STS, 14 de Septiembre de 2006

Ponente:JOSE DIAZ DELGADO
Número de Recurso:93/2003
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:14 de Septiembre de 2006
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

"ACUERDO PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. La única desigualdad que el recurrente alega, puede referirse a los Magistrados en ejercicio, que cubrirían plazas en los concursos de traslados, antes de ofrecérselas a los aspirantes, pero esta es una cuestión que no afecta al acceso a la función publica, sino al puesto de trabajo; ni los elementos en comparación son iguales, pues se comparan Magistrados en ejercicio con aspirantes. Se desestima el contencioso administrativo. "

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil seis.

Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen el recurso contencioso-administrativo número 002/93/2003, que pende ante ella de resolución, interpuesto por la Procuradora Doña OLGA GUTIERREZ ALVAREZ, en nombre y representación de DON Jose Ignacio, contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 26 de febrero de 2003, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Permanente de dicho Consejo de 14 de noviembre de 2002, desestimatoria de la petición efectuada por el recurrente contra el requerimiento efectuado para presentar la documentación acreditativa de los requisitos para ser nombrado Magistrado y le tiene por decaído de su derecho a ingresar en la Carrera Judicial. Ha sido parte codemandada el Consejo General del Poder Judicial, representado por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por escrito de entrada 10 de abril de 2003, la Procuradora Doña OLGA GUTIERREZ ALVAREZ, interpone, en nombre y representación de DON Jose Ignacio, recurso contencioso-administrativo contra:

  1. Requerimiento de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial, notificado por telegrama de 24 de octubre de 2002, por el que se requiere al recurrente para que, habiendo quedado desierta la plaza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria, aporte una serie de documentación en el plazo de 15 días naturales.

  2. Contra el Acuerdo de la Comisión Permanente de dicho Consejo de 14 de noviembre de 2002, que a su vez, desestima la petición efectuada por el recurrente contra el requerimiento efectuado para presentar la documentación acreditativa de los requisitos para ser nombrado Magistrado y le tiene por decaído de su derecho a ingresar en la Carrera Judicial.

  3. Contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 26 de febrero de 2003, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo antes dicho.

  4. Contra la Base 1ª G,2, de las aprobadas por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 9 de mayo de 2001 (BOE 25 de mayo de 2001), en dos aspectos, relativos a la situación prevista para los aspirantes aprobados en caso de que el número de vacantes fuese menor que el de aquellos y en cuanto a la posibilidad de nombramiento como Magistrado de los aspirantes aprobados de forma individualizada.

SEGUNDO

En fecha 26 de junio de 2003, la recurrente formula demanda contra los acuerdos antes citados, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente y a los que nos referiremos en los fundamentos jurídicos de esta sentencia, solicitó de esta Sala que: Primero. Se declaren nulos o anulen los actos y acuerdos recurridos por vulnerar los derechos fundamentales del actor contenidos en los artículos 23.2 y 24.1 de la Constitución . Segundo, se declare la nulidad o anulabilidad por los motivos de legalidad desarrollados en la demanda. Tercero. Se reconozca el derecho del recurrente a acceder a la Carrera Judicial como Magistrado. Cuarto. Se reconozca el derecho del recurrente a la indemnidad de sus derechos y específicamente a la antigüedad, solicitando se fije como tal el día del acuerdo de la publicación en el BOE del Acuerdo de la Comisión permanente de 18 de junio de 2002; subsidiariamente, desde que existió una cuarta vacante; subsidiariamente, desde que existió una cuarta vacante desierta, y finalmente y siempre de forma subsidiaria, desde la fecha en que se declaró decaído al recurrente en el derecho de acceder a la carrera Judicial, 14 de noviembre de 2002.

TERCERO

Por el Abogado del Estado, se formaliza oposición al presente recurso, solicitando, por los fundamentos a los que posteriormente nos referiremos, la desestimación del mismo.

CUARTO

Por Auto de fecha 26 de septiembre de 2003, se acordó el recibimiento a prueba, y posteriormente las partes formalizaron sus conclusiones, trámite tras el que se ordenó que las actuaciones quedasen pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 13 de septiembre de 2006, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Aparecen como premisa fáctica del presente recurso contencioso-administrativo los siguientes hechos.

