STS 85/1998, 9 de Febrero de 1998

1. El Procurador D. Javier Muñiz Bernuy, formuló demanda de Juicio Declarativo Ordinario de Mayor Cuantía, en nombre y representación de D. Carlos Ramón, contra D. Evaristoy su esposa Dña. Susana, D. Pedro Enriquey su esposa Dña. Amelia, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando se dictase sentencia por la que A) Que los demandados están obligados al cumplimiento del contrato formalizado con el actor en fecha 28 de enero de 1987 y, en su consecuencia, a llevar a cabo lo siguiente: a) constituir con el demandado en escritura pública una Sociedad Anónima o Limitada, a elección de los demandados, con el objeto de construir con el demandado en escritura pública una sociedad Anónima o Limitada, a elección e los demandados, con el objeto de construir y promocionar un edificio de Protección Oficial sobre el solar resultante del derribo del edificio de su propiedad inscrito en el registro de la Propiedad núm. NUM000de León, Sección NUM000A, Libro NUM001Tomo NUM002, folio NUM003, finca núm. NUM004, inscripción primera, con la denominación inscribible que los demandados indiquen, con aportaciones de capital iguales de un 50% los demandados y otro 50% el actor hasta completar la cifra inicial que fije la sentencia valorando los elementos de prueba que se hayan ofrecido en el periodo oportuno en cuya resolución se establecerán también, para el caso de que las partes no convengan otra cosa, los particulares fundamentales relativos a la forma de hacer los desembolsos, redacción de estatutos para mantener la igualdad de las partes, si bien respetando la gerencia y administración del Sr. Carlos Ramón, sin perjuicio de la participación proporcional en el órgano de administración de la sociedad de los demandados, todo ello a juicio y criterio del juzgado, a la vista de las pruebas que se ofrezcan en el pleito, escritura y estatutos que se ajustarán a la Ley y cuya redacción final se encomendará al Notario que haya de otorgar la escritura de constitución, dejando a los demandados la elección entre los existentes en el momento en esta ciudad.- b) A aportar a la sociedad el solar a que se refiere el contrato por cualquier titulo transmisivo de la propiedad valorado en SESENTA MILLONES DE PESETAS, incrementado en el I.P.C. desde la fecha del contrato de 28 de enero de 1987 hasta el mes de diciembre de 1989, y desde la fecha del otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad hasta que se haga el pago o reembolso, previsto para la terminación de la obra y obtención de Calificación Definitiva, sin perjuicio de que las disponibilidades financieras de la sociedad permitieran hacer en el curso de la promoción parciales entregas a cuenta; c) A indemnizar al demandante los daños y perjuicios que el Juzgador considere acreditados, producidos desde el requerimiento de cumplimiento en fecha 13 de diciembre de 1989 (documentos 58 y 59) hasta aquella en que se constituya en escritura pública la sociedad y se transmita la plena disponibilidad del solar a la misma, o se fijen en ejecución.

2. Y para el caso de que resultase imposible el cumplimiento del contrato de 28 de enero de 1987, se declare la resolución d el mismo y la obligación de los demandados de indemnizar a D. Carlos Ramónde los daños y perjuicios ocasionados en su gestión desde la fecha del contrato y los posteriores representados por los beneficios dejados de percibir por el incumplimiento que se acredite en periodo de prueba o se determinen en ejecución de sentencia sobre las bases que al efecto se establezcan.

Y consecuentemente con cualquiera de las anteriores declaraciones, se condenara a los demandados a estar y pasar por ellos, acatarlas y cumplirlas, y al pago de todas las costas procesales ocasionadas.

2. - Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció en su representación la Procuradora Dña. Lourdes Díaz Lago, quien contestó a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, y terminó suplicando se dictase sentencia desestimando la demanda, con expresa imposición de costas a la actora.

3. - Por las respectivas representaciones procesales, se evacuaron los traslados de réplica y duplica concedidos.

4. - Tramitado el procedimiento, el Juez de Primera Instancia nº Uno de los de León, dictó sentencia el 5 de julio de 1993, que contenía el siguiente FALLO: "Que debo desestimar y desestimo la petición contenida en el apartado a del suplico de la demanda presentada por el demandante contra los demandados y, en su consecuencia, debo absolver y absuelvo libremente a D. Evaristo, a Dña. Susana, a D. Pedro Enriquey a Dña. Ameliade las pretensiones deducidas con el apartado citado del suplico de la demanda.

