STS, 14 de Junio de 2001

Ponente:SIERRA GIL DE LA CUESTA, IGNACIO
Número de Recurso:467/1996
Procedimiento:CIVIL - 01
Fecha de Resolución:14 de Junio de 2001
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

"COMPROMISO ARBITRAL. Esta Sala se pronuncia decididamente sobre la forma del contrato de compromiso, como independiente, y también como cláusula en otro contrato; en el sentido de que debe formalizarse por escrito, como dispone el art. 6 de la Ley de Arbitraje, y debe contener el consentimiento - declaraciones de voluntad concordes- de las partes, lo cual lo especifica el art. 5.1 al disponer que debe expresar la voluntad inequívoca de las partes, que no es otra cosa que el consentimiento contractual; al añadir el último inciso que también debe expresar la obligación de cumplir tal decisión (el laudo arbitral) no es más que una simple redundancia, que va implícita en la voluntad inequívoca de las partes y que integra el consentimiento contractual. Se desestima la casación. "

 
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CONTENIDO

D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTAD. PEDRO GONZALEZ POVEDAD. FRANCISCO MARIN CASTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Junio de dos mil uno.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por DON Juan Carlos , representado por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Rodríguez Montaut, contra el Auto dictado en grado de apelación con fecha 27 de noviembre de 1995 por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona dimanante del juicio de menor cuantía seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta de los de Barcelona. Son parte recurrida en el presente recurso "AUXILIAR SERVICIOS CONTRATACION INDUSTRIAL S.A." (ASCISA) y D. Ignacio , representados por la Procuradora de los Tribunales Dª Margarita Duport Barrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Juzgado de Primera Instancia Número Cincuenta de los de Barcelona, conoció el juicio de Menor cuantía número 125/95, seguido a instancia de D. Juan Carlos contra "Auxiliar de Sevicios de Contratación Industrial, S.A." y contra D. Ignacio , sobre resolución de compraventa de acciones.

Por el Procurador Sr. Grasa Fabrega, en nombre y representación de D. Juan Carlos se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado: "...dicte sentencia por la que estimando la demanda, se declare resuelta la compraventa de acciones otorgada a favor de la demandada por mi mandante e instrumentada mediante las pólizas documentos nºs 1 al 5 e esta demanda, así como sus anexos, documentos nºs. 6 al 9 inclusives, y el documento núm. 10 de esta demanda complementario a dicha compraventa, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, todo ello con restitución de las prestaciones recíprocas, indemnización de los daños y perjuicios causados a mi mandante que se acrediten en ejecución de Sentencia, e imposición de todas las costas causadas a la demandada.".

Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de la parte demandada "Auxiliar Servicios Contratación, S.A.", se contestó la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación: "...dictar sentencia desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el demandante, no dando lugar a ninguna de las pretensiones formuladas en el petitum de la demanda, de modo que, se declare improcedente y se deniegue la resolución que la cesión de acciones, tildada de compraventa por el actor a las que se refiere esta "litis" y como consecuencia de ello se mantenga a mi principal en su posesión, goce y disfrute pacífico de las mismas.- Desestime las demás pretensiones asimismo referidas en el SUPLICO de la DEMANDA de, como dice literalmente, "condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, todo ello con restitución de prestaciones recíprocas indemnización de los daños y perjuicios causados a mi mandante que se acrediten en ejecución de sentencia, e imposición de todas las costas causadas a la demandada" por no haber lugar a todo ello.- Condene de contrario al actor a las costas causadas en la demanda por su manifiesta temeridad y mala fe.". Igualmente, por la representación de D. Ignacio , se contestó la demanda, en la que terminaba suplicando al Juzgado: "...dictar sentencia desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el demandante, no dando lugar a ninguna de las pretensiones formuladas en el petitum de la demanda, de modo que, se declare improcedente y se deniegue la resolución de la cesión e acciones, tildada de compraventa por el actor a las que se refiere esta "litis" y como consecuencia de ello se mantenga a la tenedora en su posesión, goce y disfrute pacífico de las mismas.- Desestima, las demás pretensiones asimismo referidas en el SUPLICO de la DEMANDA de, como dice literalmente, "condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, todo ello con restitución de prestaciones recíprocas, indemnización de los daños y perjuicios causados a mi mandante que se acrediten en ejecución de sentencia, e imposición de todas las costas causadas a la demandada" por no haber lugar a todo ello.- Condene de contrario al actor a las costas causadas en la demanda.".

Con fecha 15 de mayo de 1.995, el Juzgado dictó Auto cuya parte dispositiva dice: "S.Sª ACUERDA: Que excepcionándose sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje por la parte demandada representada en los presentes autos por el Procurador Sr. FRANCISCO LUCAS RUBIO ORTEGA, NO HA LUGAR a entrar a conocer del presente litigio y se ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO del procedimiento, y el ARCHIVO de los autos, debiendo imponerse las costas causadas hasta este instante a la parte actora.".

SEGUNDO

Contra el anterior Auto se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte actora, que fue admitida y sustanciada la alzada por la Audiencia Provincial de Barcelona, dictándose Auto por la Sección Decimosexta, con fecha 27 de noviembre de 1.995 y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por Juan Carlos contra el auto de fecha 15 de mayo de 1995 pronunciado por el Juzgado de Primera Instancia nº 50 de los de Barcelona, en los autos de que el presente rollo dimana, confirmando la citada resolución en todas sus partes con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.".

