STS 79/2007, 7 de Febrero de 2007

Por vía del art. 849.1º L.E.Cr . alega este coacusado infracción deley por no haber apreciado la sentencia impugnada la circunstancia atenuante analógica de ludopatía de que estaba afectado aquél, y la consiguiente aplicación de la atenuante del art. 22.6 C.P .

El estricto e inexcusable sometimiento a la declaración de Hechos Probados que exige este motivo casacional, aboca necesariamente a la desestimación del reproche, toda vez que en el "factum" se declara en términos inequívocos que "tampoco consta que la afición al juego hubiera afectado sus facultades de entender y querer hasta el punto de que hubieran quedado disminuidas", explicando el Tribunal a quo esta conclusión en el Fundamento de Derecho Octavo de la sentencia al exponer que no existe prueba alguna documental o pericial que demuestre que esa afición a los juegos del bingo y de la lotería, pese a que supusiera ciertamente importantes gastos, podía afectar a las facultades volitivas e intelectivas del acusado hasta disminuirlas en grado tal que crease una dependencia física o psíquica tal que afectase negativamente a sus facultades volitivas o intelectivas.

La relación de analogía con la atenuante del art. 21.2 vendría dada -en teoría- por la existencia de una grave adicción al juego que mermara de forma apreciable su voluntad para controlar los frenos inhibitorios frente a la inclinación compulsiva al juego, siendo tal grave dependencia la causa de la comisión del delito para hacerse con dinero que le permita satisfacer aquélla.

Intangibles los Hechos Probados, que ni siquiera el recurrente ha intentado modificar por el cauce del art. 849.2º L.E.Cr ., y no figurando en los mismos los presupuestos necesarios para la apreciación de la atenuante postulada, sino todo lo contrario, al constar expresamente que la imputabilidad del acusado se mantiene íntegra, el motivo debe ser desestimado.

También al amparo del art. 849.1º L.E.Cr . se denuncia ahora la indebida aplicación del art. 432.2º C.P . El motivo carece de todo fundamento, puesto que la sentencia no condena al ahora recurrente por el tipo agravado de malversación que es el que se define en el art. 432.2º C.P ., sino por un delito de hurto en su modalidad agravada del art. 235.2 C.P .

Pero aunque se trate de un error material y el que se quisiera invocar fuera este último precepto, la censura no puede ser acogida. En efecto, el dato de carácter fáctico según el cual la actividad depredadora del acusado "supuso que en algunos ayuntamientos se sustrajera más del cuarenta por ciento de su presupuesto anual", incardina el hecho en el citado art. 235.2ª, que establece una pena de uno a tres años de prisón. Pero, además, las sustracciones dinerarias se realizaron de manera continuada por lo que es de aplicación el art. 74

C.P . Y aunque el Tribunal yerra al aplicar el primer epígrafe del precepto, pues en los delitos patrimoniales es de aplicación el segundo apartado y, por ende, no es obligatorio imponer la pena correspondiente a la más grave de las infracciones en su mitad superior, sino que la sanción debe ser ponderada atendiendo al "perjuicio total causado" -lo que permite recorrer la pena en toda su extensión, del mínimo al máximo-, es lo cierto que el importe total de lo sustraido superó los cien millones de pesetas (de los años 1.995 a 1.997), lo cual justifica sobradamente la imposición de la pena en su límite superior.

Finalmente, protesta el recurrente porque no ha sido apreciada la atenuante analógica de dilaciones indebidas, alegando que desde la denuncia a la sentencia han transcurrido casi nueve años.

Es claro que este simple dato no justifica la apreciación de la atenuante, pues para ello habrá de estarse a la complejidad y dificultad de la causa, así como al número de partes personadas en la misma. En el caso presente no puede ponerse en duda las notables y notorias dificultades para la investigación del alcance de los descubiertos de que fueron víctimas más de cincuenta ayuntamientos que estuvieron representados por seis acusaciones particulares a las que hay que añadir al Ministerio Fiscal y las dos defensas.

