STS 896/2004, 6 de Julio de 2004

El inicial motivo de este recurrente se ampara en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24.2 de la Constitución que proclama el principio de presunción de inocencia. Esta pretensión se refiere a los dos delitos de detención ilegal por los que fué condenado.

Como hasta la saciedad ha venido diciendo la jurisprudencia de esta Sala y la del Tribunal Constitucional, para que pueda aceptarse este principio presuntivo es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bién por falta de pruebas, bién por haber sido obtenidas éstas de manera ilícita, bién cuando la interpretación de esas pruebas se hubiera hecho por quien corresponde de manera irracional o ilógica, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo y directas o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria.

En el caso que nos ocupa tenemos como pruebas inculpatorias directas las declaraciones de los afectados por la detención indebida y, en concreto, los llevados a cabo por Verónica y Beatriz en el sumario y en el acto del juicio oral con las debidas garantías de publicidad, contradicción e inmediación, en donde manifestaron todo lo relativo a este punto del modo y manera que consta en los hechos probados, y no detectándose en ellos ninguna clase de dudas ni contradicciones. En el mismo sentido se expresó Mónica que aunque sólo declaró en fase de instrucción, sus declaraciones fueron leídas en el plenario también con todas las garantías y ante la imposibilidad de trasladarse desde su país a España al haberle denegado el gobierno ucraniano su salida de este país. Estas manifestaciones testificales fueron corroboradas y ratificadas por un testigo protegido designado con la letra "A".

Frente a ello, el recurrente, aunque en principio niega la existencia de pruebas de cargo, después viene a reconocerlas en cuanto entra directamente a valorarlas de manera distinta a como lo hizo la Sala sentenciadora con olvido de que esta valoración corresponde de manera exclusiva y excluyente a ese Tribunal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que tiene su razón de ser en un principio tan importante como es el de inmediación.

Con independencia de ello, también se alega que la declaración de la testigo que no pudo comparecer al acto del juicio oral carece de validez en cuanto que las que prestó en el sumario se hizo sin asistencia ni presencia del Letrado de la defensa. Esto, sin embargo, carece de toda virtualidad exculpatoria si tenemos en cuenta que el ahora recurrente no había sido aún detenido ni figuraba en la causa como imputado. Si asistieron el Ministerio Fiscal y el letrado Sr. Braulio, defensor de quienes en esos momentos se encontraban imputados.

Finalmente es de resaltar que en la valoración de la prueba hecha por la Sala se guardaron las normas de la lógica y las reglas de la experiencia.

Se desestima el motivo.

El correlativo tiene su sede procesal en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del artículo 163, 1 y 2 del Código Penal que tipifica el delito de detención ilegal.

Dos son las alegaciones que se hacen en defensa de esta pretensión: de un lado se dice que las detenciones han de considerarse necesarias para la comisión del delito de coacciones para la prostitución por el que también fué condenado y, por ende, quedan subsumidas en éste; de otro, que sólo fué condenado por las detenciones de dos de las afectadas, siendo así que fueron cuatro las víctimas.

En cuanto a lo primero, según razona acertadamente el Tribunal sentenciador siguiendo la doctrina jurisprudencial, hemos de decir que la condena por separado de esos dos delitos no conculca de modo alguno el principio "ne bis in idem" cuando se alcanza una situación de encierro o privación física de libertad que desborda los elementos fácticos del artículo 188, es decir, cuando se va más allá de la simple "restricción" deambulatoria que conlleva las coacciones psíquicas ejercidas para el mantenimiento de la persona en el ejercicio de la prostitución. O lo que es lo mismo, mediante las coacciones "se doblega simplemente la voluntad de la víctima para obligarla mediante una vía compulsiva a la realización de ciertos actos contra su libre albedrío, sin que ello suponga una privación total de movimientos, mientras que mediante la comisión de un delito de detención ilegal no se doblega, sino que se impone o se obliga imperativamente, sin posibilidad de defensa y privación de toda posibilidad deambulatoria..... ". (Sentencias de 17 de septiembre de 2001 y 30 de enero de 2003). Esto último es lo que sucede en el caso que nos ocupa en el que prácticamente son encerradas en el Club de alterne sin posibilidad alguna de salir de él, bajo un control férreo y creando en las víctimas una situación de verdadero terror. Y esta situación se alarga varios meses hasta que logran escaparse en contra, naturalmente, de la voluntad de los que las tenían retenidas, entre ellos el ahora recurrente.

