STS, 12 de Julio de 2007

Ponente:JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
Número de Recurso:150/2006
Fecha de Resolución:12 de Julio de 2007
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
RESUMEN

ADMINISTRACIÓN. PUESTO DE TRABAJO. Las Administraciones Públicas seleccionarán su personal, ya sea funcionario, ya sea laboral, de acuerdo con la oferta pública, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso-oposición libre, en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, así como el de publicidad. Se asigna al orden contencioso-administrativo la competencia para resolver las reclamaciones sobre convocatorias y provisión de puestos de trabajo en organismos públicos. Se desestima el recurso de casación

 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil siete.

Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación interpuesto en nombre y representación de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), contra sentencia de fecha 3 de noviembre de 2006, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en el procedimiento número 119/06, promovido por el Sindicato Solidaridad Ferroviaria contra Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), sobre Conflicto Colectivo.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido el Procurador D. Ignacio Argos Linares, en nombre y representación del Sindicato Solidaridad Ferroviaria.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ LUIS GILOLMO LÓPEZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por la representación del Sindicato Solidaridad Ferroviaria, se interpuso demanda de la que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que: " declare contraria a Derecho y por tanto nula la convocatoria de plazas de ingreso en FEVE llevada a cabo mediante Nota Informativa nº 7/2006 de la Dirección Gerencia de Recursos Humanos de FEVE para ocupar los puestos de Técnico de Seguridad, de Energía y de Recursos Humanos por no haber agotado previamente los medios de promoción interna y, en su consecuencia, condene a la demandada a estar y pasar por dicha declaración".

SEGUNDO

Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratificó en la misma, alegando la demandada excepción de falta de jurisdicción. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

TERCERO

Con fecha 3 de noviembre de 2006, se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que, previa desestimación de la excepción de falta de jurisdicción alegada por la entidad demandada, debemos estimar y estimamos la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el Sindicato Solidaridad Ferroviaria y, en su consecuencia, debemos declarar y declaramos contraria a Derecho y, por tanto, nula la Convocatoria de plazas de ingreso en la entidad demandada llevada a cabo mediante la Nota Informativa número 7/2006 de la Dirección Gerencia de Recursos Humanos de la entidad demandada para ocupar los puestos de trabajo de Técnico de Seguridad, de Energía y de Recursos Humanos, con la correspondiente condena en ello a la entidad pública empresarial demandada Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, la cual estará y pasará por tales declaraciones cumpliéndolas en sus justos límites".

CUARTO

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 1. Con fecha 25 de abril de 2006 se publicó la Nota Informativa número 7/2006 de la Dirección de la Gerencia de Recursos Humanos de FEVE, mediante la cual, de conformidad con la oferta pública de empleo para 2005 aprobada por el RealDecreto 121/05, de 8 de febrero, se convocaron, para su cobertura por personal laboral externo a tal entidad pública empresarial, las plazas de técnicos de seguridad (una plaza), de energía (una plaza) y de recursos humanos (una plaza), plazas las tres mencionadas que, de cubrirse, implicarían que sus adjudicatarios se incardinarían "ex novo" en dicha entidad como personal laboral de nivel salarial 10 y con la categoría laboral de técnicos ferroviarios superiores de grado 1º. 2. Dicha Nota Informativa número 7/2006 fue seguida de las Notas Informativas números 11/2006, 12/2006 y 17/2006, las cuales, respectivamente y en desarrollo de la primera citada, publicaron la lista provisional de candidatos admitidos, la lista definitiva de candidatos admitidos y la fijación del tribunal, del temario, de la fecha (28 de noviembre de 2006) y del lugar de las pruebas selectivas.

  1. Con anterioridad a la convocatoria promovida por la Nota Informativa 7/2006, no se ha acreditado que se verificara convocatoria alguna de cobertura o de promoción de tales tres plazas de técnicos en el ámbito interno de la entidad demandada. 4. Respecto de la presente litis se han agotado todas las posibilidades, obligatorias o no, de solución extrajudicial, sin que llegaran las partes a avenencia. 5. Se dan por íntegramente reproducidos cuantos documentos han sido, directa o indirectamente, señalados o aludidos en los anteriores ordinales.

