STS 9/2009, 22 de Enero de 2009

Ponente:JOSE ALMAGRO NOSETE
Número de Recurso:1982/2004
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:9/2009
Fecha de Resolución:22 de Enero de 2009
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

PROPIEDAD INTELECTUAL. En el supuesto que se examina concurren los requisitos positivos consistentes en a) una actividad o actuación del hotel; b) por medio del cual una pluralidad de personas; y c) pueden tener acceso a una obra audiovisual; y no concurren los requisitos negativos de ""sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas"", ""celebración dentro de un ámbito estrictamente doméstico"" y ""no estar integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo"", procediendo advertir respecto de estos dos últimos que la exclusión de la ""comunicación pública"" exige la concurrencia de ambos, sin que baste la de uno solo. Hay retransmisión porque el Hotel recepciona o capta la señal televisiva original o primaria y la transmite a los televisores instalados en las habitaciones. Esta comunicación es a un público nuevo, integrado por la pluralidad de personas, indeterminada e indeterminable, que constituyen la clientela, cuya pluralidad se contempla en las perspectivas acumulativas espacial y temporal, que tienen la accesibilidad de recepcionar la señal difundida. Se declara no haber lugar a la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Enero de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por "Hotel Monte Igueldo S.A.", representado por el Procurador de los Tribunales, Don Juan Antonio Fernández Múgica contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 27 de abril de 2004 por la Audiencia Provincial de San Sebastián, Sección 2ª, en el rollo número 2018/2003, dimanante del Juicio ordinario número 93/2001 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de San Sebastián. Es parte recurrida en el presente recurso las entidades EGEDA, AISGE y AIE, que actúan representadas por la Procuradora de los Tribunales, Dª María Eva de Guinea Ruenes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de los de San Sebastián, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo promovidos a instancia de la Entidad de Gestión de Derechos de los productores Audiovisuales, "EGEDA", Actores Intérpretes, Sociedad de Gestión de España "AISGE" y artistas Intérpretes y Ejecutantes "AIE" contra los titulares de la explotación del establecimiento hotelero "Mercure Monte Igueldo".

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la que solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, se dictara Sentencia "por medio de la cual acuerde: a) La inmediata suspensión de las actividades de comunicación pública de las obras y grabaciones audiovisuales contenidas en las emisiones de televisión de terceras entidades de radiodifusión.- b) La expresa prohibición de reanudar tales actividades en tanto no sea expresamente autorizada al menos por la actora EGEDA.- c) Condenar a la demandada a indemnizar a mis representadas de acuerdo con las tarifas generales de las mismas y conforme a su número de habitaciones y apartamentos ocupados/televisores disponibles en zonas comunes, durante el periodo durante el cual ha llevado a cabo la actividad ilícita, y d) al pago de las costas del presente procedimiento.

Admitida a trámite la demanda, el demandado la contestó oponiéndose a ella, en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia "desestimando íntegramente los pedimentos de las actoras y absuelva a mi mandante de los mismos, con expresa imposición de costas a la parte."

Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 21 de octubre de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Estimar íntegramente la demanda y en su consecuencia declarar: a) La inmediata suspensión de las actividades de comunicación pública de las obras y grabaciones audiovisuales contenidas en las emisiones de televisión de terceras entidades de radiofusión y b) la expresa prohibición de reanudar tales actividades en tanto no sea expresamente autorizada al menos por la actora EGEDA; y condenar a la demandada a indemnizar a las entidades actoras en la cantidad resultante de aplicar las tarifas generales de las mismas al número de habitaciones y apartamentos ocupados que disponen de televisión durante el periodo de tiempo durante el cual se ha llevado a cabo la actividad ilícita, según las bases establecidas en el Fundamento de Derecho octavo de esta resolución, dejando la determinación de su importe mediante la correspondiente operación aritmética para la fase de ejecución de sentencia, sin que proceda hacer especial pronunciamiento respecto de las costas procesales."