En cuanto a la segunda alegación del por qué sólo se le condenó por dos delitos de detención en vez de por cuatro, es cuestión que lejos de perjudicar al impugnante, le favorece. Además, hay que tener en cuenta que de los hechos probados se deduce la existencia de esos cuatro delitos, sin embargo la Sala de instancia sólo pudo condenar por dos al verse limitada por el principio acusatorio.

Se rechaza el motivo.

Se interpone a través de la vía del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24.2 de la Constitución en cuanto proclama el principio de presunción de inocencia, esta vez referido a los delitos de prostitución.

Se reproduce en el motivo la pretensión contenida en el primero de los alegados, tratándose de demostrar la inexistencia de prueba válida que conduzca a determinar la autoría de los hechos juzgados. La verdad es que en su desarrollo lo único que se hace es valorar la prueba obtenida en autos y sobre todo en el juicio oral de manera distinta a la valoración que de ella hizo el Tribunal "a quo", dialéctica impermisible cuando se utiliza como medio defensivo este principio constitucional.

En todo caso, son aplicables al presente motivo todos y cada uno de los razonamientos empleados para rechazar el primero, a los que nos remitimos.

Se desestima el motivo.

También al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, por considerar que la sentencia recurrida carece de motivación suficiente.

Basta una simple lectura de la sentencia impugnada para comprender que la motivación que en ella se hace, tanto en lo referente a los hechos como a los fundamentos de derecho y a la calificación jurídica, no sólo ha de entenderse suficiente, sino muy bién razonada.

Por otra parte, se refiere el recurrente a que la Sala de instancia ha incluido en el tipo penal únicamente dos detenciones ilegales cuando fueron cuatro las personas afectadas. Obvio es decir que esto en nada afecta al recurrente, más bién le favorece, y ello con independencia que si bién de los hechos probados se infiere con claridad la existencia de esos cuatro delitos, hay que tener en cuenta que el Tribunal sentenciador se vió limitado, para así decidirlo, por el principio acusatorio, ya que el Ministerio Fiscal, de manera no muy comprensible, sólo acusó por dos delitos de detención ilegal.

La verdad es que de todo el contexto del escrito de formalización en este punto, se infiere que el motivo carece de la mínima fundamentación necesaria, lo que debió determinar en su día la inadmisión "a límine", con arreglo a lo establecido en el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se desestima el motivo.

Con sede en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se alega la indebida aplicación del artículo 188.1º del Código Penal.

En la argumentación empleada en defensa de este motivo, se contradicen de manera evidente los hechos que en la sentencia se declaran probados, dialéctica a todos impermisible cuando se emplea la vía casacional de la infracción de ley.

Por tanto, el motivo pudo y debió ser inadmitido "a límine" en fase de instrucción del recurso, según lo dispuesto, tanto en el referido artículo 849.1º, como en el 884.3º, ambos de la Ley Procesal.

Se rechaza el motivo.

En el último de los alegados, también al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 28 del Código Penal y la inaplicación del artículo 29 del mismo texto legal. Es decir, que la calificación jurídica hecha por la Sala de instancia comete el error "iuris" de considerar al acusado, ahora recurrente, como autor de las acciones cometidas y no como cómplice de las mismas.

De nuevo, en el desarrollo del motivo, se vuelven a conculcar los hechos que en la sentencia se declaran como probados de los que se concreta que el recurrente, entre otras actividades, recogió u ordenó recoger a las víctimas y las trasladó al Club "El Quijote", las obligó, bién directamente o a través de terceros a sus órdenes, a ejercer la prostitución, quedándose con el precio de los servicios que aquellas realizaban, todo ello bajo amenazas muy contundentes e inmediatas, así como que las retuvo en contra de su voluntad durante largos períodos de tiempo, privándolas de toda libertad deambulatoria.

De cualquier modo, tuvo en todo momento y de forma directa y no tangencial el dominio de la situación.

Se desestima el motivo.

RECURSO DE Eduardo

Este motivo inicial se interpone por quebrantamiento de forma del artículo 850.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no haberse practicado pruebas que propuestas en tiempo y forma han de entenderse pertinentes.