Por otra parte, hemos dicho y repetido que no basta una abstracta denuncia de dilaciones injustificadas en la tramitación del procedimiento, sino que es necesario que la parte que invoca la anomalía especifique las interrupciones sufridas con indicación de las actuaciones donde aparezcan, a fin de que esta Sala pueda verificar la realidad de las mismas, su gravedad y determinar si se encuentran o no justificadas o si son, en su caso, imputables a la actuación procesal de las partes. Nada de ello se indica en el motivo, salvo una referencia a que la sentencia del Tribunal de Cuentas lleva fecha de julio de 2.002, y la dictada en el proceso penal es de junio de 2.006, pero omite que la primera fue incorporada al procedimiento en fase de instrucción en 2.002 y que todavía tuvieron que continuar las actuaciones propias de esta fase, con los socesivos escritos de acusación y de defensa, y todas las correspondientes al plenario.

En todo caso, no puede dejar de consignarse que la queja que ahora se formula en trance de casación no se planteó en la instancia, ni en conclusiones provisionales ni en definitivas, guardando el acusado absoluto silencio al respecto y hurtando de ese modo al Tribunal sentenciador la función que le corresponde de examinar y resolver acerca de tal extremo, así como se impidió a las partes acusadoras no comparecientes en el procedimiento casacional debatir y contradecir sobre la cuestión. Todo lo cual presupone una cuesitón nueva que debe ser desestimada.

RECURSO DE Jose Pedro

El motivo primero de este recurrente denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 C.E .

La estrategia impugnativa que sigue el recurrente a lo largo del extenso desarrollo del motivo, consiste en hacer un relato de hechos a su conveniencia e interés, muy diferente al que figura en la sentencia, y que, resumidamente, viene a decirnos que la empresa "Casaseca García" constituida en 1.991 e integrada por el ahora recurrente y su madre, y dedicada a la recaudación municipal de Tasas y Precios Públicos e impuestos de circulación, era, en realidad gestionada, controlada, administrada y dirigida por el padre, Sr. Juan Ignacio (el otro coacusado), "que era el amo y señor del negocio", presentándonos al ahora recurrente, como "una persona inmadura y totalmente sometido a la autoridad dictatorial de un padre dominante, explosivo, autoritario e incluso agresivo .....", que no realizaba ninguna actividad para la empresa recaudatoria, "..... limitándose a

firmar ......" donde y cuando le ordenaba el padre, aunque algunas veces acompañaba a éste en las tareas

de recaudación, pero que no se ocupaba de la contabilidad, el recuento de las recaudaciones efectuadas, el ingreso en la cuenta de la empresa y la entrega a cada ayuntamiento de las cantidades debidas. En suma, el motivo expone, que el Sr. Jose Pedro no se enteraba de nada de lo que ocurría con el dinero recaudado ni de ninguna otra cosa respecto de las actividades que desarrollaba su padre en exclusiva en la empresa, por lo que, concluye, ni conocía ni consentía las sustracciones que su padre venía realizando de los dineros recaudados en detrimento de los consistorios que debían percibir esas cantidades, en contra de lo que afirma el Tribunal sentenciador.

La versión de los hechos que ofrece el recurrente y que sustenta la conclusión exculpatoria mencionada, no se fundamenta -al margen de algunas vagas referencias a las declaraciones de los padres y hermanasmás que en la alegación de que "este relato de hechos no ha sido contradicho con medios probatorios por las acusaciones", si bien, de seguido, precisa que no ha quedado probado en momento alguno que Jose Pedro tuviera conocimiento de los hechos delictivos que estaba realizando su padre, ni ha quedado probado que Jose Pedro haya sustraido cantidad alguna ni que hay consentido voluntariamente que su padre sustrajere cantidad alguna.

