STS 1170/2000, 11 de Diciembre de 2000

Ponente:CORBAL FERNANDEZ, JESUS
Número de Recurso:1280/1999
Procedimiento:03
Número de Resolución:1170/2000
Fecha de Resolución:11 de Diciembre de 2000
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. RECURSO DE REVISIÓN. Las actuaciones relativas al emplazamiento de la parte demandada son de orden público procesal. Constituyen un deber para la parte actora, no una mera carga, y también para el órgano jurisdiccional, procurar la posibilidad de que el acto de comunicación llegue a noticia del interesado. En primera instancia se estima demanda. Se estima revisión.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el Recurso Extraordinario de Revisión, respecto de la Sentencia firme dictada el día 4 de mayo de 1998, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alzira (Valencia), en el Juicio de Cognición núm. 303/97, sobre reclamación; cuyo recurso fué interpuesto por DON JUAN S.M., representado por el Procurador de los Tribunales don Evencio Conde de Gregorio, asistido en el acto de la Vista por el Letrado don Roque Gambarro Royo; siendo parte recurrida la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN CRISTOBAL, representada por la Procuradora doña María Teresa P.M. y asistida en el acto de la Vista por el Letrado don Rafael C.R..

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El Procurador de los Tribunales, don Evencio Conde de Gregorio, en nombre y representación de don Juan S.M., interpuso demanda de Juicio Extraordinario de Revisión, según lo dispuesto en los Arts. 1796 y ss. L.E.C., respecto a la Sentencia firme dictada el día 4 de mayo de 1998, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alzira, en el Juicio de Cognición núm. 303/97, sobre reclamación de cantidad, promovido por la Comunidad de Propietarios San Cristóbal, cuyo Fallo es como sigue: "Que estimando la demanda formulada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN CRISTOBAL que ha estado representada por la Procuradora de los Tribunales doña Araceli Romeu Maldonado y asistida jurídicamente por el Letrado don Ricardo Crespo Azorín Beaut, debo CONDENAR Y CONDENO a DON JUAN S.M., a que pague al actor la cantidad de SEISCIENTAS SETENTA MIL QUINIENTAS PESETAS (670.500 ptas.), intereses legales y las costas del procedimiento".

SEGUNDO: La Procuradora de los Tribunales doña María Teresa P.M., en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios San Cristóbal, contestó a la demanda de Revisión, en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, para terminar suplicando sentencia por la que se declare improcedente el recurso de revisión interpuesto, condenando al recurrente a la pérdida del depósito y al pago de las costas de este procedimiento.

