STS, 18 de Diciembre de 1996

PonenteD. VICTOR ELADIO FUENTES LOPEZ
Número de Recurso371/1996
ProcedimientoRecurso de casación. Unificación de doctrina
Fecha de Resolución18 de Diciembre de 1996
EmisorTribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social

AUTO

En la Villa de Madrid, a seis de Julio de dos mil cuatro.I. ANTECEDENTES DE HECHO

  1. - La Procuradora D María de los Ángeles Merinas Soler, en nombre y representación de D Jesús Carlos, presentó el día 22 de junio de 2001 escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia dictada, con fecha 14 de mayo de 2001, por la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª), en el rollo de apelación nº. 87/01, dimanante de los autos nº. 104/00 del Juzgado de Primera Instancia Nº. 2 de Montoro.

  2. - Mediante Providencia de 26 de junio de 2001 la Audiencia tuvo por interpuesto el recurso y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha resolución a las partes litigantes personadas en el rollo de apelación con fecha 29 de junio de 2001.

  3. - Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente rollo, no han comparecido ante esta Sala la parte recurrente, ni la parte recurrida.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Pedro González Poveda

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. - Es criterio reiterado de esta Sala, adoptado por unanimidad de sus Magistrados, reunidos en Junta General de 12 de Diciembre de 2000: 1º) Las sentencias dictadas en segunda instancia, a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva LEC, serán susceptibles de recurso de casación y por infracción procesal, según los criterios de la LEC 2000, lo que exige aplicar los supuestos de recurribilidad previstos en el art. 477.2 LEC; 2º) Son susceptibles de acceso a la casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales (art. 477.2 de la LEC), lo que excluye el recurso cuando la resolución dictada sea un auto o cuando debió adoptar esa forma, en función de la recaída en la primera instancia (art. 456.1 LEC); 3º) Son resoluciones recurribles las dictadas en los casos taxativamente previstos en los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC, que constituyen supuestos distintos y excluyentes; 4º) Las sentencias dictadas en segunda instancia, a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva LEC, serán susceptibles de recurso de casación y por infracción procesal, según lo previsto en el art. 477.2 LEC, de modo que tendrán acceso a los recursos extraordinarios: a) Las sentencias dictadas en procesos relativos a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, tramitados por el cauce del juicio declarativo o por el incidental previsto en la Ley 62/1978, de 26 de Diciembre; b) las sentencias dictadas en procesos declarativos ordinarios de mayor o menor cuantía, seguidos por razón de la cuantía, siempre que esta exceda del límite de veinticinco millones de pesetas, quedando excluidos los de cuantía inferior o indeterminada, así como los juicios de cognición y verbales también por razón de la cuantía; c) las sentencias dictadas en procesos declarativos sustanciados por razón de la materia, así como en procesos especiales, serán recurribles cuando se justifique interés casacional para la resolución del recurso, excepto en los juicios ejecutivos (Disp. transitoria quinta LEC); d) la preparación, interposición y admisión se llevará a cabo conforme a las normas de la nueva LEC (Disp. transitoria tercera LEC).

