STS 704/2001, 30 de Abril de 2001

Al amparo del art. 849.1º LECr., por infracción de Ley, basada en la inaplicación del art. 24 en sus núms. 1 y 2 CE.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por infracción de Ley.

TERCERO y

Al amparo del art. 850.1º LECr., por quebrantamiento de forma.

Al amparo del art. 851.1º LECr., por quebrantamiento de forma.

Al amparo del art. 849.2º LECr., por infracción de Ley.

SÉPTIMO a DECIMOQUINTO.- Al amparo del art. 849.2º LECr.

DECIMOSEXTO a DECIMOCTAVO.- al amparo del art. 849.1º LECr.

B.- Recurso del procesado Emilio .-

Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1º LECr., por aplicación indebida del art. 531, párrafo segundo, en relación con la circunstancia agravatoria núm. 7 del art. 529, y del art. 69 bis, todos del CP. de 1973.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por falta de aplicación del art. 14.3 en relación con los arts. 531-2 y 529-7 y 69 bis.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por indebida aplicación simultánea del subtipo agravado contenido en el nº 7º del art. 529 y de la regla penalógica del art. 69 bis en relación con el párrafo 2º del art. 528, todos del CP. de 1973.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por indebida aplicación del art. 519 CP.

Al amparo del art. 849.1º LECr.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por falta de aplicación del art. 6 bis a) CP.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por falta de aplicación del art. 6 bis a) párrafo 2º CP.

3. Recurso de Ángela (Responsable Civil).-

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.2 LECr.

Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de los arts. 24.1 y 53.2 CE.

Por infracción de Ley del art. 849.1 LECr., por infracción del art. 22 CP., en relación con los arts. 5.4 y 7 LOPJ y vulneración de los arts. 24.1 y 53.2 CE.

D.- Recurso de los acusadores particulares Silvio

y otros.-

Al amparo del art. 849.1º LECr., por infracción de Ley por la no aplicación de los arts. 531 párrafo 2º, 528 y 529, apartados 1º, 7º y 8º y 69 bis CP. anterior.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por infracción de Ley por no aplicación de los arts. 535, 528 y 529 apartados 1º, 7º y 8º y 69 bis C P. anterior.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por infracción de Ley por no aplicación de los arts. 108, 519, 531 y 535 CP. anterior.

E.- Recurso de los acusadores particulares Julieta ,

Agustín , Olga y

Clemente .-

ÚNICO.- Al amparo del art. 849.1º LECr., por infracción de Ley, basado en la inaplicación de la Ley Especial 57/1968, de 27 de julio, en relación con el art. 535 CP. 1973.

F.- Recurso de TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VICENTE PRADES

Al amparo del art. 849.1º, por infracción de los arts. 104 y 103 CP. 1973.

Al amparo del art. 849.1º LECr., por infracción de los arts. 519 y stes. CP. 1973.

5. - Instruidas las partes del recurso interpuesto, la Sala lo admitió a trámite quedando conclusos los autos para señalamiento de deliberación y fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento para la deliberación, ésta se celebró el día 18 de abril de 2001.

El primer motivo del recurso se basa en el art. 24.1 CE y sostiene la nulidad de las actuaciones del proceso alegando la inaplicación de la ley especial de 27-7-1968, la infracción de las normas a que se debe ajustar la redacción de las sentencias (art. 142 LECr.), la infracción de los principios de imparcialidad, buena fe, falta de objetividad y respeto de la tutela efectiva, del art. 7 LECr. en relación del art. 1282 C.Civ., argumento que se vincula a la denegación de prueba documental constituida por cuatro documentos (propuesta oferta de 26-4-94, contrato de compraventa de 21-7-94, carta del abogado de los querellantes de 21-7-94, certificación del Juzgado 6 de Castellón) y con diversos requerimientos y actas notariales respecto de los que el tribunal a quo habría guardado silencio u omitido considerar, infringiendo así el art. 2 LECr. A partir de estas consideraciones se solicita la nulidad de las actuaciones desde la interposición de la querella "para que la(s) misma(s) se ajuste(n) y someta(n) en su tramitación al derecho penal vigente en aquel momento del año 1993, o sea, a la Ley Especial de 27 de mayo de 1968, conforme a lo vinculantemente dispuesto en los arts. 7 CP. 1973 y el fundamental art. 25.1 CE".

El motivo debe ser desestimado.

La confusión argumental y conceptual del presente motivo del recurso sería ya suficiente para haberlo inadmitido por aplicación del art. 885.1º LECr. En efecto, el recurrente no ha tenido en cuenta que de acuerdo con el art. 238.3º LOPJ, que ni siquiera ha citado dentro del extenso panorama de citas legales del motivo, requiere que la petición de nulidad se base en la infracción de normas esenciales del procedimiento que haya producido indefensión. La representación del recurrente no ha expuesto cuáles son las normas procesales esenciales que se han vulnerado ni cuál ha sido su indefensión. Por el contrario, con evidente confusión de la materia de la nulidad ha apoyado su confusa argumentación en la aplicación de la ley de fondo o material, cuestión que se ve reforzada por la impropia cita como fundamento de la nulidad del art. 25.1 CE. Dicho en otras palabras: las cuestiones referidas a la ley aplicable al caso no dan lugar a ninguna nulidad y son materia que se debe articular dentro del marco del art. 849.1º LECr. Asimismo las denegaciones de prueba deben ser articuladas como quebrantamientos de forma, haciendo constar las circunstancias de la causa que las fundamentan, cosa que el letrado ha omitido. Por último, la supuesta parcialidad del Tribunal a quo, basada en el tono empleado por éste en la fundamentación de su resolución, sólo podría ser tomada en consideración en la medida en la que la sentencia haya sido apoyada en una interpretación errónea del derecho aplicable, cuestión que sólo cabe debatir en el marco del art. 849,1º LECr. Por lo demás la pretensión de una vulneración del art. 7 LECr. carece de todo apoyo en la causa, dado que en ella no se ha tramitado ninguna cuestión prejudicial.