El pronunciamiento del Tribunal sentenciador sobre lo que el acusado sabe, pretende, conoce o desea, es decir, sobre extremos internos que no trascienden al exterior de la mente y, por ello, no son apreciables sensorialmente, se determina mediante un juicio de inferencia a través del análisis racional y razonado de los datos fácticos objetivos concurrentes.

Cuando se trata de impugnar ese juicio de valor así inferido, al recurrente se le ofrecen dos vías: o bien denunciando la falta de prueba que acredite debidamente los datos fácticos indiciarios, que, al versar sobre hechos o acontecimientos externos, queda dentro del ámbito de la presunción de inocencia; o bien, demostrando que la conclusión obtenida por el órgano jurisdiccional a partir de la ponderación de aquellos datos fácticos contradice las reglas del criterio lógico y deviene, por ello, en una inferencia arbitraria por irracional.

En el caso presente, el Tribunal de instancia ha formado su convicción de que el Sr. Jose Pedro conocía y consentía las detracciones que del dinero recaudado efectuaba su padre, principalmente en los años 1.995 a 1.997 que es el período en el que se generaron la mayoría y más importantes de las deudas, en base a la valoración de los datos fácticos indiciarios, plurales y probados: la constitución por Jose Pedro y su madre de la sociedad "Casaseca García en 1.991 que tenía por objeto la recaudación contratada con los ayuntamientos, como únicos socios y gestores y administradores; los contratos efectuados por el acusado en representación de la sociedad con los ayuntamientos; la efectiva actividad recaudatoria de Jose Pedro en el período 1.991-1997, en la que también participaba el padre; la necesidad surgida en 1.995 (cuando comenzaron las más relevantes detracciones) de obtener créditos para hacer frente a las deudas con los consistorios, teniendo que abrir hasta cuatro o cinco líneas de crédito contratadas por el acusado y su mujer, respondiendo con los bienes del matrimonio para cubrir con sus créditos la falta de dinero, justo en el tiempo en que el propio Jose Pedro reconoce que existían "anomalías" en los ingresos en la cuenta de la sociedad que efectuaba su padre de las cantidades recaudadas y de la cual se reintegraban a los ayuntamientos las sumas debidas, lo que cabe interpretar en el sentido de que no cuadraban las cantidades recaudadas con los ingresos en la cuenta, en un negocio que el propio acusado admite "que podía producir de entre 15 y 20 millones de ptas. anuales, el conocimiento "de siempre" de la inclinación de su padre a jugar al "bingo", si bien afirma que supo de "la ludopatía" de aquél en 1.998".

De la ponderación de todos estos elementos, el Tribunal llega a la inferencia de que el padre del ahora recurrente detraía de las cantidades recaudadas una parte, antes de proceder a ingresar el resto en la cuenta de la empresa, y que esta acitvidad era conocida y consentida por el hijo.

Es de subrayar que -al margen de la prueba documental no cuestionada- el Tribunal se ha guiado por la numerosa prueba testifical y de confesión practicada en el plenario, especialmente las manifestaciones de ambos acusados para cuya valoración los jueces a quibus han tenido la inestimable e irrepetible ventaja de la inmediación, factor decisivo para la ponderación de esta clase de pruebas personales, otorgando o negando credibilidad a quienes ante su presencia deponen, siendo ésta una facultad que ejercen en exclusiva los Tribunales de instancia, de suerte que si en función de dicha inmediación, los jueces sentenciadores no han creido las versiones exculpatorias del ahora recurrente y el otro coacusado en relación con la cuestión debatida, y el juicio de valor inferido por el Tribunal resulta razonable y racionalmente apoyado en los datos circunstanciales concurrentes, es claro que ese resultado valorativo no puede ser enmendado en esta instancia y, por ello, el motivo debe ser desestimado.

El segundo motivo del recurso de este coacusado se formula por infracción de ley al amparo del art. 849.2º L.E.Cr . por error de hecho en la valoración de la prueba derivado de documentos.

