STS, 15 de Marzo de 1994

La representación de los acusados ha formulado once motivos de casación, los cuatro primeros por quebrantamiento de forma y los restantes por infracción de ley, debiendo analizarse en primer término aquéllos, por razones de método jurídico y exigencias legales (art. 901 bis b) L.E.Crim.).

Los motivos primero y segundo del recurso han sido formulados al amparo del artículo 850.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el primero , se alega que, habiendo sido propuesta por la defensa de los acusados la prueba testifical del Juez D. Victor Manuel, la misma fue admitida por auto de 20 de junio de 1.990, y, posteriormente, por auto de 12 de septiembre siguiente, se acordó que dicha declaración testifical se llevase a efecto por vía de informe.

La defensa recurrió infructuosamente contra esta última decisión, y reiteró su petición al comienzo del juicio oral, y, al ser nuevamente rechazada, formuló la correspondiente protesta y presentó al Tribunal un pliego con las preguntas que pretendía formular al testigo. En el segundo , por su parte, se dice que el Tribunal de instancia aplicó indebidamente el art. 415 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estimando -al igual que en el anterior motivo- que el Sr. Victor Manuel, propuesto como testigo, tenía que deponer como tal en el juicio oral.

El motivo de casación previsto en el art. 850 nº 1º de la L.E.Crim., aquí utilizado por la parte recurrente, debe prosperar "cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente". De modo patente, no concurren estas circunstancias en el presente caso. El Tribunal de instancia admitió oportunamente la prueba testifical aquí cuestionada y luego determinó la forma en que había de llevarse a efecto, en atención a lo dispuesto en los artículos 703 y 415 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al reiterar su petición la defensa de los acusados al comienzo del juicio oral, el Fiscal se opuso a la misma "al entender que dicha prueba fue admitida por la Sala, si bien en forma escrita y su no práctica puede achacarse a la defensa que no presentó su lista de preguntas, por lo que no existe indefensión", acordando seguidamente la Sala "continuar el juicio y no acceder a la suspensión que solicita la defensa, que hace constar su protesta (v. acta del juicio oral).

Las preguntas que la defensa de los acusados pretendía formular a D. Victor Manuel(aparte de ser impertinentes la mayor parte: ¿por qué ordenó el cierre del depósito de detenidos?, ¿por qué realizó declaraciones a la Prensa?, ¿por qué ordenó la apertura del depósito de detenidos ante el recurso del Ayuntamiento?, ¿si considera que aquélla fue una decisión precicipitada? ¿por qué acordó la diligencia de careo?, ¿por qué incoó Diligencias Previas por supuesto delito contra la independencia del poder judicial a la vista de la concentración celebrada a la puerta de su juzgado?, ¿por qué en el sumario por injurias y en el auto de conclusión añadió que la olbigación apud acta de comparecer ante el Juzgado del DIRECCION002debería de cumplirse en la Audiencia de Oviedo?, ¿por qué revocó unilateralmente y sin recurso ninguno una parte del auto de procesamiento?, etc...) guardaban directa relación con el ejercicio de su cargo, por lo que debe estimarse ajustada a Derecho la combatida decisión de la Sala de instancia.

Por lo dicho, procede la desestimación de los dos primeros motivos del recurso.

El motivo tercero , al amparo del art. 850.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reitera sustancialmente los argumentos de los motivos anteriores, refiriéndolos a la petición reproducida al comienzo del juicio oral -a la que ya se ha hecho especial referencia-, estimando que la publicidad (art. 24.2 C.E.) en este tipo de procesos es consustancial con el principio acusatorio y está expresamente reconocida en las normas internacionales.

Debe reiterarse aquí lo ya dicho en el fundamento anterior. La intervención del testigo en forma escrita, en casos como el presente, es jurídicamente correcta (arts. 415 y 703 L.E.Crim.), y en modo alguno se opone al principio de publicidad, en cuanto el propio art. 703 L.E.Crim. dispone que cuando el testigo deponga por escrito, "se dará lectura (del mismo) inmediatamente antes de proceder el examen de los demás testigos".

Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo.