El siguiente motivo del recurso que debemos tratar, es el tercero del recurso, formalizado por el cauce del art. 850.1º LECr. La queja del recurrente se refiere a una medida de prueba solicitada durante la instrucción y que le fue denegada.

El motivo debe ser desestimado.

El art. 850,1º LECr. no tiene aplicación respecto de la prueba solicitada en la instrucción, dado que ésta no produce una privación definitiva de la misma, que puede ser reiterada en el momento de presentar la conclusiones provisionales. El recurrente no manifiesta haberlo hecho así y, por lo tanto, el motivo carece manifiestamente de fundamento y puede ser desestimado con apoyo en el art. 885.1º LECr.

El quinto motivo del recurso también se basa en la denuncia de un quebrantamiento de forma del art. 851,1º y 3º LECr. Las cuestiones planteadas se refieren a la "incerteza de promotor originario del Sr. Humberto ", al "engaño" de DIRECCION001 para que los señores HumbertoLuis Miguel les otorgasen la escritura de venta, a la no obtención de un préstamo hipotecario, a la inexacta interpretación del préstamo hipotecario de 80.000.000 ptas., al ficticio concepto de "renegociación", atribuida al contrato de 16-3-93, a la "incerteza" (sic) de un control no realizado del recurrente, a los efectos cambiarios entregados al mismo, etc. de donde la representación del recurrente concluye que en la sentencia "no se han expresado, clara y determinantemente (sic) los hechos probados". Denuncia asimismo el recurrente contradicciones entre los hechos declarados probados, haciendo referencia también a "disonancias" de prueba y de fondo que se apoyan en "excusas y pretextos inciertos documentalmente". Por último, sostiene que en sus conclusiones provisionales y en el juicio oral sostuvo que "la cuestión o punto de los PROVEEDORES, en el sentido de que implicaba un problema civil", fundándose al respecto en el art. 365 C.Civ. y sosteniendo que en la sentencia se ha criminalizado una cuestión puramente civil, lo que genera una nulidad de pleno derecho. La cuestión se reitera luego en el motivo catorceavo.

Ambos motivos deben ser desestimados.

Nuevamente se percibe un alto grado de confusión en la argumentación del recurso. En efecto, ninguna de las cuestiones referentes a la falta de claridad planteadas en la primera parte del motivo cumplen con las exigencias establecidas para la aplicación del art. 851,1º LECr. El recurrente confunde las cuestiones de subsunción y prueba con las propiamente de forma referentes a la claridad y entendimiento del relato de hechos probados. Por el contrario no se percibe en dicho capítulo de la sentencia recurrida ninguna clase de oscuridad que impida la comprensión del mismo.

Tampoco hay párrafos que se contradigan, dado que la contradicción debe ser de carácter empírico y todos los hechos que se declaran probados son empíricamente posibles y no se excluyen unos a otros.

Por último, la Audiencia no ha dejado de decidir sobre si los hechos referentes a los "proveedores" constituyen una cuestión civil, pues en la medida en que ha fundamentado que es una cuestión penal, ha excluido claramente la tesis del recurrente. En todo caso el art. 851,3º LECr., como lo viene reiterando una pacífica jurisprudencia, no alude a la respuesta a los argumentos de las partes, sino a la no resolución de cuestiones concretas.

Corresponde tratar a continuación el cuarto motivo del recurso, canalizado por el art. 850,1º LECr. y basado en la denegación de medidas de prueba consistentes en los documentos que enumera.

El motivo debe ser desestimado.

El carácter temerario del motivo es manifiesto. En efecto, como lo reconoce el letrado del recurrente los documentos se encuentran en la causa y le fueron admitidos como prueba en el acta que obra al folio 356 del rollo de la Audiencia. Por lo tanto, lo que se plantea por la vía del art. 850,1º LECr. es una cuestión referente a la valoración jurídica de la prueba documental, lo que es procesalmente incorrecto y también carente en forma manifiesta de fundamento en la disposición citada en apoyo del motivo.

El sexto motivo del recurso se apoya en el art. 849,2º LECr. Sostiene el recurrente que es errónea la afirmación contenida en los hechos probados relativa a que el acusado "tenía proyectado la construcción de un conjunto inmobiliario". En la fundamentación del motivo no se citan los particulares de ningún documento y sólo se hace mención de la declaración del procesado Emilio en el juicio oral.

El motivo debe ser desestimado.