  1. Por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de mayo de 2001 (BOE del 25 siguiente), se convoca concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia, con más de 10 años de ejercicio profesional, para ingreso en la carrera judicial, por la categoría de Magistrado.

  2. En la base primera, apartado "G" y bajo el epígrafe "Nombramiento de los nuevos Magistrados" se establecía: "1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 311.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los aspirantes incluidos en la lista de aprobados publicada en el Boletín Oficial del Estado, se incorporarán al escalafón inmediatamente a continuación del último Magistrado, que hubiese accedido a la categoría, desde la fecha del Real Decreto del nombramiento. 2 . A los efectos del apartado anterior, si el número de vacantes de plazas de características adecuadas a la convocatoria, efectivamente existentes al publicarse la mencionada lista, fuere inferior al de aspirantes aprobados, quienes por tal razón no pudieran ser nombrados Magistrados continuarán en la situación que tuvieren hasta que puedan ser destinados a las vacantes que se vayan produciendo, según el orden numérico que ocupen en la relación de aspirantes aprobados. 3. De conformidad con el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 20 de noviembre de 2000, la integración en el escalafón de quienes resulten nombrados Magistrados en el mismo Real Decreto, procedentes de los distintos órdenes jurisdiccionales de esta convocatoria, se efectuará en una única lista, colocando en primer lugar a los aspirantes aprobados números uno de cada Tribunal, ordenados según la puntuación obtenida y decidiendo los empates, si los hubiere, a favor del de mayor edad; colocando, a continuación, los aprobados en segundo lugar, ordenados según el mismo criterio, y así sucesivamente hasta la formación completa de la lista ".

  3. A las pruebas selectivas correspondientes al orden jurisdiccional contencioso administrativo se presentó el recurrente, Don Jose Ignacio .

  4. Por Acuerdo de 18 de junio de 2002 (BOE de 24 de junio), la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó la propuesta de los Tribunales calificadores de los concursos de méritos entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional para el acceso a la Carrera Judicial para acceso a la categoría de Magistrado.

  5. En el apartado tercero del citado Acuerdo se señalaba que "de conformidad con lo dispuesto en la base 1ª. G., punto 2, los concursantes relacionados en el anexo 111 no podrán ser nombrados Magistrados y continuarán en la situación que tuvieren hasta que puedan ser destinados a las vacantes que se vayan produciendo, según el orden numérico que ocupen en la relación de aspirantes aprobados".

  6. La relación de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas de referencia correspondientes al orden jurisdiccional contencioso-administrativo era la siguiente (ordenada por puntuación obtenida):1. Casimiro . 2. Juan Francisco . 3. Jose Ángel . 4. Octavio . 5 . Jose Ignacio .6. Héctor . 7. Eloy . 8. Ángel

    . 9. Juan Manuel . En el mismo Acuerdo de la Comisión Permanente se relacionaban en el Anexo 11 los aspirantes aprobados en los cuatro órdenes jurisdiccionales a los que se les requería para que presentasen la documentación requerida para ingresar en la Carrera Judicial; entre los aspirantes requeridos se encontraban los dos primeros aspirantes aprobados en las pruebas correspondientes al orden jurisdiccional contencioso administrativo, D. Casimiro y D. Juan Francisco . 7. Mediante escrito que tuvo su entrada en el Consejo General del Poder Judicial en 5 de julio de 2002, Don Jose Ignacio solicitaba se ofertaran trece plazas de forma conjunta, estableciéndose hasta entonces un compás de espera durante el tiempo que fuera estrictamente necesario, de tal forma que hasta que no se contara con las plazas para ser ofrecidas, no existiera la obligación de acceder a ellas para ninguno de los aspirantes aprobados. Similar solicitud fue formulada por otros aspirantes aprobados en el procedimiento selectivo.