QUINTO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación procesal de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

SEXTO

Por providencia de fecha 16 de marzo de 2007 se procedió a admitir a trámite el citado recurso y, tras ser impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 5 de julio de 2007, en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 3 de noviembre de 2006

, en proceso de conflicto colectivo, en la que, previa desestimación de la excepción de falta de jurisdicción alegada por la entidad demandada, se estimó la pretensión planteada por el Sindicato Solidaridad Ferroviaria y, en consecuencia, se declaró contraria a Derecho y, por tanto, nula la Convocatoria de plazas de ingreso en la empresa demandada, Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), llevada a cabo mediante Nota Informativa número 7/2006, de la Dirección Gerencia de Recursos Humanos de dicha entidad, para ocupar los puestos de trabajo de Técnico de Seguridad, de Energía y de Recursos Humanos.

Para la sentencia de la Sala de instancia que hoy se recurre en casación procede la desestimación de la excepción de incompetencia de jurisdicción en aplicación de la doctrina de esta Sala, que trascribe parcialmente, reflejada en nuestra sentencia de 11 de abril de 2006, recurso de casación ordinaria número 130/02, y, en relación con el fondo del asunto, la estimación de la demanda se justifica en la previsión convencional de que sólo una vez agotados los medios de promoción interna puede acudirse a los sistemas de cobertura con personal externo.

SEGUNDO

El recurso de casación interpuesto por la Entidad demandada -oportunamente impugnado por el Sindicato actor- articula tres distintos motivos de casación. El primero, amparado en el art. 205.a) de la LPL, denuncia "abuso en el ejercicio de la jurisdicción" e insiste en la incompetencia del orden social para resolver la pretensión ejercitada en la demanda, sobre la base de que FEVE es una entidad pública empresarial, no una sociedad mercantil estatal, y que, por ello, resulta competente el orden contencioso administrativo de la jurisdicción para resolver la pretensión. El segundo motivo, amparado ahora en el art. 205.b) de la LPL, invoca en síntesis la inadecuación del procedimiento de conflicto colectivo y sugiere también la falta de litis consorcio pasivo necesario por no haberse traído al proceso a los trabajadores seleccionados como consecuencia de la Convocatoria impugnada. El tercero y último, con sustento en el art. 205 .e) del mismo texto procesal, denuncia la infracción de los artículos 9.3 de la Constitución, 3 del Estatuto de los Trabajadores y 55.2 y Disposición Adicional 12ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), sosteniendo, en esencia, que se encuentra legalmente obligada a realizar ofertas públicas de empleo a las que tengan acceso todos los ciudadanos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

TERCERO

Sin embargo, tal y como propone el Ministerio Fiscal en su informe y el Sindicato actor en su escrito de impugnación, el recurso entero ha de ser desestimado porque, en primer lugar, y con relación a la denuncia contenida en el primero de sus motivos, la competencia para resolver las reclamaciones sobre convocatorias y provisión de puestos de trabajo en las sociedades estatales, sean sociedades mercantiles con participación mayoritaria de capital público o sean Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica que por ley han de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado, aunque hayan de ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad, están sujetas al régimen laboral común y la jurisdicción social resulta competente, máxime si, como sucede en el presente caso, la normativa directamente aplicable es un convenio colectivo.

Esta cuestión ya ha sido resuelta por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en las sentencias de 8 de marzo de 1.996 (R. 1731/95), 17 de julio de 1996 (R. 3287/95), 11 de abril de 2006 (R. 130/02), 25 de julio de 2006 (R. 2969/05), 29 de septiembre de 2006 (R. 1778/05) y 7 de febrero de 2007 (R. 309/05 ), que examinaron supuestos en lo esencial iguales al presente (la impugnación de los procedimientos de cobertura de puestos de trabajo en AENA y en diversas Televisiones públicas de ámbito autonómico). El motivo debe rechazarse con sólo reiterar dicha doctrina, que puede sintetizarse así:

1)Tanto la jurisprudencia de la Sala de conflictos como la de esta Sala se han inclinado en principio por asignar al orden contencioso-administrativo la competencia para resolver las reclamaciones sobre convocatorias y provisión de puestos de trabajo en organismos públicos; la razón de ello es que, como dice nuestra sentencia de 17 de julio de 1996, en estos supuestos la regulación administrativa "es siempre prevalente, porque la actuación de la Administración es previa al vínculo laboral y predomina en ella el carácter de poder público que está obligado a formular una oferta de empleo en los términos fijados en la Ley, y a someterse a procedimientos reglados de convocatoria y selección"; el precepto legal en que se basa esta doctrina es el art. 19 de la Ley 30/1984 ("Las Administraciones Públicas seleccionarán su personal, ya sea funcionario, ya sea laboral, de acuerdo con la oferta pública, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso-oposición libre, en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, así como el de publicidad".