La cuestión planteada pudo ser inadmitida a trámite, dado que no se basa en documento alguno. No obstante, lo cierto es que el recurso previsto en el art. 849,2º LECr. constituye un motivo de infracción (indirecta) de ley y que, por lo tanto, sólo resultan admisibles las cuestiones que en caso de ser estimadas debieran conducir a una modificación del fallo favorable a la parte que la plantea. En consecuencia, la cuestión planteada carece de toda relevancia respecto de la subsunción, dado que la responsabilidad del acusado por los hechos no se deduce del proyecto de construcción del conjunto inmobiliario, sino de su conducta posterior destinada a paralizar posibles embargos y concretamente en la resolución de la venta formalizada en la escritura de 12-3-1992, que tuvo lugar mediante la escritura de 3-6-1993. Cualquiera sea la realidad del proyecto en sus orígenes y cualquiera sea la conducta del recurrente anterior a los hechos en los que la Audiencia ha asentado la participación punible del recurrente, lo cierto es que se trata de una cuestión que carece de trascendencia sobre la susbsunción y, correlativamente, sobre el fallo de la sentencia.

También por la vía del art. 849,2º LECr. y sin citar particulares de documento alguno, sostiene el recurrente que es producto de una errónea apreciación de la prueba las afirmaciones del hecho probado que se refieren al "apremio económico de los Sres. HumbertoLuis Miguel ". La representación del recurrente se remite a la "elocuencia de las cifras y las matemáticas", que demostrarían que el recurrente tuvo posibilidades económicas como para realizar pagos por sumas elevadas.

El motivo debe ser desestimado.

Las mismas consideraciones expuestas para desestimar el motivo anterior pueden ser reiteradas con el mismo fin respecto del primero. Sin perjuicio de ello, no cabe duda que haber realizado los pagos, que el Defensor menciona, no excluye que el acusado tuviera premios económicos, pues éstos dependen de las necesidades de capital para financiar planes que puede haber tenido. De todos modos, tampoco tiene trascendencia sobre la aplicación de la ley realizada una circunstancia que carece de relevancia típica en relación al delito por el que el recurrente ha sido condenado.

Siempre por el cauce procesal del art. 849,2º LECr. impugna la Defensa en el octavo motivo del recurso la interpretación realizada por la Audiencia del contrato preliminar de 1-2-1992, pues estima que dicho contrato ha sido "utilizado inapropiadamente, en contradicción con lo dispuesto en los arts. 3, 4, 6 y 7 LECr.

El motivo debe ser desestimado.

El documento citado es el contrato de compraventa del inmueble que aparece como hecho probado en el tercer párrafo del capítulo correspondiente de la sentencia recurrida. Por lo tanto, el Tribunal a quo tuvo por probado lo que el contrato prueba. No obstante el recurrente sostiene que ese contrato no fue interpretado en la forma establecida en el art. 377 LECr. y los arts. 1281 a 1286 C.Civ., pues dicho contrato estaría sólo sujeto a la "jurisdicción ordinaria" y no a la penal. La cuestión carece también desde este punto de vista de todo fundamento. En efecto; el recurrente fue condenado por su participación en un delito de alzamiento de bienes, cuya comisión no se deriva de la firma de ese contrato, sino de haber participado en una operación que dio lugar a la resolución del mismo mediante otro contrato de 3-6-93. Por lo tanto, su responsabilidad penal no depende de haber suscrito el contrato que ahora invoca, sino de los resultados del último citado sobre el patrimonio de " DIRECCION001 ". Dicho con otras palabras: lo que se discutió en la causa es la tipicidad de dichas acciones respecto del tipo del alzamiento de bienes; no los alcances de las obligaciones emanantes del contrato.

El noveno motivo del recurso se formalizó por la misma vía del art. 849,2º LECr. Sostiene el recurrente que de la escritura de compraventa de 12-3-92 surge que los vendedores la suscribieron por engaño, dado que creyeron que el representante de DIRECCION001 obtendría un préstamo financiero. El motivo décimo del recurso no es más que un desarrollo del anterior.

Ambos motivos deben ser desestimados.

Es evidente que de la estipulación II de la escritura de 12-3-92, que transcribe el recurrente no surge ningún engaño. Allí sólo consta que el comprador declaró tener solicitado un préstamo. De allí no se deduce que el comprador hubiera engañado al vendedor, dado que, como es sabido, el engaño jurídicamente relevante no puede versar más que sobre hechos y los hechos futuros no son tales. No obstante, lo cierto es que también este motivo carece de toda trascendencia sobre la calificación de los hechos que se le imputan al recurrente, puesto que no es sino una reiteración de la tesis errónea que sostiene y que pretende desconocer que se lo ha condenado por un delito de alzamiento de bienes y no por ninguna acción vinculada con la compraventa de un inmueble.

En todo caso, se debe señalar que el supuesto incumplimiento del comprador o la defraudación de la espectativa del vendedor de que aquél obtendría un crédito no tiene ningún efecto jurídico justificante o exculpante respecto de la acción posterior en la que tomó parte el recurrente y por la que se lo condenó por alzamiento de bienes. El Defensor ha planteado estos motivos sin extraer ninguna consecuencia jurídica plausible de los mismos y ello pone de manifiesto la temeridad procesal de estos motivos del recurso.

