STS 330/2000, 25 de Febrero de 2000

La sentencia recurrida condenó por unos hechos ocurridos bajo la vigencia del CP de 73 aplicando el CP vigente. Consideró autores directos a Alfonso, a Marcelinoy a Ángel Jesús, e inductor a Plácido, respecto de tres delitos: un asesinato consumado, otro asesinato intentado y un tercero de tenencia ilícita de armas. Impuso a los cuatro las mismas penas: 19 años, 14 años y 1 año y 6 meses de prisión, respectivamente, concurriendo en los dos primeros la circunstancia agravante de precio, aparte de la alevosía que se consideró constitutiva de ambos asesinatos.

Dichos cuatro condenados recurrieron en casación, los autores directos por dos motivos, mediante un recurso conjunto para los tres, y el inductor por medio de otros tres.

Han de desestimarse.

Recurso de Alfonso, Marcelinoy Ángel Jesús.

Los dos motivos de este recurso han de ser estudiados conjuntamente al tener un mismo contenido.

En el motivo 1º, al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, se alega violación del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE, impugnando las pruebas que la Audiencia Provincial de Pontevedra utilizó para condenar a tales recurrentes, mientras que en el motivo 2º se habla de aplicación indebida de los arts. 22, 28, 139.1 y 564 del CP, así como la no aplicación del art. 24 de la CE, pero no por error en la calificación jurídica sino reiterando la falta de pruebas expuesta con más detalle en el motivo 1º.

Contestamos haciendo las siguientes consideraciones:

1. En casación el Tribunal Supremo no está autorizado a revisar la valoración de la prueba que se hizo en la instancia, materia que compete en exclusiva a la Audiencia Provincial (art. 741 de la LECr.) que presidió su práctica y tuvo un contacto directo con los medios utilizados, como una exigencia del principio de inmediación, uno de los rectores del acto solemne del juicio oral.

   En casación, cuando como aquí se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, sólo cabe comprobar la realidad de la prueba de cargo utilizada por el Tribunal de instancia, verificar si ésta ha sido traída al proceso con las garantías exigidas por la Constitución y la Ley y, examinar si ha de considerarse razonablemente suficiente.

2. En el caso presente hubo un anterior recurso de casación que fue resuelto con estimación de un motivo relativo a quebrantamiento de forma que obligó a la Audiencia Provincial a redactar una nueva sentencia en la que hubo de expresar qué prueba había utilizado para condenar: esta segunda sentencia es la que aquí se recurre y en ella (fundamento de derecho 2º), con relación a los tres autores directos de los hechos de autos, se nos dice, en síntesis, que hubo la siguiente prueba de cargo:

   1. La declaración de Elena, víctima del asesinato frustrado y esposa del fallecido Carlos Alberto.

   2. La declaración de Ángel Jesús, uno de los coprocesados.

   3. Una serie de hechos indiciarios que sle utilizaron como elementos de corroboración de esas dos pruebas principales.

      Hemos de referirnos ahora con más detalle a cada uno de esos elementos probatorios:

   1. Elenadeclaró en el acto del juicio oral manifestando allí que reconocía a los tres aquí recurrentes como quienes en la mañana del 12 de septiembre de 1994 entraron en la cocina de su casa, a través de la puerta del garaje que se encontraba abierta, cada uno de ellos, provisto de una pistola, uno que se quedó en la puerta de la cocina, otro que disparó contra la cabeza de su marido que falleció casi en el acto y otro que lo hizo contra la declarante, también contra su cabeza, pero alcanzándola en el cuello, porque ella se movió en ese momento.

      En los mismos términos había declarado ante la Policía, dos días después de los hechos, cuando aún se hallaba hospitalizada en la UVI, tal y como se hace constar en el atestado inicial (folios 30 a 32) y luego con más detalle en el Juzgado de Cambados, una vez restablecida de sus graves lesiones que la han dejado parapléjica, si bien en estas declaraciones sólo se refería a la forma en que los hechos se produjeron, sin concretar la identidad de los autores que es precisamente lo que se impugna aquí por los tres recurrentes.

      Sobre éste último extremo existieron varios intentos de reconocimiento en los trámites policial y sumarial. El 14 de septiembre de 1994 le fueron exhibidas unas fotografías con resultado negativo (folio 115) lo que se repitió cuatro días después (folios 246 y ss) con el mismo resultado. Luego el Juzgado de Cambados se trasladó al hospital de A Coruña donde Elenaaún se encontraba en tratamiento, con muchos dolores como ella misma nos dice, también pocos días después del grave suceso, el 23 de ese mismo mes de septiembre, y allí tuvo lugar una serie de reconocimientos en rueda, practicados conforme a los arts. 368 y ss. de la LECr. y con asistencia de Letrado y del Ministerio Fiscal, que dieron resultado negativo respecto de Alfonsoy de Marcelinoy positivo con relación a Ángel Jesúsque resultó identificado, sin duda alguna para Elena, en las tres ruedas sucesivas que allí tuvieron lugar (folios 446, 447 y 450) referidas a la persona de este último (Ángel Jesús).