El motivo cuarto, ha sido deducido al amparo del art. 851.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto "en el auto aclaratorio de la sentencia se eleva la pena a seis años y un día de inhabilitación especial, sin que hubiera mediado recurso alguno, de oficio, lo que supone imponer una pena más grave que la que fue objeto de acusación".

Basta comprobar que el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, solicitó se impusiera a los acusados la pena de "seis años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública" (v. antecedente de hecho tercero de la sentencia recurrida), para comprobar que el motivo carece de todo fundamento y no puede prosperar.

Los motivos quinto y sexto, al amparo ya del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncian aplicación indebida de los números 1 y 2 del art. 267 de la L.O.P.J. -el quinto-, e infracción del número 3 del mismo artículo -el sexto-; afirmando, en cuanto al primero, que modificar la fecha de la sentencia y elevar la pena impuesta de seis meses y un día a seis años y un día, no constituye ninguna aclaración de conceptos oscuros o subsanación de cualquier omisión, ni cabe hablar tampoco de errores materiales manifiestos; y, en cuanto al segundo, que, en todo caso, las aclaraciones o rectificaciones deberán hacerse de oficio "dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia".

En relación con este motivo, baste decir: a) Que el juicio oral tuvo lugar el día dieciocho de octubre de mil novecientos noventa; b) que la sentencia recurrida lleva fecha del día veintidós de octubre de dicho año; c) que según dispone el art. 794.1 de la L.E.Crim., la sentencia se dictará "dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral"; d) que, en el antecedente cuarto de la sentencia recurrida, se dice literalmente que "la presente resolución no pudo dictarse dentro del plazo legal por el número de asuntos pendientes en la Sección"; e) que la notificación de la misma lleva fecha del día 9 de noviembre; f) que en el fallo de dicha sentencia se impone a los condenados la pena de "seis meses y un día de inhabilitación espcial"; y h) que la pena de inhabilitación especial tiene una duración "de seis años y un día a doce años" (art. 78 C. Penal).

A la vista de todo ello, es patente que tanto la fecha consignada en el encabezamiento de la sentencia recurrida como la duración temporal fijada en el fallo para la pena de inhabilitación especial constituyen manifiestos errores materiales, cuya subsanación puede llevarse a cabo en cualquier momento. El auto de la Sala de instancia, de fecha 9 de noviembre de 1.990, así lo entendió, y debe consignarse que las rectificaciones llevadas a cabo son correctas: a) la de la fecha de la sentencia (7 de noviembre de 1.990) es compatible con la del auto y con la de las notificaciones correspondientes; y b) la pena de seis años y un día de inhabilitación especial corresponde exactamente con la solicitada por el Ministerio Fiscal y es, precisamente, la pena mínima que cabía imponer por el delito que se declaraba cometido.

Procede, pues, la desestimación de ambos motivos.

Los motivos séptimo y octavo , ambos por el cauce procesal del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia infracción del art. 199 del Código Penal. El séptimo , por "... entender la Sala que un DIRECCION002y nueve concejales pueden atentar contra la independencia del Poder Judicial, cuando únicamente pueden cometer tal delito los superiores de los Jueces"; poniendo de relieve que, según la doctrina, la acción típica descrita en el precepto penal citado consiste en "suspensiones, traslados, destituciones o jubilaciones ilegales... Y cualquier otra conducta encaminada a torcer la recta voluntad de los órganos jurisdiccionales y apartarles de la aplicación de las leyes". El octavo , por su parte, "por confundir la crítica politica con el atentado a la independencia del Poder Judicial, con infracción, por aplicación indebida del art. 199 del Código Penal"; por cuanto "el Magistrado Victor Manuelincurrió en actuaciones que excedían de los límites de su competencia ... (y que)... perjudicaban sensiblemente al Ayuntamiento de Grado y por tanto al Grupo mayoritario del mismo, DIRECCION005,...".

La acción típica definida en el precepto penal cuya infracción aquí se denuncia consiste en "atentar contra la independencia de los jueces y magistrados", tanto globalmente considerados como respecto de cada juez o magistrado en particular.

