STS 1185/2004, 22 de Octubre de 2004

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba de cargo suficiente afirmándose que no concurren los presupuestos de la prueba indiciaria, no siendo el recurrente la persona que falsificó los documentos y por otra parte se alega, en defensa del motivo, que el Tribunal de instancia ha hecho caso omiso de la prueba testifical de descargo que fue propuesta por este recurrente, por lo que entiende que se ha producido indefensión y vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.

El motivo no puede prosperar.

El Tribunal de instancia declara que lo falsificado son instancias privadas dirigidas a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación para que se facilite el voto por correo en las elecciones a representantes en la citada Cámara por sectores comerciales, falsedad que se dice cometida al haberse producido la imitación de firmas de personas que no participaron en la manifestación que el documento expresa, alterándose elementos esenciales de dicho documento, como es su firma, y aparentando la participación en su confección de quien no la ha realizado, y se añade que tiene esa consideración de documento privado, tanto la solicitud antes citada como la documentación que le acompaña.

Y centrándose en los medios de prueba que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta para alcanzar su convicción sobre lo sucedido, en la sentencia recurrida se dice que las solicitudes de voto por correo correspondientes al apartado de correos NUM001, del que tenía su disponibilidad el Sr. Fidel, ahora recurrente, se acreditó por las declaraciones de cinco testigos (números de orden NUM006, NUM007, NUM008, NUM009 y NUM010) depuestas en el acto del plenario, que sus firmas en las solicitudes de voto por correo fueron falsificadas, siendo el Sr. Fidel quien tenía la llave del apartado como igualmente tenía la disponibilidad del apartado NUM000; el testigo número NUM012 (Don. Juan Pedro) expone que no había firmado nada ni entregado documentación, ignorándose la autoría material tanto de la de las firmas imitadas como del acceso a su documentación, siendo el mismo Sr. Fidel la persona que tenía acceso a ese apartado; y el testigo número NUM014 (Sr. María) no reconoció su firma aunque había firmado, estando a la disponibilidad del Sr. Fidel.

De lo que se acaba de exponer el Tribunal de instancia infiere que el ahora recurrente tenía en dos apartados la disponibilidad de dieciocho firmas, dos correspondientes a su gremio, en las que se había falsificado las firmas, en los que la dirección postal era facilitada por el titular, que tenía la llave, como sucede con este acusado, que se beneficiaba de ellos en cuanto estaba pendiente su elección y los que no se correspondía con su gremio podría intercambiarlos.

Partiendo de estos datos acreditados, el Tribunal de instancia señala como signos inequívocos que sustentan su convicción el que hubiera facilitado el domicilio electoral, la ventaja propia directa o indirecta del voto, su presentación ante la Cámara, e incluso su previa presentación en algunos casos a la actuación electoral, la ilógica donación por terceros, y que todo ello son indicios plurales e inequívocos de la participación del recurrente en la falsificación aunque no se trate del autor material de las dichas falsificaciones, y evidencia la colaboración necesaria e imprescindible de los acusados para la creación de los documentos falsos.

Respecto a la prueba indiciaria, tiene declarado el Tribunal Constitucional, en doctrina que recoge la Sentencia 135/2003, de 30 de junio, que desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre (RTC 1985 \174), hemos sostenido que, a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: a) que parta de hechos plenamente probados y b) que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria (SSTC 174/1985 y 175/1985, ambas de 17 de diciembre; 24/1997, de 11 de febrero; 189/1998, de 28 de septiembre; 220/1998, de 16 de noviembre; 44/2000, de 14 de febrero; 124/2001, de 4 de junio; 17/2002, de 28 de enero). Nuestro control de la razonabilidad del discurso, esto es, de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia (siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él), como desde el de su suficiencia o carácter concluyente (excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia). En este último caso, este Tribunal afirma que ha de ser especialmente cauteloso, por cuanto son los órganos judiciales los únicos que tienen un conocimiento preciso, completo y adquirido con todas las garantías de la actividad probatoria, especialmente por factores derivados de la inmediación. Por ello, se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento «cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada» (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre; 220/1998, de 16 de noviembre; 120/1999, de 28 de junio; 44/2000, de 14 de febrero; 155/2002, de 22 de julio).

