STS 892, 15 de Octubre de 1992
| Ponente | D. JAIME SANTOS BRIZ |
| Número de Recurso | 1709-90 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 892 |
| Fecha de Resolución | 15 de Octubre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a 15 de Octubre de 1.992. Visto por la Sala
Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen
indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de
apelación por la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid, como
consecuencia de autos de juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado
de 1ª instancia de Aranjuez, sobre indemnización por daños y perjuicios,
cuyo recurso fue interpuesto por don Brunoy don Manuel
representados por el Procurador Sr. Villanueva y Camuñas y asistidos por el
Letrado don Rafael Gil Martínez , en el que es recurrida "La Casera, S.A.",
representada por el Procurador Sr. López Arquero y asistida de la Letrada
doña Susana Martínez Virgilio.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de 1ª instancia de Aranjuez, fueron
vistos los autos de juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de don
Manuely don Bruno, contra "La Casera, S.A.", sobre
indemnización por daños y perjuicios.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las
prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los
hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se
condene a la demandada a pagar por daños y perjuicios, por valoración del
fondo comercial creado por los demandantes la cantidad de cuarenta millones
de pesetas (40.000.000 pesetas) más los intereses legales, desde la fecha
de la presentación de esta demanda y la preceptiva condena en costas.
Admitida a trámite la demanda el demandado la contestó alegando
como hechos y fundamentos de derecho, los que estimó oportunos y terminó
suplicando se dicte sentencia por la que se desestime la demanda,
absolviendo libremente a su representada, con imposición de costas a los
demandantes.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 4 de enero de 1988,
cuyo fallo es como sigue: "Que desestimando la demanda interpuesta por el
Procurador Sr. López Amblar en representación de don Manuely don Brunocontra "La Casera, S.A.", debo absolver y absuelvo a la
demandada de las peticiones deducidas en la demanda, con expresa imposición
a los demandantes de las costas causadas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación
que fue admitido y sustanciada la alzada la Sección 10ª de la Audiencia
Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 19 de febrero de 1990 cuyo
fallo es como sigue: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto
por don Manuely don Bruno, representados por la
Procuradora Sra. Villanueva Camuñas, contra la sentencia dictada por el Sr.
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Aranjuez, con fecha 4 de
enero de 1988, recaída en los autos a que el presente rollo se contrae,
debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución, con expresa
imposición a los apelantes de las costas de esta alzada".
La Procuradora doña Mª del Rosario Villanueva Camuñas,
en representación de don Brunoy don Manuel, formalizó
recurso de casación que funda en los siguientes motivos: Primero.- Al
amparo del nº 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por
error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en
autos que demuestran la equivocación del juzgador, no resultando
contradichos por otros documentos. Segundo.-Al amparo del número 5 del
artículo 1692 de la citada Ley Procesal civil, por infracción de la
jurisprudencia aplicable al caso controvertido.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción,
se señaló para la vista el día uno de octubre del actual, en que ha tenido
lugar.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON JAIME SANTOS BRIZ
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
El juicio de menor cuantía del que deriva el presente
recurso de casación se originó por demanda en la que los actores y actuales
recurrentes solicitaron la condena de la demandada al pago de cuarenta
millones de pesetas en concepto de indemnización de daños y perjuicios en
que valoran el fondo comercial que se dice creado por los demandantes, más
los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda,
daños que en opinión de aquéllos se causaron por la rescisión unilateral
del contrato de concesión comercial en exclusiva que pactado de forma
verbal vinculaba a las partes. La parte demandada y ahora recurrida basó su
oposición en que no hubo un contrato de concesión comercial en exclusiva
sino las relaciones de comercio existentes entre proveedor y cliente
mayorista y por ello el único contrato que había era el de las distintas
compraventas mercantiles. La demanda fue desestimada en ambas instancias