El motivo designa los contratos por los que los ayuntamientos encargaban la recaudación a la sociedad civil constituida a esos efectos por el recurrente y su madre y sostiene que en el caso que nos ocupa y a tenor de los particulares designados, tal y como puede apreciarse en dichos documentos, el encargo lo recibe la Sociedad Civil Casaseca García, la cual, a tenor del artículo 1.669 del Código Civil, ostenta personalidad jurídica propia, por lo que siendo dicha sociedad la encargada de los fondos públicos que gestionaba, no sería de aplicación al acusado el art. 435 C.P .

El reproche carece de todo fundamento tanto de forma como de fondo, por lo que debe ser desestimado por los propios argumentos impugnativos del Ministerio Fiscal, a los que nada cabe añadir, porque, efectivamente, en primer lugar no hay error facti alguno: lo que se quiere acreditar con los documentos está reconocido por la sentencia sin duda alguna. En segundo lugar, porque ese hecho no tiene relevancia jurídico penal como acertadamente resuelve la sentencia de instancia. Estamos ciertamente ante un delito especial que arrastra consigo los problemas de las denominadas actuaciones en nombre de otro. La cuestión está ya legalmente resuelta desde la introducción del art. 15 bis en el Código Penal de 1.973 . En la actualidad es el art. 31 el que permite hacer extensiva la tipicidad de los delitos especiales y entre otros de la figura penal contemplada en el art. 435 no a quien tenga directamente encomendada la gestión de fondos públicos, sino a quien actúe como administrador -y así sucede en este caso- de la persona física o jurídica en quien sí concura esa cualidad o condición personal contemplada como elemento del tipo

Ahora por el cauce del art. 849.1º L.E.Cr ., se denuncia infracción de ley por indebida aplicación del art. 435.1º C.P .

Sostiene el motivo que no se da en el acusado la cualidad de funcionario público, pero este reproche resulta inocuo toda vez que la sentencia ha aplicado el art. 435.1º C.P . que expresamente tipifica las conductas típicas cometidas por quienes no ostentan esa condición pero se hallan encargados por cualquier concepto de fondos de las administraciones públicas, que es exactamente el caso objeto de enjuiciamiento.

En una segunda línea impugnativa, alega el motivo que el Sr. Jose Pedro, no puede ser reputado autor del delito sancionado porque si bien es cierto que existen contratos de encargo de las recaudaciones municipales, no es menos cierto que esos contratos se otorgaron entre los ayuntamientos y la Sociedad Civil Casaseca García, en la que don Jose Pedro no aparece más que como simple administrador y que, como hemos visto, lo era a los meros efectos legales por cuanto el verdadero administrador de hecho era su padre don Juan Ignacio .

Y abundando en esta misma cuestión reitera que si bien es cierto que quien recibe los dineros es la sociedad y teniendo en cuenta que la actual regulación penal excluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas, conforme al art. 31 del Código Penal, en esos supuestos el responsable penal del mismo, en calidad de autor, lo sería el administrador de hecho de la sociedad, esto es, el acusado Juan Ignacio .

Esta línea argumental carece de todo fundamento y debe ser desestimada. En efecto, la doctrina de esta Sala en relación con el art. 31 del vigente C. P. ha establecido que aunque el Código derogado contenía, como el nuevo, preceptos aislados en orden a al responsabilidad de los que actúan en nombre de una persona jurídica, carecía de una regulación general, que se introdujo, con inspiración en el Código alemán, por L.

