STS 1130/2002, 14 de Junio de 2002

La sentencia recurrida, entre otros pronunciamientos, condenó a D. Enrique como autor de dos delitos:

1. Uno de estafa por otorgar contrato simulado en perjuicio de tercero al haber fingido una ampliación de capital por valor de 941.612.500 pts. respecto de la empresa aseguradora DIRECCION003 , dinero aportado en los días 12 y 13 de septiembre de 1991 y retirado en esas mismas fechas, pese a lo cual recibió acciones de DIRECCION003 correspondientes a dicho valor, todo ello en calidad de presidente de DIRECCION000 . Por este delito, pese a su fecha, se aplicó el CP 95, por considerarse más favorable al reo y se le impuso la pena de un año de prisión, el mínimo previsto en el art. 251.3º.

2. Otro delito continuado de apropiación indebida por haber ingresado en su cuenta personal treinta y dos millones de pesetas de la aseguradora DIRECCION002 y otros noventa de la referida DIRECCION003 , sociedades estas de las que, a las fechas de estos hechos, de enero a julio de 1992, era consejero delegado. Para sancionar este delito se le aplicó el CP anterior imponiéndole la pena de un año de prisión menor.

Dicho condenado recurre ahora en casación por seis motivos.

Respecto de ese delito de estafa por simulación de contrato fue declarada responsable civil subsidiaria la mencionada empresa DIRECCION000 . que también recurre en casación por tres motivos que coinciden con el 1º, 3º y 5º del recurso de D. Enrique .

Hay que desestimar los dos recursos.

En el motivo 1º, al amparo del nº 1 del art. 851 LECr, se alega en el encabezamiento contradicción y falta de claridad en los hechos probados, si bien nada se dice después sobre esto último, por lo que en realidad su objeto queda reducido a lo fundado en el inciso 2 de la mencionada norma procesal, conforme al cual hay quebrantamiento de forma cuando resulte manifiesta contradicción entre los hechos probados.

Dice el recurrente que tal contradicción se encuentra entre lo afirmado en el apartado 4 de tales hechos probados, cuando se da por acreditado que DIRECCION003 y otras sociedades adquirieron pagarés a DIRECCION000 por importe de 2.000 millones de pts, y el apartado 5 de esos mismos hechos probados al no tener por acreditado que los 941.612.500 pts. de la ampliación de capital de DIRECCION003 fueran destinadas a adquirir para esta sociedad parte de esos 2.000 millones en pagarés.

Como se advierte por la misma exposición que acabamos de hacer, ninguna contradicción hay entre lo que dicen el apartado 4 y el 5. En el 4 se dicen los pagarés emitidos por DIRECCION000 que adquirieron determinadas empresas por las cuantías que se indican, mientras que en el 5 se relata una ampliación de capital de una de esas empresas adquirientes de los pagarés, DIRECCION003 , por 1.000 millones de pesetas, de los cuales 941.612.500 fueron suscritos por DIRECCION000 , si bien de forma simulada, pues, como ya hemos dicho, esta última cantidad de dinero fue aportada y retirada en las mismas fechas.

Nada tiene que ver lo dicho en el apartado 4 con los hechos narrados en el 5. Por ello no puede existir la contradicción aducida en este motivo 1º.

Lo que pretende el recurente es que la mencionada simulación no existió, pues esos 941.612.500 pts., se dice, no volvieron al patrimonio de DIRECCION000 sino que fueron el valor de los pagarés adquiridos por DIRECCION003 , lo que la Audiencia Provincial no estimó acreditado y el recurrente pretende que nosotros declaremos que sí lo fue, para lo cual utiliza después la vía del nº 2º del art. 849 LECr en el motivo 3º que examinamos a continuación.

En el motivo 3º, por este cauce al que acabamos de referirnos, el del art. 849.2º LECr, se dice que hubo error en la apreciación de la prueba.

Como son varias las alegaciones que aquí se hacen vamos a contestarlas de modo separado:

1. En primer lugar se afirma el mencionado error con base a los documentos que se citan, que son los veinte pagarés de DIRECCION000 a que se refiere el mencionado apartado 4 de los hechos probados que el recurrente relaciona con sus respectivas cuantías, fechas de libramiento y vencimiento y nombre de la entidad adquirente.

   Se pretende que tales pagarés constituyen medio de prueba para acreditar que los 941.612.500 pts. a que se refiere el apartado 5 no volvieron al patrimonio de DIRECCION000 sino que quedaron en poder de DIRECCION003 que con ellos adquirió los pagarés que constan como tomados por esta última empresa en ese apartado 4.