Igualmente tiene declarado esta Sala del Tribunal Supremo (cfr. sentencias 4 de enero, 5 de febrero, 8 y 15 de marzo, 10 y 15 de abril y 11 de septiembre de 1991, 507/96, de 13 de julio, 628/96, de 27 de septiembre, 819/96, de 31 de octubre, 901/96, de 19 de noviembre, 12/97, de 17 de enero y 41/97, de 21 de enero, y de 18 de enero de 1999, entre otras muchas) que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para desvirtuar tal presunción constitucional. Se coincide en resaltar como requisitos que debe satisfacer la prueba indiciaria los siguientes: que los indicios, que han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de manera natural, conforme a la lógica de las reglas de la experiencia humana, las consecuencias de la participación del recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y que el órgano judicial ha de explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito.

En el caso que examinamos en el presente recurso, el Tribunal de instancia, al que le corresponde valorar aquellas pruebas que puedan reputarse de cargo por haberse obtenido con las debidas garantías, ha contado con una pluralidad de incidios, inequívocamente incriminatorios, a los que se ha hecho antes referencia, y ha explicitado sobre la existencia de un enlace lógico y suficientemente sólido entre esa pluralidad de indicios, referidos a conductas perfectamente acreditadas y los hechos que se declaran probados, y alcanza su convicción sobre la participación del acusado -ahora recurrente- a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, que no puede reputarse desacertada.

Ha existido, pues, prueba de cargo, legítimamente obtenida, que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

En los motivos segundo y tercero del recurso, formalizados al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 395, en relación al artículo 390, 1º y 3º y artículo 74, todos del Código Penal.

Se denuncia que no concurren los elementos que caracterizan el delito apreciado por el Tribunal de instancia y en concreto se hace referencia al dolo falsario y el perjuicio o ánimo de causación frente a terceros.

Se añade que la mendacidad de las solicitudes de voto por correo era tan descarada y evidente para los destinatarios que su hipotética capacidad de engañar era nula o muy remota por lo que son inidóneas para lesionar el bien jurídico protegido, y por consiguiente atípicas.

También se niega la existencia de la continuidad delictiva.

El vigente Código Penal, siguiendo un concepto extenso de documento, establece en su artículo 26 que "a los efectos de este Código se considera documento todo papel o soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones de inmediata o potencial relevancia jurídica o eficacia probatoria

Desde un punto de vista funcional el documento despliega una eficacia probatoria, como instrumento de preconstitución de prueba, que viene acompañada de una función de perpetuación de su contenido y otra de garantía, en cuanto que en él ha de resultar determinada una persona que asume el contenido del documento.

Constituyen documentos privados aquellos que reúnen los requisitos propios de todo documento recogidos en el artículo 26 CP y no es público, ni oficial ni mercantil. Presentan, pues, un carácter residual en cuanto lo son todos aquellos que no estén incluidos en las demás clases de documentos mencionadas en el Código.

Las modalidades falsarias de los documentos privados son las previstas en los tres primeros números del artículo 390 CP y debe concurrir un elemento subjetivo del tipo cual es el ánimo de perjudicar a otro. Así, dispone el artículo 395 CP que "el que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años".

Y las modalidades previstas en los tres primeros números del artículo 390 del Código Penal son las siguientes:

1. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

El Tribunal de instancia aprecia que la conducta de los acusados incide en los supuestos primero y tercero mencionados.

En general se puede decir que se altera algún elemento o requisito esencial cuando la acción falsaria recae sobre algunas de las funciones que cumple el documento como son las de prueba, perpetuación y garantía, y aparece correcta la apreciación que se hace por el Tribunal sentenciador de que la falsificación de la firma supone la alteración de uno de esos elementos esenciales. Y la función de garantía resultará afectada cuando la falsedad no permite identificar al autor de la declaración de voluntad.