Atentar contra la independencia del Juez es tanto como pretender privarle de la autonomía necesaria para el desempeño de su función y requiere tanto una acción objetivamente ideónea para conseguirlo como una voluntad de producir tal resultado, con independencia de que, para la consumación de este delito, no es menester que se alcance el resultado perseguido por el sujeto activo. Basta que la acción de que se trate (que puede ser de muy diverso alcance e, incluso, concurrir con otras figuras delictivas -tales como el atentado-) se halle, tanto objetiva como subjetivamente, orientada a un determinado efecto: perturbar la libertad del Juez o Magistrado en el ejercicio de sus funciones.

Tanto por la propia descripción típica, como por el hecho de hallarse incluído el precepto analizado en la Sección segunda del Capítulo II del Título II del Libro II del Código Penal ("De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derecho de la persona reconocidos por las Leyes"), únicamente pueden ser sujetos activos de este delito los funcionarios públicos, tanto administrativos como judiciales.

La independencia de los Jueces y Magistrados constituye la primera y la principal de las notas definitorias de su estatuto desde el punto de vista constitucional (art. 117.1 C.E.). La Ley Orgánica del Poder Judicial destaca, por su parte, esta primordial exigencia:

"En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y del gobierno del Poder Judicial" (art. 12), "todos están obligados a respectar la independencia de los Jueces y Magistrados" (art. 13). Con el contrapunto de la responsabilidad correspondiente (penal, civil y disciplinaria -art. 16 L.O.P.J.-), los Jueces y Magistrados están sometidos "únicamente al imperio de la Ley" (art. 117.1 C.E.). Como pone de manifiesto la doctrina, la independencia judicial se desarrolla, positivamente, en la inamovilidad, inmunidad e independencia económica, y, negativamente, en la ausencia de incompatibilidades y prohibiciones.

La sentencia de esta Sala de 24 de enero de 1.991, al referirse a este mismo tipo penal, destaca que "se trata de un delito especial que sólo puede cometer quien participa del ejercicio de las funciones públicas cuando actúa en tal ejercicio y no cuando obra como un ciudadano particular", "así, pues, este delito puede ser cometido por los mismos Jueces y Magistrados, los órganos de gobierno de éstos o por algún miembro del Consejo General del Poder Judicial..., así como por cualquier funcionario no directamente relacionado con la Administración de Justicia, ...", estando definida esta figura delictiva "de un modo singularmente abierto, por lo que en aras de un adecuado respeto al principio de legalidad, ..., debe ser objeto de interpretación restrictiva...", y, para que se entienda consumado "basta con que el funcionario realice la acción de atentar, y que, tal acción llegue al conocimiento del sujeto pasivo, sin que se exija acreditar que efectivamente este último ha quedado realmente afectado en su libertad de decisión", "siempre que la actividad utilizada al respecto sea idónea para menoscabar la libertad de actuación que la autoridad juficial necesita para el desarrollo de sus funciones", sobre la base de que "no todo aquello que puede influir en el ánimo del Juez ha de reputarse como ataque a su independencia, pues, "en la vida social actual ningún poder público, tampoco el judicial, puede pretender vivir aislado en las influencias del mundo que le rodea".

La conducta enjuiciada en esta causa , en último término, se contrae a la propuesta hecha por el Grupo mayoritario del Ayuntamiento de Grado, al que pertenecía el DIRECCION002de dicha localidad, que culminó en el acuerdo -aprobado con los votos exclusivamente de los miembros de dicho Grupo- por el que se declaró al Juez de Primera Instancia e instrucción del Partido Judicial de Grado, D. Victor Manuel, "persona non grata" en este término municipal.