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la demandada, que fue admitido y, sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Segunda, dictó sentencia en fecha 27 de abril de 2004, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Calparsoro Bandrés en representación de Hotel Monte Igueldo, S.A., frente a la sentencia dictada con fecha 21 de octubre de 2002, CONFIRMANDO dicha resolución, con imposición a la parte apelante del pago de las costas causadas en esta alzada."

TERCERO

Por la representación procesal de "Hotel Monte Igueldo, S.A." se formuló, ante la mencionada Audiencia, recurso de casación con apoyo procesal en el siguiente motivo: Primero.- Por infracción del art. 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 de abril, por interpretación y aplicación errónea de este precepto.

CUARTO

Personadas las partes en este Tribunal Supremo, por Auto de esta Sala de fecha 25 de septiembre de 2007, se admitió a trámite el recurso de casación respecto a las infracciones alegadas en el motivo primero de su escrito de interposición y se inadmitió respecto a las infracciones alegadas en el motivo segundo de su escrito de interposición, y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal de la parte recurrida no se presentó escrito de oposición.

QUINTO

No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar para la votación y fallo del presente recurso, el día siete de enero del año en curso, en el que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El litigio del que trae causa el presente recurso de casación fue iniciado por las entidades, EGEDA, AISGE y AIE, siendo demandado el establecimiento hotelero "HOTEL MONTE IGUELDO S.A." por las comunicaciones públicas de obras y grabaciones audiovisuales que se efectuaban en las 125 habitaciones de su hotel sin la pertinente autorización de las demandantes. Solicitaba la suspensión de las actividades, la prohibición de reanudarlas y la condena a indemnizar a las demandantes de acuerdo con las tarifas generales y conforme al número de habitaciones y apartamentos ocupados/ televisores disponibles en zonas comunes.

La parte demandada, "Hotel Monte Igueldo S.A.", se opuso a la demanda planteando con carácter previo las excepciones de prejudicialidad y falta de legitimación activa de las demandantes alegando en cuanto al fondo, el supuesto de excepción contemplado en el artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual manteniendo el carácter de ámbito doméstico de las habitaciones de hotel y la existencia de una red de distribución, que no de difusión en las mismas.

El Juzgado estimó la demanda, previa desestimación de las excepciones planteadas y considerando que el supuesto enjuiciado entraba dentro del tipo legal de comunicación pública del artículo 20.1 del TRLPI, condenó al pago de la indemnización solicitada conforme a las bases fijadas en la sentencia.

Esta sentencia fue recurrida por la demandada, confirmando la Audiencia Provincial el criterio del juzgador de instancia en orden a la calificación de la retransmisión de señales de televisión en habitaciones de hotel como "comunicación pública". Para fundar su argumentación se apoyó en la Sentencia de esta Sala de 31 de enero de 2.003 que consideró, al analizar la sentencia de esta Sala de 24 de septiembre de 2.002 que el ámbito doméstico de las habitaciones de hotel como "domicilio" lo era a efectos penales sin que esta calificación alterase el carácter del servicio que se prestaba por los hoteles a los clientes.

SEGUNDO

Este recurso se ha de considerar formalizado por la vía del interés casacional contemplada en el ordinal tercero del artículo 477.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, por presentar la resolución del recurso interés casacional, conforme al criterio mantenido de forma constante por esta Sala y que ha obtenido el refrendo del Tribunal Constitucional (SSTC 150/2004, de 20 de septiembre, y 164/2004, de 4 de octubre, y AATC 191/2004, de 26 de mayo, y 201/2004, de 27 de mayo). La parte recurrente interpuso el recurso de casación alegando, en el único motivo admitido del mismo, la existencia de interés casacional al apoyarse la sentencia recurrida en jurisprudencia de la Sala que había sido modificada, al tiempo de su resolución, por la Sentencia de Pleno de 10 de mayo de 2.003, que consideraba el supuesto planteado en el litigio como excepción a la comunicación pública del artículo 20 LPI. En consecuencia, en la resolución recurrida se producía infracción del art. 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al haber considerado la existencia de comunicación pública en contra del criterio de la Sala sentado en la Sentencia de Pleno de 10 de mayo de 2003.

