STS 209/94, 15 de Marzo de 1994

El presente recurso de casación trae causa de los autos de juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera instancia de don Ricardo y "BASE-15, S.L." contra doña Almudena, doña Maite, doña Esther, don Constantino, doña Carmen y doña Encarna, contra don Jose Pedro, don Santiago y don Cesar, éste en su propio nombre y como Presidente y legal representante de la Compañía Mercantil "CARSELL, S.A.", en el suplico de cuya demanda inicial se solicitaba sentencia por la que "se condene a los demandados a otorgar ante Corredor de Comercio Colegiado la póliza o pólizas de transmisión, a favor de mis mandantes o de la persona o personas que éstos designen,de todas las acciones de que son titulares de la Compañía Mercantil "CARSELL, S.A." y que integran el capital social de ésta, en los términos contenidos en el contrato, percibiendo en dicho acto de mis mandantes los cambiales y efectivo a que el propio contrato se refiere, declarando que éste debe calificarse como contrato de compraventa, y con formalización judicial de la compraventa en caso de negativa de los demandados al cumplimiento de la sentencia que se dicte". El contrato origen de este litigio es el suscrito en 22 de julio de 1982 entre los actores ahora recurridos y las personas físicas demandadas en este proceso quienes "intervienen en su propio nombre e interés particular y además en su condición de únicos y totales accionistas de la Compañía Mercantil "CARSELL, S.A." constituida ante el Notario de Sabadell, don Gonzalo Díaz Granda, domiciliada en Sabadell, c/ Rocafort, 111-121" y en el que manifiestan que reciben en ese acto de los demandantes "la cantidad de CIEN MIL PESETAS (100.000 ptas) en concepto de arras o paga y señal por la compra de la totalidad de las acciones de la Compañía CARSELL, S.A. propietaria de la finca en la Plaza de Catalunya de esta ciudad que se describirá, compraventa que se regirá por las siguientes condiciones"; después de describir la anunciada finca y las cargas que pesan sobre la misma y de hacer constar que se halla pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad, a favor de CARSELL, S.A. y de aducir como título de propiedad de esta sociedad la "adjudicación como compensación de sus derechos en el expediente de reparcelación seguido ante el Ayuntamiento de Sabadell, conforme resulta de la escritura de reparcelación y escrituras de subsanación", se fija el precio en veintiún millones doscientas noventa y cuatro mil setecientas pesetas, a pagar en la siguiente forma: a) cien mil pesetas mediante imputar a cuenta del precio la cantidad ahora satisfecha. b) Cuatro millones novecientas mil pesetas en efectivo metálico en el momento del otorgamiento de la póliza de transmisión de las acciones. c) Cinco millones de pesetas mediante la entrega de cuatro letras aceptadas por el importe cada una de 1.250.000 ptas. y avaladas por la Caja de Pensiones Para la Vejez y de Ahorros con vencimiento a treinta y seis meses de la dicha de la firma de la referida póliza, sin que el aplazamiento devengue interés de clase alguna. d) Dos millones de pesetas como cantidad alzada que retiene el comprador para entregar al Ayuntamiento de Sabadell como coeficiente de participación de la finca en los gastos de urbanización del polígono. Si la cantidad real que en su día deba pagarse por el referido concepto fuese superior o inferior a la suma ahora fijada, añadirá la compradora o perderá la vendedora la diferencia que resultare. e) Las restantes nueve millones doscientas noventa y cuatro mil setecientas pesetas mediante la entrega de 4 letras avaladas de importe cada una de ellas 2.323.675 pesetas a 24 meses de la firma de la póliza de transmisión de acciones sin que se produzca devengo de interés; las restantes condiciones son del siguiente tenor: "3.- Transmisión de las acciones. Se formalizará ante Corredor de Comercio Colegiado a favor de la persona o personas que designe la parte compradora contra el pago y entregas referidos en el apartado anterior dentro del plazo máximo de seis meses a contar del día de hoy, momento en que se entenderá perfeccionada la compraventa y transmitidos los bienes objeto de la misma. Si la licencia municipal no se consiguiera en este plazo por causas ajenas a la compradora, este plazo sería prorrogado hasta la obtención de la misma. 4.- Balance. Se adjunta al presente documento Balance de situación de la compañía CARSELL, S.A., referido al día (hay un espacio en blanco) que asumen ambas partes como base o referencia de la venta de la Sociedad. 5.- Garantías personales. Todos y cada uno de los vendedores en su respectiva participación afianzan y asumen personalmente el cumplimiento de las obligaciones que competen a la Compañía vendedora así como también los posibles saldos ocultos o cuentas del pasivo pendiente y no reflejadas en el Balance de la Compañía. Por su parte don Ricardo afianza y avala personalmente las obligaciones de pago asumidas por BASE- 15, S.L. 6.- Cuantos gastos e impuestos se originen por razón de la transmisión de acciones de CARSELL, S.A. y por razón de la finca descrita a partir del día de hoy serán de cuenta y cargo de la parte compradora. De cuenta de la parte vendedora serán cuantos gastos se hayan originado hasta el día de hoy y razón de la finca de referencia así como también los que faltare abonar hasta obtener la inscripción de la finca reparcelada en el Registro de la Propiedad a favor de CARSELL, S.A.. La finca se transmitirá libre de carga, salvo las relacionadas en la parte expositiva, que son asumidas expresamente por la parte compradora".

