STS, 16 de Noviembre de 2001

Ponente:RODRIGUEZ ARRIBAS, RAMON
Número de Recurso:2727/1996
Procedimiento:CONTENCIOSO - 01
Fecha de Resolución:16 de Noviembre de 2001
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

IMPUESTOS. IMPUESTO SOBRE BIENEN INMUEBLES. EXENCIONES. CASACION. CUANTIA. Cierto es que, en el caso de los autos de instancia, lo discutido es la exención del Impuesto en atención a la naturaleza de los bienes, pero como recuerda la Sentencia de 12 de Enero de 2001, esta Sala, en la Sentencia de 25 de octubre de 1999, ha distinguido entre aquellos supuestos en que se pide la declaración de exención del referido impuesto, sin que hayan precedido actos de liquidación tributaria , de aquellos otros en los que la solicitud de declaración de exención encierra una impugnación implícita de las liquidaciones practicadas, con cuantia claramente determinada, en cuyos casos tambien esta Sala, desde el Auto de 29 de Enero de 1999, seguido de otros y de alguna Sentencia, ha establecido la doctrina jurisprudencial, reiterada y completamente consolidada, consistente en que el valor de la pretensión , en relación con la antigua Contribución Territorial Urbana y ahora con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es el importe de la cuota que, aunque sea de modo informativo, se fija en el acto administrativo combatido y no el montante del valor catastral. Se estima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JAIME ROUANET MOSCARDOD. RAMON RODRIGUEZ ARRIBASD. JOSE MATEO DIAZD. ALFONSO GOTA LOSADA

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil uno.

VISTO ante esta Sección Segunda de la Sala Tercera el recurso de casación nº. 2727/94 interpuesto por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, representado por el Procurador Sr. González Salinas, asistido de Letrado, contra la Sentencia dictada, en fecha 5 de Marzo de 1996, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el recurso nº. 1159/94 interpuesto por la Autoridad Portuaria de Baleares, contra el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de 8 de Junio de 1994, sobre seis liquidaciones practicadas en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, correspondiente al ejercicio de 1993.

Comparece, como parte recurrida, la Administración General del Estado, defendida y representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En Abogado del Estado en nombre y representación de la Autoridad Portuaria de Baleares, interpuso recurso contencioso administrativo y formalizada la demanda, en la que alegó los hechos e invocó los fundamentos de derecho que estimó del caso, pidió se dicte Sentencia estimatoria del recurso, anulando los acuerdos desestimatorios de los recursos de reposición y liquidaciones a que se refieren , declarando el derecho del Estado y la Autoridad Portuaria a la exención del Impuesto de Bienes inmuebles del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por las parcelas catastrales a que se refieren las liquidaciones en cuanto son de dominio público marítimo-terrestre, imponiendo a la Administración demandada las costas del juicio.

Conferido traslado a la representación procesal del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, evacuó el trámite de contestación, solicitando se dicte Sentencia desestimando el recurso interpuesto y declarando conformes al ordenamiento jurídico vigente las resoluciones impugnadas.

SEGUNDO

En fecha 5 de Marzo de 1996, la Sala de instancia dictó Sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: Fallamos " Primero.- Estimamos el recurso.- Segundo.- Declaramos no ser conforme a Derecho y anulamos el Acuerdo Municipal recurrido y las liquidaciones de que trae causa. Tercero.- Declaramos el derecho del Estado y de la Autoridad Portuaria a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las parcelas catastrales indicadas en el encabezamiento de la sentencia. Cuarto.- Sin costas."

TERCERO

Contra la citada Sentencia, la representación procesal del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, preparó recurso de casación al amparo de lo establecido en el art. 96 de la Ley reguladora de este orden Jurisdiccional, según la redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de Abril e interpuesto este, compareció, como parte recurrida, la Administración General del Estado, que se opuso al mismo, pidiendo la confirmación de la Sentencia de instancia; trás lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, señalado para el 13 de Noviembre de 2001, fecha en que tuvo lugar dicha actuación procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En primer lugar , con caracter previo , a entrar, en su caso, en los motivos de impugnación de la Sentencia invocados por el recurrente Ayuntamiento de Palma de Mallorca, ha de examinarse la causa de inadmisibilidad por razón de la cuantia, opuesta por el recurrido Abogado del Estado, en base a la circunstancia de que ninguna de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio de 1993 y sobre terrenos de dominio público marítimo-terrestre del Puerto de Palma de Mallorca, superan los seis millones de pesetas.

SEGUNDO

Efectivamente, ni siquiera la suma de las liquidaciones objeto de impugnación supera la cifra establecida en el art. 93, 2b) de la Ley de la Jurisdicción en la redacción de 1992, para el acceso a la casación.

Cierto es que, en el caso de los autos de instancia, lo discutido es la exención del Impuesto en atención a la naturaleza de los bienes, pero como recuerda la Sentencia de 12 de Enero de 2001, esta Sala, en la Sentencia de 25 de octubre de 1999, ha distinguido entre aquellos supuestos en que se pide la declaración de exención del referido impuesto, sin que hayan precedido actos de liquidación tributaria , de aquellos otros en los que la solicitud de declaración de exención encierra una impugnación implícita de las liquidaciones practicadas, con cuantia claramente determinada, en cuyos casos tambien esta Sala, desde el Auto de 29 de Enero de 1999, seguido de otros y de alguna Sentencia, ha establecido la doctrina jurisprudencial, reiterada y completamente consolidada, consistente en que el valor de la pretensión , en relación con la antigua Contribución Territorial Urbana y ahora con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es el importe de la cuota que, aunque sea de modo informativo, se fija en el acto administrativo combatido y no el montante del valor catastral.

TERCERO

Tambien aquí, en el proceso del que este recurso de casación trae causa, es evidente que se impugnan las concretas liquidaciones que, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fueron giradas por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca a la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés, correspondientes al ejercicio de 1993, por lo que la pretensión de reconocimiento de la postulada exención era una alegación en apoyo de la declaración de nulidad o anulación de aquellos actos tributarios, excluidos, por su escasa cuantia, del acceso a este recurso.

CUARTO

En consecuencia concurre la expresada causa de inadmisibilidad que debió ser tenida en cuenta y que al llegar a este trámite se convierte en motivo de desestimación, lo que obliga a declararlo asi y en cuanto a costas, a imponerlas al recurrente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley de la Jurisdicción, en su redacción de 1992.

por lo expuesto en nombre de Su Majestad el Rey y la potestad que nos confiere el pueblo español.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos la casación interpuesta por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, contra la Sentencia dictada, en fecha 5 de Marzo de 1996, por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el recurso contencioso administrativo nº. 1159/94, con imposición de las costas al recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa correspondiente, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leida y publicada ha sido la anterior Sentencia en el dia de la fecha, siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Ramón Rodriguez Arribas, estando constituida la Sala en Audiencia Pública ordinaria, de lo que como Secretario de la misma, certifico.