El motivo ha de ser desestimado.

La cuestión jurídica suscitada en este recurso, relativa a si la señal televisiva emitida por los televisores instalados en las habitaciones de los hoteles es o no, a los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, acto de comunicación pública que genera derecho de indemnización a los titulares de los derechos reconocidos en la Ley, ha sido resuelta recientemente por la Sentencia del Pleno de esta Sala, de fecha 16 de abril de 2007. Dicha Sentencia se adecuó a la necesaria armonización y unificación de la interpretación jurisprudencial del art. 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual al Derecho Comunitario, tras el pronunciamiento realizado al respecto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Sentencia de fecha 7 de diciembre de 2006, en la cuestión prejudicial C-306/05 (SGAE/RAFAEL HOTELES), tomando en consideración esta Sala la interpretación jurisprudencial del Tribunal de Justicia, al ser plenamente aplicable a la norma interna. En igual sentido la Sentencia de Pleno de 15 de enero de 2008 y la de 10 de julio de 2008.

Con anterioridad a la reciente Sentencia de Pleno, existía una diferente solución para supuestos de hecho parecidos al que nos ocupa, en los que las distintas Audiencias Provinciales entendían, en unos casos, como es el presente, que la difusión de la obra audiovisual a través de los televisores instalados en las habitaciones de los hoteles no constituía difusión pública a los efectos de la ley, al considerar las habitaciones hoteleras ámbitos estrictamente privados y que, por tanto, no fundamentaban la reclamación de indemnización por difusión ilícita pretendida por las entidades gestoras; y, en otros casos, que la difusión televisiva en el interior de las referidas habitaciones hoteleras debía ser considerada difusión pública y, por tanto, susceptible de ser indemnizada a los titulares de los derechos generados por dicha difusión. Esta disparidad tuvo también su reflejo en la jurisprudencia de esta Sala, al mostrarse favorables a la primera postura las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2002 y de 10 de mayo de 2003 y a la segunda, las de 11 de marzo de 1996 y 31 de enero de 2003, sentencia esta última en la que se apoya la resolución recurrida. Precisamente dicha diversidad de criterios dio lugar a que la Sentencia de 10 de mayo de 2003, citada como fundamento del interés casacional por el recurrente, fuese de Pleno, con finalidad unificadora, y en la que se mantuvo la postura contraria a que la mentada difusión, a través de receptores de televisión, diese lugar a indemnizar a los titulares de derechos de propiedad intelectual por considerarse que dicha difusión se realizaba en el ámbito estrictamente privado.

Sin embargo, a consecuencia de la citada Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 7 de diciembre de 2006, asunto prejudicial C-306/05, se ha producido un cambio jurisprudencial de esta Sala, plasmado en la referida Sentencia del Pleno, de 16 de abril de 2007 (Recurso 2454/1999 ), estableciéndose el criterio contrario al seguido en la anterior Sentencia de pleno. En la cuestión prejudicial C-306/05 se planteó la siguiente pregunta: «si la captación por el titular de una explotación hotelera de señales de televisión de entidades de radiodifusión y su posterior distribución a los habitantes de un hotel constituye un acto de comunicación pública sobre el que se extiende la pretendida armonización de las normativas nacionales de protección de los derechos de autor prevista en el art. 3 de la directiva 2001/29 /CE del Reglamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 », cuestión claramente coincidente con la del supuesto que nos ocupa.

La Sentencia de 16 de abril de 2007 se ha pronunciado al respecto, teniendo en cuenta la respuesta dada por el TJCE, por lo que procede efectuar en el presente supuesto, dada su similitud, una remisión al tenor literal de aquélla, para aplicar la doctrina al presente supuesto, considerando la anterior resolución que: «Bajo dicha jurisprudencia la demanda de la actora, y ahora el recurso de casación, no tendrían ninguna posibilidad de prosperar, sin embargo dicha doctrina jurisprudencial debe ser modificada, en el sentido de entender que hay acto de comunicación pública, como consecuencia del criterio interpretativo establecido en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 7 de diciembre de 2006, Asunto prejudicial C-306/05, que exige mantener un criterio uniforme en la materia.