En el número 3º del artículo 390 se recogen dos de las modalidades que se contenían en el Código derogado: a) se comete falsedad "suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido". Supondría consignar en el documento que han tomado parte en el acto en él materializado una o varias personas que realmente no han intervenido. Pudiera incluso referirse a personas ficticias que ni siquiera existen. Manifestación de falsedad ideológica en cuanto no se produce alteración material en el documento. Y b) "atribuyendo a las personas que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho". Supone una discrepancia entre lo realmente dicho y lo que consta en el documento, falsedad ideológica, que sólo será susceptible de ser considerada delictiva si la discrepancia es relevante.

En este caso, se trata de acreditar la intervención de una persona en la solicitud de voto por correo que no lo ha hecho.

Los delitos de falsedad exigen, además de la mutación de la verdad, que sea de tal modo que goce de aptitud para inducir a error, es decir, que crea la apariencia de que lo inveraz es auténtico. Y ciertamente en este caso, no se comparte lo que se alega por el recurrente, en cuanto no se trata de un engaño inidóneo o burdo, muy al contrario presentan apariencia de autenticidad que induce a error al destinatario de las solicitudes que las consideró correctas.

En orden a la continuidad delictiva, esta se produce, conforme a reiterada doctrina de esta Sala, cuando surge una homogeneidad de actos que responden a un único fin o plan del autor, difícilmente aislables unos de otros, surgiendo un dolo unitario y no renovado en cada acto, cuya meta se trata de conseguir a través de esa progresión de actos, en cuanto se está construyendo la unidad objetiva y subjetiva que jurídicamente se realiza a través de la continuidad delictiva. Doctrina que es perfectamente aplicable a la falsificación de una pluralidad de solicitudes de voto por correo, en ejecución de un plan preconcebido.

Respecto al cuestionado dolo falsario, es doctrina de esta Sala, como es exponente la Sentencia 159/2004, de 13 de febrero, que el dolo falsario requiere el conocimiento en el agente que altera conscientemente la verdad por medio de una mutación o suposición documental, y ataca también la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, como reflejo verdadero de lo que contienen, expresan o prueban, conocimiento que indudablemente existe en quien presentó unas solicitudes simulando la intervención de unas personas que no lo habían hecho. Y tanto los beneficios que reportan a los acusados estas conductas como los perjuicios de los competidores en la lucha electoral resultan evidentes.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Rodrigo

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho de a ser informado de la acusación, indefensión, tutela judicial efectiva y de presunción de inocencia, con infracción de los artículos 9, 24.1 y 2 de la Constitución.

Se alega, en defensa del motivo, que ha sido condenado por hechos no recogidos en la calificación definitiva del Ministerio Fiscal y que no se ha probado su participación directa o indirecta en las presuntas falsificaciones.