Que debo desestimar y desestimo la petición e resolución contractual contenida en el apartado b) del suplico de la demanda presentada por el demandante contra los demandados, declarando no haber lugar a la resolución interesada.

Que debo estimar y estimo en parte la petición de indemnización de daños u perjuicios contenida en el apartado b) del suplico de la demanda contenida por el demandante contra los demandados, declarando no haber lugar a indemnización por beneficios dejados de percibir (lucro cesante), declarando haber lugar a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en la gestión desarrollada por el demandante, incluyendo tanto los costes generales por la gestión, mas allá de la mitad a que viene obligado a asumir, demandante y los derivados de la frustración e la finalidad contractual perseguida, y, en su consecuencia, debo condenar y condeno a D. Evaristo, a Dña. Susana, a D. Pedro Enrique, a Dña. Amelia, a pagar a D. Carlos Ramón, la suma resultante de deducir de doscientos millones ( 200.000.000 de Ptas) , la suma de sesenta millones (60.000.000 de ptas), más la suma resultante de aplicar a esta el índice general de precios al consumo fijados por el Instituto Nacional de Estadística para el año 1986, así como la suma consistente en la mitad de los gastos desembolsos y pagos que el demandante hubiera tenido que hacer por razón de las gestiones realizadas (deducidos aquellos cuya mitad ya hubiera sido pagada por los demandados). No procede expresa imposición de costas.

Apelada la anterior sentencia por la representación de la parte actora y demandada, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León, dictó sentencia el 17 de enero de 1994, que contenía el siguiente FALLO: "Que admitiendo en parte los recurso interpuestos por el actor D. Carlos Ramóny los demandados D: Pedro Enrique, Dña. Amelia, D. Evaristoy Dña. Susana, contra la sentencia de fecha 5 de julio de 1993, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de León en autos 432/91, la revocamos en los siguientes pronunciamientos, manteniéndola en el resto: a) Se declara resuelto el contrato de 28 de enero de 1987, b) al precio en dinero de la venta, se añadirá el valor del dinero que se fije en ejecución, de las obligaciones contraídas por el comprador en la escritura de 30 de abril de 1991, en el numeral 111, c) el aumento del I.P.C. a los 60 .000.000 de ptas, será desde el día 28 de enero de 1987, hasta el día 19 de diciembre de 1989 correspondiente a cada año y sin condena al pago de las costas.

1. Notificada la resolución anterior a las partes, por el Procurador Sr. Del Castillo Olivares- Cebrián, en la representación que ostenta de D. Evaristo, Dña. Susana, D. Pedro Enriquey Dña. Amelia, interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: Primero.- Al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LEC, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción, por inaplicación del párrafo primero del art. 1281 del Código Civil. Segundo.- Al amparo del nº 54º del art. 1692 de la LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción, por interpretación errónea del art. 1733 del C.c. Tercero.- Al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción, por inaplicación indebida de los párrafos primero y segundo del art. 1124 del C.Civil. Cuarto.- Al amparo del nº 3º del art. 1692 de la LEC, quebrantamiento en las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. La sentencia recurrida infringe, por no aplicación, el art. 359 de la LEC, al haberse producido y una clara contradicción en los términos de la propia sentencia.

Así mismo, y por la representación de D. Carlos Ramón, se interpuso recuso de casación con apoyo en los siguientes motivos: Primero.- Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la LEC, por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 1106 del C. civil, por no aplicación, en su relación con el 1101 del mismo Código y de la doctrina jurisprudencial.- Segundo.- Al amparo del nº 4º del la art. 1692 de la LEC, por entender que la sentencia recurrida infringe por no aplicación los arts. 42-1-10- de la Ley Hipotecaria en su relación con el art. 1428 de la LEC, de carácter sustantivo, como norma de garantía y no de procedimiento, que de igual forma la sentencia infringe por inaplicación al disponer que en el fallo la cancelación de la anotación preventiva de la demanda y una vez firme la sentencia, sin condicionar la misma por el cumplimiento que la anotación garantiza de la resolución en cuanto a las responsabilidades declarada a cargo de los titulares registrales.