  7. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en reunión de 9 de julio de 2002, adoptó el siguiente Acuerdo:"54º.- En relación con las solicitudes formuladas por Don Casimiro, Don Juan Francisco, Don Jose Ignacio, Don Ángel y Don Juan Manuel, todos ellos aspirantes que han superándolas pruebas selectivas convocadas por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de mayo de 2001, para provisión de 13 plazas de magistrado en el orden jurisdiccional contencioso- administrativo, referentes a su ingreso en la Carrera Judicial, procede desestimarlas toda vez que las mismas son contrarias al régimen establecido por la base primera, letra G, de la convocatoria, que constituye la Ley del proceso selectivo, a la que se aquietaron los ahora solicitantes y bajo cuyo amparo normativo han realizado todo el proceso selectivo, concluido con la publicación de la lista definitiva de aprobados en el Boletín Oficial del Estado y pendiente únicamente del ingreso de los aspirantes en la Carrera Judicial en la forma y tiempo mencionados en la citada base. Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación en legal forma, conforme a lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

  8. Habiendo ingresado ya en la Carrera Judicial, mediante el ofrecimiento de los correspondientes destinos, los tres primeros aspirantes que superaron las pruebas selectivas de referencia (orden jurisdiccional contencioso-administrativo), Don Juan Francisco, Don Casimiro, y D. Jose Ángel, y habiendo quedado desierta la plaza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Vitoria, mediante resolución del concurso de traslados entre Magistrados llevada a cabo por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 25 de septiembre de 2002, se requirió al siguiente aspirante D. Octavio, para aportara la documentación necesaria para ingresar en la Carrera Judicial, y no habiéndolo hecho, motivó que por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 22 de octubre de 2002 se le tuviese por renunciado a su derecho al ingreso en la Carrera Judicial, acordándose al mismo tiempo a requerir al siguiente de la lista de aspirantes aprobados, Don Jose Ignacio, para que aportase la documentación necesaria para ingresar en la Carrera Judicial.

  9. Por escrito remitido por correo certificado de 7 de noviembre de 2002, y que tuvo su entrada en el Consejo General del Poder Judicial en 11 siguiente, el Sr. Jose Ignacio manifestaba lo siguiente: "En relación con el telegrama recibido de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial mediante el que se me requiere para que como aspirante aprobado en las pruebas para acceso a la categoría de Magistrado, presente la documentación necesaria para la adjudicación de la plaza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de Vitoria, le significo lo siguiente: El mencionado requerimiento implica la asignación de un destino forzoso que conculca mis derechos como aspirante que ha superado las pruebas selectivas señaladas. En concreto, la adjudicación de la plaza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de Vitoria es el resultado de un proceso de asignación de vacantes al "cuarto turno" contrario a la normativa vigente; la Ley Orgánica del Poder Judicial en ningún momento se refiere a la asignación al "cuarto turno" de vacantes desiertas, por lo que, una vez definitiva la relación de aprobados, deberían haberse asignado a los mismos las vacantes que se produjesen. Como no ha sido así, se me ha privado de mi derecho a optar a vacantes distintas a las ofrecidas adjudicadas mediante concurso en el plazo que media entre el acuerdo del Consejo de 98 de junio de 2002 y la actualidad. En segundo término, entiendo que las vacantes a ocupar deberían haber sido ofrecidas de forma conjunta a todos los aspirantes aprobados, independientemente del orden jurisdiccional al que estuvieren asignados, pues esa es la única forma de respetar la norma que dispone su integración en la escala de Magistrados en función de la puntuación obtenida en las pruebas. Si, como se ha hecho, se asignan vacantes de forma independiente, la integración en la escala lo será en función de la antigüedad y no de la puntuación. Esta forma de proceder también impide que cada aspirante seleccione la vacante que ocupará en función del derecho que le otorga la puntuación obtenida en las pruebas, resultando que un aspirante situado en peor posición podrá optar a vacantes que el de mejor derecho no tuvo a su disposición. Lo expuesto me obliga a responder a su requerimiento solicitando que sean tenidos en cuenta mis argumentos, dado que, en caso contrario, se vulneran mis derechos mediante una interpretación contra legem, y que, consecuentemente, se me ofrezcan las vacantes producidas desde el momento en que fui tenido como aspirante aprobado, y de forma conjunta con el ofrecimiento que se haga al resto de mis compañeros, como mínimo con el que se haga al resto de aspirantes que hayan obtenido peor puntuación. Por todo lo expuesto, SOLICITO: Que se atiendan mis argumentos resolución conforme a los mismos. Entretanto se resuelve, solicito de forma expresa la suspensión del requerimiento efectuado, dado que de no procederse así me podría causar un perjuicio irreparable".