con base en los hechos probados que estimó la sentencia recurrida, que
fueron del tenor siguiente: a) Los demandantes comercializaban productos de
la demandada, entidad La Casera S.A., en la zona de Ciempozuelos (Madrid),
lo que hacían en exclusiva respecto de la demandada pero no respecto de los
recurrentes, en cuanto éstos distribuían productos de otras entidades
mercantiles. b) Dicho contrato, pactado verbalmente, quedó extinguido por
decisión unilateral de la demandada en noviembre de 1986, después de regir
durante mas de veinte años, al no aceptar los demandantes firmar un
contrato escrito de exclusiva que afectaría a ambas partes, cuya
celebración propuso la demandada, y en el mismo mes los actores devolvieron
voluntariamente todos los cascos y líquidos que tenían en su poder de la
marca "La Casera S.A.", a esta firma, recibiendo por ello la suma de
1.786.152 pesetas. c) No fue pactado preaviso para dar por concluido el
contrato, ni se pactó tampoco el plazo con que presuntamente debió ser
realizado, deduciéndose que había de realizarse en tiempo adecuado según
las circunstancias del suministro. d) Concluye lógicamente el Tribunal "a
quo" que la propuesta de contrato que en noviembre de 1986 hizo la
demandada y que fue rechazada, como ya se dice, por los demandantes,
implicó necesariamente determinadas negociaciones entre ambas partes, por
lo que no pueden los recurrentes alegar ignorancia respecto de la voluntad
rescisoria de la recurrida, máxime cuando una vez que la rescisión se les
hizo patente devolvieron a la demandada todos los envases y productos en su
poder, aceptando, sin más, la cantidad o importe de los mismos que les
satisfizo la recurrida. d) De todo el conjunto de pruebas apreciadas por la
Sala de apelación, ésta no dedujo una conducta abusiva de la demandada
contraria a la equidad o a la buena fe, ni estimó tampoco que tal conducta
determinase, objetivamente, la causación de daños y perjuicios, los que no
se estiman acreditados, ya que ni siquiera se pudo concretar las posibles
bases del cálculo o cuantificación de aquellos daños y perjuicios alegados
y no probados.
La resultancia fáctica que se deja expuesta se intenta
impugnar en el recurso a través del motivo primero, formulado al amparo del
número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil "por
error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en
autos que demuestran la equivocación del juzgador, no resultando
contradichos por otros documentos". El desarrollo de este motivo no tiende
a concretar el documento o documentos, o las partes de los mismos, de los
que derive el supuesto error del fallo recurrido, sino que se dedica a
exponer una apreciación de los documentos que ya tuvo en cuenta la Sala de
apelación y llegar a una conclusión contrapuesta a la que dicha Sala
obtuvo. Así, aprecia el acta notarial de 18 de noviembre de 1986 y deduce
de ella los graves perjuicios que se estiman causados a los recurrentes;
interpreta el hecho de la devolución de cascos y recibo de cantidad de
forma distinta que la sentencia recurrida, impugna la prueba de la
inexistencia de daños y perjuicios a base de los documentos "números 2 al
37" acompañados a la demanda, concluyendo que de ellos deriva la existencia
del llamado "fondo comercial", concepto que parece identificar con la
causación de daños y perjuicios. Todo ello revela que el motivo en cuestión
debe ser desestimado en cuanto, como ya se indicó, se apoya en las mismas
pruebas que ya examinó la Sala de instancia, pretende además que esta Sala
de casación realice una nueva apreciación del conjunto de la prueba,
mencionando en bloque 35 documentos sin poner de relieve cuál o cuáles de
ellos atestiguan el error del fallo recurrido, sino que se limita, como
conclusión, a afirmar que la sentencia de la Audiencia "ha incidido en
claros errores en la apreciación de la prueba", olvidando que este recurso
extraordinario no es una nueva instancia, como ha declarado muy
reiteradamente esta Sala en multitud de sentencias, cuya cita por conocidas
no es necesario detallar.
El motivo segundo y último se formula al amparo del
número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por
infracción de la jurisprudencia que cita, relativa al contrato llamado de
concesión en exclusiva, en cuanto referida al preaviso para dar por
terminado el contrato, a su rescisión, y la insistencia de los recurrentes
en apreciar nuevamente las pruebas practicadas, haciendo supuesto de las
conclusiones probatorias que parcialmente establece el recurso con amplio
examen de la prueba testifical, dando por probada la existencia del
denominado fondo comercial y la causación a favor de la recurrida de un
enriquecimiento injusto producido por su rescisión del contrato litigioso.