El undécimo motivo del recurso se apoya también en el art. 849,2º LECr. y en él se alega error en la apreciación del contrato modificatorio del precio de 16-2-93. Afirma la Defensa que dicho contrato no consiste en una "renegociación", pues en el mismo sólo una parte da algo, sin recibir nada a cambio. Asimismo sostiene que el control que se reservó el acusado recurrente no era una intervención.

El motivo debe ser desestimado.

El presente motivo adolece de la misma insustancialidad que los anteriores. Si el contrato era o no una renegociación carece de toda trascendencia para la cuestión de la tipicidad del alzamiento de bienes, pues de lo que se trata es de la producción de la insolvencia de DIRECCION001 . El nombre dado a la operación por la cual se produjo tal insolvencia es irrelevante. Lo decisivo es el resultado de la acción. Estos argumentos valen también para la cuestión, igualmente insustancial de si se había estipulado un control o una intervención.

Los motivos duodécimo y treceavo del recurso pueden ser tratados conjuntamente. En ellos se insiste en señalar que las pruebas han sido mal interpretadas y en particular se subraya que de la venta realizada a favor del Sr. Bernardo no ha sido un medio de hacer desaparecer fraudulentamente los bienes inmuebles de la firma DIRECCION000 . Al mismo tiempo sostiene el recurrente en el treceavo motivo que los pagos y entregas de efectos del coprocesado que se reseñan en el apartado E de los hechos probados han sido establecidos con papeles sueltos facilitados por el "infiable administrador Emilio ".

Ambos motivos debe ser desestimados.

La acción que se imputa al recurrente consiste en su participación en la resolución del contrato con "intención de burlar las acciones de los acreedores" (ver Fº Jº cuarto, pág. 38 de la sentencia recurrida). Al respecto carece de relevancia lo ocurrido con la venta realizada a Bernardo , pues en todo caso no sería sino un hecho aislado que no elimina la existencia de la resolución del contrato de compraventa que generó la insolvencia de DIRECCION001 . Lo mismo vale para los hechos contenidos en el apartado E de los hechos probados. Al respecto debemos agregar que el motivo no se funda en ninguna prueba que demuestre lo contrario de lo afirmado por la Audiencia como probado, pues sólo recurre a vaguedades carentes de toda consistencia y rigor jurídico.

Los motivos quince, dieciséis y segundo del recurso deben ser tratados en forma conjunta, dado que, con independencia del cauce procesal elegido, se refieren a la tipicidad del hecho imputado al recurrente respecto del art. 519 CP. 1973. El recurrente sostiene que "jamás concertó la resolución de la escritura de compraventa de 12-3-1992 con DIRECCION001 y que éste fue un acto unilateral de DIRECCION001 , que él sólo se limitó a cumplir el citado acuerdo social, en el que no intervino como parte. En el motivo 16 del recurso se afirma, continuando la argumentación, que en la sentencia recurrida se ha vulnerado el art. 14.3 CP. 1973 y que es de aplicación al caso el art. 8,11ª de dicho Código. El motivo se argumenta sobre la base de considerar que las fincas adquiridas por DIRECCION001 sólo representaban una "propiedad impropia". En el segundo motivo se sostiene la aplicación del la Ley 57/68, de 27 de julio.

Los tres motivos deben ser desestimados.

Ante todo debemos señalar que el recurrente sólo ha sido condenado por su participación en la resolución del contrato de compraventa de 12 de marzo de 1992 mediante el acto que se documentó en la escritura pública de 3 de junio de 1993. Este hecho no implica que el recurrente haya recibido cantidades de los compradores de los inmuebles para ser empleados en la construcción de éstos. Por lo tanto, la aplicación de la referida ley carece de todo apoyo en los hechos probados. Probablemente, si se hubiera seguido la estrategia de la Defensa en este punto, se debería haber explorado la posibilidad de haberlo condenado también por tal forma de administración desleal en concurso real con el alzamiento de bienes, pues lo que la Defensa llama "intervención" y la sentencia control sobre las operaciones, podrían haber dado lugar a alguna de las formas de participación criminal en otro delito. Sin embargo, la prohibición de reformatio in pejus impide un análisis de esta cuestión, ya que la misma sólo puede perjudicar al recurrente.

El único argumento digno de consideración respecto del art. 519 CP. 1973 es el que se refiere a la aplicación del art. 8,11ª CP. 1973. El recurrente viene a sostener que la insolvencia provocada por la resolución del contrato de compraventa se realizó de acuerdo con lo establecido en el art. 1124 C.Civ. y que por lo tanto no puede constituir delito, dado que se trataría del ejercicio de un derecho. El argumento, sin embargo, es inconsistente. En efecto, el derecho a resolver un contrato, en tanto ejercicio del derecho de propiedad, tiene límites en los perjuicios que ello pueda ocasionar a terceros afectados por las consecuencias del negocio jurídico. Qué duda cabe que el titular de la propiedad comprometida en venta y no trasmitida todavía definitivamente mantiene el derecho de propiedad. Sin embargo tiene prohibido gravar el inmueble con hipotecas defraudando de esa manera a los futuros propietarios. Tal prohibición se encontraba en el art. 531 CP. 1973 y sigue vigente en el actual art. 251,2ª CP. Ello demuestra que el ejercicio del derecho de propiedad no opera sin más como causa de justificación y que, por regla, no tendrá nunca los efectos de una causa de justificación cuando produzca daños a terceros. En esta materia rigen los principios generales de las causas de justificación, según los cuales el ejercicio de los derechos que ellas confieren no justifican las lesiones a los derechos de personas ajenas a la situación en la que tales derechos se reconocen.