Respecto a la invocada vulneración del principio acusatorio, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 33/2003, de 13 de febrero, recuerda que en el ámbito de las garantías integradas en el derecho a un proceso equitativo (art. 24.2 CE) se encuentra el derecho a ser informado de la acusación, que se concreta en el derecho de defensa, señalando que, desde la STC 12/1981, viene declarando que "la información, a la que tiene derecho el acusado, tiene por objeto los hechos considerados punibles, de modo que "sobre ellos recae primariamente la acusación y sobre ellos versa el juicio contradictorio en la vista oral" pero también la calificación jurídica, dado que ésta no es ajena al debate contradictorio. Ahora bien, ya en aquella primera ocasión señalamos que si bien de este principio resulta la necesaria congruencia entre acusación y defensa, es, sin embargo, posible que los órganos judiciales se aparten de la calificación jurídica fijada por las acusaciones sin que ello suponga automáticamente la vulneración del derecho de defensa del acusado, siempre que concurran dos condiciones: "la identidad del hecho punible, de forma que el mismo hecho señalado por la acusación, que se debatió en el juicio contradictorio y que se declaró probado en la Sentencia de instancia, constituya el supuesto fáctico de la nueva calificación", y "que ambos delitos..... sean homogéneos, es decir, tengan la misma naturaleza, porque el hecho que configura los tipos correspondientes sea sustancialmente el mismo"; en definitiva dijimos, "si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos que componen el tipo de delito señalado en la Sentencia... no existe indefensión", ya que ningún elemento nuevo sirve de base a la nueva calificación. Esta doctrina ha sido reiterada hasta nuestros días (por todas, SSTC 104/1986, de 17 de julio, FJ 4; 161/1994, de 23 de mayo, FJ 2; 95/1995, de 19 de junio, FJ 3; 225/1997, de 15 de diciembre, FJ 3; 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 14; 302/2000, de 16 de enero, FJ 2; 174/2001, de 26 de julio, FJ 5; 4/2002, de 14 de enero, FJ3; 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 5). Señala esta Sentencia a continuación que el Tribunal Constitucional ha realizado precisiones en determinados aspectos relacionados con el principio acusatorio y el derecho de defensa y así menciona, entre otros, que el derecho a ser informado de la acusación es consustancial al derecho de defensa, pues parte esencial del mismo es el derecho a contradecir la pretensión acusatoria (STC 105/1983, de 23 de noviembre); no cabe acusación implícita, ni tácita, sino que la acusación debe ser formulada de forma expresa (SSTC 163/1986, de 17 de diciembre, 358/1993, de 29 de noviembre). Añade, la Sentencia que comentamos, que si bien las modificaciones del escrito de calificaciones provisionales al fijarse las definitivas que suponga una calificación más grave no lesiona el derecho a no ser condenado sin acusación, pues al ceñirse a las definitivas el órgano judicial habrá respetado este derecho, sin embargo, esas modificaciones pueden vulnerar el derecho de defensa contradictoria si el acusado no ha podido ejercer la defensa de forma plena en el juicio oral, ni proponer las pruebas que estimara pertinentes, al no conocer con carácter previo a su apertura dicha acusación (por todas STC 9/1982, de 10 de marzo). Ahora bien, tampoco esa vulneración se produce con carácter automático derivada de la introducción de modificaciones esenciales en el escrito de calificaciones definitivas si el acusado ha ejercido el derecho de defensa contra dicha acusación a partir de su conocimiento. En este contexto, es preciso recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el marco de la regulación del procedimiento ordinario, establece la posibilidad de que se modifiquen las calificaciones provisionales al fijarlas de forma definitiva, pues eso puede resultar necesario en virtud de la prueba practicada (art. 732 LECrim). Y dispone también que el órgano judicial, una vez efectuadas las calificaciones definitivas, puede someter a las partes una nueva calificación jurídica, si considera que la efectuada incurre en manifiesto error, en cuyo caso puede suspender el juicio oral si las partes indicaren que no están suficientemente preparadas para discutir la propuesta (art. 733 LECrim). Asimismo, prevé la suspensión del juicio oral a instancia de parte "cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria" (art. 746.6 en relación con el art. 747 LECrim). Con mayor precisión, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé, para el procedimiento abreviado (art. 793.7), que "cuando en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecie un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena, el Juez o Tribunal podrá conceder un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes. Tras la práctica de una nueva prueba que pueda solicitar la defensa, las partes acusadoras podrán, a su vez, modificar sus conclusiones definitivas. En suma, no toda modificación de las calificaciones provisionales al fijarse las definitivas que incide en elementos esenciales del hecho constitutivo de delito o que implica una nueva calificación jurídica infringe el derecho de defensa si, utilizando las vías habilitadas al efecto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se permite su ejercicio respecto de esos nuevos hechos y su calificación jurídica. Sigue diciendo que una alteración tan significativa de los hechos objeto de acusación ha de efectuarse sin limitar en modo alguno al acusado su derecho de defensa.

En el supuesto que nos ocupa, comparados los hechos que se integran en la calificación definitiva del Ministerio Fiscal y el relato fáctico de la sentencia de instancia, podemos observar que se corresponden sin que se aprecian cambios sustanciales ni significativos, y no existe petición de suspensión o queja alguna cuando se introdujeron, por el Ministerio Fiscal, sus conclusiones definitivas.

