico anestesista demandado, debe tomarse como punto de partida la jurisprudencia de esta Sala que, partiendo del carácter de obligación de medios y no de resultados de la medicina curativa, descarta cualquier objetivación de la responsabilidad y también, aunque no sin excepciones en algunas recientes sentencias, la inversión de la carga de la prueba (SSTS 20 y 23-3-01, en recursos 567 y 954/96, como más recientes entre las representativas de la línea tradicional o mayoritaria). Desde esta perspectiva podría sostenerse que el juicio de valor del tribunal de apelación, a la vista de las aclaraciones del perito al ratificar su informe, se corresponde con la doctrina de esta Sala.

Pero a poco que se analicen críticamente dicho informe y tales aclaraciones, esa primera impresión se desvanece: en primer lugar, porque como con razón alega la recurrente en el desarrollo argumental del motivo sexto, la inclusión o no de lo sucedido en el caso fortuito del art. 1105 CC, concepto jurídico y no médico, corresponde al tribunal y no al perito; en segundo lugar, porque el mero índice estadístico de complicaciones derivadas de la raquianestesia no permite concluir que cualquier lesión o parálisis subsiguiente a la aplicación de esa técnica sea jurídicamente exonerable por encontrarse dentro del porcentaje racional de riesgo, ya que la estadística no discrimina la proporción que, dentro de ese porcentaje, es en realidad imputable a una deficiente aplicación de la técnica; en tercer lugar, porque la resonancia magnética practicada al paciente después de la intervención detectó "un discreto rechazamiento" sobre el espacio epidural a nivel L-II/L-III que el perito interpretó en su informe como signo de reabsorción de un hematoma epidural, la zona normalmente elegida para la punción es entre L2 y L4 y, sin embargo, el demandado, en su contestación a la demanda, afirmó que "la punción para introducir los fármacos anestésicos se hizo a nivel de las vértebras L-IV y L-V, donde ya no se encuentra la médula espinal", todo lo cual denota un grado de inseguridad difícilmente compatible con la diligencia exigible en la intervención, precisamente por el riesgo que conllevaba; y en cuarto lugar, porque en casos similares de graves lesiones causadas por intervenciones corporales para la administración de anestesia la jurisprudencia de esta Sala ha juzgado negligente la conducta del anestesista al no tener por qué producirse tales lesiones, y ello no sólo en alguna reciente sentencia que, como la de 12-12-98 (recurso 2094/97), invierte la carga de la prueba en contra del anestesista, sino también en sentencias tanto de años anteriores, dictadas cuando se mantenía sin fisuras por esta Sala la inaplicabilidad de la inversión de la carga de la prueba a los casos de responsabilidad médica (STS 23-2-94, en recurso 1161/91, con cita de otras anteriores, sobre lesión del nervio ciático), como aún más recientes (STS 20-7-00 en recurso 2479/95, sobre acceso epidural a consecuencia de anestesia).

En consecuencia, deben estimarse los dos últimos motivos del recurso porque esta Sala no comparte ni las dudas del juicio de valor del tribunal de apelación sobre el nexo causal ni el juicio del mismo tribunal sobre la diligencia del demandado y la consiguiente calificación del suceso como caso fortuito, procediendo por el contrario la reparación del daño causado conforme al art. 1902 CC, que resultó infringido lo mismo que el art. 1105 del mismo Cuerpo legal.

SÉPTIMO

Asumida la instancia por esta Sala como dispone el art. 1715.1-3º LEC, debiendo limitar su pronunciamiento, dados los términos del recurso, a la indemnización pedida de forma subsidiaria por la parálisis de la pierna derecha y la parálisis de esfínteres que sufrió el paciente, indemnización que es la correspondiente a éste pero que por su fallecimiento pasa a sus herederos, se considera a todas luces exagerada la suma de 17.044.765 ptas. pedida con carácter principal en la demanda.

Ponderando todos los factores concurrentes, especialmente la avanzada edad del afectado, setenta y tres años, su delicado estado de salud anterior a la intervención, no sólo por necesitar de la implantación de una prótesis de cadera en el otro miembro inferior sino también por su afección cardiaca, y, en fin, los padecimientos sufridos en forma de pruebas subsiguientes e impedimento prácticamente total para valerse por sí mismo, la Sala considera adecuada la suma global de cuatro millones de pesetas, más sus intereses legales desde el emplazamiento del demandado.

OCTAVO

El pronunciamiento final de estimación de la demanda, que en realidad es total porque la indemnización subsidiariamente solicitada por daños y perjuicios a consecuencia de las lesiones era en una cuantía determinada pero también, en su defecto, en la que el Juzgado determinase, justifica que las costas de la primera instancia deban imponerse al demandado conforme al párrafo primero del art. 523 LEC, aplicable por remisión del art. 1715.2 de la misma Ley. Idéntica remisión, ahora al párrafo segundo del art. 710, determina que no deban imponerse a ninguna de las partes las costas de la segunda instancia, ya que el recurso de apelación de la actora contra la sentencia desestimatoria de primera instancia tenía que haber sido estimado. Y esto último debe también acordarse en orden a las costas del recurso de casación conforme al art. 1715.2 LEC, procediendo finalmente la devolución a la recurrente del depósito constituido según se desprende del apartado 3 del mismo artículo.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

  1. - HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Procurador D. Bonifacio Fraile Sánchez, en nombre y representación de Dª María Angeles , contra la sentencia dictada con fecha 7 de marzo de 1996 por la Audiencia Provincial de Salamanca en el recurso de apelación nº 36/96, que se deja sin efecto.

  2. - En su lugar, ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta en su día por dicha recurrente contra D. Esteban , CONDENAR A ÉSTE a pagar a los herederos de D. Alejandro la cantidad de CUATRO MILLONES DE PESETAS más sus intereses legales desde la fecha del emplazamiento del mismo demandado.

  3. - Imponer al demandado las costas de la primera instancia.

  4. - No imponer especialmente a ninguna de las partes las costas de la segunda instancia ni del recurso de casación.

  5. - Y devolver a la parte recurrente el depósito constituido.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-D. Pedro González Poveda.-Francisco Marín Castán.- José de Asís Garrote.- FIRMADO Y RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marín Castán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.