TERCERO

Por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación de D. Juan Carlos , se presentó escrito de formalización del recurso de casación ante este Tribunal Supremo, con apoyo procesal en los siguientes motivos: Primero: "Al amparo del núm. 1º del artículo 1692 de la LEC, en relación con la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje, artículo 11 y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en la Sentencia de 2 de julio de 1992, y demás dictadas en el mismo sentido sobre sumisión tácita a la jurisdicción ordinaria". Segundo: "Al amparo del apartado 1º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por interpretación errónea de la cláusula arbitral, con infracción de lo dispuesto en los artículos 1, 5 y 6 de Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1.988".

CUARTO

Por Auto de esta Sala de fecha 8 de enero de 1.997, se admite a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal de los recurridos, se presentó escrito de impugnación al mismo.

QUINTO

No habiéndose solicitado, por todas las partes personadas, la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar, para la votación y fallo del presente recurso, el día treinta y uno de mayo del año en curso, en el que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El primer motivo del actual recurso de casación lo residencia la parte recurrente en el artículo 1.692-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que en el auto recurrido, sigue afirmando dicha parte, se ha infringido el artículo 11 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, así como la jurisprudencia aplicable (solo cita la Sentencia de 2 de julio de 1.992, que está referida a la anterior situacion normativa del arbitraje).

Este motivo debe ser absolutamente desestimado.

Después de una fluctuante trayectoria jurisprudencial, hoy por hoy, es pacífica la que establece que: "El artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número 1º fue modificado por Ley 34/1984, de 6 de agosto y, a su vez, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, añadió el número 8º: la sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje; tal excepción se enumera como dilatoria; en proceso de menor cuantía se puede formular como perentoria y resolverse en la sentencia tal como dispone el artículo 687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la parte demandada puede formularla en su contestación a la demanda y, tras ella, contestar en cuanto al fondo sin que ello signifique sumisión (que es atinente más a la competencia territorial, que a la jurisdicción ordinaria o arbitral) o aceptación de la jurisdicción ordinaria." Como así se concreta en las sentencias de esta Sala de 31 de marzo de 1.998 y 18 de mayo de 1.999.

Efectivamente, dicha doctrina atiende al derecho a la tutela judicial efectiva y a la proscripción de la indefensión, puesto que si se considera, que resulta clara la voluntad del demandado de no renunciar al arbitraje, es lícito que, tras formular la excepción de falta de sumisión al arbitraje, pueda oponerse, subsidiariamente, al fondo del asunto contestando a la demanda, sin que ello suponga una renuncia tácita al arbitraje.

Y esto es lo que ha ocurrido en el presente caso, ya que la cuestión del planteamiento de la excepción no puede dejar a dudas que se efectuó en la contestación a la demanda y que luego se ratificó en la comparecencia prevista en el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO

El segundo motivo también lo fundamenta la parte recurrente en el artículo 1.692-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y con base, según su opinión, a que en la sentencia recurrida se habían infringido los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1.988.

Este motivo debe sufrir la misma suerte desestimatoria que su antecesor.

Lo que consta nítidamente en autos es la existencia inequívoca de sujetarse las partes de la presente contienda judicial a arbitraje, y así se desprende del contrato suscrito el 12 de marzo de 1.971 en el que en su apartado octavo se plasma que para toda duda, cuestión o divergencia que pueda surgir entre las partes como motivo de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, se someten al arbitraje de equidad; y en este sentido se explicita en los documentos que con los números 9 y 10 ha aportado la parte actora en su demanda, de fecha 31 de diciembre de 1.992, lo cual confirma tal sometimiento.

Todo lo cual, se vuelve a repetir, indica tal voluntad de utilizar el arbitraje.

Y en este sentido, esta Sala se pronuncia decididamente sobre la forma del contrato de compromiso (o convenio arbitral, como lo llama esta ley) como independiente, y también como cláusula en otro contrato -es el presente caso-; en el sentido de que debe formalizarse por escrito, como dispone el art. 6 de la Ley de Arbitraje, y debe contener el consentimiento - declaraciones de voluntad concordes- de las partes, lo cual lo especifica el art. 5.1 al disponer que debe expresar la voluntad inequívoca de las partes, que no es otra cosa que el consentimiento contractual; al añadir el último inciso que también debe expresar la obligación de cumplir tal decisión (el laudo arbitral) no es más que una simple redundancia, que va implícita en la voluntad inequívoca de las partes y que integra el consentimiento contractual. Es decir, esta frase "obligación de cumplir tal decisión" no es una frase sacramental que debe constar en el convenio arbitral, sino que va implícita e integrada en el consentimiento.

TERCERO

En materia de costas procesales y en esta clase de recursos se seguirá la teoría del vencimiento, por lo que las mismas se impondrán en el presente caso a la parte recurrente, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo perder dicha parte el depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por DON Juan Carlos frente al auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 27 de noviembre de 1.995; todo ello imponiendo el pago de las costas de este recurso a dicha parte recurrente, debiéndose dar al depósito constituido el destino legal. Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- I. Sierra Gil de la Cuesta.- P. González Poveda.- F. Marín Castán.- Firmado.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.