El recurrente se refiere a la declaración de Juana en cuanto a una serie de actuaciones a las que añade extremos que, aún siendo quizás necesarias para la censura que pretende, no se solicitaron en el momento procesal oportuno.

Lo que sucedió respecto a la práctica de la prueba fué lo siguiente: a) Respecto a los testigos Juana y Beatriz la Sala decidió practicar una prueba anticipada al tenerse que suspender el juicio oral en su primer señalamiento, prueba anticipada que tuvo su lógica al tratarse de testigos de nacionalidad extranjera y la posibilidad de que no comparecieren el día del nuevo señalamiento. Esta prueba anticipada se refirió también al testigo protegido "A". b) En el nuevo señalamiento hecho para los días 4 y 5 de febrero de 2003, la defensa volvió a solicitar la testifical de los referidos testigos, siendo denegada la prueba por haberse ya realizado anticipadamente. Este nuevo señalamiento hubo de suspenderse precisamente ante la incomparecencia del ahora recurrente y de otros dos acusados. c) Finalmente, el juicio oral se celebró a partir del 4 de abril y en la sesión del día 7 declararon los testigos Verónica y Braulio, habiendo formulado las preguntas que creyó oportunas la defensa del recurrente sin que solicitase careo alguno en tal momento.

No ha existido, por tanto, denegación de prueba alguna, al intervenir la defensa en las declaraciones de la referida Juana hechas como prueba anticipada. En cuanto a la diligencia de careo, aparte de que no se solicitó, es necesario tener en cuenta que se trata de un medio extraordinario de investigación, que es discrecional y que depende su celebración exclusivamente de la voluntad del Juez, según se infiere de los artículos 451 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se desestima el motivo.

El correlativo tiene su sede en el artículo 849.2º por error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que evidencian la equivocación del juzgador.

Este motivo se plantea con sede procesal en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error de hecho en la apreciación de la prueba y referido a los delitos por los que fué condenado el recurrente.

Como ha venido reiterando la jurisprudencia a través de diversas sentencias (citamos como importante la de 28 de noviembre de 2.003), el requisito esencial que debe presidir este cauce casacional es el de que el documento o documentos en que trata de sustentarse el error "facti" consista en que tales documentos que le sirven de sostén evidencien por si solos el error de algún dato o elemento fáctico de la sentencia impugnada y ello "por su propio y literosuficiente valor demostrativo directo", es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir "a conjeturas o complejas argumentaciones" o, lo que es lo mismo, que en los hechos probados de la sentencia recurrida aparezcan como tal elementos fácticos en contradicción con aquello que el documento es capaz de acreditar por su propia condición y contenido.

Otro de los elementos imprescindibles para que esa prueba documental pueda tener efectividad respecto a cualquier pretendido error, es el de que el contenido del documento no esté contradicho por otras pruebas practicadas en los autos. Tampoco cabe darle valor cuando el documento señalado ya hubiera sido tenido en cuenta por el Tribunal sentenciador al describir los hechos acaecidos, pués de lo contrario nos hallaríamos ante una nueva y diferente valoración de la prueba documental de la hecha por la Sala de instancia, valoración que corresponde en todo caso a ésta, según lo establecido en el artículo 741 de la Ley Procesal, precepto que tiene su razón de ser en un principio tan importante como es el de inmediación.

En el supuesto que nos ocupa, prescindiendo de la declaración de los testigos por carecer de naturaleza documental al tratarse de una prueba puramente personal, el recurrente concreta como base del pretendido error de hecho los siguientes documentos: un informe laboral emitido por el Ministerio de Trabajo en el que se hace constar que dejó su puesto de trabajo en la empresa Hostelería "El Montgó S.L." el 30 de abril de 1.999 y se reintegró al mismo el 10 de septiembre del mismo año; un testimonio del pasaporte del recurrente expedido por un Notario de la República Dominicana; y una factura de la compra del billete supuestamente utilizado por él para viajar de vuelta a España adquirido en aquel país.

Ninguno de tales documentos pueden servir de sostén al pretendido error, dado que:

-- Con respecto al primero de ellos, carece de literosuficiencia, ya que una cosa es que oficialmente se constate un alta o una baja en la actividad laboral y otra distinta que el recurrente se encontrara presente en el local para ejercer las labores de control sobre las víctimas que se citan en los hechos probados. Aparte de ello, el documento de que se trata viene a demostrar que quitando ese breve interregno, el acusado estuvo siempre trabajando en el Club.