   Es evidente que esos pagarés, carecen de aptitud para acreditar de dónde provino el dinero utilizado para su adquisición. Nada dicen estos pagarés sobre este extremo. Un pagaré es sólo un compromiso de pagar en el futuro una cantidad que nada expresa sobre la causa de esa deuda que se documenta.

   Estos documentos no sirven para acreditar error alguno en el relato de hechos probados que nos ofrece el tribunal de instancia.

2. Hay un segundo apartado en este motivo 3º en el que se aduce el acta del juicio oral y más concretamente las declaraciones de dos de los coacusados que resultaron absueltos, D. Santiago y D. Benito , y las del testigo D. Luis Angel .

   Sabido es cómo para acreditar error en la apreciación de la prueba por esta vía del art. 849.2º no son válidas las declaraciones realizadas por los testigos o los acusados. Estas declaraciones, que son percibidas por el Tribunal que preside el juicio, quedan sometidas a lo que éste aprecie sobre su valor. No puede ser de otro modo, por exigencia del principio de inmediación que no nos permite en casación otra cosa que respetar la valoración hecha en la sentencia recurrida.

3. Se dice que no existe prueba alguna en las actuaciones que pueda servir para sustentar lo que en el apartado 5 de los hechos probados se nos ofrece como acreditado, particularmente en cuanto a que fuera el Sr. Enrique el que tomara la decisión de realizar la operación que en tal apartado 5 se describe.

   Esta sala ha examinado el minucioso análisis de la prueba existente respecto a estos hechos del apartado 5, que aparece en las páginas 7 a 11 de la sentencia recurrida, y podemos afirmar que constituye una valoración de la prueba en este punto bien razonada que ahora en casación necesarimente hemos de respetar, tanto en lo relativo a la existencia de la simulación de ampliación de capital, como en cuanto a la autoría intelectual de D. Enrique .

Nos referimos aquí al motivo 5º, también concerniente a esta condena por delito de estafa.

Se ampara en el nº 1º del art. 849 LECr y se dice que hubo infracción de ley por aplicación indebida del art. 851.3º que es el que sanciona la conducta de otorgar contrato simulado en perjuicio de otro.

Expresamente se vincula este motivo 5º a la estimación del motivo 3º por el que se pretendía, como acabamos de decir, la modificación del relato de hechos probados en lo relativo a estos hechos. En consecuencia, fracasado el motivo 3º, tampoco podemos acoger este 5º. Como bien dicen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, no se respetan los hechos probados en la formulación de este motivo, y tal respeto era necesario al haberse utilizado el cauce del nº 1º del art. 849 LECr. Para estos casos, el art. 884.3º de la misma ley procesal prevé la inadmisión del recurso.

En conclusión, por todo lo que acabamos de exponer hay que rechazar los tres motivos de casación del recurso de D. Enrique en los que se impugna su condena por el delito de estafa por simulación de contrato en perjuicio de otro - los motivos 1º, 3º y 5º-, y también los tres que constituyen el contenido del recurso de la empresa DIRECCION000 ., condenada como responsable civil subsidiaria, que coinciden con estos otros tres motivos del recurso del condenado principal.

Pasamos ahora a examinar los otros motivos de este último recurso, 2º, 4º y 6º, relativos a la condena por el delito continuado de apropiación indebida, respecto del cual no se declaró la responsabilidad civil subsidiaria de DIRECCION000 .

En el motivo 2º, por el cauce del nº 1º del art. 851 LECr, se alega el quebrantamiento de forma consistente en haber consignado como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican la predeterminación del fallo.

Dice el recurrente que tal vicio procesal se encuentra en la expresión "enriqueciéndose así el Sr. Enrique con tales sumas", utilizada al final del apartado 6 de los hechos probados, expresión que aparece después de haber dicho que este señor dispuso el ingreso en su cuenta personal de 32.000.000 pts. de DIRECCION002 y otros 90.000.000 de DIRECCION003 , sociedades estas de las cuales aquél era consejero delegado.

Tal vicio de predeterminación del fallo existe cuando en los hechos probados se utilizan las mismas palabras (u otras semejantes) que las utilizadas por el legislador en la correspondiente definición penal, siempre que tal utilización se haga para sustituir la necesaria narración que toda sentencia debe contener sobre lo ocurrido. Así cuando sólo se dice que "hurtó", "robó" o "estafó", o actuó "obcecado" o "en legítima defensa", y no se explica en qué consistió cada uno de los hechos que en tales expresiones quedan sintetizados. Ello produciría un vacío en los hechos probados que constituiría el quebrantamiento de forma aquí examinado y habría de subsanarse mediante una nueva redacción suficientemente explicativa de lo ocurrido [art. 901 bis a) LECr].