  2. - Estos principios se han recogido ya en numerosos Autos, por lo que constituyen doctrina de esta Sala, pudiendo mencionarse en relación con los juicios ejecutivos en concreto los Autos de 16 de mayo de 2001 (recurso 1270/2001), de 29 de mayo de 2001 (recursos 1596/2001 y 1413/2001), de 12 de junio de 2001 (recurso 1612/2001), de 26 de junio de 2001 (recurso 1739/2001), de 31 de julio de 2001 (recursos 1782/2001 y 1926/2001), 9 de septiembre de 2001 (recursos 2091/2001, 2096/2001, 1925/2001, 2099/2001 y 1927/2001), 16 de octubre de 2001 (recursos 2016/2001, 2087/2001, 2140/2001, 2110/2001), 23 de octubre de 2001 (recursos 2094/2001 y 2137/2001), 30 de octubre de 2001 (recurso 2151/2001),13 de noviembre de 2001 (recursos 2101/2001 y 2193/2001), 20 de noviembre de 2001 (recursos 2208/01, 2197/2001 y 1915/2001), 27 de noviembre de 2001 (recursos 1993/2001 y 2236/2001), 4 de diciembre de 2001 (recurso 2282/2001), 18 de diciembre de 2001 (recurso 2317/2001) y 28 de diciembre de 2001 (recurso 2293/2001), entre otros muchos, siendo evidente la improcedencia de su acceso a la casación a tenor del régimen de recurribilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, precisamente por existir una previsión específica en la Disposición transitoria quinta , que determina la tramitación conforme a las previsiones de la anterior LEC de 1881 de los juicios ejecutivos pendientes a la entrada en vigor de la nueva LEC 2000, hasta que lleguen al procedimiento de apremio, lo que excluye la aplicación de la norma intertemporal contenida en la Disposición transitoria tercera, aunque la Sentencia de segunda instancia se haya dictado en fecha posterior al 8 de enero de 2001. Siendo en consecuencia aplicable a los juicios ejecutivos la mencionada LEC 1881, hasta que recae sentencia firme, debe señalarse que los mismos están excluidos de acceso a la casación, conforme a la anterior normativa procesal, al no existir previsión que lo permita, según tiene reiteradamente declarado este Tribunal (SSTS 16-7-1987 y 13-10-1992 y AATS, entre otros, de 16-9-93, 14-3-95, 11-2-97, 10-11-98, 1-6-99, 27-7-99, 16-5-2000, 13-2-2001, 13 y 27-3-2001, 2-4-2001, 16 y 29-5-2001, 12 y 26-6-2001 y 31-7-2001), de modo que debe declararse la inadmisión del recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483, 2, 1º por no ser recurrible la resolución impugnada, y sin necesidad de otorgar el trámite de audiencia previsto en el art. 483.3 LEC al no haber comparecido ninguna de las partes ante esta Sala, con declaración de firmeza de la Sentencia, según establece el art. 483.4 LEC, cuyo siguiente apartado indica que contra este Auto no cabe recurso alguno; todo ello sin efectuar expresa imposición de costas.

  3. - No habiendo comparecido ninguna de las partes, la notificación de esta resolución se ha de verificar por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba a través de sus respectivos Procuradores.LA SALA ACUERDA

  1. ) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Procuradora D María de los Ángeles Merinas Soler, en nombre y representación de D Jesús Carlos, contra la Sentencia dictada, con fecha 14 de mayo de 2001, por la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª), en el rollo de apelación nº. 87/01, dimanante de los autos nº. 104/00 del Juzgado de Primera Instancia Nº. 2 de Montoro.

  2. ) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

  3. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, para su notificación a las partes litigantes por la Audiencia.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.

RESOLUCIÓ

TRI/1732/2005, de 14 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ABB Sistemas Industriales, SA (centre de Sant Quirze del Vallès) (codi de conveni núm. 0805241).

Vist l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu per a l'any 2005 de treball de l'empresa ABB Sistemas Industriales, SA (centre de Sant Quirze del Vallès), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 19 de gener de 2005, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de

reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ABB Sistemas Industriales, SA (centre de Sant Quirze del Vallès) (codi de conveni núm. 0805241) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 14 de març de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelonaen en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa ABB Sistemas Industriales, SA (centre de treball de Sant Quirze del Vallès) per als anys 2003-2006

Capítol 1

Àmbit, vigència, prelació de normes i garanties

Article 1

Àmbit funcional

Aquest Conveni col·lectiu regula les relacions laborals de l'empresa ABB Sistemas Industriales, SA en el seu centre de Sant Quirze del Vallès.

Aquest Conveni també s'ha d'aplicar al personal d'altres centres de treball de l'empresa que decideixin adherir-s'hi voluntàriament.

Article 2

Durada i vigència

La vigència del Conveni és de 4 anys: des de l'1 de gener de 2003 fins al 31 de desembre de 2006.

No obstant això, pel que fa al personal afectat pel segon Conveni col·lectiu ABB Flexible Automation, el Conveni entra en vigor a partir de l'1 de gener de 2004.

Article 3

Denúncia, revisió o pròrroga

La denúncia que proposa la iniciació, revisió o pròrroga s'ha d'efectuar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data del seu venciment davant l'autoritat laboral competent.

Si en finalitzar el termini de vigència del Conveni se n'insta la rescissió, es manté el règim establert en aquest fins que les parts afectades es regeixin per un nou Conveni.

Article 4

Prelació de normes

Les normes que han de regular les relacions entre el personal i l'empresa són, en primer lloc, les que figuren en aquest Conveni, i en el que no preveu aquest Conveni, com a extensió, cal atenir-se al Conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2003-2006 i les seves remissions normatives.

Les relacions econòmiques i laborals que es pacten en aquest Conveni substitueixen les vigents en la data d'entrada en vigor.

Article 5

Garanties i vinculació a la totalitat

Cal respectar a títol individual les condicions econòmiques que, en conjunt i còmput anual, siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni.

Le

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