O. 8/83, de 25 de junio, mediante el art. 15 bis, que con ligeras modificaciones corresponde al art. 31 del actual, que a la actuación en nombre de una persona jurídica une la realizada en nombre de otro, e incluye al administrador de hecho, pues en cuanto al administrador de derecho "tal figura sigue siendo igual a la de directivo u órgano de la persona jurídica a que se refería el citado art. 15 bis" (STS 1537/97, de 19 de enero de 1.998). Su incorporación al Código, "no vino en modo alguno a introducir una regla de responsabilidad objetiva que hubiera de actuar indiscriminada y automáticamente, siempre que, probada la existencia de una conducta delictiva cometida al amparo de una persona jurídica, no resulte posible averiguar quiénes, de entre sus miembros, han sido los auténticos responsables de la misma, pues ello sería contrario al derecho a la presunción de inocencia y al propio tenor del precepto. Lo que el mismo persigue, por el contrario, es obviar la impunidad en que quedarían las actuaciones delictivas perpetradas bajo el manto de una persona jurídica por miembros de la misma perfectamente individualizables, cuando, por tratarse de un delito especial propio, es decir, de un delito cuya autoría exige necesariamente la presencia de ciertas características, éstas únicamente concurrieren en la persona jurídica y no en sus miembros integrantes. La introducción del art. 15 bis C.P . tuvo el sentido de conceder cobertura legal a la extensión de la responsabilidad penal en tales casos, y sólo en ellos, a los órganos directivos y representantes legales o voluntarios de la persona jurídica, pese a no concurrir en ellos, y sí en la entidad en cuyo nombre obraren, las especiales características de autor requeridas por la concreta figura delictiva. Mas, una vez superado así el escollo inicialmente existente para poderles considerar autores de la conducta típica, del citado precepto no cabe inferir que no hayan de quedar probadas, en cada caso concreto, tanto la real participación en los hechos de referencia como la culpabilidad en relación con los mismos" (STC 253/93, de 20 de julio, con cita de la STC 150/89 ). Tal precepto "contempla lo que se ha denominado "actuaciones en nombre de otro" y que, por lo demás, en adecuada hermenéutica, impone la distinción entre los comportamientos realizados por el órgano de la persona jurídica de los efectuados aprovechando tal condición y a título puramente personal, utilizando en fraude de ley una titularidad formal para finalidades desconectadas de la simple estructura de la persona jurídica; por encima de cualquier sutileza tanto antes de la Ley citada en 1.983 como ahora se ha de distinguir necesariamente entre delitos cometidos utilizando tal condición representativa como mera forma" (STS de 14 de mayo de 1.991 ).

Este artículo, "no contiene una hipótesis que permita responsabilizar a una persona física por la acción de otras, por ejemplo, la acción del empleado, órganos o representantes de una sociedad mercantil que hubieran actuado en nombre de la entidad. El supuesto previsto por el art. 15 bis C.P . implica necesariamente la ejecución de una acción típica de una merma directa o indirecta (en los casos en los que resulte posible la autoría mediata). Se trata de una disposición que no compensa la falta de una acción, sino la ausencia de las características típicas de la autoría en la persona del autor. Por lo tanto, sólo es aplicable para tener por acreditadas estas características cuando, en todo caso, el autor ha realizado la acción típica" (STS de 3 de julio de 1.992 ).

Aplicados estos criterios doctrinales al caso presente, y atendiendo a los datos que figuran en la declaración probatoria que, dada la vía casacional, deben ser acatados rigurosa y escrupulosamente, resulta incuestionable que el acusado es la persona física que llevó a cabo la conducta típica de consentir la sustracción de los dineros públicos por el otro acusado; y que, por otra parte, no sólo era el administrador formal de la sociedad que como persona jurídica tenía la disposición de los fondos públicos, sino que también -y siempre según los datos fácticos que constan en la sentencia,- desempeñaba la gestión efectiva de la empresa, firmando en nombre de éstas los contratos con los ayuntamientos, realizando las actividades propias de la recaudación, conservando lo recaudado y efectuando las entregas a los consistorios, aunque en las tareas de recaudación y administración de la empresa participara el padre del recurrente en mayor o menor medida, debiendo subrayar que estas actividades como coadministrador de hecho de la persona que sustrae los fondos públicos hubiera podido ser calificada también como malversacion (y no como hurto), según la descripción típica del art. 435 y lo que establece el comentado art. 31 C.P .