El Tribunal Constitucional , al examinar si la declaración municipal de persona "non grata" , respecto de una persona que anteriormente había sido nombrada cronista de la ciudad, por entender ésta -recurrente en amparo- que tal acuerdo violaba su derecho fundamental al honor (art. 18.1 C.E.), declara que "no puede considerarse atentatorio contra el honor del recurrente, de acuerdo con pautas sociales generalmente aceptadas hoy día, que el Ayuntamiento le calificase de persona "non grata". En primer lugar, porque la decisión municipal ha de situarse en el contexto de una controversia entre el actor y la Corporación Municipal que había trascendido a la opinión pública... En segundo lugar, porque la referida calificación de persona "non grata" para el Ayuntamiento constituye una apreciación subjetiva de los miembros de la Corporación... Se trata, en definitiva, de un modo de expresar la Corporación su desagrado por una decisión del actor, la de trasladar la celebración de los cursos de verano a otra localidad. No puede, por tanto otorgársele más relevancia que la de expresión de una crítica pública en el marco de una polémica sobre un tema de interés general entre la Corporación municipal, con una composición concreta en un determinado momento, y una persona de la localidad,...". Mas, ello no obstante, el Tribunal se cuida de añadir que , en orden a la habilitación legal del Ayuntamiento para hacer este tipo de declaraciones, "no puede equipararse la posición de los ciudadanos, de libre crítica de las actuaciones representativas en uso legítima de su derecho fundamental a la libertad de expresión, a la de tales instituciones, cuya actuación aparece vinculada al cumplimiento de los fines que le asigna el ordenamiento jurídico, entre los cuales, ciertamente, no se encuentra el de atribuir calificativos a sus administrados . Pues no puede olvidarse que en el presente caso no se trata de declaraciones de uno de los miembros de la Corporación, sino de la manifestación de un juicio que pretende atribuir a la propia Corporación en cuanto tal", (v. sª T.C. nº 185/1989, de 13 de noviembre).

En el presente caso , no cabe duda de que la declaración municipal de persona "non grata", referida al Juez de Primera Instancia e Instrucción de la localidad, merece la misma consideración que la atribuída por el Tribunal Cosntitucional a la examinada en el correspondiente recurso de amparo a que se refiere la sentencia anteriormente citada: se trata, en suma, de una simple apreciación subjetiva de determinados miembros de la Corporación municipal de Grado respecto de la persona que a la sazón ocupaba el cargo de Juez de Instrucción en dicha localidad.

En todo caso, la propuesta de acuerdo, al margen de su improcedencia -como ha destacado el Tribunal Constitucional-, surgió en el curso de unas relaciones tirantes entre el DIRECCION002y el Juez de Instrucción, que, al margen de otras actividades estrictamente jurisdiccionales, había ordenado el cierre del Depósito de detenidos, por estimar que no reunía las condiciones de seguridad y salubridad precisas (decisión que hubo de reponer a instancias del Ayuntamiento), al tiempo que hizo manifestaciones ante los medios de comunicación social elogiando las correspondientes instalaciones de Pravia, en unos momentos en que estaba elaborando la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Tensiones que motivaron otras reacciones, alguna de las cuáles fue causa de que el titular del Juzgado estimase que atentaba también contra la independencia judicial, iniciando las correspondientes actuaciones, ulteriormente archivadas, a instancia del Ministerio Fiscal.

