STS, 30 de Junio de 2005

Ponente:ENRIQUE CANCER LALANNE
Número de Recurso:2741/2002
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:30 de Junio de 2005
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

"ASILO. INADMISION A TRAMITE. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACION. Si el enunciado, el desarrollo y la súplica del motivo de casación no guardan relación alguna ni con el objeto del proceso ni con la argumentación de la sentencia recurrida; y en definitiva, la parte recurrente en casación no somete a crítica razonada la fundamentación jurídica de la sentencia, sino que, por una evidente confusión en su dirección letrada, le atribuye un contenido y fundamentación que no es el propio de dicha sentencia; corresponde el rechazo del recurso. Se desestima el recurso de casación. Se inadmite la casación."

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Junio de dos mil cinco.

VISTO por la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 2741/2002, interpuesto por D. Jaime, en su propio nombre así como en el de su esposa Dª Andrea y sus hijos Pedro Jesús y Jon , y en su representación la Procuradora Dª Sonia López Caballero contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 28 de febrero de 2002, en el recurso contencioso-administrativo nº 141/2001, sobre denegación de solicitud de asilo, habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por resolución de 2 de agosto de 2000 el Ministerio del Interior denegó el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo a D. Jaime, a su esposa Dª Andrea y sus hijos Pedro Jesús y Jon, nacionales de Argelia.

SEGUNDO

Contra la anterior resolución se interpuso por D. Jaime y familia recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (sección 1ª) con el nº 141/01, en el que recayó sentencia de fecha 28 de febrero de 2002 por la que se desestimaba el recurso interpuesto.

TERCERO

Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 28 de Junio de 2005, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

D. Jaime, en su propio nombre así como en el de su esposa Dª Andrea y sus hijos Pedro Jesús y Jon interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 28 de febrero de 2002, que declaró no haber lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto por él contra la resolución del Ministerio del Interior de 2 de agosto de 2000, denegatoria de su solicitud de asilo.

SEGUNDO

La Administración fundó su resolución denegatoria del asilo en que "el solicitante basa la solicitud en la situación general de inestabilidad del país de origen.... , su relato resulta genérico, impreciso y contradictorio en la descripción de los hechos que motivaron la persecución de los hechos que motivaron la persecución alegada y de los hechos que motivaron la persecución alegada y de los aspectos esenciales de la persecución .... , basa su solicitud en alegación de persecución por parte de agentes distintos de las autoridades de su país de origen..."; de modo que "no se aprecia la existencia de temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas que permitan reconocer la condición de refugiado tal y como exige el artículo 1.A.2, de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, y conforme a lo dispuesto en el art. I.2 del Protocolo de Nueva York, sobre dicho Estatuto, Instrumentos internacionales ambos a los que expresamente se remite el artículo 3 de la Ley de Asilo". Termina la resolución administrativa señalando que no se desprenden razones humanitarias o de interés público para autorizar la permanencia del solicitante en España, al amparo del artículo 17.2 de la Ley de Asilo.

A su vez, la sentencia de instancia, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra aquella resolución, señala, en cuanto ahora interesa, lo siguiente: " PRIMERO. " Tras la modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, operada por la Ley 9/94, de 19 de mayo, y la consiguiente la unificación de las figuras de asilo y refugio, es doctrina de esta Sala que aun constando objetivamente que en un determinado país puedan darse circunstancias que den lugar a la aplicabilidad en España del derecho de asilo y a la concesión de la condición de refugiado, es indispensable que el solicitante aporte datos específicos sobre su temor a ser perseguido por razón de raza, etnia, religión, pertenencia a grupo social determinado o por actividades políticas, circunstancias éstas que son las que configuran la noción de refugiado. Se requiere así la concurrencia de los dos elementos - objetivo y subjetivo- pues está en la esencia de la condición de refugiado esta situación subjetiva de temor, de conformidad con el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 de Julio de 1951) y el Protocolo que lo complementa (Nueva York, 31 de enero de 1967). Tal temor debe ser fundado, pero como su acreditación resulta con frecuencia difícil lo que se requiere es al menos una prueba indicaría que permita razonablemente afirmar la probabilidad -no la mera sospecha o conjetura- de sufrir persecución por alguno de los motivos antes señalados. SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa el ahora recurrente, nacional de Argelia, alegó en su solicitud de asilo que residía con su familia en Orán, donde él regentaba un negocio de venta de pollos y corderos; que fue detenido y torturado porque no quería pagar la aportación (impuesto revolucionario) que le exigían los grupos fundamentalistas; que fue así extorsionado ante la total pasividad de la Policía y de las autoridades argelinas. El ahora recurrente aportó al expediente copia de informe médico emitido por el Jefe Local de Sanidad de Mislata donde se da cuenta de la existencia de cinco cicatrices en distintas partes del cuerpo (región pectoral, antebrazo,...) que "...parecen producidas por instrumento cortante y por su aspecto se puede estimar su antigüedad superior a un año". Siendo éstos, en síntesis, los hechos relatados por el ahora recurrente, la resolución recurrida denegó la petición de asilo señalando que tal solicitud se basa en la situación general de inestabilidad del país de origen, sin que del contenido del expediente se deduzca que el solicitante haya sido objeto de una persecución personal ni que aquella situación justifique su temor a sufrir tal persecución. Se indica también en la resolución recurrida que el relato del solicitante resulta genérico, impreciso y contradictorio -aunque no concreta cuáles son los puntos o aspectos del relato que incurren en contradicción-, y, en fin, que la solicitud de asilo está basada en la persecución por agentes distintos de las autoridades de su país de origen sin que se deduzca del expediente o de la información disponible que estas autoridades hayan promovido o autorizado los hechos alegados. TERCERO No podemos compartir el reproche que se realiza en la resolución impugnada en el sentido de que el relato del solicitante de asilo incurre en contradicciones, pues ya hemos señalado que el acto recurrido no concreta en qué consisten tales contradicciones. Ahora bien, salvo en ese punto que acabamos de mencionar, la resolución recurrida debe ser considerada ajustada a Derecho, pues lo cierto es que el solicitante de asilo aquí recurrente no ha acreditado, siquiera de forma indiciaria, ni el hecho de la persecución ni su temor fundado a padecerla por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, con lo que no concurre el presupuesto necesario para el reconocimiento del derecho de asilo conforme a lo previsto en el artículo 1.A.2, párrafo 1º de la Convención de Ginebra de 1951.... junto a este defecto de acreditación que acabamos de señalar debemos destacar también que el demandante no ha intentado siquiera desvirtuar el razonamiento que se formula en el acto recurrido relativo al hecho de que la persecución de la que dice ser objeto el solicitante de asilo no proviene de las autoridades o de agentes gubernamentales de su país, y a que no consta que estas autoridades la hayan promovido o tolerado o hayan permanecido inactivas frente a la misma; circunstancias sin las cuales la persecución alegada, aunque hubiese sido en alguna medida acreditada, que no lo ha sido, no determinaría en principio el reconocimiento del derecho de asilo".

