STS, 14 de Junio de 2002
| Ponente | Luis Gil Suárez |
| ECLI | ES:TS:2002:4376 |
| Número de Recurso | 3710/2001 |
| Procedimiento | SOCIAL - 10 |
| Fecha de Resolución | 14 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
D. LUIS GIL SUAREZD. BENIGNO VARELA AUTRAND. ANTONIO MARTIN VALVERDED. JESUS GULLON RODRIGUEZD. LEONARDO BRIS MONTES
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Junio de dos mil dos.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Javier Soto Fernández en nombre y representación de doña Rosario , contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 4 de octubre de 2001, recaída en el recurso de suplicación num. 3082/01 de dicha Sala, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid, dictada el 3 de abril de 2001 en los autos de juicio num. 138/01, iniciados en virtud de demanda presentada por doña Rosario contra la Tesorería General de la Seguridad Social sobre alta en RETA.
Doña Rosario presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid el 21 de febrero de 2001, siendo ésta repartida al nº 34 de los mismos, en base a los siguientes hechos: La TGSS dictó resolución en fecha 3 de noviembre de 2000, mediante la que se dió de Alta de Oficio con efectos de 1 de abril de 1995 a la actora en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, decretando en la misma la baja de oficio en dicho régimen con efectos de 30 de noviembre de 1996 por la comunicación que hizo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la Dirección Provincial de la TGSS de la existencia de actas de infracción y liquidación de cuotas de fecha 19 de abril de 2000 levantadas con motivo de la actuación inspectora realizada el 1 de marzo de 2000. Se termina suplicando en la demanda se dicte sentencia en la que se declare nula y sin efecto la resolución impugnada dictada por la demandada en fecha 3 de noviembre de 2000.
El día 2 de abril de 2001 se celebró el acto de juicio, con la participación de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a estas actuaciones.
El Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid dictó sentencia el 3 de abril de 2001, en la que desestimó la demanda y absolvió a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra. En esta sentencia se declaran los siguientes HECHOS PROBADOS: "1º).- La TGSS de Madrid dictó resolución de fecha 3 de noviembre de 2000 por la que acuerda dar de alta de oficio en fecha uno de abril de 1995 a la actora doña Rosario en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, decretando en la misma resolución la baja de oficio en dicho régimen con efectos 30 de noviembre de 1996, y todo ello por la razón de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comunica a la Dirección provincial TGSS la existencia de actas de infracción y liquidación de cuotas de fecha 19 de abril de 2000 levantadas con motivo de la actuación inspectora llevada a cabo el 1 de marzo de 2000; 2º).- Los ingresos brutos por dicha actividad son efectivamente superiores al salario mínimo interprofesional durante el período objeto de liquidación (hecho primero de la demanda)".
Contra la anterior sentencia, la actora formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 4 de octubre de 2001, desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida.
Contra la sentencia de la Sala de lo Social de Madrid, la Sra. Rosario interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en los siguientes motivos: 1.- Contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 22 de junio de 2000. 2.- Aplicación e interpretación errónea de lo dispuesto en el Decreto 2530/70 de 20 de agosto por el que se regula el RETA, reformado por el RD 497/84 de 10 de febrero y por el RD 84/96 de 26 de enero.
Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar improcedente tal recurso.
Se señaló para la votación y fallo el día 3 de junio de 2002, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.
La demandante ha trabajado como subagente de seguros para la compañía Blanco y Torres S.A. desde el 1 de abril de 1995, sin que se hubiese dado de alta voluntariamente en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos.
La Inspección de Trabajó levantó acta de liquidación de cuotas del citado Régimen Especial de la Seguridad Social, el 28 de abril del 2000, en la que se consigna que la mencionada trabajadora "ha realizado la actividad de subagente de seguros durante al menos el período 1.4.95 a 30.11.96", y que "por estos trabajos realizados ha percibido la retribución de 1.449.012 ptas. en 1995 y 1.432.615 ptas. en 1996, ... siendo percepciones superiores al salario mínimo interprofesional", por tal causa se extendió este acta de liquidación de cuotas por el período citado de 1 de abril de 1995 a 30 de noviembre de 1996.
La Tesorería General de la Seguridad Social, mediante resolución de fecha 3 de noviembre del 2000, procedió a cursar alta y baja de oficio de la actora en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos, fijando como fecha del alta real el 1 de abril de 1995 y la de efectos de tal acta el 1 de noviembre de 1996, y como fecha de la baja real el 30 de noviembre de 1996, estableciéndose los efectos de esa baja en 31 de marzo del 2000.
Formulada reclamación previa contra esta resolución, fue rechazada mediante decisión de 31 de enero del 2001.
La actora presentó la demanda origen de estas actuaciones, ante los Juzgados de lo Social de Madrid, el 21 de febrero del 2001, en cuyo suplico se solicitó que se "declare nula y sin efecto alguno la resolución impugnada (sin duda, la antes citada de la Tesorería General de la Seguridad Social de 3 de noviembre del 2000) ..., condenando a la Tesorería General de la Seguridad Social a estar y pasar por tal declaración con cuantos efectos sean inherentes".
El Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid dictó sentencia de fecha 3 de abril del 2001, en la que desestimó la demanda antedicha. La actora interpuso recuso de suplicación contra la misma, y la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 4 de octubre del 2001, rechazó tal recurso y confirmó íntegramente la mencionada resolución de instancia.
Contra esta sentencia de la Sala de lo Social de Madrid la demandante formuló el recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora se analiza.
