STS, 23 de Marzo de 2004
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2004:1964 |
| Número de Recurso | 57/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - Cuestion de competencia |
| Fecha de Resolución | 23 de Marzo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Marzo de dos mil cuatro.
VISTO por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión de competencia negativa suscitada entre la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª) de la Audiencia Nacional (Procedimiento ordinario 866/2002) y la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª), con sede en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (R. 1103/2002) para conocer del recurso contencioso-administrativo planteado por D. Jesus Miguel, contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada con fecha 10 de mayo de 2001 contra el Instituto Nacional de la Salud.
Trabada cuestión de competencia entre los órganos jurisdiccionales referidos para conocer del recurso asimismo expresado, se remitieron las actuaciones ante esta Sala, y una vez recibidas, se pasaron al dictamen del Ministerio Fiscal, que lo ha emitido en el sentido de entender que la competencia discutida debe ser atribuida a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Ha formulado también alegaciones el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla León mostrando su conformidad con el informe del Ministerio Fiscal.
Por providencia de 19 de enero de 2004, se señaló para votación y fallo el pasado 11 de marzo, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sala
La presente cuestión negativa de competencia se plantea entre la Sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala de igual orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -sede en Valladolid- para conocer del recurso contencioso-administrativo formulado por la representación procesal de D. Jesus Miguel contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 10 de mayo de 2001 contra el Instituto Nacional de la Salud -INSALUD-.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia antes citada, ante la que se planteó, en 14 de mayo de 2002, el referido recurso en cuestión, ha declarado su incompetencia para conocer del mismo, por entender, en esencia, que, correspondiendo al Ministro de Sanidad la competencia para resolver la petición de responsabilidad patrimonial deducida y tratándose de acto presunto que desplegó su eficacia antes de la fecha de efectividad del traspaso a la Comunidad de Castilla León de las funciones y servicios del INSALUD por R.D. 1480/2001, de 27 de diciembre, la competencia corresponde a la Sala de la Audiencia Nacional ex arts. 66 de la L.O. 6/1985 y 11 de la Ley 29/1998.
Por su parte, la Sección 4ª de la Sala del mismo orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional, a la que se remiten las actuaciones, ha entendido, también en esencia, que el expediente administrativo en cuestión, "que se hallaba en tramitación sin haber recaído resolución el día 1 de enero de 2002 pasó en el ámbito administrativo y en esta fecha a ser competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León...", en aplicación del artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre del Proceso Autonómico, sin que considere obstáculo a ello, el hecho de que con anterioridad a 31 de diciembre de 2001 hubiese transcurrido el plazo para que el interesado hubiera podido interponer el correspondiente recurso contencioso - administrativo.
Cuestión sustancialmente coincidente con la que ahora resolvemos ha sido examinada por las sentencias de 19 de febrero de 2004 (C.C. Nº 174/2002) y 23 de febrero de 2004 (C.C. nº 18/2003). En ellas hemos dicho que conviene, ante todo, recordar el contenido del artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, reguladora del proceso autonómico, que distingue, en orden a la transferencia de servicios, los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o competencias pendientes de resolución definitiva antes de la efectividad de la transferencia, de aquellos otros expedientes en los que no obstante haber recaído resolución definitiva se encuentran pendientes de recursos administrativos, atribuyendo los mismos, en el primero caso, a la Comunidad Autónoma para su decisión, y en el segundo, a la Administración del Estado para la resolución del recurso, y asignando, finalmente, las consecuencias económicas a una u otra Administración en función "de quien hubiere adoptado la resolución definitiva" -el subrayado es nuestro-. A este criterio responde, como no podía ser de otra forma, el Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, con efectos de 1 de enero de 2002, aplicable al presente caso.
