STS 1363/2000, 15 de Septiembre de 2000

Ponente:BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE
Número de Recurso:4207/1998
Procedimiento:01
Número de Resolución:1363/2000
Fecha de Resolución:15 de Septiembre de 2000
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal
RESUMEN

APROPIACIÓN INDEBIDA. No se acredita que el vínculo jurídico entre los perjudicados y el recurrente estuviera constituido por un contrato de compraventa. Un contrato de compraventa presupone necesariamente que quien paga el precio adquirirá la propiedad de una cosa. Se aprecia que el acusado recibió el dinero actuando como representante de los perjudicados en la compra de los derechos sobre un determinado inmueble. Tenía por lo tanto capacidad para disponer del dinero de sus comitentes con una finalidad determinada y no estaba vinculado a ellos sólo por la obligación de ceder la propiedad de un inmueble que estaba en su patrimonio o que entraría previamente en el suyo. Por lo tanto, el vínculo jurídico era de comisión y administración y que, en consecuencia, implicaba una especial relación de confianza, defraudada por la distracción del dinero recibido por parte del recurrente. Se condena en primera instancia a la acusada. No se hace lugar al recurso de casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende interpuesto por el procesado I.M.B. contra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. E.B.Z., siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho procesado, como parte recurrente, representado por el Procurador Sr. M.S..

ANTECEDENTES DE HECHO

  1. - El Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona instruyó sumario con el número D.P. 1303/97 contra el procesado I.M.B.

    y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de la misma, Capital que, con fecha 31 de julio de 1998 dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

    "SE DECLARA PROBADO QUE: los esposos don A.P.Á. y doña Mª Geli F.Á., teniendo intención de adquirir un local comercial para la instalación de un negocio de marroquinería, entraron en contacto con el acusado I.M.B., mayor de edad y sin antecedentes penales, gerente de la sociedad SUPERINMO, SUPERMERCADOS INMOBILIARIOS S.L., empresa dedicada a la compraventa de inmuebles, el cual les ofreció la posibilidad de comprar el local sito en la T.D.L.C.N.1.D.B., conocedor el acusado de que dicho local había sido adjudicado a la entidad EURO BANC DEL PRINCIPAT en procedimiento hipotecario, para lo cual el acusado entró en negociaciones con los acusados y con la entidad adjudicataria del local para la cesión del remate, recibiendo de los esposos P. en fecha 14 de noviembre de 1995, la suma de 9.800.000 pesetas, con el fin de aplicar dicho total importe a la cesión del remate. Al no fructificar las negociaciones con EURO BANC DEL PRINCIPAT para la cesión del remate, no pudieron los esposos P. adquirir la propiedad del local de T.D.L.C.N.1., por lo que solicitaron al acusado la devolución de la total suma de 11.500.000 pesetas entregadas para aplicarlas al pago de la cesión del remate, sin que dicho dinero les fuera devuelto por el acusado quien había aplicado la total suma recibida a usos propios.

    Para la obtención de la suma de 11.500.000 pesetas entregadas por los esposos don A.P.Á. y doña Mª Geli F.Á. al acusado, aquéllos tuvieron que recurrir a un préstamo hipotecario gravando su vivienda habitual, debiendo de afrontar el pago del préstamo sin disponer del negocio, lo que ha supuesto un notable quebranto para su economía doméstica".

  2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

    "F A L L A M O S: Que debemos condenar y condenamos al acusado I.M.B.

    como criminalmente responsable en concepto de autor del delito de apropiación indebida precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión menor, con la accesoria de suspensión de cargo público y del derecho de sufragio por igual tiempo, así como al pago de las costas procesales y a que indemnice a los señores don A.P.Á. y doña Mª Geli F.Á. en la suma de 11.500.000 pesetas, con el interés legalmente establecido.

    Conclúyase por el instructor la pieza de responsabilidad civil.

    Para el cumplimiento de la pena que se impone declaramos de abono todo el tiempo que haya estado privado de libertad por la presente causa, siempre que no le hubiera sido computado en otra.

    Notifíquese que contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación por infracción de ley o por quebrantamiento de forma, dentro del plazo de cinco días".

  3. - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley por el procesado, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

  4. - La representación del procesado basa su recurso en los siguientes motivos de casación:

    PRIMERO.- Al amparo del art. 849 LECr., por infracción de los arts. 535 CP. 1973.