TERCERO: Transcurrido el término de prueba, tras el Informe preceptivo del Ministerio Fiscal que consta en autos, habiéndose efectuado la tramitación correspondiente y solicitado por el recurrente la celebración de VISTA PÚBLICA, ésta se señaló para el día 5 de Diciembre de 2000, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: Para la adecuada decisión del presente juicio de revisión civil es preciso dejar sentados los antecedentes fácticos siguientes: 1º.- Por la Comunidad de Propietarios San Cristóbal de Alberic (Valencia) se formuló demanda el 4 de noviembre de 1997 contra don Juan S.M., titular de la parcela 690, finca registral núm. 9.461 del Registro de la Propiedad de dicha localidad, en reclamación de la cantidad de seiscientas setenta mil quinientas pesetas (670.500 ptas.), correspondientes a diversos conceptos de derramas y gastos, más intereses legales y costas. En la demanda se hace constar que el demandado está en paradero desconocido, y que a tenor del art. 777 de la L.E.C. habrá de ser emplazado por edictos en la forma prevista en el art. 269 L.E.C.; 2º.- Incoado juicio de cognición núm. 303 de 1997 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alzira, por Providencia de 6 de noviembre se acordó requerir a la demandante para que en término de tres días aporte el último domicilio del demandado, dado que la citación edictal tiene carácter subsidiario y debe intentarse de forma previa la averiguación del domicilio, a lo que se responde por la parte actora que "cumpliendo el requerimiento de la providencia de fecha 6 de noviembre de 1997 y sin (por lapsus calami dice "si") perjuicio de recordar de nuevo que la materia civil es justicia "rogada", comunico que el último domicilio conocido del demandado era en Valencia... 46010, calleA., 54 -sic-; 3º.- Dirigido exhorto al Juzgado Decano de los de Valencia, el 27 de noviembre de 1997, se practicó por el Servicio Común de Notificaciones, diligencia negativa de emplazamiento por resultar desconocido el demandado para los vecinos, y no constar dato alguno en el edificio; 4º.- Por escrito de la parte demandante de 21 de enero de 1998, se interesó el emplazamiento por edictos, lo que se acuerda el 2 de febrero de 1998, expresando el proveído que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo lugar la publicación el 19 de febrero de 1998; 5º.- Por Providencia de 3 de marzo siguiente se declara la rebeldía del Sr. S.M. y se señala fecha para el juicio, acordando citar al demandado en ignorado paradero y en rebeldía en los estrados del Juzgado. Y Tablón de anuncios" (sic), sin que, por cierto, figure constancia alguna como es obligado, de la exposición en el tablón referido; 6º.- El 4 de mayo de 1998 el Juzgado dicta Sentencia condenatoria, solicitándose por la parte actora el 6 de mayo de 1998 la notificación por edictos en el B.O.P.. Por Proveído del 12 de mayo se acuerda practicar la notificación por medio de edictos en el B.O.P. y en el tablón de anuncios del Juzgado, teniendo lugar ambas publicaciones (la del B.O.P. es de fecha 17 de julio), aunque en el edicto del tablón falta la diligencia "extendida en forma" expresiva de la exposición y fechas; 7º.- Por diligencia de 31 de julio de 1998 se hace constar por el Secretario haber transcurrido el plazo para poder interponer el recurso de apelación, y por Providencia de la misma fecha se declara FIRME la Sentencia, y se previene a las partes para que insten lo que a su derecho convenga; 8º.- Por escrito de la parte actora del 14 de septiembre, con base en la firmeza de la Sentencia, se interesa su ejecución, y se pide exhorto a Valencia para el embargo de bienes del demandado, expresando, por medio de otrosí, que "a través del Registro de la Propiedad núm. 9 de Valencia, donde hay bienes a su nombre, he podido averiguar un nuevo domicilio del demandado en Valencia, Camino Viejo de Alboraya núm. 1-puerta 16"; 9º.- Por Providencia de 15 de septiembre se dispone que, siendo firme la Sentencia dictada, procede acordar la ejecución de la misma, por lo que se decreta el embargo y libramiento del despacho correspondiente; 10º.- Después de dos diligencias rogatorias (por no hallarse el Sr. S.M. en el domicilio indicado), que tuvieron lugar los días 19 y 21 de octubre de 1998, el 15 de enero de 1999, se practicó la diligencia de embargo, la cual se entendió con la esposa de don Juan Sánchez llamada doña Carmen Martínez Perís; 11º.- El 28 de enero el Sr. S.M., comparece en las actuaciones manifestando que la primera noticia que tuvo del procedimiento fue el pasado día 15 por la diligencia de embargo, y por escrito de fecha 31 de marzo manifiesta al Juzgado haber presentado ante la Sala Primera del Tribunal Supremo el oportuno Recurso de Revisión; y, 12º.- Finalmente, consta también en los autos del juicio de cognición una Providencia de 15 de febrero de 1999 acordando la anotación preventiva del embargo.

SEGUNDO: A los datos fácticos anteriores (que son los que obran en el juicio de cognición 303/97 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alzira) son de añadir los siguientes (que figuran en el Rollo del Juicio de Revisión): 1º.- Por don Juan S.M. se interpuso demanda de recurso extraordinario de revisión el 26 de marzo de 1999, en donde hace constar como datos significativos que la Comunidad aquí recurrida, y demandante en el juicio de cognición, pudo conocer su domicilio antes por el Registro de la Propiedad núm. 9 de Valencia, y que en todo caso conocía su domicilio porque se lo comunicó por escrito el 17 de diciembre de 1997, habiendo acusado recibo. Con base en estos hechos aduce la existencia de maquinación fraudulenta, prevista como causa de revisión en el núm. 4º del art. 1796 L.E.C., por ocultación maliciosa del domicilio, por lo que no tuvo conocimiento del pleito hasta la diligencia de embargo practicada en fase de ejecución de sentencia; 2º.- Por la recurrida (demandada en revisión) se formuló escrito de contestación alegando las excepciones de falta de jurisdicción o de competencia funcional; defecto en el modo legal de proponer la demanda; e inadecuación del procedimiento; y por razones de fondo; 3º.- En el acto de la vista celebrada ante esta Sala la parte recurrente pidió la desestimación de las excepciones, en cuya estimación insistió la parte recurrida (demandada en revisión), la cual alegó que la Comunidad no conoció la comunicación del nuevo domicilio porque la recibió el administrativo don José Gómez Tarín, gravemente enfermo y que falleció, el cual se olvidó transmitirlo a los responsables de la Comunidad, por lo que, dadas tales circunstancias, no cabe dar valor a la descoordinación y olvido administrativo.

TERCERO: La primera de las excepciones planteadas por la Comunidad de Propietarios San Cristóbal no puede ser acogida. Se aduce que la Sala Primera del Tribunal Supremo ante el que se tramitó el presente recurso de revisión civil carece de jurisdicción o de competencia funcional (art.