-- El segundo documento es un testimonio expedido por, al parecer, un Notario de la República Dominicana que se dice corresponde al propio pasaporte del recurrente, testimonio aportado por fotocopia sin adverar. Tal documento carece, por tanto, de valor probatorio, según ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, debiéndose tener en cuenta, además que al tratarse de su propio pasaporte nada le hubiera impedido presentar el original.

-- Respecto a la factura que se aporta expedida en la República Dominicana el 6-9-1999, nada significa por si misma, pués no sirve para acreditar la presencia del recurrente en ese lugar y en ese momento.

Se rechaza el motivo.

Tiene su base procesal en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación del artículo 188.1º del Código Penal.

Sostiene el recurrente que los hechos probados no contienen los elementos indispensables para poderse aplicar ese tipo delictivo porque no se describen actos de intimidación realizados por el mismo, destacando que no es delito proteger o cooperar con la prostitución de personas mayores de 18 años aunque exista aprovechamiento económico.

Ello es absolutamente incierto, porque en esa narración fáctica se dice, entre otras cosas, que el acusado Eduardo, encargado de la Sala de fiestas y de las relaciones públicas, manifestó (a Juana) que había contraído una deuda por un millón de pesetas por gastos de viaje que tendría que devolver en tres meses mediante el ejercicio de la prostitución. Le quitó el dinero y los billetes, reteniéndole el pasaporte, "amenazándola con que de no acceder a ello causaría un daño físico a ella y a su familia en Colombia, lo que determinó que ejerciera la prostitución". Respecto a las otras víctimas fueron objeto de vejaciones, amenazas e incluso, en algún supuesto agresiones físicas, todo con el conocimiento y asentimiento del que ahora reclama, que, sin duda, dada su situación importante en el Club donde se desarrollaron los actos, tenía el dominio de los actos.

La verdad es que, teniendo en cuenta la vía casacional empleada en defensa del motivo, éste debió ser inadmitido "a límine" por aplicación del artículo 884.3º de la Ley Procesal.

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se considera conculcado el artículo 24.2 de la Constitución en cuanto proclama el principio de presunción de inocencia.

La verdad es que el recurrente, más que negar la existencia de pruebas inculpatorias de cargo, lo que hace a través del desarrollo del motivo es valorar esas pruebas poniendo en duda la credibilidad de las declaraciones de las víctimas que, según su criterio, no debieron ser tenidas en cuenta por el Tribunal sentenciador habida cuenta de su falta de fiabilidad.

Olvida el recurrente que esa prueba de cargo no está basada sólo en las declaraciones de las víctimas, sino también en la de otros testigos, pero es que, además, de todos es sabido que esa valoración corresponde de modo exclusivo a la Sala de instancia según ya se ha dicho y establece el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento. Por tanto, la credibilidad y fiabilidad de los testigos sometidos a interrogatorio depende del propio criterio de ese Tribunal al poseer la percepción directa e inmediación de los declarantes a través de las sesiones del juicio oral. Hay que añadir también que esa valoración judicial ha sido efectuada dentro de la lógica y las normas de la experiencia, de tal manera que no se le puede poner ninguna tacha ni actuación espúria.

Se desestima el motivo.

También al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24.1º de la Constitución.

Coincide este motivo con el primer del recurrente en la parte esencial de los razonamientos, por los que a él nos remitimos sin necesidad de más amplias argumentaciones.

Se rechaza el motivo.

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se denuncia la indebida aplicación del artículo 50 del Código Penal.

Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada no contiene motivación alguna respecto a la individualización de la pena de multa impuesta, concretamente respecto a la cuantía de la cuota diaria que se señala.

Es cierto que el artículo 50 del Código en su apartado 5ª ordena que el importe de esas cuotas se fijarán teniendo en cuenta la situación económica del reo. En el presente caso, consideramos suficiente la motivación contenida en este punto al indicarse en el apartado correspondiente a su individualización que se trata (el acusado) de persona que dispone de ingresos regulares, afirmación que se sustenta en los propios hechos que se declaran probados y en los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho segundo donde se precisa que el recurrente es el encargado de la sala de fiestas del Club en donde se desarrollaron las diversas actividades ilícitas.

El motivo también debe decaer.

Con carácter subsidiario, y a través del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pretende la nulidad de actuaciones.