    SEGUNDO.- Al amparo del art. 849 LECr., por infracción del art. 528.2 CP.

    TERCERO.- Al amparo del art. 849.1 LECr., por aplicación indebida del art. 252 vigente CP.

  5. - Instruidas las partes del recurso interpuesto, la Sala lo admitió a trámite quedando conclusos los autos para señalamiento de deliberación y fallo cuando por turno correspondiera.

  6. - Hecho el señalamiento para la deliberación, ésta se celebró el día 4 de septiembre de 2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Los tres motivos del recurso tienden a cuestionar la tipicidad de la conducta imputada al recurrente en relación al art. 252 CP y pueden ser tratados conjuntamente. La Defensa sostiene en el primer motivo que la relación jurídica que vinculó al acusado con los perjudicados era la de un contrato de compra-venta, razón por la cual, no se daría en el caso la especial relación de confianza que es presupuesto del delito de apropiación indebida. En el segundo motivo del recurso, formalizado por la vía del art. 849, LECr., se señala que del documento del folio 57 se deduce que las partes han llegado a una transacción por la que ha quedado saldado cualquier perjuicio que hubieran podido sufrir. Este documenta, agrega la Defensa, ha sido reconocido en juicio por las partes y, aunque sea un documento privado, tiene pleno efecto obligacional entre ellas. Por último, la Defensa cuestiona que se den los elementos del tipo subjetivo, pues afirma que cuando "el presunto apropiante procede a compensar su posible lucro al perjudicado" (...), "no hay apropiación porque se devuelve (lo apropiado) y tal devolución es anterior a la incoación del procedimiento penal".

El recurso debe ser desestimado.

  1. De los hechos probados no surge en modo alguno que el vínculo jurídico entre los perjudicados y el recurrente estuviera constituido por un contrato de compraventa. En efecto, un contrato de compraventa presupone necesariamente que quien paga el precio adquirirá la propiedad de una cosa. De acuerdo con el relato de hechos probados el recurrente no se obligaba a ceder la propiedad de cosa alguna (mueble o inmueble). Por el contrario: recibió el dinero actuando como representante de los perjudicados en la compra de los derechos sobre un determinado inmueble. Tenía por lo tanto capacidad para disponer del dinero de sus comitentes con una finalidad determinada y no estaba vinculado a ellos sólo por la obligación de ceder la propiedad de un inmueble que estaba en su patrimonio o que entraría previamente en el suyo. Aclarado lo anterior, no existe la menor duda de que el vínculo jurídico era de comisión y administración y que, en consecuencia, implicaba una especial relación de confianza, defraudada por la distracción del dinero recibido por parte del recurrente.

  2. El documento privado obrante a los folios 54/60 de las actuaciones previas no aporta ningún elemento que permita considerar que el acusado fuera vendedor de alguna cosa. Se trata de un reconocimiento de deuda y del afianzamiento de la misma mediante la constitución de hipotecas sobre diversos inmuebles allí detallados. Por lo tanto, se trata de un pacto sobre la devolución del dinero recibido de los comitentes, que no excluye, en las circunstancias en las que tuvo lugar, el animus rem sibi habendi por ser posterior a la consumación del delito. En efecto, el propósito de devolver la cosa o el dinero -suponiendo que la discutida cuestión de si el animus rem sibi habendi es o no un elemento del tipo subjetivo del delito del art. 252 CP se decidiera en sentido afirmativo- sólo excluiría dicho elemento subjetivo, si el autor hubiera obrado ya inicialmente sólo con propósito de uso. Pero, en todo caso, este propósito de devolución debe ser serio y basado en circunstancias fácticas constatables, que en los hechos probados no han sido registrados por el Tribunal a quo y que la Defensa no ha podido aportar en sus alegaciones. En suma: los argumentos de los motivos segundo y tercero, estrechamente ligados entre sí, no pueden ser admitidos, toda vez que el propósito de devolver aparece, en todo caso, después de la consumación y nada demuestra que hubiera existido con anterioridad.

FALLAMOS

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN por infracción de Ley interpuesto por el procesado I.M.B.

contra sentencia dictada el día 31 de julio de 1998 por la Audiencia Provincial de Barcelona, en causa seguida contra el mismo por un delito de apropiación indebida.

Condenamos al recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso.

Comuníquese esta resolución a la Audiencia mencionada a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.