      Aunque la Sentencia recurrida nada dice sobre este extremo, no puede calificarse de arbitrario que, a la vista de las explicaciones que ella nos dio al respecto (la carencia de gafas graduadas y los dolores que tenía en esos momentos), la Sala de instancia concediera crédito a lo que dijo después en el acto del juicio oral, cuando manifestó reconocer a los tres aquí recurrentes como quienes esa mañana de septiembre de 1994 habían entrado en su casa, habían matado a su marido y a ella la habían dejado muy gravemente lesionada: es un momento en su vida que ella ha podido ir rememorando y volviendo a recordar una y otra vez, con más facilidad cuando se vio libre de los dolores que padeció en los días posteriores a tan triste suceso.

   2. Cierto es, como dice el recurrente, que Ángel Jesús, cuando declaró en el acto del juicio oral lo hizo exculpándose a sí mismo, a los otros dos coacusados en calidad de autores directos y también a Plácidocondenado como inductor, rectificando así la declaración que antes había prestado ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 en la que había implicado a todos en los hechos referidos.

      A los pocos días del suceso que ahora nos ocupa Alfonso, Marcelinoy Ángel Jesús, que habían llegado a Madrid desde Galicia, fueron detenidos en casa de Jose Luis, otro acusado que fue absuelto en la propia sentencia recurrida. Los tres negaron en comisaría su participación en tales sucesos y lo mismo hicieron Alfonsoy Marcelinoante el mencionado Juzgado Central núm. 5. Pero Ángel Jesús, asistido de abogado de oficio, que comenzó su declaración ante este Juzgado y con la misma posición negativa, sin embargo, en un determinado momento (folio 198 de las diligencias de este Juzgado Central núm. 5 que aparecen cosidas al Tomo IV del Sumario con numeración propia), manifiesta que tiene miedo de declarar la verdad puesto que corre peligro su familia en Colombia, pese a lo cual desea colaborar con la justicia y a continuación manifiesta la forma en que cada uno de los cuatro condenados aquí recurrentes intervino en los hechos, si bien trata de esculpar parcialmente a Marcelinoy a sí mismo, al imputar sólo a Alfonsoel hecho de entrar en la casa de la familia EstebanEnriqueMaría del PilarCarlos MiguelFelipeCarlos AlbertoRosarioCarlos María, así como el haber disparado contra marido y mujer en esa mañana del 12 de septiembre de 1994, diciendo que él y Marcelinose quedaron en el interior del coche en el que había llegado allí los tres, sin entrar al domicilio de las víctimas, precisando que dicho Alfonsosalió de tal domicilio herido en una pierna, extremo este, el de la herida en la pierna, que también reconoció Marcelinoen su declaración ante dicho Juzgado Central (folios 192 y 272) y, como Ángel Jesús, luego negó en el acto del juicio.

      También es cierto que en el desarrollo del juicio oral no se hizo uso del mecanismo que el art. 714 LECr prevé para los supuestos en que las declaraciones prestadas en el plenario son contradictorias con las realizadas por la misma persona en el trámite de instrucción. No se leyeron las referidas declaraciones prestadas por Ángel Jesús(tampoco la de Marcelino) ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5. Hubo en verdad un defecto de forma al no haberse usado el referido mecanismo procesal del citado art. 714. Pero tal defecto no produjo indefensión alguna a las partes, pues a esa declaración anterior de Ángel Jesússe refiere de modo reiterado éste último al contestar en el plenario a diferentes preguntas de las partes referidas al tema, reconociendo la realidad de esas manifestaciones ante el Juzgado Central tratando de explicarlas aludiendo a presiones de la policía y negándose expresamente a ratificarlas así como el hecho de haber recibido dinero de Plácido. Dijo en el juicio oral que los policías le sacaban del calabozo y le decían lo que tenía que declarar, precisando además que los policías se quedaron a la puerta y eran los que le habían presionado. Tales alusiones repetidas a la presión policial se compadecen mal con lo que aparece en el informe médico forense del folio 189 en el que consta que el examinado "refiere un trato correcto y no desea ser reconocido".