  10. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en reunión de 14 de noviembre de 2002, adoptó el siguiente Acuerdo: "45°.- En relación con el escrito, con entrada en el Registro General de este Consejo General del Poder Judicial el día 11 de noviembre de 2002, remitido por DON Jose Ignacio, aspirante que superó con el número 5 las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo de 9 de mayo de 2001 para cubrir quince plazas de magistrado en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, como contestación al requerimiento telegráfico efectuado por este Consejo con fecha 24 de octubre de 2002, a fin de que en el plazo de quince días naturales presentase la documentación establecida para su ingreso en la Carrera Judicial, procede inadmitir las pretensiones deducidas en el citado escrito, por cuanto respecto a las consideraciones relativas a las plazas que han de ofrecerse al cuarto turno y al modo en que éstas deben ser ofrecidas por este Consejo General del Poder Judicial, extremos contemplados en las bases de la convocatoria y que ya fueron objeto de acuerdo de la Comisión Permanente en su reunión del día 9 de julio de 2002, como consecuencia de la solicitud efectuada por varios aspirantes aprobados en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, entre los que se encontraba el propio Sr. Jose Ignacio, y frente al que éste no presentó recurso alguno, es evidente que se trata de las mismas peticiones, por lo que no es procedente su reiteración, y en relación con su petición de suspensión del requerimiento efectuado a la vista de los argumentos esgrimidos en su escrito, ha de destacarse que no adjunta documentación alguna que permita su ingreso en la Carrera Judicial, por lo que, aunque tácitamente, ha de entenderse que no es su deseo ingresar en la misma y, además, el plazo de presentación de la documentación necesaria para acreditar las condiciones de aptitud para ingresar en la Carrera Judicial, a que se refiere el artículo 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial concluyó el pasado 9 de noviembre de 2002, sin que haya efectuado presentación alguna. Por todo lo expuesto, procede, en efecto, inadmitir las pretensiones deducidas por el Sr. Jose Ignacio en su escrito y, en consecuencia, al haber transcurrido el plazo de presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud sin haberla presentado, tenerlo por decaído a su derecho de ingreso a la Carrera Judicial y requerir al número 6 de la lista de aspirantes aprobados la aportación de la documentación para ingreso en la Carrera Judicial. Notifíquese este acuerdo al interesado haciéndole saber que contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación".

  11. Contra el citado acuerdo interpone recurso de alzada el Sr. Jose Ignacio, el cual fue desestimado por Acuerdo Plenario de 26 de febrero de 2003.

SEGUNDO

Sostiene el recurrente, que, al contrario de lo que afirma la resolución recurrida, no existe ninguna renuncia tácita a su derecho a acceder a la condición de Magistrado por el cuarto turno. La Sala comparte el criterio del recurrente de que no existe renuncia tácita, pues así se desprende del tenor literal del escrito en el que hace alegaciones contra el requerimiento de completar la documentación necesaria para ser nombrado Magistrado, en el que el actor manifiesta que contesta a tal requerimiento solicitando que sean tenidos en cuenta sus argumentos, dado que, en caso contrario, se vulnerarían sus derechos mediante una interpretación contra legem, y que, consecuentemente, se le ofrecieran las vacantes producidas desde el momento en que fue tenido como aspirante aprobado, y de forma conjunta con el ofrecimiento que se haga al resto de sus compañeros, como mínimo con el que se haga al resto de aspirantes que hayan obtenido peor puntuación. Y además solicita, entretanto se resuelve, de forma expresa la suspensión del requerimiento efectuado, alegando perjuicios irreparables. El recurrente sostiene que la inexistencia de renuncia se desprende del hecho de que sí aporta los documentos cuando recurre este acuerdo de 14 de noviembre de 2002. Ello no impide, sin embargo, que hubiera podido entenderse existente dicha renuncia, al no haber cumplimentado en plazo el requerimiento, aunque se haya hecho con posterioridad.

Ahora bien, si el actor impugna el requerimiento que se le hace y solicita su suspensión, dichas actuaciones son incompatibles con la renuncia al derecho a acceder al cargo de Magistrado.

No obstante, el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 14 de noviembre de 2002, aun cuando habla incidentalmente de que "tácitamente, ha de entenderse que no es su deseo entrar en la misma "(refiriéndose a la Carrera Judicial), no considera esencialmente este motivo para tenerlo por decaído, sino la falta de cumplimiento del requerimiento efectuado.