En cuanto a la aplicación del art. 14.3º CP. 1973, nada cabe objetar. El recurrente suscribió el acto por el que dispuso la resolución del contrato que frustraba, o al menos dificultaba esencialmente, toda posible ejecución de los créditos de los acreedores de DIRECCION001 . Su coautoría, dado el codominio del hecho, no ofrece ninguna duda, pues no obró como instrumento de ningún autor mediato. La afirmación de que sólo cumplía una decisión de la otra parte, alegada por la Defensa, es sencillamente insostenible, dado que no estaba obligado a cumplir ninguna imposición.

En el motivo 17º del recurso, formalizado en nombre del recurrente, su mujer y su hijo, se alega la aplicación indebida del art. 108 CP. 1973. Se afirma en este sentido que no sólo no se han beneficiado con el delito, sino que han tenido que reducir el precio de venta del solar. En el motivo 18º se alega la infracción del art. 19 CP. 1973, porque se considera que la esposa y el hijo del recurrente, condenados como responsables civiles subsidiarios, no lo son por no haber tomado parte en el alzamiento de bienes.

Ambos motivos deben ser estimados.

1. La responsabilidad civil del recurrente, su mujer y sus hijos respecto del delito de estafa cometido por el procesado Emilio se fundamentó en la sentencia en la recepción por parte de aquéllos de la cantidad obtenida mediante el crédito hipotecario constituido sobre apartamentos adquiridos antes de la hipoteca constituida el 17-12-1992. De acuerdo con el hecho probado, la deudora del crédito hipotecario era la familia Luis MiguelHumberto , aunque el pago de las amortizaciones periódicas fue asumido por DIRECCION001 mediante un documento privado. En los hechos probados no consta que el recurrente y su familia hayan tenido conocimiento de que con dicha hipoteca se hubieran afectado los derechos de adquirentes a quienes todavía no se había hecho la transferencia definitiva. Si ello constara, la responsabilidad no sólo hubiera sido civil. Por lo tanto, la recepción de las cantidades obtenidas mediante el préstamo hipotecario de 17-12-1992 no constituye un fundamento suficiente para declarar la responsabilidad civil subsidiaria del recurrente y su esposa e hijos en relación a los adquirentes de pisos comprados antes de aquella fecha. La responsabilidad civil directa requiere una participación criminal en el delito del art. 531 CP. 1973, que la propia Audiencia excluyó al absolver al recurrente. La responsabilidad civil subsidiaria, por su parte, requiere que el sujeto se encuentre en alguna de las situaciones previstas en los arts. 21 y 22 CP. 1973. La Audiencia no ha establecido que existiera alguna de estas relaciones entre el recurrente y el otro procesado condenado por el delito del art. 531 CP. 1973.

2. Tampoco es posible, por las mismas razones últimamente expuestas, hacer responsables civiles subsidiarios por el delito de alzamiento de bienes a la esposa y al hijo del recurrente, que no han intervenido en los hechos. De los hechos probados sólo surge que la escritura de resolución del contrato de 12-3-92 fue suscrita únicamente por aquél. Ni siquiera consta que su esposa y su hijo tuvieran conocimiento de las circunstancias en las que dichos contratos tuvieron lugar o que ocuparan alguna posición respecto del recurrente que pudiera fundamentar la responsabilidad civil subsidiaria que le impone la sentencia.

B.- Recurso de Emilio .-

El primero de los motivos de este recurrente se refiere a la infracción de los arts. 531 y 529,7º CP. 1973, que se estima cometida en la sentencia que lo condena. Entiende la Defensa que no se da en el caso el elemento del engaño porque, si bien es cierto que el recurrente silenció la existencia de un gravamen sobre el inmueble, "su finalidad no conllevaba ánimo o propósito de engañar con una actitud encaminada a crear una ficción de la promoción de construcción de los inmuebles, sin intención real de llevarla a cabo, sino con la de obtener de los compradores aportaciones económicas a su favor, con las que seguir costeando los gastos inherentes a la construcción".

El motivo debe ser desestimado.

Ante todo se debe señalar que el supuesto típico del segundo párrafo del art. 531 CP. 1973 (actual art. 251,2º CP.), por el que el recurrente fue condenado (gravar un bien después de haberlo enajenado), no requiere engaño, pues no constituye una hipótesis de la estafa, sino una forma de defraudación. Ésta, como es sabido, se estructura sobre un acto de deslealtad abusando de la confianza que el comprador ha depositado en el vendedor, no sobre un engaño seguido de un error y una disposición patrimonial. En el supuesto típico que le ha sido aplicado al recurrente no es necesaria ninguna disposición patrimonial del sujeto pasivo, que tenga por antecedente un engaño.