Concluye el motivo alegando el incumplimiento por la sentencia recurrida de
una debida motivación jurídica, que según los recurrentes les ha privado de
"toda posibilidad de defensa". Este motivo decae inexorablemente en virtud
de las siguientes consideraciones: a) El examen de la jurisprudencia
recaída en torno al contrato de venta con exclusiva demuestra en primer
lugar que nunca se le puede asignar un carácter de perpetuidad cuando, como
en este caso, se concierta sin fijación de plazo, lo que implica que cuando
como en el caso discutido no se infringió la equidad ni la buena fe por
parte de la demandada, tenga ésta derecho a rescindir el contrato sin que
ello signifique abuso de su derecho (doctrina deducida, entre otras, de las
sentencias de 28 de mayo de 1966 y 14 de febrero de 1973). b) La
indemnización de daños y perjuicios sólo procederá cuando se dé por
terminado el contrato sin motivo alguno, lo que no acaece cuando no se
pacta la fecha en que el contrato deje de producir sus efectos, máxime
teniendo en cuenta que en el supuesto discutido estuvo vigente durante un
largo lapso de tiempo (sentencias de 17 de diciembre de 1973, 6 de marzo de
1978, 21 de abril de 1979 y 30 de junio de 1987). c) No se acreditó que la
entidad recurrida procediera indebidamente a la resolución del contrato,
cuando es hecho probado que habían recibido los recurrentes una propuesta
de contrato escrito que no aceptaron y que implicaba la extinción del
contrato anterior, a menos que se dejara al arbitrio de aquéllos la
subsistencia del mismo contrato, lo que justifica la posición que adoptó la
recurrida. No puede, en consecuencia, deducirse de la sentencia de 22 de
marzo de 1988, como viene a sostener el recurso, que existiera una abusiva
resolución del contrato, ni existe prueba alguna convincente y manifestada
por la sentencia recurrida en el sentido de que la empresa demandada haya
disfrutado de la clientela que se dice aportada por los demandados;
supuesto no aceptado por la Sala "a quo" del que, en su caso, derivaría la
existencia de un enriquecimiento injusto por parte de la concedente de la
exclusiva. d) Por último, intentan los recurrentes subrogarse en el lugar
de la Sala de instancia en el punto litigioso relativo a la prueba de la
existencia y la cuantía de los supuestos daños integrantes del llamado
fondo comercial, prueba que como claramente se indica no se logró, tanto
respecto de la cuantía de los daños como de su existencia, extremos que
según reiterada jurisprudencia, que no se cita por ser muy conocida ,
competen al tribunal de instancia; sin que en modo alguno pueda la
existencia de daños deducirse de que por largo tiempo se celebrasen
periódicas ventas de productos en exclusiva de la demandada, una vez que
esta última procedió correctamente en la resolución del contrato verbal,
que sin plazo de duración, ni pacto alguno de preaviso venía rigiendo. Todo
ello apreciando esta Sala que los conceptos de buena o mala fe tienen
naturaleza jurídica y se apoyan en la valoración de las conductas deducidas
de unos hechos, los que si bien pueden ser impugnados por conducto del
número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil (impugnación
que fracasó en el presente recurso), su valoración jurídica puede llevarse
a efecto por la Sala de casación, valoración que puso de relieve aquella
correcta conducta contractual seguida por la demandada. Es también
inadmisible que por los recurrentes se alegue que quedaron privados de
"toda posibilidad de defensa", cuando es lo cierto que fueron ellos los que
iniciaron la litis con la máxima amplitud legal de alegaciones y pruebas, y
si les fueron rechazados sus pedimentos fue debido a que no probaron los
hechos aducidos como base de sus pretensiones, cuya apreciación compete
constitucionalmente a los Tribunales (artículos 117, 3, de la Constitución)
y no al propio litigante. En definitiva, la desestimación de este segundo
motivo conduce a la de la totalidad del recurso.
La desestimación del recurso lleva consigo por imperativo
legal la imposición de costas a la parte recurrente, y la pérdida del
depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal
(artículo 1715, párrafo último , de la Ley de Enjuiciamiento civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE
CASACIÓN interpuesto por don Brunoy don Manuel, contra la
sentencia de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa, que
dictó la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, condenando a
dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso y a la pérdida
del depósito constituido al que se dará el destino legal; y líbrese a la
mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de
los autos y rollo de apelación remitidos.
ASÍ POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO TEOFILO ORTEGA TORRES
JAIME SANTOS BRIZ
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR.
DON JAIME SANTOS BRIZ, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes
autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal
Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