Así, ciertamente, se recoge en el escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, entre otros extremos y como más significativos, que con motivo de las elecciones para la renovación de los Plenos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, los acusados Juan Antonio, Fidel y Rodrigo, ahora recurrente, con la finalidad de obtener el mayor número de votos, tanto para sus propias candidaturas como para su ulterior proyecto de formar coalición una vez fueran elegidos como Vocales de la Cámara y con esa finalidad de garantizarse un resultado electoral lo más elevado posible como perjudicar a los candidatos que competían con ellos, consiguieron hacerse con fotocopias de Documentos Nacionales de Identidad pertenecientes a varios cientos de miembros de la Cámara, que tenían la condición de electores, como de varias decenas de fotocopias de escrituras públicas de constitución de diferentes empresas que tenían la condición de sociedades electoras. Los acusados, una vez obtuvieron en la Cámara de Oficial de Comercio de Málaga el impreso de solicitud de voto por correo, consistente en el modelo normalizado, procedieron, sin el consentimiento ni el conocimiento de los electores afectados, a imitar ellos mismos, o persona o personas desconocidas, a su expresa instancia y directa solicitud, la firma de los titulares, en las fotocopias de los documentos de identidad y en los impresos reseñados de solicitud de voto por correo y una vez cumplimentada en la forma descrita la documentación tanto de personas físicas como jurídicas, las presentaron en la Cámara Oficial de Comercio para la tramitación del voto por correo, señalando en las solicitudes como domicilio electoral, a donde se debería remitir con posterioridad la documentación precisa para ejercer el voto por correo, diversos apartados de correo, así Rodrigo contrató el 16 de enero de 1998 el apartado número NUM002, el acusado Fidel, con fecha 13 de enero de 1998, el apartado NUM000 y el mismo acusado, a través de la mediación de otras personas, el apartado NUM001. Se dice también que en el apartado NUM002 se presentaron un total de al menos 75 solicitudes de voto por correo de las reseñadas, de las que 55 correspondían a personas jurídicas, en el apartado de correos NUM000 un total de 276 solicitudes de personas físicas, y en el apartado NUM001, del que disponían indistintamente los acusado Fidel, Juan Antonio y Rodrigo, un total de al menos 85 solicitudes de las referidas, de las que 15 corresponden a personas jurídicas.

Y estos hechos que integran el escrito de acusación son los que han sido sometido a contradicción y prueba en el acto del plenario y de los que se han podido defender los acusados, hechos que sustancialmente se recogen en la sentencia recurrida, existiendo, pues, congruencia entre acusación y sentencia, sin vulneración alguna del principio acusatorio, que en modo alguno se ve desvirtuado por el hecho de que se hubieran incorporado al relato fáctico elementos de convicción y de prueba que tienen mejor ubicación en los fundamentos jurídicos.

Respecto a la inexistencia de prueba que acredite la participación directa o indirecta en las falsificaciones, el Tribunal de instancia alcanza la convicción no sólo por el uso de documentos falsos y la disponibilidad del voto, sino también por la facilitación del domicilio electoral, la ventaja directa o indirecta del voto así conseguido, su presentación ante la Cámara Oficial de Comercio, e incluso su presentación, en algunos casos, a la actuación notarial, y esa convicción se sustenta en los medios de prueba que se mencionan en el quinto de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, especificándose los testimonios de aquellos electores que manifestaron que su firma había sido falsificada o la documentación presentada no reconocida ni aceptada. Y en concreto respecto a este recurrente queda acreditado su disponibilidad sobre el apartado de correos número NUM002, y se hace referencia al testimonio depuesto por varios electores que niegan la autenticidad de las firmas que le fueron exhibidas y que se corresponden precisamente con el apartado de correos acabado de mencionar, y se razona que este acusado, junto a su disponibilidad, tuvo que facilitar su dirección postal, presentarlos ante la Cámara Oficial de Comercio y ser el único beneficiario de esas gestiones, y de ello se alcanza la inferencia, que en modo alguno puede ser considerada arbitraria o contraria a las reglas de la lógica, de su participación, aunque no sea material, en la imitación o falsificación de esa documentación.

El motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 395 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1, 1º y 3º, del mismo texto legal.

Se dice que el relleno de una fotocopia de un modelo normalizado no constituye la alteración de un documento preexistente ni encarna el tipo de suponer la intervención de terceros en un acto y se reitera la falta de prueba.