533.1 L.E.C.) por corresponder la misma a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia, a cuyo efecto se alegan los arts. 1801 L.E.C., redactado por Ley 10/92, 73.1.b) L.O.P.J., 54.2 Ley 39/88, y 21 y 40.1.a) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobado por Ley 5/82. La excepción debe ser rechazada porque si bien es cierto que difícilmente es concebible una causa de revisión con sustento en el Derecho Privativo de una Comunidad Autónoma, las resoluciones de esta Sala, en interpretación de los preceptos expuestos, han sentado la doctrina de que para determinar la competencia de uno u otro Tribunal (T.S. de J. o T.S.) ha de estarse a la materia sobre que versó el proceso, con total abstracción del art. 1796 L.E.C.; y como en el caso el objeto del juicio de cognición 303/97 del Juzgado de Primera Instancia núm.2 de Alzira fue una reclamación de cantidad con base en preceptos de Derecho Común, y sin ninguna incidencia del Derecho propio de la Comunidad Autónoma, es claro que la competencia funcional para conocer de la demanda o recurso de revisión civil es de esta Sala. La doctrina expuesta se recoge, entre otras, en las Sentencias 15 diciembre 1994, 17 abril 1996 y 8 de septiembre de 1999.

CUARTO: La misma suerte desestimatoria debe correr la segunda de las excepciones planteadas consistente en defecto legal en el modo de proponer la demanda (art. 533.6) que se resume en la falta del presupuesto de la condena penal previa. A juicio de la parte recurrida la declaración de maquinación fraudulenta del núm. 4º del art. 1796 L.E.C. exige a modo de requisito o condición previa la declaración penal de existencia de fraude procesal (art. 250.2 C.P.) de la misma manera que ocurre con el núm. 3º del propio artículo 1796. La alegación no tiene consistencia alguna porque ni el art. 1796.4º L.E.C. exige tal presupuesto, ni es deducible de su texto, ni se trata de situaciones equiparables (la simulación de pleito o empleo de fraude procesal viene configuradas en el número segundo del art.

250 del C.P., como agravaciones específicas, o, en mejor técnica, subtipos del delito de estafa), ni se cita, ni es conocida, una sola sentencia del Tribunal Supremo que haya mantenido la tesis aquí suscitada, a pesar de la profusión de resoluciones recaídas en la materia. Incluso resulta elocuente señalar que la L.E.C. 1/2000, todavía no entrada en vigor, complementa el núm. 2º del art. 510 (que se corresponde con el 2º del 1796 de la L.E.C. de 1881) hablando de condena penal (como ya exigía la jurisprudencia), y nada añade en cambio al núm. 4º de los respectivos artículos 510 y 1796 que permanece con idéntico contenido. (únicamente se diferencia en que se evita la repetición de la expresión "sentencia firme").

QUINTO: La tercera excepción consiste en la denuncia de inadecuación del procedimiento, que se sustenta por la parte recurrida en revisión en que no habiendo transcurrido el plazo de un año del art. 777 L.E.C., dado que la Sentencia del 4 de mayo de 1998 se publicó el 17 de julio de 1998 y el conocimiento del procedimiento tuvo lugar el 15 de enero de 1999 (según propia confesión de la parte recurrente en revisión), el Sr. S.M. pudo haber planteado en tiempo el recurso de audiencia de rebelde. Esta excepción tampoco puede prosperar. La Ley de Enjuiciamiento Civil (arts.

1796 y 1797), sólo exige que la Sentencia sea firme, obviamente al tiempo de poder formularse la demanda de revisión, teniendo tal carácter aquellas Sentencias contra las que no cabe recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la Ley (art. 245.3 L.O.P.J.), lo que puede permitir entender que no hay obstáculo para optar por uno u otro recurso (audiencia al rebelde, o revisión) cuando concurre la circunstancia de la firmeza. La doctrina jurisprudencial (Sentencias 23 febrero 1965, 30 octubre 1980 y 6 febrero 1993) sostiene una interpretación distinta, en el sentido de que sólo cabe acudir al recurso de revisión cuando no es posible interponer los recursos ordinarios en el momento en que es conocida la resolución contra la que se pretende el aludido remedio excepcional, "SIN OLVIDAR los especiales que para el litigante rebelde establecen los arts. 772 y siguientes de la ley Procesal Civil", razones por las que deberá concretarse el día en que el recurrente se encuentre dentro del plazo para su ejercicio (Sentencia 23 de febrero de 1965). Este criterio tiene en su apoyo importantes razones, y entre ellas, por un lado, que el recurso de audiencia es más específico, y, por otro, que el de revisión ha de ser siempre objeto de una interpretación restrictiva, pero también ocurre que el recurso de audiencia puede venir excluido por la naturaleza del juicio (art. 789 L.E.C.), o ser de dudosa procedencia por la dificultad de acreditar los requisitos del art. 777, con el riesgo de que, de no resultar acogido, se pueda perder por razones de plazo (art. 1789) la posibilidad de interponer la revisión. Por eso ya la Sentencia de 6 de febrero de 1993, contempló tal evento, y por ello, ante la duda de la concurrencia de los requisitos del art. 777 L.E.C.,