El cambio jurisprudencial se justifica por las siguientes razones:

1) Si bien es cierto que los principios de igualdad en la aplicación de la ley y seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 14.3 y 24.1 CE ) exigen cierta permanencia y estabilidad en la doctrina jurisprudencial, en cuanto que complementa el ordenamiento jurídico (art. 1.6 CC ) y debe ser seguida por el propio Tribunal y restantes tribunales, sin embargo la jurisprudencia puede y debe ser cambiada cuando se dé una razón poderosa que lo justifique, tal y como sucede en el caso enjuiciado por la necesidad de armonizar y unificar la aplicación del derecho acomodando la interpretación de la norma interna a la del Derecho Comunitario.

2) Las normas del ordenamiento jurídico interno deben ser interpretadas por todos los tribunales en el sentido más conforme al Derecho Comunitario, con independencia de que la norma sea anterior o posterior a una Directiva, y que ésta haya sido o no transpuesta mediante ley interna.

3) Nada obsta a que la interpretación de la Sentencia del TJCEE de 7 de diciembre de 2006 se refiera a una Directiva, la 2001/29 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, que es posterior a la demanda del pleito que se enjuicia, porque lo que se toma en consideración no es la regulación de la Directiva, sino una interpretación jurisprudencial (del TJCEE) que es plenamente aplicable a la norma interna art. 20.1 de la LOPJ 22/1987, y del TR 1/1996), la cual no disiente del Derecho Comunitario; y ello máxime si se tiene en cuenta que ni la norma interna ni la Directiva definen qué es la "Comunicación al público". Por consiguiente, no hay retroactividad normativa (por cierto, tampoco se contradice su prohibición cuando se trata de normas interpretativas o aclaratorias -retroacción impropia-, S. 17 septiembre 2006 ), ni se afecta a la "perpetuatio actionis".

4) Tampoco obsta que la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea aluda concretamente a los autores, en tanto el caso que se enjuicia se refiere a los productores de grabaciones audiovisuales, porque, aparte del carácter general de la "comunicación al público" respecto de todos los derechos de propiedad intelectual, en cualquier caso, una elemental regla de lógica formal no permite que una misma cosa pueda ser y no ser a la vez o al mismo tiempo. Por ello, si en el supuesto de los hoteles contemplado hay acto de comunicación pública para los autores también lo hay para los titulares de derechos afines.

5) Los términos de la Sentencia del TJCEE son claros y se pueden resumir en los apartados siguientes: a) El concepto de "comunicación al público" debe entenderse en un sentido amplio; b) El T de J ha declarado que el término "público" hace referencia a un número indeterminado de telespectadores potenciales; c) La clientela de un establecimiento hotelero normalmente se renueva con rapidez, por lo que, por lo general, se trata de un número considerable de personas; d) Si se tienen en cuenta los efectos acumulativos provocados por la posibilidad que se concede a los telespectadores potenciales de acceder a la obra, los mismos pueden adquirir en el contexto de que se trata una importancia significativa; e) La clientela de un establecimiento hotelero es un público nuevo. Las comunicaciones que se efectúan en circunstancias como las del asunto principal son comunicaciones realizadas por un organismo de retransmisión distinto al de origen, en el sentido del art. 11 bis, apartado 1, inciso ii), del Convenio de Berna, por lo que estas transmisiones se dirigen a un público que no coincide con el previsto para el acto de comunicación original de la obra, es decir, a un público nuevo; f) Para que haya comunicación al público basta con que la obra se ponga a disposición del público, de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella; g) Se estime o no la concurrencia de un fin lucrativo como condición necesaria para que se dé una comunicación al público, en el caso de que se trata hay una prestación de servicios suplementaria efectuada con el objetivo de obtener algún beneficio, pues la inclusión del servicio influye en la categoría del hotel y, por tanto, en el precio de las habitaciones; h) Si bien la mera puesta a disposición de las instalaciones no equivale en sí misma a una comunicación, sin embargo hay acto de comunicación al público porque "tales instalaciones posibilitan técnicamente el acceso del público a las obras radiodifundidas", "sin que tenga relevancia la técnica empleada para la transmisión de la señal"; i) El carácter privado o público del lugar en que se produce la comunicación no tiene relevancia alguna. El derecho de comunicar al público quedaría manifiestamente desprovisto de contenido si no abarcara también las comunicaciones efectuadas en lugares privados; y, j) Por consiguiente, el carácter privado de los dormitorios de un establecimiento hostelero no impide que se considere que la comunicación de una obra en tales habitaciones, efectuada por medio de televisores, constituye un acto de comunicación al público en el sentido del art. 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