Las fotocopias de documentos son sin duda documentos, en cuanto escritos que reflejan una idea que plasma en el documento original, y como tal documento puede ser alterado en sus elementos esenciales o aparentar la intervención de persona que no la han tenido, cuestión distinta es cuando de lo que se acusa es de la falsificación de documento oficial o mercantil, en estos casos la reproducción fotográfica sólo transmite la imagen del documento no su naturaleza jurídica salvo una posterior autenticación. De modo que una falsedad, en cuanto alteración de la verdad del documento, realizada sobre una fotocopia no autenticada de un documento oficial o público no puede homologarse analógicamente a la falsedad de un documento de la naturaleza que tenga el original, por lo que sólo podrá considerarse como una falsedad en un documento privado (Cfr. Sentencia de 14 de abril del año 2000).

Clarificada esta cuestión, la conducta que se refleja en el relato fáctico de la sentencia de instancia, que debe ser respetada, dado el cauce procesal esgrimido, incardina en los delitos de falsedad en documento privado con perjuicio de otros, previstos en los artículos cuya infracción se denuncia en el presente motivo.

Son de dar por reproducidas las razones expuestas para rechazar igual invocación contenida en el segundo motivo del anterior recurrente.

Este motivo tampoco puede prosperar.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 74.1 del Código Penal.

Se alega que al contener la sentencia hechos no recogidos en el escrito de calificación definitiva del Ministerio Fiscal resulta inaplicable la continuidad delictiva y que en su caso el único documento que se le podría tachar de falso sería la documentación correspondiente Don. Humberto.

Desestimado el motivo en el que se invocaba la vulneración del principio acusatorio, resulta evidente que los hechos que se declaran probados integran la continuidad delictiva, ya que como se dejó expresado al examinar antes la misma alegación, esa continuidad se produce, conforme a reiterada doctrina de esta Sala, cuando surge una homogeneidad de actos que responden a un único fin o plan del autor, difícilmente aislables unos de otros, surgiendo un dolo unitario y no renovado en cada acto, cuya meta se trata de conseguir a través de esa progresión de actos, en cuanto se está construyendo la unidad objetiva y subjetiva que jurídicamente se realiza a través de la continuidad delictiva. Doctrina que es perfectamente aplicable a la falsificación de una pluralidad de solicitudes de voto por correo, en ejecución de un plan preconcebido.

El motivo no puede prosperar.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se pretende acreditar que múltiples personas podían intervenir en la recogida de solicitudes de voto, que participaban numerosos agentes electorales, que la recogida se hacía por cualquiera visitando los negocios y que en numerosas ocasiones las firmas eran irregulares y estaban efectuadas por personas distintas del titular del comercio (familiares, empleados) y para acreditar tales extremos se designa folios de un Decreto de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, una Orden de la misma Consejería y un informe de la Comisaría de Policía. Asimismo se designa la declaración del Sr. Humberto.

Ni el informe de la policía ni las declaraciones del Sr. Humberto constituyen documentos, a estos efectos casacionales, en cuanto no pasan de ser pruebas personales que no pierden dicho carácter por el hecho de aparecer documentadas en las actuaciones, cuya valoración corresponde en exclusiva al juzgador de instancia. Tampoco evidencian error en el Tribunal sentenciador, lo mismo que las disposiciones normativas que se designan en apoyo de este motivo. El Tribunal sentenciador ha contado con pruebas legalmente obtenidas que han permitido construir el relato fáctico en el que se sustenta la sentencia recurrida, que en modo alguno se ve desvirtuado por las mencionadas disposiciones normativas.

El motivo debe ser desestimado.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por no expresarse clara y terminantemente los hechos que se declaran probados.

No señala en que consiste la falta de claridad y se dice que está íntimamente ligado al siguiente motivo al que se remite.

La falta de claridad a que se refiere el precepto invocado ha de ser de tal modo que determine la incomprensión de los hechos que se dejan probados, o aparezcan redactados confusa o dubitativamente, de tal modo que resulten inadecuados para servir de argumentación lógica al fallo; no es eso lo que sucede en el recurso que se examina, la narración es clara y el fallo recaído acorde con los hechos que se dejan probados.

El motivo debe ser desestimado.

En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por existir manifiesta contradicción entre los hechos que se declaran probados.