TERCERO

El recurrente mantiene que los acuerdos recurridos vulneran el artículo 23.2 de la Constitución Española en tanto reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes y el artículo 24.1 de dicha norma, en cuanto consagra el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, deduciendo de esta hipótesis además, que los acuerdos impugnados incurren en nulidad de pleno derecho, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.1, letra a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por vulnerar derechos fundamentales, y como consecuencia, alega la posibilidad de impugnar las bases de la convocatoria indirectamente, aun no habiéndolo hecho directamente.

Pues bien, de entrada no explica la recurrente como un acto administrativo afecta al derecho a la tutela judicial efectiva que le tienen que otorgar los jueces y tribunales y no los órganos administrativos. Por otra parte, si, como sostiene la actora, tanto la negativa a la suspensión del requerimiento, como la declaración de decaimiento de su derecho a acceder al cargo de Juez vulneraban algún derecho fundamental, la recurrente pudo acceder a los Tribunales a través del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en el Capítulo I del Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, sin necesidad de agotar la vía administrativa previa. Por todo ello no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, que se le presta a través de este proceso, siguiendo los cauces procedimentales que la propia actora ha elegido.

En cuanto al derecho de acceso al ejercicio de la función pública, consagrado en el artículo 23.2 de nuestra norma fundamental, en este caso al ejercicio de la función jurisdiccional, la recurrente no cuestiona que se le haya respetado el derecho de acceso, sino el puesto de trabajo al que debe acceder, que es cosa distinta, de tal suerte que la recurrente bien pudo acceder al requerimiento que se le efectuaba, tomar posesión de la plaza de juez de lo contencioso en el Juzgado de tal Orden Jurisdiccional número 2 de Vitoria, adquirir la condición de Magistrado, y en su caso impugnar la plaza que le fue ofrecida, con la posible solicitud de las medidas cautelares, incluso de carácter positivo, que tuviera por conveniente. La propia recurrente lo dice en su demanda al folio 9 cuando al oponerse a la existencia de una renuncia tácita al cargo de Magistrado, dice:"Desde este momento se pone de manifiesto que ni ha existido ni existe renuncia al derecho señalado, antes al contrario, voluntad indubitada de acceso a la Carrera Judicial, independientemente del destino concreto".

En cuanto a las condiciones de igualdad en el acceso a la función pública, el recurrente no impugnó la base primera apartado G) objeto de impugnación, que forma parte de las que rigieron las pruebas selectivas para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado entre juristas de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional (cuarto turno), que fueron convocadas por el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de mayo de 2001 (BOE de 25 de mayo), Acuerdo Plenario que agotaba la vía administrativa, por lo que era susceptible de impugnarse en dicha vía a través del recurso potestativo de reposición, lo que no hizo y en consecuencia las consintió y asumió desde el mismo momento en que participó en las pruebas selectivas convocadas.

La forma de concretar las plazas a cubrir por los aspirantes que hubiesen superado las tan repetidas pruebas selectivas a que se refería la base primera apartado G) de la convocatoria vino a ser reiterada por el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 18 de junio de 2002 (antecedente tercero), por el que se aprobaron las propuestas de los Tribunales calificadores referentes a los aspirantes que habían superado dichas pruebas en los cuatro órdenes jurisdiccionales), sin que fuera impugnado por el recurrente, consintiéndolo.

Tampoco impugnó, consintiéndolo, el Acuerdo de la misma Comisión Permanente de 9 de julio de 2002, por el que entendía que no procedía adjudicar las plazas de forma conjunta a todos los aspirantes aprobados, una vez, existieran las vacantes idóneas para todos, asumiendo así una vez más las bases de la convocatoria, hasta que, conocida la adjudicación su favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Vitoria, interpone el recurso de alzada que nos ocupa, remontando el mismo incluso a las bases de la convocatoria.

Es decir, el recurrente no alega desigualdad de trato en el acceso al ejercicio de la función pública, en relación con quienes podían hacerlo, los aspirantes del proceso selectivo, y además consiente el proceso de selección y de adjudicación de plazas, hasta que se le ofrece la plaza del Juzgado de Vitoria número 2.

