STS, 4 de Abril de 2002
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 04 Abril 2002 |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Abril de dos mil dos.
Visto el recurso de casación, interpuesto por el Ayuntamiento de Pamplona, representado por el Procurador D. José Manuel Dorremochea Aramburu, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Pamplona, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 17 de Febrero de 1998, sobre importe de transferencia de aprovechamiento urbanístico exigida para la obtención de licencia de apertura, habiendo comparecido como parte recurrida la Comunidad Foral de Navarra, representada por la Procuradora Dª. Isabel de Oro Sanz.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se ha seguido el recurso número 103/95, promovido por la Comunidad Foral de Navarra, y en el que ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de Pamplona, sobre importe de transferencia de aprovechamiento urbanístico exigida para la obtención de licencia de apertura.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 17 de Febrero de 1998 con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la Comunidad Foral de Navarra, frente al acuerdo ya identificado en el encabezamiento de esta resolución, acuerdo que anulamos por disconformidad al ordenamiento jurídico. No se hace condena en costas.".
Contra dicha sentencia se preparó recurso de casación por el Ayuntamiento de Pamplona, y elevados los autos y el expediente administrativo a este Alto Tribunal, por el recurrente se interpuso el mismo, y una vez admitido por la Sala, se sustanció por sus trámites legales.
Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día 21 de Marzo de 2002 en cuya fecha tuvo lugar.
El Ayuntamiento de Pamplona interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Pamplona, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 17 de Febrero de 1998, que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad Foral de Navarra contra el acuerdo de aquella Corporación de 25 de Noviembre de 1994, por el que se exigía a la entidad IberCaja, una cantidad de dinero correspondiente a la transferencia de 9´ 19 unidades de aprovechamiento urbanístico, como condición para la obtención de una licencia de apertura que habría solicitado para un local.
Alega en primer lugar la parte recurrida que el presente recurso de casación debió haber sido inadmitido, por concurrir dos causas para ello: una, que su cuantía es inferior a seis millones de pesetas, y otra, que la parte recurrente no ha indicado el motivo o motivos de casación en que se ampara, ni concretado los preceptos y jurisprudencia que considera infringidos por la Sala de instancia, en la forma en que estos requisitos son exigibles en un recurso de casación.
La primera de dichas causas ha de ser desestimada porque aunque la cuantía del recurso es inferior a 6.000.000 de pesetas, en él se ha impugnado indirectamente el Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona, de modo que el recurso es admisible, según lo previsto en el artículo 93.3 Ley Jurisdiccional. Por el contrario, cabe apreciar la causa de inadmisibilidad derivada del incumplimiento por parte del recurrente de lo dispuesto en el artículo 99.1 Ley Jurisdiccional. En efecto, en el escrito de interposición del recurso de casación el Ayuntamiento de Pamplona no cita el motivo o motivos de casación, de los previstos en el artículo 95.1 Ley Jurisdiccional, a que se acoge, ni concreta los preceptos legales o la jurisprudencia que considera infringidos por la Sala de instancia en la forma exigida en un recurso de casación, pues desarrolla su argumentación en una exposición de Hechos y Fundamentos de Derecho que parece corresponder a la técnica alegatoria propia del recurso de apelación. Ni siquiera los Fundamentos de Derecho Primero a Cuarto, en los que la parte recurrente concreta su ataque a la decisión de la Sala de instancia contraria a la declaración de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad Foral de Navarra, merecen una consideración mas favorable. Es cierto que en ellos se cita el artículo 82.c) en relación con el 40 a), ambos de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, pero antes se advierte que se considera que la sentencia recurrida incurre en "infracción de la jurisprudencia en esta materia", sin que después se cite una sola sentencia de la que quepa deducir una solución contraria a la adoptada por el Tribunal "a quo". Por el contrario se alude vagamente a que la Sala de instancia ha caído "en una interposición rigorista de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciar la causa de inadmisibilidad que no concierne", con olvido de que esa interpretación rigorista es exigible para apreciar una causa de inadmisibilidad, no para rechazarla como se ha hecho en el presente caso. Por todo ello, dado el trámite procesal en que nos encontramos la referida causa de inadmisibilidad del recurso debe dar lugar a su desestimación.
Conforme dispone el artículo 102.3 de la Ley de esta Jurisdicción procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas.
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Pamplona contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Pamplona, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 17 de Febrero de 1998, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzón Herrero, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.
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