La aplicación del criterio interpretativo expuesto a nuestra normativa interna exige examinar el precepto del art. 20.1 de la LPI el cual dispone que "se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas", y que "no se entenderá pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo". En el supuesto que se examina concurren los requisitos positivos consistentes en a) una actividad o actuación del hotel; b) por medio del cual una pluralidad de personas; y c) pueden tener acceso a una obra audiovisual; y no concurren los requisitos negativos de "sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas", "celebración dentro de un ámbito estrictamente doméstico" y "no estar integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo", procediendo advertir respecto de estos dos últimos que la exclusión de la "comunicación pública" exige la concurrencia de ambos, sin que baste la de uno solo.

Hay retransmisión porque el Hotel recepciona o capta la señal televisiva original o primaria y la transmite -retransmite (radiodifusión secundaria)- a los televisores instalados en las habitaciones. Esta comunicación es a un público nuevo, integrado por la pluralidad de personas, indeterminada e indeterminable, que constituyen la clientela, cuya pluralidad se contempla en las perspectivas acumulativas espacial (conjunto de huéspedes de las diversas habitaciones del hotel) y temporal (los huéspedes sucesivos que ocupan y pueden acceder a la señal), que tienen la accesibilidad -potencialidad- de recepcionar la señal difundida. La retransmisión puede tener lugar por cualquier medio técnico alámbrico o inalámbrico, y, además, las habitaciones de los hoteles no tienen carácter "estrictamente doméstico" a los efectos del art. 20.1 LPI.

Por consiguiente en el supuesto enjuiciado hay acto de comunicación pública de conformidad con el art. 20, apartados 1 y 2 e) y f) LPI 22/1987 ».

Habiendo sido resuelta la cuestión jurídica planteada por la parte recurrente en los términos anteriores, siendo conforme la solución adoptada por la Audiencia Provincial de San Sebastián, sección 2ª, con la sentencia de Pleno de 16 de abril de 2.007 que ha venido a resolver la cuestión atendiendo a la interpretación del Tribunal de Justicia de Comunidades de la normativa comunitaria, procede la confirmación de la misma.

TERCERO

La desestimación del presente recurso no puede llevar consigo la aplicación del criterio del vencimiento en la condena en costas de la parte recurrente, de conformidad con el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 394 de la misma ley procesal puesto que la cuestión suscitada presentaba desde el origen dudas de derecho. La realidad de esta circunstancia se acredita en el cambio de criterio jurisprudencial pues la parte recurrente basó su recurso en el interés casacional de la cuestión por la existencia de una Sentencia de Pleno de 10 de mayo de 2.003 que mantenía el criterio sustentado en su contestación y, sin embargo, dicho criterio ha sido posteriormente modificado por la interpretación comunitaria a través de la Sentencia de Pleno de 16 de abril de 2.007. Procede, por tanto, tener en cuenta estas circunstancias para no proceder a la condena en costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación formulado por "Hotel Monte Igueldo S.A." contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 27 de abril de 2.004 por la Audiencia Provincial de San Sebastián, Sección 2ª en el rollo número 2018/2003, sin hacer expresa imposición de las costas causadas por este recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Antonio Salas Carceller.-José Almagro Nosete.- Firmado y Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.