De cualquier manera, y teniendo en consideración que también se le ha condenado por un delito de estafa del art. 528 CP. 1973 (actual art. 248 CP.), cabe agregar que la tesis del recurrente carece de toda consistencia. En efecto; el engaño se configura con la afirmación como verdadero de lo que no lo es o con el ocultamiento de lo verdadero. La finalidad ulterior del autor es completamente irrelevante al respecto. El delito de estafa protege la libertad de la decisión patrimonial del sujeto pasivo y ésta resulta afectada cada vez que éste dispone de su patrimonio sin saber para qué lo hace, como consecuencia de haber sido inducido a ello por la acción engañosa del autor. Sería inadmisible desde esta perspectiva, que se excluyera el engaño por un supuesto propósito del autor de favorecer al sujeto pasivo, cuando, como ocurre en este caso, el sujeto pasivo sólo ha sufrido perjuicios patrimoniales.

El segundo motivo del recurso se ha formalizado por infracción del art. 531.2º, 529,7º y 69 bis CP. 1973. La Defensa estima que estas disposiciones han resultado infringidas por la absolución del coprocesado Humberto .

El motivo debe ser desestimado.

La legitimación procesal para recurrir en casación requiere que el recurrente haya sido afectado en sus propios derechos. Es indudable que el recurrente carece de un derecho a que el coprocesado sea condenado y por ello el motivo carece en forma manifiesta de contenido (art. 885,1º LECr).

En el tercer motivo del recurso se alega la infracción de los arts. 528, 529,7º y 69 bis CP. 1973. Tal infracción sería consecuencia de la doble valoración de las circunstancias que el Tribunal a quo ha tenido en cuenta para determinar la pena, pues no cabe aplicar conjuntamente las circunstancias agravante del art. 529,7º y la exasperación de la pena prevista en el art. 69 bis CP. 1973.

El motivo debe ser desestimado.

En realidad, como lo reconoce el recurrente, la pena de cuatro años de prisión menor aplicada está dentro del límite legal correspondiente. La Audiencia, por lo tanto, no aplicó el art. 69 bis CP. 1973 para fundamentar la unidad de acción y condenar por un delito único. La cuestión puede ser discutible en el presente caso, pero que no es posible modificar la sentencia en este punto por la prohibición de reformatio in pejus. Consecuentemente, no se ha aplicado el art. 69 bis para agravar la pena por la notoria gravedad del hecho.

El siguiente motivo de este recurrente se formalizó por infracción del art. 519 CP. 1973. Considera la Defensa que el hecho no se subsume bajo el tipo del artículo mencionado, pues el acusado habría invertido en la construcción del complejo urbanístico más de lo que le fue entregado por los compradores.

El motivo debe ser desestimado.

El punto de vista del recurrente no puede ser admitido por la Sala. El delito de alzamiento de bienes se consuma cuando se impide, mediante el ocultamiento o la eliminación de bienes del propio patrimonio la ejecución de los mismos por parte de los acreedores legítimos. Esto es lo que ha ocurrido en el presente caso, en el que mediante la resolución de un contrato de compraventa se excluyó del patrimonio de DIRECCION001 la garantía común de los acreedores, privándoseles de la posibilidad de ejecutar sobre tales bienes créditos legítimos. La tipicidad del hecho, por lo tanto, no depende de la cantidad invertida por el deudor, pues dicha inversión no genera ningún derecho de privar a los compradores de los apartamentos del derecho adquirido. Téngase en cuenta que el acto de resolución del contrato de venta de 12-3-92, es en realidad, equivalente a un acto de enajenación, dado que consiste en la eliminación del bien del patrimonio en el que se encontraba y su incorporación a otro patrimonio, respecto del cual los acreedores carecían de toda posibilidad jurídica normal de hacer efectivos sus créditos.

Los motivos quinto, sexto y séptimo del recurso deben ser tratados conjuntamente. En ellos se plantea la cuestión del error de prohibición en relación al art. 6 bis a) CP. 1973. El recurrente señala que se dejó orientar por la calidad de letrado del procesado Humberto y se refiere especialmente a los pasajes de la sentencia que le atribuyen a éste una especial participación en las decisiones que se adoptaron en todas las negociaciones, así como a la "mutua confianza que se profesaban".

Los tres motivos deben ser desestimados.

La existencia de un error de prohibición no puede ser deducida del hecho probado. La circunstancia de que uno de los procesados intervinientes en el hecho fuera abogado no determina necesariamente que la acción que se emprende deba ser adecuada a derecho. Especialmente en los hechos que constituyen el núcleo convencional del derecho penal y en los que éste coincide con criterios ético-sociales elementales, tales como no producir daño a otro sin ninguna razón que pueda justificarlo, la existencia de un error sobre la prohibición es prácticamente imposible. En el caso de delitos como la estafa y el alzamiento de bienes, por lo tanto, no cabe imaginar que quien sabe que con su acción privará a los legítimos adquirentes de un inmueble que él mismo les ha vendido, pueda imaginar que tal hecho tiene alguna clase de justificación en el ordenamiento jurídico. Al respecto se debe considerar que el recurrente no obró en ninguna circunstancia análoga a alguna de las causas de justificación tradicionales, de las que hubiera podido deducir que su acción era adecuada a derecho.