La cuestión, pues, se traslada a la determinación de la subrogación en los derechos y deberes de la Administración estatal por parte de la Comunidad Autónoma en los supuestos, como el presente, en que con anterioridad a la fecha del traspaso de competencias se ha podido producir el juego del silencio administrativo negativo. Obligado será recordar, de una parte, que tal desestimación produce "los solos efectos" -en expresión textual del artículo 43.3 de la L.R.J.A.P. y P.A.C.- de permitir a los interesados la interposición del recurso que resulte procedente, y de otra, que tal situación no libera a la Administración de dictar resolución expresa -artículo 42.1 de la misma Ley-. Hasta tal punto es ello así, que se establece un régimen distinto según se trate de un supuesto de estimación por silencio, cuya resolución expresa necesariamente deberá ser confirmatoria del acto de que se trata, o de un supuesto de desestimación por silencio, cuya resolución expresa no queda vinculada al sentido del silencio -artículo 43.4-. Y es ésta resolución expresa la que se corresponde con la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 20 de la Ley 12/83, de 14 de octubre.
De los preceptos examinados se deduce que, una cosa es que la ficción del silencio permita al administrado la interposición del recurso correspondiente, mitigándose así los perniciosos efectos que, en otro caso, se podrían derivar de la inactividad de la Administración en decidir, y otra distinta la persistencia de la obligación de esta última de resolver. El administrado podrá, pues, optar entre entender desestimada su petición, a los "solos efectos" de la interposición del pertinente recurso, o esperar la resolución expresa, -o "definitiva", en expresión del artículo 20 de la Ley 12/83- pero tal elección no puede condicionar las obligaciones derivadas de una subrogación de competencia, impuesta, primero por la Ley y, después, por el Decreto de transferencia -en este caso, el ya citado 1480/2001, de 27 de diciembre-.
La presente cuestión de competencia debe, pues, resolverse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, toda vez que en la fecha de transferencia del servicio correspondiente no se había producido aún la resolución definitiva del expediente. Cierto es que esta solución contradice lo establecido por esta Sala y Sección en sentencia de 30 de junio de 2003 -cuestión de competencia nº 110/2002- pero las consideraciones anteriores nos imponen un cambio de criterio, con la ventaja añadida de proporcionar un principio claro de proceder, según el cual ha de entenderse que la actuación administrativa en los supuestos de falta de resolución expresa, una vez producido el traspaso a la Comunidad Autónoma de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud -INSALUD-, ha de atribuirse a esta Administración, por lo que, a su vez, la competencia para conocer de los procesos que se susciten en dichos supuestos debe atribuirse a la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
En materia de costas no procede hacer pronunciamiento condenatorio al no apreciarse la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
Que debemos declarar y declaramos que la competencia para conocer del recurso contencioso- administrativo referido en el primer fundamento de esta resolución corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -con sede en Valladolid- al que deberán remitirse las actuaciones, y no se hace imposición de costas en este incidente.
Póngase esta resolución en conocimiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.-
-
STSJ Castilla y León 3250/2009, 14 de Diciembre de 2009
...de 1998, recurso 202/95 en relación con la competencia de los claustros de profesores. Y cita también en apoyo de sus posturas las STS de 23 de marzo de 2004, 14 de abril de 1998 (recurso 225/95 ) y de 26 de enero de 1998, (recurso Que el debate acerca de la competencia del Consejo Escolar ......
-
STSJ Galicia 511/2018, 28 de Noviembre de 2018
...de enmendar un vicio que pueda presentar un acto a realizar por el interesado con ocasión de un determinado trámite ( sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2004), y la formalización de los contratos en el plazo de un mes no es un trámite del procedimiento de subvención ni está re......
-
STSJ Comunidad Valenciana 978/2013, 19 de Diciembre de 2013
...26/septiembre y 3/octubre/2007, 22/enero, 5/febrero, 20/marzo, 3/abril, 5/mayo, 3/octubre y 20/noviembre/2000, 3/diciembre/2001 o 23/marzo/2004 ). TERCERO Desde las anteriores consideraciones, el resultado de la presente alzada no puede ser favorable a las tesis del recurrente, pues su acep......