TERCERO

La parte recurrente formula un único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (LJ) por infracción del artículo 5.6 b) y d) de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado; artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra de 1951; y artículos 24 y 10.2 de la Constitución.

Tras afirmar que la resolución administrativa impugnada inadmitió a trámite su solicitud de asilo, en aplicación del artículo 5.6.b) de la Ley de Asilo, sostiene el recurrente que su situación como mínimo justificaba un estudio detenido de su solicitud por la autoridad competente "a través de la admisión a trámite de dicha solicitud, con el consiguiente sustanciación del procedimiento". Añade que en el presente caso se pretende que aporte una prueba plena de la persecución que sufre en su país de origen, lo que no es posible dadas las circunstancias sociales y políticas de dicho país, y apunta que para la inadmisión a trámite de una petición de asilo sólo pueden aplicarse motivos formales, sin que en ese momento de la admisión a trámite se pueda exigir la aportación de pruebas de la persecución, puesto que esas pruebas han de aportarse después, en un momento posterior a la admisión de la solicitud . Termina con la súplica de que se anule la sentencia recurrida y "se reconozca el derecho a la admisión de la solicitud de asilo del recurrente".

CUARTO

A tenor de cuanto se ha expuesto, se aprecia con claridad que este recurso carece manifiestamente de fundamento, por lo que debió en su día ser inadmitido y debe ahora ser declarado inadmisible (artículo 95.1 de dicha Ley). Ello es así porque la Sala de instancia desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra la resolución del Ministerio del Interior de que deniega el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo. Pues bien, pese a ser ese el objeto del proceso, el único motivo del recurso de casación cita en su enunciado como precepto infringido el artículo 5.6.b) de la Ley 5/84, que se refiere a uno de los supuestos por los que se inadmite a trámite la solicitud de asilo, y tanto en el desarrollo del motivo como en la "súplica" se refiere en todo momento a una supuesta resolución administrativa de inadmisión a trámite que no existe, ya que la solicitud de asilo del recurrente fue debidamente admitida, tramitada y resuelta, bien que en sentido denegatorio de su petición. De este modo, el enunciado, el desarrollo y la súplica del motivo de casación no guardan relación alguna ni con el objeto del proceso ni con la argumentación de la sentencia recurrida.

A mayor abundamiento, por lo que respecta a las alegaciones relativas a la inexigibilidad de prueba plena en casos como el concernido, la Sala de instancia no desconoce ni infringe la doctrina jurisprudencial sobre la suficiencia de prueba indiciaria en esta materia. La sentencia recurrida no exige ninguna prueba plena del temor a sufrir persecución por parte del recurrente, al contrario, asume esa doctrina jurisprudencial y, partiendo de ella, dice que ni siquiera hay prueba indiciaria de la persecución invocada, habiendo alcanzado esa conclusión sobre la base de una valoración conjunta del material probatorio obrante en autos; siendo de recordar que en un recurso de casación no cabe discutir la valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal de instancia, salvo contadas excepciones que aquí no concurren y que el recurrente ni siquiera menciona. Consiguientemente, no existe tampoco ninguna infracción desde esta perspectiva.

En definitiva, la parte recurrente en casación no somete a crítica razonada la fundamentación jurídica de la sentencia, sino que, por una evidente confusión en su dirección letrada, le atribuye un contenido y fundamentación que no es el propio de dicha sentencia.

Así pues, el motivo aducido por la representación procesal de la parte recurrente no guarda relación alguna con las cuestiones debatidas en la instancia y, por consiguiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 93.2, b) de la vigente Ley Jurisdiccional, procede declararlo inadmisible, ya que, aun admitido a trámite en su momento, el apartado 1 del artículo 95 de la vigente Ley Jurisdiccional establece que la sentencia que resuelva el recurso de casación podrá declarar su inadmisibilidad si concurre alguno de los motivos previstos en el artículo 93.2 de la propia Ley.

QUINTO

Semejante actuación procesal justifica por sí sola la imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente, conforme a lo previsto en el artículo 139. 2 y 3 LJ, no pudiendo superar la minuta del Abogado del Estado la cantidad de 200 ¤, visto el contenido del escrito de oposición.

Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, por la autoridad que nos confiere la Constitución;

FALLAMOS

DECLARAMOS INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por D. Jaime, en su propio nombre así como en el de su esposa Dª Andrea y sus hijos Pedro Jesús y Jon, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 28 de febrero de 2002, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 141/2001; condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas, con el límite expresado en el Fundamento Jurídico quinto de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.