2)Sin embargo, en consonancia con la propia doctrina jurisprudencial referida, esta regla general, "que ha de aplicarse cuando se trate de Administraciones Públicas sometidas a la regulación básica que para esta materia contiene la Ley 30/1984 ", tiene una excepción, que es la de las empresas "con participación mayoritaria del capital público y las entidades de derecho público que por ley han de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado".

3)A este grupo, donde es de aplicación la excepción y no la regla general, pertenecen las que el art. 6 de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto legislativo 1091/1988 ) ha llamado "sociedades estatales", y las que, con fórmula equivalente, el art. 53 de la Ley de Organización de la Administración General del Estado (Ley 6/1997 ) denomina "entidades públicas empresariales",encargadas de "la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación". Tales entidades públicas empresariales se rigen, de acuerdo con el propio art. 53 de la Ley 6/1997 en su apartado dos, "por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria".

La aplicación de esta regla excepcional a la entidad aquí demandada es clara porque el artículo 74 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, atribuyó a FEVE, igual que a RENFE, la consideración de Entidad Pública Empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 43 de la precitada Ley 6/1997. Por ello, la convocatoria impugnada no constituye una potestad administrativa ejercida por un poder público sino un acto de gestión empresarial, sometido al Derecho privado y revisable ante el orden social de la jurisdicción, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

CUARTO

El segundo motivo del recurso merece la misma suerte desestimatoria porque las dos cuestiones que plantea (inadecuación procedimiento y falta de litisconsorcio pasivo necesario) han sido invocadas por vez primera en el recurso de casación, como se desprende de la simple lectura de la certificación extendida tras la conciliación administrativa (folio 11) y del acta de la vista oral (folios 48 y 49), en los que o no se expuso por la demandada razón alguna para oponerse a la demanda (acto de conciliación) o únicamente se adujo la incompetencia de jurisdicción (acto del juicio). En consecuencia, tampoco han sido siquiera analizados por la sentencia de instancia. Y, como recuerdan nuestras sentencias de 6 de marzo de 2000 (R. 1217/99) y 17 de enero de 2006 (R. 11/05 ), "esta Sala ha reiterado (sentencias de 10 febrero y 11 julio 1989, 16 de enero de 1990, 8 abril 1991, 3 de marzo de 1993, 27 de octubre de 1994, 23 septiembre de 1997 y 18 y 22 de diciembre de 1998, entre otras) que el enjuiciamiento de cuestiones nuevas no es posible en un recurso de casación, que ha de ceñirse a los errores de apreciación fáctica o a las infracciones de derecho sustantivo o procesal en que haya podido incurrir la sentencia recurrida, en atención tanto a su carácter extraordinario como a las garantías de defensa de las partes recurridas, cuyos medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo".

En definitiva, en casación se revisan los posibles errores del enjuiciamiento de la recurrida, pero no es momento procesal adecuado para introducir en el debate nuevos elementos de controversia que no son susceptibles de revisión en cuanto no fueron objeto de estudio en la sentencia de instancia.

Pero es que, en todo caso, y con relación al cauce procesal utilizado, según tiene igualmente establecido la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 25 de junio de 1.992, 12 de mayo de 1.998, 17 de noviembre de 1.999, 28 de marzo de 2.000, 12 de julio de 2.000, 15 de enero de 2.001 y 6 de junio de 2001) "las pretensiones propias del proceso de conflicto colectivo se definen por dos elementos: 1) uno subjetivo, integrado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores, "entendiendo por tal no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados, sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad" y 2) otro elemento objetivo, consistente en la presencia de un interés general, que es el que se actúa a través del conflicto y que se define como "un interés indivisible correspondiente al grupo en su conjunto y, por tanto, no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros" o como "un interés que, aunque pueda ser divisible, lo es de manera refleja en sus consecuencias, que han de ser objeto de la oportuna individualización, pero no en su propia configuración general". En este sentido la sentencia de 1 de junio de 1992 aclara que "el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés individualizable, que se concrete o pueda concretarse en un derecho de titularidad individual, no hace inadecuado el procedimiento especial de conflicto colectivo, siempre que el origen de la controversia sea la interpretación o aplicación de una regulación jurídicamente vinculante que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores". Ello es así porque, como precisó la sentencia citada de 25 de junio de 1992, al igual que en los conflictos individuales puede haber un momento colectivo que se identifica con la interpretación de una regla general, en los conflictos colectivos divisibles hay también un momento individual o plural en la medida en que la interpretación general ha de afectar necesariamente a los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del conflicto, como, por otra parte, muestra claramente el artículo 158.3 de la Ley de Procedimiento Laboral" (TS 6-6-2001, R. 1439/2000 ).