A la vista de la consideración que debe merecer el acuerdo municipal de declaración de persona "non grata", y del carácter restrictivo con que debe interpretarse el término "atentar" -nuclear del tipo penal examinado-, y pudiendo estimarse que el referido acuerdo -sin otro alcance que el de simple apreciación subjetiva de determinados miembros de una Corporación municipal sobre la persona titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad- entra dentro del amplio campo de la crítica social, pese a la improcedente vía elegida por los acusados por las razones anteriormente expuestas, sin interferir el ámbito de la independencia judicial, que, en definitiva constituye el bien jurídico protegido por el precepto analizado, procede, la estimación de estos motivos y, en definitiva, del fondo del recurso de casación, lo que hace innecesario el examen de los restantes motivos articulados por la representación de los acusados.III.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos haber lugar por los motivos SEPTIMO y OCTAVO, con desestimación de los primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y sin hacer pronunciamiento sobre los restantes, al recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley interpuesto por Federico, María del Pilar, Gloria, Rubén, Jesus Miguel, Constantino, Julián, Jose Enrique, Albertoy Gerardo, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, de fecha 22 de octubre de 1.990, en causa seguida a los mismos por delito de atentado contra la independencia judicial; y en su virtud, casamos y anulamos dicha sentencia con declaración de las costas de oficio. Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicte a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Grado con el número 12 de 1.989 y seguida ante la Audiencia Provincial de Oviedo por delito de atentado contra la independencia judicial contra el procesado Federico, mayor de edad, sin antecedentes penales, nacido en Grado el 23 de marzo de 1.945, analista, vecino de Grado, con domicilio en la c/ DIRECCION005NUM000, hijo de Cosmey de Trinidad, con instrucción, de conducta no informada, en libertad por esta causa; María del Pilar, mayor de edad penal, sin antecedentes peales, nacida en Quirós el día 20 de marzo de 1.935, funcionaria, vecina de Grado, con domicilio en la DIRECCION006, hija de Juan Manuely de Maribel, con instrucción, de conducta no informada, en libertad por esta causa; contra Gloria, mayor de edad penal y sin antecedentes penales, nacida en Grado el día 13-8-45, de profesión sus labores, vecina de Grado, con domicilio en Grado, la DIRECCION005NUM001.4º, hija de Casimiroy de Diana, con instrucción de conducta no informada, en libertad por esta causa; contra Rubén, mayor de edad y sin antecedentes penales, nacido en Llantrales-Grado, el 11-5-48, sin profesión, vecino de Grado con domicilio en Llantrales, hijo de Luis Carlosy de Isabel, con instrucción, en libertad por esta causa, de conducta no informada; contra Jesus Miguel, mayor de edad penal y sin antecedentes penales, nacido en Sama de Grado el día 13-4-50, obrero, vecino de Sama de Grado, hijo de Jesús Luisy Patricia, con instrucción, en libertad por esta causa, de conducta no informada; contra Constantino, mayor de edad penal y sin antecedentes penales, nacido en Oviedo el día 20 de mayo de 1.935, sin que conste la profesión, con domicilio en Peñaflor, hijo de Cosmey de Dolores, con instrucción, de conducta no informada, en libertad por esta causa; contra Julián, mayor de edad penal y sin antecedentes penales, nacido en Grado el día 8- 12-50, sin que conste la profesión, vecino de Grado DIRECCION007NUM002, hijo de Juan Ramóny de Consuelo, con instrucción, de conducta no informada, en libertad por esta causa; contra Jose Enrique, mayor de edad penal y sin antecedentes penales, nacido en Grado el día 16 de enero de 1.955, sin que conste su profesión, vecino de Avilés, con domicilio en DIRECCION008NUM003.1º D., hijo de Carolinay de Miguel, con instrucción, de conducta no informada, en libertad por esta causa; contra Alberto, mayor de edad penal y sin antecedentes penales,nacido en Casonera-Aller, el día 12 de Juan Manuelde 1.951, sin que conste la profesión, vecino de Grado, con domicilio en DIRECCION009NUM004, hijo de Cosmey de Claudia, con instrucción, de conducta no informada, en libertad por esta causa y contra Gerardo, mayor de edad penal y sin antecedentes penales, nacido en Grado el día 10 de junio de 1.964, sin que conste profesión, vecino de Grado, con domicilio en DIRECCION010nº NUM002, hijo de Cosmey de Araceli, con instrucción, en libertad por esta causa, de conducta no informada; y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 22 de octubre de 1.990 que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Luis-Román Puerta Luis, hace constar lo siguiente:I. ANTECEDENTES

UNICO.- Se aceptan y reproducen íntegramente los fundamentos fácticos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo y los demás antecedentes de hecho de la pronunciada por esta Sala.

Por las razones expuestas en el quinto de los fundamentos de Derecho de la sentencia decisoria de este recurso, que se dan aquí por reproducidos, los hechos que se declaran probados no son constitutivos del delito de atentado contra la independencia de Jueces y Magistrados del art. 199 del C. Penal que el Ministerio Fiscal imputaba a los acusados, hoy recurrentes, a los que, en su consecuencia, procede absolver libremente.

Al proceder la absolución de los acusados, deben declararse de oficio las costas procesales (v. art. 109 C. Penal, a sensu contrario y art. 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

VISTOS los preceptos legales de aplicación al caso.III.