2. - Admitido el recurso y conferidos los preceptivos traslados para impugnación, por las representaciones antes dichas, se evacuaron en el sentido de impugnarlos, y suplicar se declare no haber lugar al recurso interpuesto por la parte contraria, con condena en costas a los recurrentes.

3. - Examinadas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 26 de enero de 1998, fecha en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS

COMÚN A AMBOS RECURSOS.- Son antecedentes necesarios para la resolución de los recursos de casación interpuestos los que siguen:

En la ciudad de León, con fecha 28 de enero de 1.987, celebraron un contrato privado D. Pedro Enriquey D. Evaristocon D. Carlos Ramón. En virtud del mismo, los Sres. Pedro Enriquey Evaristo, como copropietarios del edificio que se describía junto con los arrendamientos concertados sobre sus pisos y locales, convenían con el Sr. Carlos Ramónestas estipulaciones: "Primero. D. Pedro Enriquey D. Evaristo, autorizan y apoderan a D. Carlos Ramón, para que con la amplitud que requiera, inicie y culmine, las acciones, gestiones, actos, encargos precisos a profesionales necesarios y que actúe ante los Organismos competentes, haga las gestiones que considere oportunas ante los inquilinos del inmueble citado, con el fin y objeto de conseguir siempre mediante acciones legales o voluntarias, el desalojo de dichos inquilinos, con carácter definitivo o por el tiempo que dure la construcción del nuevo edificio, donde ejercitarán el derecho de retorno, en las condiciones que señala la Ley, o donde se conviniera con los mismos.- Segundo: Todos los gastos, gestiones, minutas, honorarios, tasas, etc. a que diera lugar la iniciación y culminación del expediente hasta su total terminación, asi como cuantos informes técnicos sea necesario aportar por imperativo de la Ley, e incluso proyecto, cómo también recurso judicial, si fuera necesario interponer en defensa de su consecución, será sufragado por iguales partes, ésto es al cincuenta por ciento de su coste e importe.- Tercero: Concluido en expediente favorablemente, y autorizado el derribo del edificio, tanto Gubernativamente como por recurso judicial, o de acuerdo con los inquilinos, D. Pedro Enriquey D. Evaristo, aportaran el solar resultante libre de cargas o gravámenes o deducidas las mismas de la valoración asignada, al objeto de su posterior construcción en régimen de aportación con la otra parte, admitiendo la valoración asignada en el manifiesto primero de cuyo importe se resarcirán una vez que el edificio ese totalmente terminado y conseguirá la Calificación Definitiva.- Cuarto: La Promoción del Edificio a construir, será realizada y ejecutada, por las partes aquí comparecientes, mediante la constitución de Persona Jurídica, donde las partes estén perfectamente presentes y con plenas garantías para su funcionamiento y eficacia. El importe y costos de la citada promoción será sufragada por iguales partes, ésto es al 50% de valor del mismo. Los resultados económicos lo serán en igual porcentaje. El edificio que se ha ocupado por los inquilinos retornados quedará en proindiviso entre las partes o decidirán por su posterior distribución y el resto será dedicado a venta. Al objeto de facilitar la financiación, se podrán hacer las oportunas gestiones y transacciones para su venta de los locales, pisos, apartamentos etc. de que el mismo esté construido.- Quinto: La Constitución del edificio será encargada a Empresa de reconocida solvencia, eligiendo el presupuesto medio que cotizaren en su día. Con dicho presupuesto tendrá en el Sr. Carlos Ramón, opción para que lo ejecutare él o Empresa Societaria que llevare el mismo.- Sexto: Se encarga de la Gerencia y Administración de todos los asuntos relacionados con el presente documento al Sr. Carlos Ramónque no tendrá otros emolumentos que los resultados económicos conseguidos por la actividad aquí contemplada, siendo obligatorio ineludiblemente un informe bimensual, en el que dará cumplida información de sus gestiones y de la marcha de todo lo gestionado, para que las partes conozcan en todo momento el estado de los asuntos aquí pactados, con el desarrollo debido, para llevar a término lo pactado en el presente documento.- Séptimo: Se establece un máximo para la consecución favorable del expediente de cinco años, siempre que no proceda una prórroga por estar a punto de finalizar razonablemente dicho expediente. Si por circunstancias los Sres. Pedro Enriquey Evaristodesearán vender o transmitir el citado edificio no antes de dos años a partir de la fecha, podrán hacerlo, teniendo el Sr. Carlos Ramón, derecho a su adquisición en dicho momento en el mismo precio de venta que no bajará del valor asignado inicialmente más el I.P.C. es decir, nunca menos de 60.000.000.- más el incremento oficial del costo de la vida".

