ATS, 9 de Octubre de 2003
| Ponente | D. RAMON TRILLO TORRES |
| ECLI | ES:TS:2003:10201A |
| Número de Recurso | 209/2001 |
| Procedimiento | Recurso de Casación |
| Fecha de Resolución | 9 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a nueve de Octubre de dos mil tres.
Por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Deleito García, en nombre y representación de Dª. Mariana, se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 26 de octubre de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictada en el recurso nº 2500/96, sobre adjudicación de vivienda de promoción pública.
En virtud de providencia de 2 de septiembre de 2002 se acordó conceder a las partes un plazo de diez días para que formularan alegaciones sobre las posibles causas de inadmisión del recurso siguientes: 1.- Estar exceptuada del recurso de casación la resolución judicial impugnada por haber recaído en un asunto cuya cuantía no excede de 25 millones de pesetas. Aunque la misma quedó fijada en la instancia como indeterminada, sin embargo, no excede la indicada cifra teniendo en cuenta el contenido económico del acto administrativo recurrido -adjudicación de vivienda de promoción pública (artículos 41.1, 93.2.a) y 86.2.b) de la LRJCA, en relación con el artículo 1710, regla 4ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881); y 2.- No haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia (art. 89.2 LRJCA); trámite que ha sido evacuado por la parte recurrente y por el recurrido D. Juan Antonio, no así por la Junta de Extremadura, también parte recurrida.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo TorresMagistrado de la Sala
La sentencia impugnada estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan Antoniocontra la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Extremadura de 2 de noviembre de 1995, por la que se estima el recurso de alzada deducido por Dª Marianacontra el Acuerdo de la Comisión Regional de Vivienda de 22 de marzo de 1995, que aprueba la lista definitiva de adjudicatarios de una vivienda de promoción pública en la localidad de Entrerrios (Badajoz).
El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, indicando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que sean recurribles las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) Que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) Que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En este caso, el escrito de preparación del recurso no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2 LJCA, pues lo único que en él se dice al respecto es "Que contra esta Sentencia, con el debido respeto, mediante el presente escrito se prepara Recurso de Casación de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1.d de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate".
Por tanto, es evidente que no se ha efectuado el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2, ya que en el escrito de preparación ni siquiera se citan las normas estatales que se reputan infringidas, y tampoco se justifica la relevancia de su hipotética vulneración en el fallo recurrido, lo que lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser inadmitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.a), en relación con el 89.2, de la mencionada Ley, por haber sido defectuosamente preparado.
No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia, pues es doctrina reiterada de esta Sala que el artículo 86.4 condiciona la recurribilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -que sean susceptibles de casación- a que el recurso, es decir, el escrito de interposición del mismo, pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal (o comunitario europeo) que sea relevante y determinante del fallo recurrido, y es justamente tal condicionamiento, en cuanto afecta a la impugnabilidad de la sentencia, el que determina que en el artículo 89.2 se exija al recurrente justificar en el trámite inicial del procedimiento impugnatorio -en el escrito de preparación del recurso- que la infracción de las normas jurídicas hábiles, que en su día podrán hacerse valer como fundamento del recurso de casación, ha sido relevante y determinante de la sentencia. En otras palabras, el juicio de relevancia tiene su sede propia en el escrito de preparación del recurso, cumpliendo la función de acotar las infracciones normativas que habrán de servir para articular los motivos de casación y haciendo explícito cómo, porqué y de qué forma ha influido y ha sido determinante del fallo, y que, conforme se ha expuesto con anterioridad, no concurre en el caso en examen. A lo que hay que añadir que la inobservancia del artículo 89.2 afecta a la sustancia misma del escrito de preparación -no se trata de un defecto formal-, razón por la que no puede subsanarse en actuaciones posteriores, como parece pretender la recurrente, sin desnaturalizar su significado.
La concurrencia de la reseñada causa de inadmisión hace innecesario el análisis de cualquier otra causa.
De conformidad con lo previsto en el artículo 93.5 de la mencionada Ley, la inadmisión del recurso comporta la imposición de las costas a la parte recurrente.
En su virtud,LA SALA ACUERDA:
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dª. Marianacontra la Sentencia de 26 de octubre de 2000, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictada en el recurso nº 2500/96, resolución que se declara firme; con imposición a la recurrente de las costas procesales causadas.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