3. Recurso de Ángela .-

El recurso ha sido estructurado en seis motivos, pero, en realidad, todos tienen un único contenido. Con apoyo en el art. 849,2º LECr. la recurrente sostiene en el primero y segundo motivo de su recurso que se ha omitido en los hechos probados establecer que su padre actuó en su representación de acuerdo con el poder otorgado ante notario el 3-6- 1985, que obra a los folios 2849 a 2555 y que, consecuentemente, no se ha considerado que no tuvo ninguna participación en los hechos llevados a cabo por su padre y por los que ha sido declarada responsable civil subsidiario. Los siguientes motivos, incluido el sexto, único amparado en el art. 849,1º CP. tienden a demostrar la aplicación indebida del art. 22 CP. 1973.

El recurso debe ser desestimado.

La cuestión planteada por esta recurrente ya ha sido tratada en los fundamentos jurídicos trece y catorce de esta sentencia. En la medida en la que su situación no es diferente de la de su hermano y su madre, la solución debe ser la misma, por lo que basta remitirnos a dichos fundamentos jurídicos.

D.- Recurso de los acusadores particulares Silvio

y otros.-

Los dos primeros motivos del recurso de esta acusación particular se formalizaron al amparo del art. 849,1º LECr., alegando en ellos la infracción de los arts. 531, 528 y 529,7º y 69 bis CP. 1973, así como el art. 535 del mismo Código. El primero de los motivos se basa en la absolución del acusado Humberto y el segundo se dirige contra ambos acusados, a los que -afirman- se debería haber condenado también por apropiación indebida.

Ambos motivos deben ser desestimados.

La cuestión planteada respecto del acusado Humberto , es decir, la subsunción de su conducta también bajo el tipo penal de la estafa y del art. 531 CP. 1973, no respeta los hechos probados, en los que la Audiencia ha señalado que no se ha constatado que Humberto haya conocido las circunstancias en las que se decidió tomar el préstamo hipotecario y en las que no consta que dicho acusado haya cooperado en el engaño del que fueron objeto los compradores a los que se ocultó la hipoteca que gravaba los apartamentos, o al menos, haya inducido al otro acusado. El primer motivo, por lo tanto, incurre en la causa de inadmisión, en esta fase de desestimación, del art. 884,3º LECr.

En cuanto a la inaplicación del art. 535 CP. 1973, se debe señalar que no consta que Humberto haya recibido el dinero por alguno de los títulos que prevé dicha disposición, razón por la cual también es aplicable el art. 884,3º LECr. Aunque la situación sea diversa, el art. 535 CP. 1973 tampoco es aplicable al acusado Emilio , dado que la condena por estafa excluye por consunción posibilidad de un concurso ideal con el delito de apropiación indebida del dinero obtenido mediante engaño, que, en todo caso, tampoco fue entregado por alguno de los títulos previstos en el art. 535 CP. 1973.

El último de los motivos de estos recurrentes se dirige a lograr la declaración de la nulidad de las escrituras de constitución de hipoteca de 12-12-92 y 3-6-93, mediante las que se cometieron los delitos que se imputaron a los acusados.

El motivo debe ser desestimado.

Los recurrentes no solicitaron en la instancia la nulidad de dichos negocios jurídicos documentados en escrituras públicas que se citan. Consecuentemente, como lo señala el Ministerio Fiscal, no están legitimados para solicitarla en el marco del recurso de casación, sin perjuicio de la posibilidad del ejercicio de la acción civil correspondiente ante los juzgados competentes.

E.- Recurso de los acusadores particulares Julieta

y otros.-

Estos acusadores particulares entienden aplicable la Ley Especial 57/68, vigente al producirse los hechos. En este sentido alegan que el acusado Emilio no ha cometido el delito de estafa ni el de alzamiento de bienes, sino el delito previsto en aquella ley. Consecuentemente Emilio sería el único responsable del delito.

El motivo debe ser desestimado.

El delito previsto en la Ley especial 57/68 era una forma de distracción de dinero de las contenidas en el art. 535 CP. 1973. Por lo tanto, en la medida en la que se ha cometido el delito de estafa, su aplicación queda excluida pues, como se dijo en el Fundamento Jurídico 19 de esta sentencia, sólo se trata de un concurso de normas o un concurso aparente de leyes. Nos remitimos a lo ya expuesto en dicho apartado.

El restante motivo del recurso se sostiene en la infracción del art. 19 CP., que los recurrentes estiman infringido por no haber sido incluidos en la lista de perjudicados respecto de los que el acusado Humberto era civilmente responsable.

El motivo debe ser desestimado.

Los recurrentes no ejercieron en el proceso que motiva el presente recurso la acción civil contra el acusado Humberto . Por ello carece de toda legitimación para ejercitar en esta instancia la pretensión referida.

F.- Recurso de TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VICENTE PRADES

Los cuatro motivos del recurso tiene una única finalidad y ello autoriza su tratamiento conjunto. Impugnan la sentencia recurrida por haber establecido una indemnización inferior a la solicitada, por lo que considera que se han vulnerado los arts. 103, 104, 519 y stes. (sic) y 24.2 CE.