Estimada la demanda en primera y segunda instancia, se ha formalizado el presente recurso de casación cuyo primer motivo, por el cauce procesal del número 3º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acusa infracción del art.359 de este mismo Cuerpo legal tachando a la sentencia de instancia de incongruente por un doble orden de razones; en primer término se alega que la sentencia acoge una acción mero-declarativa no propuesta en torno al carácter de compraventa mercantil del negocio jurídico objeto del proceso. Tal razonamiento no puede ser acogido de conformidad con la reiterada doctrina de esta Sala según la cual la congruencia no supone una literal y rígida conformidad a las peticiones de las partes, sino sustancial y razonable, siempre que guarde la debida adecuación a los presupuestos fácticos de la litis; concordancia que ha de ser extensible a las lógicas y naturales consecuencias derivadas del tema planteado, así como los que lo competen o precisen o que resuelvan puntos implícitos en la controversia (sentencia de 21 de abril de 1988 y las que en ella se citan); solicitado en el suplico de la demanda que las relaciones negociales habidas entre las partes deben calificarse de compraventa y alegado en la fundamentación jurídica del escrito inicial del proceso el carácter mercantil de tal compraventa, calificación a la que se han opuesto los demandados personados a lo largo del mismo como también en este recurso, es claro que no se ha producido ninguna extralimitación por el Juzgador de instancia que implique incongruencia, pues la inclusión de tal calificación en la parte dispositiva de la sentencia, si bien puede tacharse de innecesaria, no altera ni modifica las pretensiones de las partes ni los derechos y obligaciones nacidos del contrato litigioso. En segundo término se argumenta en el recurso que la sentencia adolece de un absoluta falta de claridad y precisión, al no concretar ni las personas que deben recibir las acciones, ni las personas que deben entregarlas, ni cuantas sean las acciones a entregar ni cual sea el precio que debe percibir cada uno de los condenados; argumentación todavía más inadmisible, si cabe, que la antes rechazada pues basta poner en relación el fallo de la sentencia con la literalidad del contrato de 22 de julio de 1983 para precisar la forma en que los demandados han de dar cumplimiento a las obligaciones por ellos asumidas, por lo que no puede plantearse duda alguna a la hora de ejecutarse la sentencia; en cuanto a la distribución del precio entre los demandados es una cuestión que sólo a ellos atañe pues los actores cumpliran con su obligación de pago haciendo entrega a todos ellos en conjunto del mismo en la forma pactada. Por todo ello, decae el motivo.

El motivo segundo, amparado en el ordinal 5º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción del art.1257 del Código Civil en cuanto la sentencia combatida condena a CARSELL, S.A., que no fue parte en el contrato litigioso, extendiendo a esa sociedad las obligaciones contractuales. El motivo ha de ser acogido; como dice la sentencia de 9 de febrero de 1981, los términos claros, terminantes y expresos del art.1257 del Código Civil, en su párrafo primero, no dejan lugar a dudas acerca del principio de relatividad contractual que en él se proclama,, en cuanto a los límites subjetivos en relación con la efectividad de los derechos y obligaciones que nacen de todo contrato, de tal modo que el rango de ley que el art.1091 del mencionado Cuerpo legal le atribuye, se constriñe exclusivamente a las partes contratantes o, en su defecto, a sus herederos, de tal suerte que, en general, no puede afectar lo estipulado en todo contrato a quien no intervino en su otorgamiento y, por ello, los derechos y obligaciones que han de ser declarados en todo pleito promovido para el cumplimiento de un contrato, sólo han de afectar a los litigantes conforme a las relaciones jurídicas contraídas entre ellos como así lo tiene declarado reiterada doctrina jurisprudencial. En el caso de autos, dirigida la demanda a obtener el otorgamiento de la correspondiente póliza de transmisión de las acciones de CARSELL, S.A. ante Corredor de Comercio Colegiado, en cumplimiento de lo pactado en el contrato de 22 de julio de 1983, es claro que tal obligación sólo puede imponerse a los socios titulares de la totalidad de las acciones intervinientes en aquel contrato y no a la sociedad demandada que no fue parte en el convenio ni está acreditado que tenga en cartera ninguna acción representativa de su propio capital, sin que pueda confundirse en ningún modo la personalidad de los socios, aunque actúen conjuntamente todos ellos, con la de la sociedad cuyas acciones les pertenecen. De ahí que al resultar condenada CARSELL, S.A. por la sentencia recurrida, en los términos que resultan del fallo, se ha infringido el invocado art.1257 del Código Civil imponiendo a esa codemandada el cumplimiento de obligaciones nacidas de un contrato en el que no fue parte contratante y cuyo cumplimiento, por otra parte, no podría hacer efectivo al no ser titular de las acciones que constituyen el objeto del acuerdo.