En el caso presente existiría este quebrantamiento de forma si se hubiese dicho sólo que D. Enrique se enriqueció o se apropió de tales sumas. Pero es que esta última frase, donde se quiere que radique tal predeterminación del fallo, aparece en la redacción de este apartado 6 como colofón de lo que antes se ha dicho. Si D. Enrique dispuso el ingreso de esas dos importantes cantidades de dinero en una cuenta personal suya y, tal y como luego se explica de modo pormenorizado en el fundamento de derecho 1º -páginas 12 y 13-, se rechaza la versión del aquí recurrente que pretende justificar esos ingresos como devolución de los préstamos o anticipos anteriores, hechos por él mismo y por DIRECCION000 en favor de DIRECCION002 y DIRECCION003 , está plenamente justificado y explicado que se realice esa afirmación de enriquecimiento por parte de dicho D. Enrique .

Esta frase en nada predetermina el fallo, en cuanto a este vicio procesal del inciso 3º del art. 851.1º LECr, pues la conducta delictiva está explicada antes, en el mismo apartado 6. Eliminada de tal lugar (esta frase), el relato de hechos habría servido igual para condenar por el mismo delito continuado de apropiación indebida, tal y como luego se explica en ese fundamento de derecho 1º, páginas 11 a 14 de la sentencia recurrida.

En el motivo 4º se utiliza la vía del nº 2º del art. 849 LECr para afirma que hubo error en la apreciación de la prueba en el mismo apartado 6 de los hechos probados, error que se pretende acreditar por medio de las declaraciones de dos de los acusados que resultaron absueltos, el Sr. Santiago y el Sr. Benito . Se pretende que la valoración de la prueba que el recurrente hace con relación a las manifestaciones de éstos prevalezca sobre la valoración que hizo la sentencia recurrida. Ya hemos razonado antes [fundamento de derecho 3º, apartado B)] cómo estas manifestaciones de los acusados, igual que las de los testigos, no son la prueba documental exigida en el art. 849.2º LECr para poder acreditar el error en la apreciación de la prueba en estos recursos de casación penal.

Nos queda por examinar el moitvo 6º, que se ampara en el nº 1º del art. 849 LECr, y que tiene por objeto denunciar la infracción de ley consistente en la aplicación indebida al caso del art. 535 en relación con el 528 y 529 CP 73 conforme al cual se condenó al recurrente por delito continuado de apropiación indebida.

Como son tres las alegaciones que aquí se hacen, otros tantos apartados hacemos nosotros para contestarlas:

1. En primer lugar se afirma la referida infracción de ley. Es lo que constituye la argumentación que se corresponde directamente con el mencionado amparo procesal del art. 849.1º LECr.

   Ha de rechazarse de plano, porque se funda en unos hechos diferentes de aquellos que la sentencia recurrida nos dió como probados. Insiste aquí el recurrente en que esas cantidades que pasaron de DIRECCION003 y DIRECCION002 a una cuenta personal de D. Enrique respondían a la devolución de cantidades que él, por sí mismo o por medio de DIRECCION000 ., había prestado o anticipado antes a esas empresas del grupo asegurador del cual era el señor Enrique consejero delegado. Bien razona la sentencia recurrida en su fundamento de derecho 1º, páginas 11 a 14, antes citadas, sobre las razones por las que rechaza esta versión de los hechos ofrecida por dicho D. Enrique . En todo caso, cuando se recurre con fundamento en el nº 1º del art. 849 LECr, es obligado respetar los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial, como acabamos de decir. No hacerlo así, que es como actúa el recurrente al formular este motivo de casación, permite inadmitirlo a trámite conforme a lo dispuesto en el nº 3º del art. 884 de esta misma ley procesal. Ello nos obliga ahora a rechazar este motivo en cuanto a esta primera alegación.

2. También se dice en este mismo motivo 6º -página 22- que se vulneró el principio acusatorio en cuanto que se condena al recurrente como autor de este delito continuado de apropiación indebida por haber ordenado que se ingresaran en su cuenta personal esos 32 millones de DIRECCION002 y esos otros 90 de DIRECCION003 .

   No sabemos qué quiere decir aquí el recurrente con esta alusión al principio acusatorio. Parece que se refiere a que el escrito de la acusación particular, único de contenido acusatorio -el Ministerio Fiscal no acusó-, elevado a conclusiones definitivas en cuanto al relato de hechos, salvo concretas modificaciones que aquí no interesan (folios 170 y 171 de rollo de la audiencia), no dice nada de que D. Enrique ordenara esos ingresos en su cuenta particular y, sin embargo así se afirma en el citado apartado 6 de los hechos probados de la sentencia recurrida. Habría ido el tribunal de instancia en este punto concreto más lejos que la acusación particular.

