STS, 2 de Noviembre de 2004
| Ponente | D. RICARDO ENRIQUEZ SANCHO |
| ECLI | ES:TS:2004:7007 |
| Número de Recurso | 6223/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Noviembre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por D. Jose Enrique y Dª Inés, representados por la Procuradora Dª Isabel Roda Martín, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 27 de junio de 2000, sobre denegación de solicitud de asilo, habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Por acuerdo de 6 de mayo de 1999 el Ministerio del Interior denegó la solicitud de asilo presentada por D. Jose Enrique y Dª Inés.
Contra la anterior resolución se interpuso por D. Jose Enrique y Dª Inés recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional con el nº 1406/1999, por la que se desestimaba el recurso interpuesto.
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 20 de octubre de 2004, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
D. Jose Enrique y Dª Inés interponen recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2000, que declaró no haber lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto por ellos contra el acuerdo del Ministerio del Interior de 6 de mayo de 1999, denegatorio de su solicitud de asilo. Dicho acuerdo fundó su decisión en que el solicitante no había acreditado que su salida de su país de origen, Argelia, se hubiera debido al temor de sufrir persecución por alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 1. A.2 de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, y la sentencia recurrida confirmó este acuerdo atendiendo los datos obrantes en los autos y en el expediente administrativo.
La parte recurrente formula un único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (LJ), en el que invoca, como infringidos por la sentencia de instancia, los artículos 33.1, 33.2, 67 y 70 LJ, así como los artículos 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
La formulación de este recurso de casación evidencia escaso rigor formal en su elaboración. En primer lugar se trata de justificar la aplicabilidad supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Jurisdiccional, aludiendo sin duda a la Ley de 27 de diciembre de 1956, en lugar de referirse a la Disposición final primera de la de 13 de julio de 1998. Por otra parte, se citan los preceptos indiscriminadamente, aludiendo a algunos que no tiene relación con las alegaciones que después tratan de fundamentar el motivo. En realidad los únicos preceptos que parecen adecuados a esa finalidad son el artículo 33.1. LJ y el 359 LEC, puesto que el recurrente denuncia que "la sentencia recurrida se contradice" en su Fundamento de Derecho Tercero. Pero no se trata de una contradicción interna de la sentencia, o de una falta de precisión, que pudiera incardinarse en el artículo 359 LEC, o de una ausencia de resolución de alguna de las pretensiones ejercitadas en la demanda, en contra de lo prevenido en el artículo 33.1 LJ. Se trata de que los argumentos de la sentencia rechazan los de la demanda y el recurrente discrepa de ello. La falta de rigor de este motivo de casación llega al extremo de que el recurrente ataca las consideraciones de la Sala de instancia relativas a autorizar al recurrente la permanencia en España por razones humanitarias, según lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, y se refiere a los argumentos esgrimidos en el recurso, cuando en su escrito de demanda no se hizo alusión alguna a esta cuestión.
Por lo expuesto hemos de desestimar el presente recurso y, conforme a lo previsto en el artículo 139. 2 y 3 LJ, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas, no pudiendo superar la minuta del Abogado del Estado la cantidad de 200 ¤.
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Jose Enrique y Dª Inés contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2000, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas, con el límite expresado en el Fundamento Jurídico Tercero de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de esta Sala, de todo lo cual, yo, la Secretaria, certifico.
-
SAP Madrid 141/2010, 19 de Febrero de 2010
...riesgo -Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1986, 21 de noviembre de 1998, 12 de abril de 2000, 10 de febrero de 2002, 2 de noviembre de 2004 y 20 de diciembre de 2007, entre Al estimarse el recuso y, a sus resultas la demanda, condenaremos al demandado al pago de las costas g......
-
SAP Salamanca 38/2014, 14 de Abril de 2014
...y Abel pero no describen el resultado de esas agresiones. Dicho antecedente adolece de falta de concreción incurriendo en lo que la STS de 2-11-2004 denomina "La deficiente técnica consistente en completar el relato fáctico con observaciones contenidas en los fundamentos de derecho". Es nec......
-
STSJ Canarias 143/2010, 14 de Octubre de 2010
...que late también en el espíritu de las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002, 17 de diciembre de 2003, 23 de marzo y 2 de noviembre de 2004, entre otras Ante la inadmisibilidad del recurso de apelación, que debió decretarse por el juzgador "a quo", no hay razones para hacer ......
-
STSJ Canarias 92/2010, 10 de Junio de 2010
...que late también en el espíritu de las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2002, 17 de diciembre de 2003, 23 de marzo y 2 de noviembre de 2004, entre otras Ante la inadmisibilidad del recurso de apelación, que debió decretarse por el juzgador "a quo", no hay razones para hacer ......