Al amparo del número 4º del art. 1692 de la Ley Procesal Civil, se articula el tercer motivo por error en la apreciación de la prueba que se dice cometido por la Sala "a quo" al afirmar que CARSELL, S.A. era propietaria de dos fincas, la 2.942 (en realidad, la 17.942) y la 32.095, cuando de la escritura de 31 de octubre de 1985 se pone de manifiesto que dichas fincas eran las originadas que fueron permutadas por la nueva finca objeto del contrato de 22 de julio de 1983; el motivo se sustenta en la litis, no aceptada en la instancia ni, como luego se dirá, por esta Sala de ser el objeto litigioso la finca descrita en el repetido contrato por lo que los errores que se imputan a la sentencia recurrida carecen de toda transcendencia al no fundarse su parte dispositiva en tales bases de hecho.

Alterando por razones lógicas el examen de los motivos cuarto y quinto, ambos acogidos al citado art.1692, nº 5º, en éste se alega infracción del art. 1285 del Código Civil, entendiendo los recurrentes que una interpretación sistemática del contrato de 22 de julio de 1933 conduce a la conclusión de que el objeto de la compraventa lo fue la finca que en él se describe y no las acciones de la sociedad CARSELL, S.A. de los que eran propietarios en su totalidad los intervinientes en aquel contrato, como ha entendido el Juzgador de instancia. En contra del alegato del recurso, el examen conjunto de las cláusulas del contrato, de acuerdo con lo preceptuado en el invocado art.1285, conduce a ratificar las conclusiones a que se llegó en ambas instancias sobre el objeto del contrato documentado en forma privada en 22 de julio de 1983, Aparte de que quienes intervienen en el contrato en la posición de vendedores eran propietarios de las acciones de CARSELL, S.A., no de la finca descrita que constituía el patrimonio de la sociedad y sobre la cual, por tanto, carecían de poseer de disposición, la condición 3 del contrato se rubrica como "transmisión de acciones" y en ella se establece que la transmisión se formalizará ante Corredor de Comercio Colegiado, siendo así que, de tratarse de la venta de un inmueble como pretenden los recurrentes, tal intervención del fedatario mercantil sería totalmente inviable por no caer dentro del ámbito de sus funciones la dación de fe en una compraventa de inmuebles; resultaría superflua, de aceptarse la tesis recurrente, la estipulación 4 relativa a la aportación del balance de la sociedad, así como el afianzamiento por los vendedores que es establece en la cláusula 5. No es obstáculo a esa determinación del objeto del contrato que se hace en la sentencia recurrida el hecho de que se fijase un precio unitario por la totalidad de las acciones ni que tal precio coincidiese con el de la finca que constituía el único patrimonio de la sociedad, pues tratándose de la venta de la totalidad de las acciones es lógico que se tome como precio el valor del patrimonio social. Resulta contradictorio que en este motivo se argumente con apoyo en lo que aparece en la condición 5 en que se habla de la "compañía vendedora" y en la condena que de CARSELL, S.A. se hace en ambas sentencias de instancia, cuando en el motivo segundo se ha impugnado, con éxito como se ha visto, tal pronunciamiento condenatorio, precisamente, por no haber sido CARSELL, S.A. parte en repetido contrato. La distribución de los gastos originados por la finca, único patrimonio de la sociedad, que se contiene en la condición 6 no implica que el objeto del contrato fuese la finca sino simplemente quien de los antiguos y nuevos socios habría de soportar esos gastos, y dado que, como se ha repetido esa finca constituida el total patrimonio social, es lógico que los compradores exigiesen la no imposición de nuevas cargas sobre la finca que las que ya la gravaban y que se relacionan en el apartado 1-6 del documento suscrito. Por todo ello, se desestima el motivo. De igual modo ha de desestimarse el motivo cuarto en que se denuncia infracción del art.325 del Código de Comercio; el carácter mercantil de la compraventa de acciones de sociales anónimas no cotizadas en Bolsa ha sido reconocido por esta Sala, así la sentencia de 26 de noviembre de 1987 dice que "este tipo de contrato no es sino una modalidad de la compraventa mercantil que aun estando por su objeto -títulos valores- sujetos a determinadas formalidades coincidentes con las operaciones bursátiles, no están sin embargo sometidas al especialisimo régimen regulador de las llamadas propiamente "operaciones de Bolsa" y como quiera que la compraventa de acciones del Banco Comercial Occidental -no admitidas a cotización- se perfeccionó como contrato mercantil extrabursatil...", y en la sentencia de 26 de febrero de 1966, en un supuesto de compraventa de acciones de sociedad anónima, después de referirse expresamente a que "el derecho de la compra-venta mercantil tiende a la rápida ejecución del contrato", aplica las normas relativas a la entrega de la cosa vendida que se contienen en el Código de Comercio, aludiendo a la especialidad que en esa materia presenta este Cuerpo legal; a igual conclusión se llega del examen de la sentencia de 4 de febrero de 1971 en que se examina el carácter de requisito "ad solemnitatem" de la intervención en esta clase de contratos del Agente colegiado, cuya función de fedatarios públicos está limitada al ámbito mercantil (art.93 del Código de Comercio, tanto en su anterior redacción como en la vigente dada por Ley 19/1989, 25 de julio).

La desestimación del motivo antes examinado bastaría por si sola para hacer improsperable el sexto en que, por la vía del art. 1692-5º repetido, se alega infracción del art. 1454 del Código Civil pues calificado de compraventa mercantil el que ligaba a las partes, no resulta aplicable la norma que sobre arras se contiene en dicho precepto y si el art.343 del Código de Comercio ; incluso aceptando la calificación del contrato como de compraventa sometida al régimen del Código Civil el motivo resulta inviable. Como dice la sentencia de 28 de septiembre de 1992 es doctrina de esta Sala la de que no cabe entender que el empleo de la palabra "señal" exprese necesariamente la facultad de separarse del contrato, pudiendo ser estimada, sin error, como anticipo del precio (sentencia 11 de octubre de 1927, 5 de junio de 1945, 20 de abril de 1955, 15 de octubre de 1956) y que el contenido del art. 1454 del Código Civil no tiene carácter imperativo, sino que, por su condición penitencial, para que tenga aplicación es preciso que por una voluntad de las partes, claramente constada, se establezcan tales arras, expresando de una manera clara y evidente la intención de los contratantes de desligarse de la convención por dicho medio resolutorio, ya que, en otro caso, cualquier entrega o abono habrá de valorarse y conceptuarse como parte del precio o pago anticipados del mismo, teniendo tal precepto legal un carácter excepcional, que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales de la que resulte la voluntad indubitada de las partes en el sentido de que se trata de arras penitenciales, ya que, en otro caso, la suma recibida sirve precisamente para confirmar el contrato celebrado (sentencia 7 de febrero de 1966, 20 de mayo de 1967, 16 de diciembre de 1970, 10 de noviembre de 1983, 10 de marzo y 12 de julio de 1986, 30 de abril de 1988, 9 de marzo de 1989 y 12 de diciembre de 1991). En el caso litigioso, no obstante el uso de las palabras "arras o paga y señal", no aparece establecida esa voluntad, claramente constatable, de atribuirse mutuamente las partes la facultad resolutoria del contrato con las consecuencias del art.1454 del Código Civil, sino que, al contrario, en la condición 2a) del convenio, se imputa esa cantidad que se dice entregada en concepto de arras, a cuenta del precio, por lo que ha de entenderse que tal entrega tiene carácter confirmatorio del contrato; lo expuesto lleva a la desestimación del motivo séptimo en que se acusa infracción del art.343 del Código de Comercio en que reconoce el carácter confirmatorio de las arras al decir que "las cantidades que, por vía de señal, se entreguen en las ventas mercantiles se reputarán siempre dadas a cuenta del precio y en prueba de la ratificación del contrato, salvo pacto en contrario", pacto eliminador de la presunción que se contiene en el citado precepto que no resulta probado en autos.