Se afirma que existe contradicción en la página 6 de la sentencia, en entre el párrafo central in fine y el último párrafo, respecto a los diez votos que se dicen que estaban a disponibilidad de este recurrente, y en concreto que por un lado fueron al apartado NUM002 o por otro a los apartados NUM001 y NUM000, y que en un párrafo se atribuye su disponibilidad a este recurrente y en otro al coacusado Fidel.

Examinada la página en cuestión no se aprecia la contradicción que se dice producida ya que por un lado se afirma la existencia once electores que no reconocieron haber entregado su voto al ahora recurrente y tras las precisiones de varios de esos electores se concluye, afirmando en el segundo párrafo mencionado que existen diez votos a disponibilidad del Sr. Rodrigo que han sido manipulados por un desconocido, y referidos al apartado NUM002. El hecho de que no exista punto aparte en las referencias a los apartados NUM001 y NUM000 no debe confundir en cuanto se hace expresa referencia al coacusado Fidel y no al ahora recurrente.

La manifiesta contradicción invocada ha de ser tal que desemboque necesariamente en conclusiones insostenibles y que los extremos fácticos que se señalen se encuentren enfrentados en oposición o antítesis manifiesta y eso no sucede en el presente caso, por lo que el motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Juan Antonio

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho de a un proceso con todas las garantías, a no sufrir indefensión y a ser informado de la acusación, a la igualdad, a la interdicción de la arbitrariedad, y al derecho de presunción de inocencia, con infracción de los artículos 9, 24.1 y 2 de la Constitución.

Se dice infringido el principio acusatorio al ampliarse la acusación al delito de falsificación de documento privado, cuando antes lo había sido de documento oficial, vulnerando el auto de procesamiento y por introducir nuevos hechos no incluidos en el escrito inicial de la acusación: autoría mediata cuando se le acusaba de autor de las falsedades y actuar con ánimo de perjudicar a terceros. Igualmente por no expresarse en los escritos de acusación los documentos y personas cuya imitación de firmas se le imputa al recurrente.

El motivo no puede prosperar.

Tanto el auto de procesamiento, en el sumario ordinario, como el auto de apertura del juicio oral en el procedimiento abreviado, responden a la necesidad de un previo pronunciamiento judicial para poder entrar en el juicio oral. Es lo que se ha venido llamando el juicio de racionabilidad en cuanto supone una estimación de que hay motivos suficientes para entrar en el juicio.

La fase de investigación ha de servir tanto para preparar el juicio oral como para evitar la apertura de juicios innecesarios.

Ese es el cometido del auto de apertura del juicio oral pero en modo alguno viene a condicionar los delitos concretos objeto de enjuiciamiento. Lo que sí condiciona el contenido de la sentencia es la acusación con la que se debe corresponder, debiendo atenerse a la que resulte de las conclusiones definitivas así formuladas en el acto del juicio oral, aunque difiera de la provisionales anteriormente presentadas, siempre que se mantenga la identidad esencial de los hechos sobre los que recae la acusación y se someten a enjuiciamiento. Si así fuere, no se producirá vulneración del principio acusatorio ni puede aducirse indefensión, ya que el acusado estará perfectamente impuesto e informado de lo que se le imputa y puede ejercer su defensa sin restricción alguna. En este sentido se manifiesta la doctrina de esta Sala, como es buen exponente la Sentencia 1/1998, de 12 de enero de 1998 en la que se expresa que "es doctrina consolidada -se recuerda en la S. de esta Sala de 11-11-92, con cita de las STC 10-4-87 y 16-5-89 y de las de esta misma Sala de 19-6-90 y 18-11-91- que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no sobre las provisionales. El derecho a ser informado de la acusación, junto con la interdicción de la indefensión -Sentencia de esta Sala de 6 de abril de 1995- suponen, de un lado, que el acusado ha de tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa. El conocimiento de la acusación se garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez finalizada la actividad probatoria en el acto del juicio oral, mediante las definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por aquella actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los hechos que han constituido el objeto del proceso.

Y en el supuesto que examinamos, existe perfecta correspondencia entre el escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, que incluye la acusación por falsificación de documentos privados, y la sentencia recurrida, sin que hubiera habida petición de suspensión o queja alguna cuando se introdujeron esas conclusiones definitivas por el Ministerio Fiscal, habiéndose mantenido los hechos esenciales de la acusación, como se ha expuesto al examinar el primero de los motivos del anterior recurrente, exposición que se da por reproducida, y sin que se hubiese producida restricción alguna del derecho de defensa de los acusados.