      Es decir, esas declaraciones de Ángel Jesús, conocidas, desde luego, por todos los asistentes al acto, dada su importancia, fueron introducidas en el debate del juicio oral, aunque no se leyeron allí como manda el mencionado art. 714, y ello permitió a la Audiencia Provincial tenerlas en cuenta para considerarlas de mayor credibilidad que las prestadas en el acto del plenario, como una manifestación más del principio de apreciación conjunta de la prueba que rige en nuestro sistema procesal (STS 2-10-91, 4-6-92, 25-3-94 y 28-9-96 entre otras muchas).

   3. Por último, la sentencia recurrida utiliza, como elementos corroboradores de las dos pruebas antes referidas, una serie de datos indiciarios referidos a las actividades de los cuatro condenados realizadas antes y después de los hechos delictivos que estamos examinando. Basta leer las declaraciones del juicio oral de cinco de los seis acusados (Plácidose negó a declarar en este acto), para darnos cuenta de que los cuatro aquí recurrentes tuvieron entre sí y en relación con Galicia unos contactos en las fechas anteriores a tales hechos que refuerzan la credibilidad de las mencionadas declaraciones de Elenay Ángel Jesús: los cuatro condenados, todos ellos de la misma nacionalidad (colombiana), estuvieron primero en Madrid donde los tres autores directos fueron recibidos y hospedados por Plácido, visitaron todos el Parque de Atracciones donde se hicieron fotografías que después fueron halladas en el registro que se hizo en el domicilio de Jose Luis. Luego Plácidolos trasladó a Galicia donde estuvieron todos en un chalet que había alquilado Claudio(el otro acusado que fue absuelto) por encargo de Plácidoen fechas anteriores a los hechos de autos, marchando por último Plácidoa Oporto, llevado por Claudio, y los otros tres a Madrid, donde primero fueron al domicilio de Plácidoy después a casa de Jose Luisdonde fueron detenidos.

      A la vista de lo antes expuesto esta Sala ha de considerar que hubo prueba de cargo practicada con las garantías propias del juicio oral y razonablemente suficientes para justificar las condenas aquí recurridas.

      Estimamos que fue debidamente respetado el derecho a la presunción de inocencia de los tres condenados como autores directos en los hechos aquí examinados, como lo fue también respecto del otro recurrente, Plácido, tal y como exponemos a continuación.

      Recurso de Plácido

También hay que examinar juntos los dos motivos primeros de este recurso, pues ambos tienen el mismo contenido y el mismo apoyo procesal (art. 5.4 LOPJ): el 1º referido a la tutela judicial efectiva, del art. 24.1 de la CE por falta de motivación sobre la prueba, pero también con impugnación de la prueba de cargo que la Audiencia Provincial utilizó, y el 2º directamente referido al derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE.

1. Con relación a la denuncia de falta de motivación, simplemente decimos que no hay tal, pues el fundamento de derecho 2º de la sentencia recurrida hace una exposición de la prueba de cargo utilizada contra los cuatro condenados, refiriéndose concretamente a Plácidoen sus seis últimos párrafos, lo que consideramos suficiente para cumplir lo ordenado en el art. 120.3 y para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.

2. Respecto de la denuncia de infracción del derecho a la presunción de inocencia, nos remitimos a lo dicho en el anterior fundamento de derecho de esta misma resolución, con las siguientes precisiones:

1. Con relación a Plácidono vale como prueba de cargo la declaración de Elena, pues esta señora sólo pudo declarar sobre lo que vio: la actuación de los tres autores de los disparos que causaron la muerte de su marido y sus propias lesiones. Así lo consideró la sentencia recurrida que explica las particularidades de la utilizada contra Plácido, de forma que consideremos razonable, en los referidos seis párrafos últimos de su fundamento de derecho 2º, a los cuales nos remitimos.

2. Hay otro dato corroborador que tiene singular importancia respecto del citado Plácido, que fue condenado en la instancia como inductor por haber contratado a los tres autores directos y haber dado a cada uno de ellos un millón de pesetas por su actuación en los delitos de autos, y es el hecho de haber sido hallada una cantidad muy aproximada a tales tres millones (uno para cada uno) en el registro que se efectuó en la casa donde los tres estaban hospedados y fueron detenidos (folios 75 y 76 de las diligencias del Juzgado Central de Instrucción nº 5 cosidas al Tomo IV del sumario). Tal hecho indiciario es válido también contra los otros tres condenados como un elemento más de corroboración.