Aduce el motivo que no es aplicable el art. 435.1 C.P . porque se precisa que a la persona se le informe, en el momento del encargo, de los deberes que adquiere con el desempeño de la función recaudatoria y en especial del deber de fidelidad respecto al Estado. Se trataría de un caso idéntico al del depositario de bienes embargados, en el que, para la comisión de delito, no basta con que se le nombre depositario, sino que, además, es preciso que formal y expresamente acepte el cargo, tras ser debidamente informado y advertido de las obligaciones que contrae.

Tampoco esta queja puede prosperar, porque estos requisitos se predican de las personas mencionadas en el epígrafe 2º del art. 435, esto es, de los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos, que es una situación perfecta y manifiestamente diferenciada de la que contempla el epígrafe 1º aplicado en el caso, pues en éste no se dan ninguno de los componentes que requiere aquél, a saber: a) un embargo, secuestro o depósito de caudales o bienes, realizado por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares; b) una persona designada depositaria de los bienes por la autoridad judicial, que adquiere por ello ex lege, el ejercicio de función pública, para cumplir su misión; c) la aceptación del cargo por el depositario, con obligación de conservarlos a disposición del Juez, luego que los recibe para su custodia o depósito; d) un acto de disposición de los caudales, sin orden, conocimiento o consentimiento de la autoridad que acordó el embargo, pudiendo consistir la disposición, bien en la "sustracción" o "consentimiento" para ello y cuantas formas más específicas puedan imaginarse para sustraer aquéllos del destino que, por razón de la traba, están reservados en el procedimiento donde se acordó el embaago, secuestro o depósito. Debiendo resaltarse que se precisa la formal y expresa aceptación por parte de la persona designada, tras ser debidamente informada de su nombramiento y advertida de las obligaciones que contrae (S. 709/95, de 26 de mayo ).

Finalmente, sostiene el motivo que no concurre en el recurrente el ánimo de lucro, que sólo aparece en el padre coacusado, pues el hijo no ha obtenido beneficio alguno de las sustracciones cometidas por el padre, que usó en su exclusivo beneficio las cantidades sustraidas.

La alegación no puede prosperar. Como acertadamente replica el Ministerio Público, el art. 432 C.P. contempla dos conductas típicas diferentes, una, la acción de sustraer, y otra, la conducta omisiva de consentir que otro sustraiga. En efecto, la acción típica de sustraer exige la concurrencia del ánimo de lucro en el sujeto activo de la conducta depredatoria. La acción típica de consentir la sustracción por un tercero requiere el ánimo de lucro de éste, no del que consiente, de manera que en este caso, el elemento subjetivo del injusto se sastisface respecto al consentidor del ilícito apoderamiento con el conocimiento del hecho y la libre decisión de tolerarlo. Tal interpretación viene corroborada, además de por la literalidad del precepto, por la exégesis que nos brinda el art. 434 cuando al describir otra modalidad de la malversación consistente en dar una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles públicos, dispone que el autor actúe con ánimo de lucro "propio o ajeno".

El motivo debe ser desestimado en su integridad.

Al amparo del art. 849.1º L.E.Cr . se denuncia la incorrecta aplicación del art. 432.2 C.P ., que establece el subtipo agravado de la malversación cuando ésta "revistiere especial gravedad atendiendo el valor de las cantidades sustraidas y el daño o entorpecimiento producido al servicio público".

Aduce el motivo que la agravación de la pena que establece el precepto aplicado requiere la concurrencia conjunta de dos elementos, el valor de las cantidades sustraidas y el daño o entorpecimiento producido al servicio público, señalando que si bien es cierto que la cantidad defraudada fue de notoria importancia, no es menos cierto que en momento alguno se haya acreditado daño o entorpecimiento del servicio público.