Se alega, asimismo, falta de imparcialidad en cuanto la instrucción estuvo dirigida y controlada por el Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, que fue quien promovió la denuncia. Y por última se invoca falta de prueba que atribuya al recurrente la autoría mediata o indirecta de las falsificaciones.

No se puede compartir el que se diga que la instrucción fue dirigida y controlada por el denunciante cuando ha existido un Juez instructor que ha realizado su labor sin queja alguna.

Respecto a la ausencia de prueba sobre la autoría mediata o indirecta de las falsificaciones hay que remitirse a los razonamientos expresados por el Tribunal de instancia, en el quinto de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, que hace expresa mención de los testimonios depuestos por aquellos electores que negaron ser suyas las firmas de determinadas solicitudes de voto por coreo que fueron domiciliadas en el apartado de correos que compartía el ahora recurrente con el coacusado Fidel y en concreto aquellas que se refieren a electores del sector del transporte que era precisamente aquel por el que se presentaba el ahora recurrente Juan Antonio. Existe una pluralidad de indicios incriminatorios que permiten sustentar la prueba indiciaria, válida para contrarrestar el derecho de presunción de inocencia, presentado la situación de este acusado similitud con la de los otros dos acusados, por lo que es de reproducir lo expuesto para rechazar igual invocación del derecho de presunción de inocencia realizada por los otros dos recurrentes.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los párrafos 1º y 3º del artículo 390, en relación con el artículo 395 del Código Penal, ambos del Código Penal.

Se reitera la ausencia de prueba de cargo y que no concurren los presupuestos que exigen las distintas modalidades de falsedad.

En orden a la actividad probatoria hay que reiterar lo dicho al examinar el anterior motivo y remitirnos a lo expresado por el Tribunal de instancia sobre los medios de prueba con los que contó para alcanzar su convicción y lo expresado en esta misma sentencia para rechazar igual invocación realizada por los otros dos recurrentes.

En orden a la infracción legal alegada, por no concurrir los presupuestos o elementos que caracterizan el delito de falsedad en documento privado, en perjuicio de otros, igualmente hay que remitirse a lo expresado con anterioridad para rechazar igual invocación realizada por los otros recurrentes, siendo de reiterar que concurre la alteración de elementos esenciales del documento y se supone la intervención de personas que no lo han hecho, con evidente perjuicio de los otros aspirantes o contendientes en la lucha electoral.

El motivo debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por existir manifiesta contradicción entre los hechos que se declaran probados.

Se alega que en los hechos probados se dice que el recurrente no tuvo la disponibilidad del apartado que se menciona y tan sólo su uso y que no se le puede considerar beneficiario final y único de la acción sino que existían otras personas por lo que no se le puede atribuir la autoría de los hechos denunciados.

En resumidas cuentas, se ofrece una valoración distinta de la realizada por el Tribunal de instancia sobre las pruebas practicadas y se discrepa de la convicción alcanzada por dicho Tribunal, pero ello, en modo alguno, supone que la sentencia adolezca de manifiestas contradicciones que únicamente se producen si en los hechos que se declaran probados aparecen extremos absolutamente enfrentados y contradictorios y eso no se aprecia en el relato fáctico de la sentencia recurrida.

El motivo no puede prosperar.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por no expresarse clara y terminantemente los hechos que se declaran probados.

Se dice que el Tribunal de instancia, respecto a este recurrente, carece de concreción de los hechos inculpatorios y se remite a la conducta de otros acusados.

No lleva razón el recurrente y el motivo debe ser desestimado ya que en el relato de los hechos que se declaran probados, con una redacción que resulta comprensible, se diferencia la posición de cada uno de los acusados respecto a los hechos que se declaran probados, la disponibilidad sobre los distintos apartados de correos, así como los electores cuyas solicitudes resultaron alteradas con relación a cada uno de los gremios por los que se presentaban los acusados.

El motivo no puede prosperar.

III.