3. Con relación a la diligencia de careo del folio 255 de esas mismas actuaciones del Juzgado Central, es cierto que en el mismo, tal y como dice el recurrente, aparece una primera manifestación de Ángel Jesúsen la que éste dice haber recibido un millón de pesetas de Plácido, y que esta declaración, ante la negativa de Marcelinosobre este mismo extremo, fue al final rectificada por dicho Ángel Jesús. Pero esto no es obstáculo para que la Audiencia Provincial pudiera considerar prueba de cargo contra dicho Plácidola declaración de aquél (Ángel Jesús), antes referida, hecha a los folios 196 a 200 de esas diligencias del Juzgado Central nº 5 e introducida en el debate del juicio oral en la forma expresada en el fundamento de derecho anterior, declaración en la que se afirma la mencionada entrega de un millón de pesetas por parte de Plácidoa cada uno de los tres ejecutores materiales de los dos asesinatos, uno consumado y otro en tentativa, por los que se condenó a los cuatro ahora recurrentes.

Queda por examinar el motivo 3º del recurso de Plácidoque ha de ser estimado.

En este motivo 3º, con la adhesión expresamente manifestada en el acto del informe oral del presente recurso por parte de la defensa de los otros tres condenados también recurrentes, al amparo del nº 1º del art. 849 LECr, se alega infracción de ley por haberse aplicado al caso, respecto de los tres delitos por los que condena, el CP 95 cuando los hechos ocurrieron en 1994, es decir, bajo la vigencia del CP anterior, que consideran más favorable, no por las penas impuestas por cada uno de tales tres delitos, sino por el límite máximo de 30 años que prevé la regla 2ª de su art. 70 compatible con el beneficio de penas por el trabajo, beneficio excluido en el CP vigente, cuando el límite máximo previsto por el art. 76 de este último código para el caso presente es el de 25 años al haberse condenado por delito de asesinato consumado sancionado en el art. 139 con pena de 15 a 20 años de prisión.

Treinta años de prisión con el beneficio de redención de penas por el trabajo ha de considerarse pena más favorable para los cuatro condenados que la correlativa de veinticinco años de CP actual sin tal beneficio. Así lo han solicitado todos los interesados y así han de ser condenados. La estimación de este motivo 3º ha de beneficiar a los otros tres recurrentes por lo dispuesto en el art. 903 LECr.III.

FALLO

NO HA LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de ley y de precepto constitucional formulado por Alfonso, Marcelinoy Ángel Jesúscontra la sentencia que, entre otros pronunciamientos, a los tres les condenó por dos delitos de asesinato, uno consumado y otro en grado de tentativa, y otro de tenencia ilícita de armas, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, imponiendo a dichos recurrentes el pago de las costas de su recurso.

HA LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por Plácido, por estimación de su motivo tercero relativo a infracción de ley y con desestimación de los otros dos referidos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, y en consecuencia anulamos la sentencia antes referida que condenó a dicho Plácidoy a los otros tres recurrentes, declarando de oficio las costas de este recurso.

Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados, con el núm. 2/94 y seguida ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra por delito de asesinato consumado, otro asesinato frustrado y uno de tenencia ilícita de armas contra Plácido, Alfonso, Marcelino, Ángel Jesús, Jose LuisY Claudio, teniéndose aquí por reproducidos todos los datos que aparecen en el encabezamiento de la sentencia recurrida, que ha sido anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Delgado García.I. ANTECEDENTES

Los de la sentencia recurrida y anulada, incluso su relato de hechos probados.

Los de la referida sentencia de instancia con la salvedad de que, por lo expuesto en el fundamento de derecho cuarto de la anterior sentencia de casación, han de sancionarse los tres delitos objeto del presente procedimiento conforme a las normas del CP 73, vigente en la fecha de los hechos de autos, año de 1994, pues el CP actual no es más favorable.

Las penas a imponer, iguales para los cuatro acusados, Plácidocomo inductor, y los otros tres como autores materiales, con la circunstancia agravante de precio (art. 10.2º) respecto de los dos asesinatos y con aplicación de la regla 2ª, primer inciso, del art. 61, que obliga en tales casos a imponer el grado medio o máximo, son las siguientes:

1. Veintiocho años de reclusión mayor, casi el mínimo del grado medio de la pena prevista en el art. 406 para el delito de asesinato, sancionado con reclusión mayor en grado máximo a dividir en tres partes por lo dispuesto en el art. 78.

2. Veintiún años de reclusión mayor, también casi el mínimo del grado medio de la pena inferior en grado (art. 51) a la prevista en el citado art. 406 por el delito de asesinato en grado de frustración, aplicando al caso la regla 2ª del art. 56.

3. Un año de prisión menor por la tenencia ilícita de armas, también en el grado mínimo de la pena prevista en el art. 254.

En todo caso, la determinación concreta de la pena a imponer tiene menor importancia en el supuesto presente, pues ha de aplicarse el límite de cumplimiento de 30 años ordenado en la regla 2ª del art. 70.

Los de la anterior sentencia de casación.III.