   Entendemos que, en todo caso, no fue así, pues lo que se dice en el relato de hechos que esta parte acusadora realiza en su calificación provisional -folio 1718, letra F- cuando se afirma que "D. Enrique desvió a su cuenta personal" esas cantidades, en realidad está diciendo lo mismo que luego se afirma en los hechos probados de la sentencia recurrida. Decir que desvió a su cuenta personal, es equivalente a decir que dispuso el ingreso en su cuenta personal, que es lo que podemos leer en este apartado 6 de tales hechos probados. No hay en realidad exceso en estos hechos probados respecto de aquello por lo que se acusó. No hubo lesión del principio acusatorio.

3. Asimismo se denuncia en este motivo 6º infracción del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE, porque, se dice, no hubo la menor prueba documental de que D. Enrique diera esa orden de realizar tales ingresos en su cuenta personal o de que esos ingresos no estuvieran justificados -página 22-, insistiendo en una cuestión que ya se había planteado en el motivo 4º -páginas 14 y 16-, donde se afirma que hay una abundante prueba testifical en sentido contrario.

   Contestamos en los términos siguientes:

   1. A diferencia de lo que sucede con el delito de estafa por simulación de contrato, en el que la sentencia recurrida razona ampliamente sobre el problema de la autoría -páginas 7 a 10-, con relación a este otro de apropiación indebida no existe en dicha resolución judicial una argumentación semejante. En las páginas 11 a 14, referidas a este segundo hecho punible que aparece en el apartado 6 del relato de hechos probados, se dice cuál es el delito cometido y las normas del CP que se aplican, y se razona con amplitud sobre la prueba practicada para rechazar la versión alegada por la defensa del Sr. Enrique que afirmaba encontrarse justificadas esas transferencias de dinero en los préstamos o adelantos que el mismo o su empresa DIRECCION000 . habían hecho antes o esas otras sociedades, DIRECCION002 y DIRECCION003 , de cuyos fondos habían salido esos dineros que habían ido a parar a la cuenta personal de quien aquí recurre. Parece que del mismo modo que, con referencia al delito de estafa del apartado 5 de los hechos probados se había defendido D. Enrique aduciendo su no autoría en esa operación de ampliación de capital de DIRECCION003 , respecto de este otro de apropiación indebida del apartado 6 la defensa habría consistido en considerar justificadas esas transferencias de dinero con esos adelantos previos realizados por el beneficiario de tales transferencias en perjuicio de las entidades titulares de los fondos transferidos. Y hablamos en condicional (habría consistido) porque en el presente trámite de la casación no podemos conocer con precisión los términos del debate producido en la instancia. La sentencia recurrida es detallada en cuanto al examen de la prueba y entendemos que los términos en que se contesta se corresponden con las cuestiones planteadas. Por eso, estimamos, hubo un tratamiento extenso de la autoría con relación al delito de estafa, mientras que con referencia al otro las argumentaciones van por otro lado.

   2. No obstante, entendemos que hay unos hechos afirmados, y razonados en cuanto a su prueba, de los cuales cabe inferir, por vía de la prueba de indicios, esa autotría de Enrique respecto de este otro delito continuado de apropiación indebida, hechos básicos que en realidad no discute el recurrente en esta alzada y que son los siguientes:

   -La realidad documentada de ese desvío de fondos de DIRECCION003 y DIRECCION002 a la cuenta personal de Enrique .

   - Su importante cuantía: 122 millones de pts. en total.

   -La circunstancia de que en aquellas fechas D. Enrique era consejero delegado de DIRECCION003 y DIRECCION002 y también presidente de DIRECCION000 .

   -El dato de que de hecho funcionaran como caja única todas estas empresas.

   Inferir de esta pluralidad de hechos básicos el hecho consecuencia de que D. Enrique fue autor de esas transferencias, bien como persona que materialmente las realizara, bien como quien ordenó a otros subordinados que las hicieran, obedece a criterios de racionalidad, porque entre esos hechos existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (art. 386 LEC actual). Resulta inconcebible que el beneficiario de esas transferencias injustificadas de dinero, en cantidades tan importantes, teniendo facultades de administración en las empresas perjudicadas, fuera ajeno a la realización de estas operaciones.

   Por tanto, hay que afirmar la existencia de una prueba de indicios que acredita la autoría del recurrente, también respecto de este delito continuado de apropiación indebida.

   III.