En el motivo octavo y último, acogido al ordinal 5º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción del art.1124 del Código Civil, alegando que por el paso del tiempo y debido a la inflación monetaria se ha producido una alteración extraordinaria en relación con las circunstancias concurrentes a la celebración del contrato que determina que éste no sea exigible para ninguna de las partes. En primer término ha de resaltarse que los demandados personados en autos no formularon reconvención alguna en su escrito de contestación a la demanda postulando la resolución del contrato por las causas ahora alegadas ni en su fundamentación jurídica citaron el precepto que ahora invocan como infringido aunque en el tercero de sus "hechos" alegaran esa alteración extraordinaria de las circunstancias, por lo que la resolución que ahora aducen no deja de ser una cuestión nueva no planteada en debida forma en la instancia. No obstante, entrando en el examen del motivo ha de tenerse en cuenta la reiterada doctrina de esta Sala sobre la llamada cláusula "rebus sic stantibus" recogida, con abundante cita jurisprudencial, en la sentencia de 6 de noviembre de 1992 según la cual "tanto por la aplicación de la implícita cláusula rebus sic stantibus, como por la teoría de la quiebra o desaparición de la base del negocio o la de la equivalencia de las prestaciones, cabe la posibildad de que, aunque en casos excepcionales y con gran cautela, por la alteración que ello puede suponer del principio "pacta sunt servanda" y del de seguridad jurídica, pueda el órgano jurisdiccional, atendidas las circunstancias particulares de cada caso concreto, llevar a efecto una modificación )no la extinción o resolución) del vínculo obligacional, por defecto o alteración de la base negocial y haber sido roto el equilibrio de las prestaciones, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) alteración completamente extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración; b) una desproporción inusitada o exhorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que rompan el equilibrio de las prestaciones; c) que todo ello acontezca por la sobrevivencia de circunstancias radicalmente imprevisibles. En el caso contemplado, aparte de que como recoge la jurisprudencia no es posible llegar a la extinción o resolución del contrato como pretenden los recurrentes por aplicación de esa doctrina, no se dan los presupuestos exigidos por la doctrina jurisprudencial; la dilación en la concesión de la licencia de obras en cuyo momento habría de procederse al otorgamiento de la póliza en que se documentase la transmisión de las acciones fue expresamente prevista en el contrato, siendo de notar que, según la sentencia de instancia sin que ello haya sido rebatido en este recurso, la demora en más de cuatro años habida, ha sido producida por demoras administrativas y mala gestión de los demandados, por lo que tal retraso no puede decirse que haya sobrevenido por circunstancias radicalmente imprevisibles, como tampoco era una circunstancia imprevisible la devaluación sufrida por la moneda que no puede calificarse de extraordinaria y cuyos efectos pudieron fácilmente ser eliminados mediante el establecimiento de cláusulas de estabilización o de intereses de demora por el aplazamiento del pago, que fueron expresamente renunciados en el contrato. En consecuencia, decae el motivo.

La estimación del motivo segundo del recurso determina la casación y anulación parcial de la sentencia recurrida con revocación, también parcial, de la sentencia de primera instancia con absolución de la demandada CARSELL, S.A., con imposición a los actores de las costas de primera instancia correspondientes a ese codemandado, a tenor del art.523,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; sin hacer expresa condena en las costas de este recurso ni en las causadas en la apelación, de conformidad con los arts. 1715 y 710 de dicha Ley; procede la devolución a la parte recurrente del depósito constituido por aplicación del citado art.1715.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por don Santiago, don Cesar y CARSELL, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa que casamos y anulamos en parte; y con revocación también parcial de la sentencia dictada por el Magistrado-Juez de Primera Instancia número Dos de Sabadell de fecha nueve de enero de mil novecientos ochenta y nueva, debemos condenar y condenamos a doña Almudena, doña Maite, doña Esther, don Constantino, doña Carmen, doña Encarna, don Jose Pedro, don Santiago y a son Cesar a que, en cumplimiento del contrato suscrito en veintidós de julio de mil novecientos ochenta y tres, otorguen ante Corredor de Comercio colegiado póliza o pólizas de transmisión, a favor de los actores o de la persona o personas que éstos designen, de todas las acciones de que son titulares de la Compañía Mercantil "CARSELL, S.A.", con la advertencia de que tal formalización se efectuará judicialmente y a su costa, en caso de que no procedan voluntariamente a ello, y previo pago por los actores del precio pactado y en la forma convenida; con imposición a los demandados de las costas de primera instancia a ellos correspondientes; y debemos desestimar y desestimamos la demanda respecto a la codemandada CARSELL, S.A., condenando a los actores al pago de las costas de primera instancia correspondientes a esa codemandada. Sin hacer expresa imposición de las costas de este recurso ni las causadas en la segunda instancia. Devuélvase a los recurrentes el depósito constituido librando los despachos necesarios.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.