Los cuatro motivos del recurso deben ser desestimados.

El recurrente sostiene que le correspondía una indemnización de 5.000.000 ptas., no obstante lo cual en la sentencia sólo se fijaron 500.000 ptas. La única posibilidad de rectificación de la cantidad establecida por el Tribunal a quo, hubiera sido recurriendo por la vía del art 849,2º LECr. El recurrente, sin embargo, no ha propuesto a esta Sala una rectificación de los hechos probados, alegando con esa finalidad la existencia de prueba documental idónea para demostrar el error en el que, se dice, incurrió el Tribunal a quo. Por el contrario, en la fundamentación del primer motivo se sostiene que el error al que se alude no surge de la sentencia, sin explicar de dónde surge.

Por lo demás, no cabe alegar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, como implícitamente y con oscura fundamentación se alega en el motivo cuarto, cuando la incongruencia omisiva no se refiere a una petición realizada por el propio recurrente, sino por otras partes, que no han recurrido. En lo que respecta a la pretensión indemnizatoria del recurrente, la Audiencia dio respuesta, aunque no haya fijado la cantidad pretendida y esa respuesta cumple con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, que, como es sabido, no garantiza que la pretensiones serán estimadas por los tribunales.

III.

FALLO

FALLAMOS

1. ) QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR a los motivos 17 y 18 del recurso de Humberto , y a los de Ángela , Luis Miguel y Ángela , declarando de oficio las costas de sus recursos.

2. ) QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACIÓN por quebrantamiento de forma e infracción de Ley interpuestos por los procesados: Emilio ; por las Acusaciones Particulares: Julieta y otros, EXCAVACIONES VICENTE PRADES, S.L., y Silvio y otros, todos ellos contra sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana, en causa seguida contra Emilio por delitos de estafa y alzamiento de bienes y Humberto por delito de alzamiento de bienes, debiendo abonar todos ellos las costas de sus correspondientes recursos.

Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la Audiencia mencionada a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

Enrique Bacigalupo Zapater

Juan Saavedra Ruiz

Diego Ramos Gancedo

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil uno.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Castellón de la Plana se instruyó sumario con el número 101/96-PA contra los procesados Emilio y Humberto en cuya causa se dictó sentencia con fecha 12 de noviembre de 1998 por la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Enrique Bacigalupo Zapater, hace constar lo siguiente:

En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, interpuesto por a) procesados Emilio y Humberto , b) responsables civiles: Ángela y Luis Miguel , c) acusadores particulares: Julieta , Agustín , Olga y Clemente ; TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VICENTE PRADES, S.L, Silvio , Carlos Jesús , Juan Pablo , Alonso , Cornelio , Fernando , Íñigo , Beatriz , Luis Antonio , Julia , Ángel , David , Remedios , Ismael , Millán , Sergio , Carlos Alberto , Juan Carlos y Concepción todos ellos contra sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana, que condenó a Emilio por delitos de estafa y alzamiento de bienes y a Humberto por delito de alzamiento de bienes, se constituyó la Sala para su deliberación y fallo el día 18 de abril del año 2001, dictándose con fecha 30 de abril del mismo año sentencia número 704/01

Notificada dicha sentencia a las partes, por el Procurador Sr. Olivares de Santiago, en nombre y representación de D. Humberto , Dª Ángela y D. Luis Miguel , se solicitó en escrito de fecha 5 de junio de 2001 aclaración de la Segunda Sentencia dictada por esta Sala.

Por el Procurador Sr. Olmos Gómez, en nombre y representación de D. Silvio y otros, se solicitó en escrito de fecha 8 de junio de 2001 aclaración del fallo de la Segunda Sentencia de esta Sala.

La posibilidad de corregir errores materiales manifiestos después de dictada la sentencia se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico (Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal). Los escritos presentados a los que se hace referencia en el apartado de Hechos, han puesto de manifiesto la existencia de ciertos errores que es necesario subsanar.

Existe discrepancia manifiesta entre el contenido del fundamento jurídico décimosegundo de la primera sentencia (tanto en su apartado 1º como en el 2º) y el fallo de la segunda sentencia, por lo que procede aclarar este fallo conforme a lo que claramente se razona en el fundamento jurídico indicado. En otras palabras, en relación con el delito de estafa no debe condenarse a Humberto como responsable civil de este delito, ni tampoco a su mujer ni a sus hijos; en relación con el delito de alzamiento de bienes, no debe condenarse a la esposa e hijo como responsables civiles subsidiarios. Sin embargo, no pueden ser acogidas el resto de las cuestiones planteadas por el Procurador Sr. Olivares de Santiago, por cuanto se trata de cuestiones argumentativas que exceden del límite de un auto de aclaración de sentencia. Además, son cuestiones propias del recurso de casación (alguna incluso excede de los límites de éste) que tuvieron respuesta en la correspondiente sentencia.

En relación con el escrito del Procurador Sr. Carmelo Olmos Gómez, efectivamente procede realizar las correcciones materiales que en su día se realizaron por el auto de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, excepto en lo recogido en el apartado c) de la parte dispositiva de dicho auto, por tratarse de una corrección de un error material existente en los fundamentos jurídicos de la sentencia de instancia.