Esta pretensión la basa el recurrente en la falta de inclusión de las declaraciones de una de las víctimas, María Rosario, en el atestado de la Guardia Civil, levantado por el Sargento de Sueca, ya que (según su tesis) esa omisión vino determinada porque sus declaraciones no incriminaban a los dueños y empleados del Club.

Sin embargo, las consecuencias anulatorias que de ello quiere extraer el recurrente carecen de virtualidad alguna ya que él mismo reconoce que esa testigo declaró en el juicio oral con todas las garantías de publicidad, contradicción e inmediación, declaración testifical que, además, se hizo a petición de su defensa, con lo que mal puede ahora alegar que se le causó indefensión.

Se rechaza el motivo.

RECURSO DE Gabriel

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia quebrantamiento de forma consistente en no haberse practicado pruebas que propuestas en tiempo y forma se consideran pertinentes.

El presente motivo es copia literal del motivo primero del recurrente anterior por lo que se reitera lo expresado en torno a aquel, sin necesidad de más amplios razonamientos

Se desestima el motivo.

Al amparo de lo dispuesto en el número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que evidencian el error del juzgador, señalándose en concreto el reconocimiento fotográfico efectuado por la testigo Juana.

El recurrente señala la diligencia de reconocimiento en rueda pero no para significar que en la misma se fundamentó el error del Tribunal sino para afirmar que en dicho reconocimiento no se incluía la fotografía del recurrente para ser reconocido, de forma que el documento citado en modo alguno evidencia el pretendido error del Tribunal que el recurrente argumenta al margen del concreto documento señalado, con olvido de que la vía del error facti requiere la concreta designación de documentos y particulares que evidencien el error de que se atribuye al Tribunal, error que ha de derivarse del propio documento no de una argumentación que sólo de manera indirecta se refiere al mismo como aquí hace.

Se rechaza el motivo.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 188.1 del Código Penal.

El motivo es reproducción literal del motivo tercero del recurrente anterior, por lo que lo expuesto en torno a aquel es causa suficiente para su desestimación.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la presunción de inocencia sancionado en el artículo 24.2º de la Constitución Española.

El motivo es reproducción literal del motivo cuarto del recurrente anterior, con excepción de las referencias que en aquel se contienen a la declaración de Verónica, por lo que lo expuesto en torno a aquel nos lleva a la desestimación de éste.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva sancionado en el artículo 24.1º de la Constitución Española.

El presente motivo es copia literal del motivo quinto del recurrente anterior por lo que se reiteran los razonamientos que en él se contienen y se rechaza el presente.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 50.4 y 5 del Código Penal.

El motivo es reproducción literal del motivo sexto del recurrente anterior, por lo que lo expuesto en torno a aquel motivo se reitera en el presente, al concurrir idéntica circunstancia en cuanto a aquel recurrente al referirse el hecho probado a la actividad laboral del recurrente en la recepción del establecimiento y a sus ingresos regulares.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 número 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pretende la nulidad de actuaciones con carácter subsidiario.

El presente motivo es copia literal del motivo séptimo del recurrente anterior por lo que se reitera la expresado respecto a aquel para llegar también a una conclusión desestimatoria.

RECURSO DE Íñigo

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia quebrantamiento de forma consistente en no haberse practicado pruebas que propuestas en tiempo y forma se consideran pertinentes.

El presente motivo es copia literal del motivo primero de los dos recurrentes anteriores por lo que se reitera lo expresado en torno a aquellos para desestimarle.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 188.1 del Código Penal.

El motivo es reproducción literal del motivo tercero de los dos recurrentes anteriores, por lo que lo expuesto en torno a aquellos motivos conduce igualmente a su desestimación.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la presunción de inocencia sancionado en el artículo 24.2º de la Constitución Española.

El motivo es reproducción literal del motivo cuarto de los dos recurrentes anteriores, por lo que lo expuesto en torno a aquellos motivos sirve ahora para su desestimación.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva sancionado en el artículo 24.1º de la Constitución Española.

El presente motivo es copia literal del motivo quinto de los recurrentes anteriores por lo que sin necesidad de otros razonamientos ha de rechazarse también éste.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 50.4 y 5 del Código Penal.

