STS, 28 de Febrero de 2003
| Ponente | Juan Manuel Sanz Bayón |
| ECLI | ES:TS:2003:1393 |
| Número de Recurso | 6522/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION?? |
| Fecha de Resolución | 28 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil tres.
Visto el recurso de casación nº 6522/98 interpuesto por el Procurador D. Luis Pozas Osset, en nombre y representación del Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, promovido contra la sentencia dictada el 13 de mayo de 1998, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso contencioso-administrativo nº 1051/95 sobre aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao. Siendo partes recurridas la Diputación foral de Vizcaya, representada por el Procurador D. Julián del Olmo Pastor y el Ayuntamiento de Bilbao, representado por el Procurador Sr. González Salinas.
Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha seguido el recurso número 1051/95 interpuesto por el Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, contra el Acuerdo Foral 1/1994, de 22 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao; y el Acuerdo Foral de la misma Diputación de 15 de noviembre de 1994, por el que se desestima el recurso interpuesto por el recurrente contra el anterior. Siendo parte demandada la diputación Foral de Bizkaia y como codemandado el Ayuntamiento de Bilbao.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 13 de mayo de 1998, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación del Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia contra el Acuerdo Foral 1/1994, de 22 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao; y el acuerdo foral de la misma diputación, de 15 de noviembre de 1994, por el que se desestima el recurso interpuesto por el recurrente contra el anterior, declarando: PRIMERO.- La conformidad a derecho del Acto recurrido en el particular tratado en el presente recurso. SEGUNDO.- No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la sustanciación del presente recurso".
Contra dicha sentencia se preparó recurso de casación por el Colegio de Abogados del señorío de Bizkaia, y elevados los autos a este Tribunal, por el recurrente se interpuso el mismo. Por resolución de la Sección Primera de esta Sala de 13 de julio de 1999 se admitió el recurso, remitiéndose a la Sección Quinta, dictándose providencia de 1 de octubre de 1999 dando traslado a los recurridos para su oposición, formalizándose por escritos de fechas 13 de octubre y 10 de noviembre de 1999, señalándose día para la votación y fallo, fijado a tal fin el día 26 de febrero de 2003, en cuya fecha tuvo lugar.
En el presente recurso de casación la disposición impugnada en la instancia (Acuerdo Foral 1/1994, de 22 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao) procedía de la Diputación Foral de Bizkaia, a la que es de aplicación lo establecido en el artículo 93.4 de la L.J., ya que se trata de un ente público cuya actuación no rebasa el territorio de una Comunidad Autónoma, y cuya significación institucional, además, es diferente a la que corresponde a las Corporaciones Locales del resto del Estado español, como ha quedado corroborado en la disposición adicional primera de la nueva Ley de la Jurisdicción 29/1.998, de 13 de julio, según la cual en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la referencia del apartado 2 del artículo 1 de la Ley (a las Administraciones de las Comunidades Autónomas) incluye las Diputaciones Forales y la Administración institucional de ellas dependiente, (cfr. sentencias de esta Sala de 8 de octubre de 1.999 -recurso de casación 3082/1995-, 27 de septiembre de 2.001 -recurso de casación 3973/1997 y 30 de octubre de 2.001 -recurso de casación 5982/1997-.
El artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción dispone que las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, no comprendidas en el nº 2 de dicho artículo, respecto a actos o disposiciones de las Comunidades Autónomas, sólo serán susceptibles de recurso de casación cuando el recurso se funde en infracción de normas no emanadas de los órganos de aquéllas que sea relevante y determinante del fallo de la sentencia, y el artículo 96.2 de la expresada Ley, referido al escrito de preparación, establece que en el supuesto previsto en el artículo 93.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma no emanada de los órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
Pues bien, de acuerdo con lo declarado por esta Sala (por todos, Auto de 18 de septiembre de 1995), del análisis conjunto de los citados preceptos es obligado inferir lo siguiente: A) que el recurso de casación se ha de fundar en infracción de normas no emanadas de los órganos de las Comunidades Autónomas; B) que esa infracción sea relevante y determinante del fallo de la sentencia y C) que es el recurrente quien en el escrito de preparación del recurso de casación ha de justificar que la infracción de la norma no emanada de los órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En el presente caso el escrito de preparación del recurso dice que: "SEGUNDA.- Manifiesta esta parte su intención de interponer el oportuno Recurso de Casación en base al motivo que autoriza el apartado 4º del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción, según la redacción dada al mismo por la Ley 10/1992, a la que se ha hecho referencia".
Es evidente que no se ha cumplido lo que exige el artículo 96.2 de la LRJCA, porque no se ha justificado que la infracción de normas no emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma -que ni siquiera se citan- haya sido relevante y determinante del fallo -justificación que, como ha dicho esta Sala, ha de ser acreditada por el que prepara el recurso de casación, haciendo explícito cómo, por qué y de qué forma ha influido y ha sido determinante del fallo-.
En consecuencia, conforme al artículo 100.2.a), en relación con los artículos 93.4 y 96.2 de la LRJCA, procedería haber declarado la inadmisión del recurso de casación por defectuosa preparación del mismo.
Las causas de inadmisión del recurso de casación se convierten en causas de desestimación del mismo, y en virtud de los establecido en el artículo 102-3 de la Ley Jurisdiccional, procede condenar a la parte recurrente en las costas del recurso de casación.
Vistos los artículos que se citan y los demás de general aplicación.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación nº 6522/98 condenando al recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Sanz Bayón, Magistrado Ponente estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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SAN 37/2007, 18 de Julio de 2007
...validas desde el punto de vista procesal; criterio que ya había sido adoptada en sentencias del T.S. de 13 Abr. 2000, 18 Jul. 2002 y 28 Feb. 2003. La última objeción es la presentada al inicio de las sesiones por la defensa de Íñigo en el sentido de solicitar la suspensión del acto del juic......