Ha de partirse de la competencia del Orden Social de la Jurisdicción para conocer de los problemas y cuestiones que se suscitan en el presente proceso, tal como ha proclamado esta Sala en reiteradas sentencias que resolvieron asuntos análogos al presente, entre las que destacan sobre todo las de 29 y 30 de abril del año en curso, dictada por el pleno de la Sala, a cuyos razonamientos nos remitimos a este efecto. Razonamientos que han sido asumidos también por otras sentencias posteriores, como las de 3 y 19 de mayo y 10 de junio del 2002.
En el presente recurso de casación para la unificación de doctrina sólo se suscita una única cuestión, que consiste en dilucidar si la doctrina sentada en la sentencia de esta Sala de 29 de Octubre de 1997 sobre el requisito de la "habitualidad", como exigencia para la afiliación en el RETA, puede aplicarse o no a situaciones anteriores a la fecha en que se pronunció esa sentencia. La simple lectura del escrito de formalización de este recurso hace lucir nítidamente la realidad de esta afirmación. Y así en el único motivo de casación de este recurso se precisa: "La cuestión, por tanto, que se plantea no es otra que determinar si el cambio de criterio habido en la interpretación del concepto de habitualidad puede ser utilizado por la Tesorería para retrotraer los efectos del alta cursada de oficio a períodos anteriores a la fecha de la meritada sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997 o si, por el contrario, el alta de oficio tan sólo puede causar efectos desde que se produjera el cambio en el criterio de interpretación".
La sentencia que en este recurso se alega como contrapuesta a la recurrida es la del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 22 de junio del 2000. Resaltando la parte recurrente que la contradicción entre estas dos sentencias confrontadas se produce en relación, precisamente, al alcance de los efectos retroactivos o no de esa doctrina; y así, al efectuar la exposición de la relación precisa y circunstanciada de tal contradicción, indica que mientas que "la sentencia recurrida llega a la conclusión de que la aplicabilidad de la normativa mencionada fuerza a la solución de que la resolución administrativa consistente en proceder el alta de oficio en el RETA con efectos de varios años anteriores al levantamiento por parte de la Inspección de Trabajo de acta de liquidación, es correcta y legal, ... por directa aplicación de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1997", en cambio y "por el contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia llega a una conclusión radicalmente distinta al considerar que los efectos del alta cursada de oficio en el RETA no pueden ir más allá de la tan repetida sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1997".
Estas aseveraciones que se recogen en el escrito de interposición del recurso de que tratamos, el efectuar la exposición de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción, son acertadas; y como además los asuntos analizados en las dos sentencias comparadas son sustancialmente iguales en sus hechos, fundamentos y pretensiones, resulta indiscutible que se cumple en este caso el requisito de recurribilidad que impone el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral.
La solución del problema esencial que se plantea en el presente recurso, viene dada por las decisiones adoptadas, al resolver tal cuestión, por las sentencias de esta Sala antes mencionadas, dictadas por el Pleno de la misma en los días 29 y 30 de abril del 2002, así como las posteriores a ellas que han seguido su doctrina. Esta doctrina, establecida con reiteración por la Sala, puede resumirse en los siguientes términos:
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La regla general acerca de la irretroactividad de las leyes que se consagra en el art. 2.3 del Código Civil, no puede predicarse respecto de la jurisprudencia, porque ésta no tiene carácter normativo, y ni tan siquiera constituye una verdadera fuente del ordenamiento, sino que únicamente "complementa" a éste (art. 1.6 del mismo Código), por lo que los pronunciamientos jurisprudenciales no son constitutivos, sino meramente declarativos. Los preceptos objeto de interpretación jurisprudencial han tenido el mismo alcance y significado desde que se promulgaron, y lo seguirán teniendo en tanto no se deroguen o se modifiquen.
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Por ello, la Sentencia de esta Sala de 29 de Octubre de 1997 se limitó a interpretar y declarar lo que ya estaba en el concepto de "habitualidad" en el ejercicio de la profesión -en el caso de subagente de seguros- que debe dar lugar a la inclusión en el RETA de acuerdo con el art. 2.1 y concordantes del Decreto 2530/1970 de 20 de Agosto. Por ello, la propia doctrina sentada en dicha Sentencia se aplicó -como no podía ser de otro modo- a un subagente de seguros que desde mucho tiempo antes (año 1994) venía ejerciendo esa actividad y obtenido por ella unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.
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Aun cuando tratara de argumentarse que la referida Sentencia ha venido a colmar una laguna del ordenamiento -.al no precisar éste qué debe entenderse por "habitualidad" en el ejercicio de la profesión-, de tal suerte que se atribuyera a la repetida resolución un carácter similar al de una norma jurídica, la solución al respecto debería ser idéntica, por cuanto éste Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que las disposiciones legales o reglamentarias aclaratorias e interpretativas no son derecho nuevo, sino mera interpretación del contenido y alcance del ya promulgado, y si tal se predica de la norma escrita, con mayor razón ha de predicarse de la labor interpretadora que compete al Tribunal Supremo. Así lo han señalado, entre otras, las Sentencias de la Sala 1ª de 29 de Octubre de 1990, 6 de Marzo de 1992 y 9 de Abril de 1992, y la de esta Sala 4ª de 30 de Octubre de 1989.
Todo ello pone de manifiesto que la Sentencia recurrida se atuvo a la doctrina correcta, lo que comporta la procedencia de desestimar el recurso interpuesto contra aquélla.
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Javier Soto Fernández en nombre y representación de doña Rosario , contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 4 de octubre de 2001, recaída en el recurso de suplicación num. 3082/01 de dicha Sala. Sin costas.-
Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Gil Suárez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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