El motivo es reproducción literal del motivo sexto de los dos recurrentes anteriores, al concurrir idéntica circunstancia que en cuanto a aquellos recurrentes al referirse el hecho probado a la actividad laboral del acusado en la recepción del establecimiento y a sus ingresos regulares.

Se rechaza igualmente.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pretende la nulidad de actuaciones con carácter subsidiario.

El presente motivo es copia literal del motivo séptimo del recurrente anterior por lo que los razonamientos que en él se contienen son válidos para desestimar el presente.

RECURSO DE Luis

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 188.1 del Código Penal.

El motivo reproduce sustancialmente las alegaciones contenidas en el motivo tercero del recurrente Eduardo, por lo que lo expuesto respecto a aquel ha de servirnos ahora para desestimarlo.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la presunción de inocencia sancionado en el artículo 24.2º de la Constitución Española.

En el desarrollo del motivo se plantean por el recurrente tres aspectos distintos, el referente a los reconocimientos fotográficos efectuados por los testigos, el análisis de las declaraciones testificales y la prueba anticipada practicada a instancias del Ministerio Fiscal.

Con respecto a las dos últimas cuestiones, las referentes al análisis de lo manifestado por los testigos y a la prueba anticipada practicada, se reitera lo expresado en torno al motivo cuarto del recurso de casación interpuesto por el recurrente Eduardo en lo que le resulta aplicable al presente.

Por lo que respecta a los reconocimientos fotográficos practicados por las testigos, resulta evidente la certeza de la realización de los mismos y su resultado así como que tanto Juana como Verónica y la testigo protegido A ratificaron los reconocimientos posteriormente a presencia del Tribunal de forma que, salvo la referencia que se contiene en la sentencia acerca del reconocimiento efectuado por Edurne que no es posteriormente ratificado a presencia del Tribunal, los reconocimientos a los que se ha hecho referencia se han producido expresamente a presencia del Tribunal que los ha podido valorar, por tanto, como prueba válida.

Ha de añadirse, en cuanto a la censura que se formula de las declaraciones prestadas por los testigos Beatriz, Juana y Protegido A), que la solicitud del Ministerio Fiscal se produce cuando el juicio oral señalado para el día 29/10/02 ha de suspenderse precisamente por la incomparecencia de otras tres testigos (Mónica, EdurneVerónica) de forma que ante tal circunstancia y la eventualidad de que las testigos comparecidas en aquel momento pudieran no comparecer al próximo señalamiento con el riesgo evidente de dificultar aun más la celebración del juicio oral que acababa de suspenderse, resulta determinante de la corrección de la solicitud y de la decisión de la Sala de Instancia en cuanto a su práctica en la que la asistencia de los defensores de los acusados impide hablar de cualquier género de indefensión material de los mismos, ello sin perjuicio de la concreta intervención que, como estrategia de defensa, adoptara cada letrado defensor en aquel momento, de forma que lo correcto de la prueba así practicada no es cuestionable.

Por último, también ha de hacerse notar que la alegada infracción del plazo a que se refiere el artículo 793.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en absoluto puede ser aplicable al supuesto presente ya que basta la lectura del acta levantada con fecha 29/10/02 para comprobar que la sesión se inicia con la pretensión de suspensión del juicio oral por incomparecencia de los testigos, que tras las vicisitudes que constan en el acta así lo acuerda el Tribunal, de forma que una vez finalizada la sesión citada el Tribunal lleva a cabo la práctica de una diligencia de prueba anticipada fuera de las sesiones del juicio oral, razón por la que no es aplicable el precepto que ahora señala el recurrente como infringido y determinante de la nulidad de la referida prueba.

Se rechaza el motivo.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la infracción del artículo 794.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como se ha indicado en el motivo anterior, en la sesión del juicio oral iniciada en fecha 29 de octubre de 2002 no se practicó ninguna prueba pués las declaraciones de las testigos a las que se refiere el recurrente se produjeron una vez finalizada la referida sesión y como prueba anticipada al margen del juicio oral ya suspendido. Posteriormente se intentó celebrar el juicio oral con fecha 4 de febrero de 2003 sin que pudiera tampoco en esta ocasión iniciarse porque no comparecieron tres de los acusados suspendiéndose por tal razón.

Finalmente el juicio se inicia el 4 de abril de 2003 y se desarrolla en dos sesiones, una el mismo día y la segunda el día 7 de abril de 2003, de forma que es patente que no ha transcurrido entre las sesiones del juicio oral ya iniciado el periodo de tiempo que prescribe el precepto que el recurrente considera infringido.