En el mes de diciembre de 1.989, los propietarios revocaron los poderes concedidos al Sr. Carlos Ramóny le comunicaban su decisión de vender el inmueble por 200.000.000 ptas., apercibiéndole de que en el plazo de 20 días podía hacer uso de su derecho de adquisición preferente. El mandatario no lo ejercitó, y los propietarios procedieron a su venta a Construcciones DIRECCION000. por escritura pública de 30 de abril de 1.991 por aquella cantidad, en la que la sociedad compradora debía además hacer frente a los pagos por obligaciones concertadas con los arrendatarios, que todavía quedaban en el piso, por los propietarios para que aquéllos consintiesen el desalojo. Con anterioridad, el 12 de julio de 1.990, entre los mismos vendedores y compradora se había celebrado contrato privado de venta.

Antes de la revocación de poderes y venta referidos, el Sr. Carlos Ramón, en uso de aquéllos, había conseguido el desalojo de otros arrendatarios, y obtenido la autorización legal para el derribo del inmueble.

El Sr. Carlos Ramóndemandó a D. Evaristoy esposa Dª. Susana, y a D. Pedro Enriquey esposa Dª. Ameliasolicitando sustancialmente en un extenso "suplico" que los demandados fuesen condenados al cumplimiento del contrato de 28 de enero de 1.997, y para el supuesto de que fuese imposible el cumplimiento, la resolución con los daños y perjuicios ocasionados en su gestión desde la fecha del contrato y los posteriores representados por los beneficios dejados de percibir por el incumplimiento.

Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda.

El Juzgado de 1ª Instancia estimó en parte la petición de daños y perjuicios, "declarando no haber lugar a indemnización por beneficios dejados de percibir (lucro cesante), declarando haber lugar a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en la gestión desarrollada por el demandante, incluyendo tanto los costes generales por la gestión, mas allá de la mitad a que viene obligado a asumir, demandante y los derivados de la frustración de la finalidad contractual perseguida, y, en su consecuencia, debo condenar y condeno a D. Evaristo, a Dña. Susana, a D. Pedro Enrique, a Dña. Amelia, a pagar a D. Carlos Ramón, la suma resultante de deducir de doscientos millones ( 200.000.000 de Ptas) , la suma de sesenta millones (60.000.000 de ptas), más la suma resultante de aplicar a ésta el índice general de precios al consumo fijados por el Instituto Nacional de Estadística para el año 1986, así como la suma consistente en la mitad de los gastos desembolsos y pagos que el demandante hubiera tenido que hacer por razón de las gestiones realizadas (deducidos aquellos cuya mitad ya hubiera sido pagada por los demandados)".

La Audiencia, apelada la sentencia por actores y demandados, estimó parcialmente los recursos, revocándola en los siguientes pronunciamientos: "

1. Se declara resuelto el contrato de 28 de enero de 1987, b) al precio en dinero de la venta, se añadirá el valor del dinero que se fije en ejecución, de las obligaciones contraídas por el comprador en la escritura de 30 de abril de 1991, en el numeral 111, c) el aumento del I.P.C. a los 60 .000.000 de ptas, será desde el día 28 de enero de 1987, hasta el día 19 de diciembre de 1989 correspondiente a cada año y sin condena al pago de las costas".

Contra la sentencia de la Audiencia han interpuesto recursos de casación el actor y los demandados por los motivos que se pasan a estudiar.

1) Recurso de Casación de D. Evaristo, Dª. Susana, D. Pedro Enriquey Dª. Amelia.