(salvo el del núm. 1º que resulta inobjetable), debe en el presente caso rechazarse la excepción, abundando además en esta solución la oportunidad de dar amparo al principio "pro actione" y sancionar una clara infracción de la lealtad procesal por la parte demandante del juicio de cognición.

SEXTO: Entrando en el fondo del asunto, claramente se advierte de la relación fáctica que la Comunidad actora en el juicio de cognición conocía al tiempo de interesar el emplazamiento edictal (21 de enero de 1998,

-núm. cuarto del fundamento jurídico primero de esta Sentencia-), cual era el verdadero domicilio del demandado Sr. Sánchez Mampó, el cual se lo había comunicado con anterioridad (el 17 de diciembre de 1997), por lo que se da una situación de ocultación maliciosa que la Jurisprudencia de esta Sala viene incardinando en la causa de revisión de maquinación fraudulenta del núm. 4º del art. 1796 L.E.C. (Sentencias 3 mayo 1984; 25 septiembre 1986; 3 marzo 1987; 24 julio de 1993; 26 julio de 1994; 24 noviembre de 1997; 16 febrero y 24 noviembre 1998 y, 13 marzo 2000, entre otras). Frente a ello no cabe admitir las alegaciones efectuadas por la aquí recurrida en el acto de la vista, cuya alusión a las circunstancias del administrativo expuestas en el fundamento segundo de esta resolución no tienen soporte probatorio, ni seriedad procesal, ni armonizan con la contestación a la demanda de revisión, en cuyo escrito (Hecho 1) se admite la realidad de la recepción de la comunicación.

En cualquier caso, además, la doctrina de esta Sala viene declarando que concurre la maquinación fraudulenta cuando con una mínima diligencia, haciendo adecuadas gestiones, es posible localizar al demandado, su domicilio, o averiguar los datos necesarios para su localización (Sentencias 8 junio de 1992; 27 julio 1993; 15 enero 1994; 24 marzo 1995; 17 abril y 10 septiembre 1996; 19 febrero, 25 marzo y 13 junio 1998; 22 diciembre 1999; 4 octubre y dos de 16 de noviembre de 2000

-números 921, 1075 y 1076-), y entre estas posibilidades de localización cabe recurrir a la información que pueden proporcionar los Registros (ad.ex. Sentencias 15 de abril de 1997 y 2 de febrero de 1999), aparte de que no deja de resultar revelador que se haya conseguido localizar al Sr. S.M. cuando fue necesario para embargar bienes y no antes (como sucedió en los casos de las Sentencias 19 de febrero 1998 y 9 septiembre 2000). Por último, sólo cabe significar que la observación e incluso censura implícita, efectuada por la parte actora del juicio de cognición en su escrito de 10 de noviembre de 1997, recordándole al Juzgado que la materia civil es "justicia rogada", resulta absolutamente improcedente. Las actuaciones relativas al emplazamiento de la parte demandada son de ord en público procesal, constituyendo un deber para la parte actora (y no una mera carga), y también para el órgano jurisdiccional, procurar la posibilidad de que el acto de comunicación llegue a noticia del interesado.

SEPTIMO: La estimación del recurso de revisión conlleva la rescisión total de la Sentencia impugnada, debiendo expedirse la certificación correspondiente y remitirse con los autos al Juzgado de su procedencia para que las partes usen de su derecho según les convenga (arts. 1806 y 1807 L.E.C.). No se dan méritos para hacer una expresa condena en las costas causadas, y de conformidad con lo establecido en el art. 1799, párrafo segundo, deberá devolverse el depósito a la parte recurrente.

FALLAMOS

QUE ESTIMANDO EL RECURSO DE REVISIÓN CIVIL interpuesto por el Procurador don Evencio Conde de Gregorio en representación procesal de DON JUAN S.M., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alzira (Valencia) el 4 de mayo de 1998 en el juicio de cognición núm. 303/97, declaramos la rescisión total de la misma. No se hace expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento y se acuerda la devolución del depósito a la parte promovente. Expídase certificación de esta resolución que se remitirá al Juzgado en unión de los autos del juicio de cognición para que las partes usen de su derecho, archivándose este Rollo. Publíquese...

Notificación: Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno.

.-.A.V.R.-.J.C.F.-.J.M.M.R.-.R.