Se desestima el motivo.

Al amparo de lo dispuesto en el número 4º del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva sancionado en el artículo 24.1º de la Constitución Española.

Se censura la lectura de la declaración de la testigo Mónica en el acto del juicio oral extremo que se ha analizado expresamente en el motivo primero del recurso interpuesto por Blas por lo que se reitera lo que en torno a dicho motivo se expresó con relación a la declaración de la referida testigo, añadiéndose a todo ello que, además, en el momento de prestarse aquella declaración, el hoy recurrente (folio 272 o 299) había sido citado como testigo y había declarado exigiéndosele previo juramento al amparo del artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, en el momento en que se recibe aquella declaración, ésta se presta observándose las exigencias de contradicción requeridas, habiendo comparecido en la misma la defensa de quienes figuraban como imputados en la causa, de forma que la imposibilidad posterior de su comparecencia en el acto del juicio oral justifica la solicitud de lectura de la misma y su valoración por el Tribunal de Instancia.

El motivo tampoco puede prosperar.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 50.4 y 5 del Código Penal.

El motivo es reproducción literal del motivo sexto del recurrente Eduardo, por lo que nos remitimos a los razonamientos en él expuestos para desestimar el presente.

RECURSO DE Rafael

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 188.1 del Código Penal.

El motivo es reproducción literal del motivo primero del recurrente anterior, por lo que lo expuesto en torno a aquel motivo es también válido para rechazar el ahora alegado.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la presunción de inocencia sancionado en el artículo 24.2º de la Constitución Española.

El presente motivo es copia literal del motivo segundo del recurso interpuesto por el recurrente anterior por lo que se reitera lo expresado en torno al mismo.

Se desestima el motivo.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la infracción del artículo 794.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El motivo también es reproducción literal del motivo tercero del recurso interpuesto por el recurrente anterior, por lo que los razonamientos que en él se contienen son válidos para no dar lugar al presente.

Al amparo de lo dispuesto en el número 4º del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva sancionado en el artículo 24.1º de la Constitución Española.

El motivo es reproducción literal del motivo cuarto del recurso interpuesto por el recurrente anterior, por lo que lo expuesto en torno al mismo interesando su desestimación se reitera en el presente.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 50.4 y 5 del Código Penal.

El motivo es reproducción literal del motivo cuarto del recurso interpuesto por el recurrente anterior, por lo que lo expuesto en torno al mismo se reproduce aquí para desestimarle.

RECURSO DE HOSTELERIA MONTGO, S.A.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 188.1 del Código Penal.

El motivo es reproducción literal del motivo primero del recurrente anterior, por lo que lo expuesto en torno a aquel motivo nos lleva al rechazo del presente sin necesidad de hacer distintos o más amplios razonamientos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la presunción de inocencia sancionado en el artículo 24.2º de la Constitución Española.

Desarrolla el recurrente el presente motivo rechazando la existencia de prueba de cargo válida y suficiente así como por la indebida valoración de la prueba anticipada, extremos que han sido ya analizados y expuestas las razones para su desestimación en los motivos articulados por los recurrentes anteriores que se reiteran igualmente en cuanto al presente motivo.

A lo allí expuesto, añadir que la responsabilidad civil subsidiaria declarada respecto de la recurrente se fundamenta en la titularidad dominical del lugar donde se encuentra ubicado el club El Quijote así como en las concretas referencias que la Sala de Instancia hace en cuanto al propietario y encargados del local, extremos que se sustentan en la prueba testifical practicada y que el Tribunal va analizando detenidamente en los fundamentos de derecho como se ha ido señalando en torno a los motivos correlativos al presente interpuestos pro los recurrentes anteriores.

El motivo no puede prosperar.

Al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la infracción del artículo 794.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El motivo es reproducción literal del motivo tercero del recurso interpuesto por el recurrente anterior, por lo que lo expuesto en torno al mismo es suficiente para no dar lugar a éste.

Al amparo de lo dispuesto en el número 4º del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva sancionado en el artículo 24.1º de la Constitución Española.

El motivo es reproducción literal del motivo cuarto del recurso interpuesto por el recurrente anterior. Bástennos los argumentos en aquel empleados para rechazar el presente.

III.