El Tribunal sentenciador aborda esta cuestión invocando la sentencia de este Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2.002, y las que en ella se citan de 29 de noviembre de 1.999 y 3 de enero de 2.001, en la que esta Sala se pronuncia por la aplicación del subtipo agravado de especial gravedad, que " .... podrá apreciarse por la concurrencia alternativa de un elevado valor de la cantidad sustraida o de la causación de daño o entorpecimiento del servicio público. Por ello en principio, el encaje de los hechos en este caso enjuiciado en el párrafo 2, del 432 es viable aunque no se haya probado daño o entorpecimiento del servicio público, por lo que siendo la cantidad total sustraida en la continuada actividad criminal de más de 100 millones de pesetas, el Tribunal a quo aplica el subtipo agravado.

Es cierto que la doctrina jurisprudencial no es pacífica sobre la alternatividad de las condiciones legales para apreciar la agravación del art. 432.2 C.P ., existiendo otra línea doctrinal que requiere la concurrencia conjunta del valor de las cantidades malversadas y del daño o entorpecimiento del servicio público. Pero aunque se optara por hacer prevalecer esta corriente más restrictiva, el pronunciamiento del Tribunal de instancia resulta correcto al aplicar el subtipo agravado porque no sólo se basa en la concurrencia del primer requisito (que, como hemos dicho, asume el recurrente), sino también en el segundo, pues, la sentencia especifica que las cantidades sustraidas a distintos ayuntamientos supusieron una parte considerable de su presupuesto anual, llegando en algún caso al 20%, 38,7% e incluso el 44,35% lo que indiscutiblemente produjo un severo perjuicio al servicio público que debían prestar a los ciudadanos. De ahí -señala el Tribunal de instancia- que de ahí que, aplicando la doctrina sentada en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sentencia de 13 de abril de 2.002, cuando dice: ... En tercer lugar, porque es de todo punto razonable estimar que una sustracción que desposee a un Ayuntamiento de una cantidad superior a la quinta parte de su presupuesto daña considerablemente la prestación de los servicios municipales u obliga a buscar fuentes extraordinarias de financiación para evitar que sufra un grave entorpecimiento de su normal actividad administrativa ...., en el supuesto de autos es evidente que en relación a varios ayuntamientos perjudicados el importe de las cantidades sustraidas en un solo año, pues no hemos tenido en cuenta aquellos en que el importe de las cantidades es acumulación de impuestos cobrados y sustraidos de varios años, supera con creces la quinta parte de su presupuesto.

El reproche debe ser desestimado.

Con incorrecta técnica procesal, el recurrente incluye en este mismo motivo otro reproche al no haber apreciado la sentencia impugnada la atenuante de arrepentimiento espontáneo como muy cualificada, en lugar de ordinaria. Alega el motivo como fundamento de esta pretensión que al denunciar Jose Pedro los hechos a la Fiscalía en diciembre de 1.997, evitó el que el delito se siguiera cometiendo y pudieran verse afectados en mayor medida los ayuntamientos perjudicados.

La respuesta del recurrido a esta alegación no puede ser más convincente y jurídicamente correcta, ya que, efectivamente no prolongar una actuación delictiva no es motivo para de conferir un trato privilegiado a la ya cometida. Además a la inevitabilidad del descubrimiento de los hechos que ya podía intuirse priva a la atenuante de esa especial singularidad. No es lo mismo anticiparse a confesar unos hechos cuando ya se ve inminente su descubrimiento que hacerlo cuando se confía en poder mantenerlos ocultos. También, llama la atención que se reclame la cualificación de una atenuante basada en la confesión cuando el recurrente sigue negando los hechos en lo que a él se refiere y sigue sin aceptar su responsabilidad. Es legítima su estrategia y su negativa. Pero parece incompatible combinar en un recurso de casación un motivo por presunción de inocencia -se rechazan los hechos-; con otro en que se reclama la cualificación de una atenuante de confesión.

El reproche tampoco puede ser acogido.

En el último motivo el recurrente reitera la reclamación ya efectuada por el otro coacusado de las dilaciones indebidas, a la que ya nos hemos referido anteriormente, por lo que damos aquí por reproducidas las consideraciones al respecto para rechazar la censura.

III.