Es evidente, a la vista del contenido del suplico de la demanda (que se "declare contraria a Derecho y por tanto nula la convocatoria de plazas de ingreso en FEVE llevada a cabo mediante Nota Informativa nº 7/2006 de la Dirección Gerencia de Recursos Humanos de FEVE para ocupar los puestos de Técnico de Seguridad, de Energía y de Recursos Humanos por no haber agotado previamente los medios de promoción interna"), que en la pretensión ejercitada concurren ambos elementos porque el objeto del litigio afecta a una generalidad homogénea e indiferenciada de trabajadores (los aspirantes a la promoción interna), y el interés del mismo, aunque obviamente puede llegar a afectarles de manera individualizada, no persigue directamente tal efecto sino la simple declaración genérica que pueda derivarse de la interpretación de una norma interna (el art. 16 de la Normativa Laboral de FEVE, publicada por Resolución de 26 de junio de 1996 de la Dirección General de Trabajo y Migraciones en el BOE del 23 de agosto de 1996 ) o de determinadas previsiones convencionales (los artículos 31 y 32 y la disposición final segunda del incuestionado Convenio Colectivo o Nuevo Marco Regulador de FEVE para los años 2006 a 2009, donde se prevé la creación de una "bolsa de trabajadores" para cubrir vacantes, se contempla el sistema de promoción mediante "listas de espera internas" y se establece que sólo una vez "... agotados los medios de promoción interna ..." puede acudirse a los sistemas de cobertura con personal externo) que afecta de manera homogénea e indiferenciada a ese grupo de trabajadores.

Tampoco podría apreciarse la falta de litisconsorcio pasivo necesario que ahora se invoca sorpresivamente porque en el relato fáctico de instancia no consta la existencia de candidato alguno que pudiera resultar afectado por la solución del presente proceso, en el que, como se vió, únicamente se postula la invalidación de la primera actuación empresarial (la Convocatoria).

QUINTO

El tercer y último motivo del recurso debe ser igualmente desestimado, no sólo porque, al igual que el anterior, tampoco se adujo con anterioridad, constituyendo por tanto una cuestión nueva que no puede ser tratada en casación, sino también, y en todo caso, porque la previa convocatoria de las plazas en discusión, mediante el sistema de promoción interna antes de ofertarlas al personal externo, se encuentra expresamente prevista en la norma convencional de aplicación, según razona con acierto la sentencia de la Sala de instancia. En efecto, como ya se adelantó y como reconoce la resolución recurrida, la disposición final segunda del XVIII Convenio Colectivo de FEVE para los años 2006 a 2009, y su antecesor inmediato, en relación con el artículo 16 de la Normativa Laboral que, a modo de anexo, completa la dicción del texto del XIII Convenio, sólo una vez "... agotados los medios de promoción interna..." puede acudirse a los sistemas de cobertura con personal externo, por lo que, al haber incumplido la empresa tal previsión convencional, procede, como se adelantó, desestimar el recurso en su integridad y, en consecuencia, confirmar la sentencia impugnada por sus propios fundamentos al no haber incurrido en ninguna de las infracciones que se le atribuyen, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, a los que se les dará el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Procurador Sr. Abajo Abril, en nombre y representación de FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), contra la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2006 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en los autos nº 119/06, seguidos a instancia de SINDICATO SOLIDARIDAD FERROVIARIA contra FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), sobre Conflicto Colectivo. Con pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional de procedencia,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. José Luis Gilolmo López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.