La única desigualdad que el recurrente alega, puede referirse a los Magistrados en ejercicio, que cubrirían plazas en los concursos de traslados, antes de ofrecérselas a los aspirantes, pero esta es una cuestión que no afecta al acceso a la función publica, sino al puesto de trabajo; ni los elementos en comparación son iguales, pues se comparan Magistrados en ejercicio con aspirantes; ni el recurrente impugnó además aquellos concursos de traslado cuyas plazas entiende ahora que deberían haberse adjudicado preferentemente a los aspirantes, cuya convocatoria y resultado se publica en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con quienes participaron en el proceso selectivo, la recurrente entiende que el procedimiento seguido, al ofrecer de forma individualizada las plazas idóneas vacantes a los aspirantes aprobados, según el orden obtenido en las pruebas, conculca la Base Primera 1ª G y el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General de 20 de noviembre de 2000, imposibilitando la integración de los aspirantes de todas las especialidades en el escalafón único, según la puntuación obtenida en las distintas pruebas. Pero, como sostiene la propia recurrente esta sería una cuestión de orden en el escalafón, que siempre se podría impugnar, y no afecta al derecho al acceso a la función pública, que se hace además por ordenes jurisdiccionales distintos.

En consecuencia, y desde la pretendida vulneración de los derechos fundamentales antes mencionados hay que concluir que no se aprecia por esta Sala, con las consecuencias que después se dirán.

CUARTO

La recurrente impugna, indirectamente según ella, la base primera apartado G., punto 2, según la cual en el caso de que las plazas vacantes idóneas, efectivamente existentes, fuesen inferiores en número a los aprobados, se nombrarían Magistrados a los que pudiera asignárseles plaza, y el resto continuarán en la situación que tuvieren hasta que puedan ser destinados a las vacantes que se vayan produciendo.

Como sostiene la resolución recurrida, dicha base debió impugnarse en su momento a través de la interposición del recurso potestativo de reposición, pues, conforme dispone el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 3 de enero, el recurso de alzada procede contra las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa, de tal suerte que contra las resoluciones que agotan la vía administrativa cabe interponer únicamente -en vía administrativa- el recurso potestativo de reposición (artículo 116.1 de la Ley 30/1992, en redacción dada por la mentada Ley 4/1999 ), salvo que el agotamiento de dicha vía se hubiese producido como consecuencia de que el acto o acuerdo de que se trate hubiese resuelto un recurso de alzada, en cuyo caso no cabe interponer contra el mismo el citado recurso potestativo de reposición (artículo 115.3 de la Ley 30/1992, también redactado de conformidad con la tan repetida Ley 4/1999 ).

La recurrente, ni interpuso recurso de reposición, ni el contencioso-administrativo, por lo que como se ha dicho anteriormente consintió dichas bases.

Como la propia resolución y el actor recuerdan, es cierto que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de octubre de 1990 ha venido a señalar (fundamento de derecho sexto) que "es doctrina reiterada de este Tribunal Supremo que las bases de la convocatoria para la provisión de vacantes por concurso u oposición constituyen su Ley a la que a la que quedan sometidos los concursantes como la propia Administración, pero sin que esta regla pueda entenderse como de carácter absoluto, puesto que, como se indicó en sentencia de 10 de noviembre de 1979, tanto si a dichas bases se las califica de acto administrativo como de disposición general lo inevitable es que tengan que supeditarse al principio de jerarquía normativa, derivado del principio de legalidad, razón por la cual la jurisprudencia ha señalado que la Administración ha de atenerse, primordialmente, al fijar las mismas á las reglas jurídicas vigentes a la sazón por lo que no puede olvidar el acatamiento de las normas legales de carácter superior", doctrina reiterada por la misma Sala en sentencia de 5 de marzo de 2002.

Pero, con independencia de que ya se ha dicho que no existen derechos fundamentales vulnerados (en cuyo caso, las sentencias que luego citaremos del Tribunal Constitucional admiten la posibilidad de que el consentimiento de las bases no sea un impedimento para la impugnación jurisdiccional), y que tampoco estamos ante una nulidad del pleno derecho, no es menos cierto que el Acuerdo de la Comisión Permanente de 9 de julio de 2002, que no impugnó, en respuesta a un escrito de la propia recurrente, entre otros seleccionados en el procedimiento, en el que solicitaban que las plazas vacantes se ofrecieran de forma conjunta a los nueve aspirantes aprobados, dispuso que tales peticiones "procede desestimarlas toda vez que las mismas son contrarias al régimen establecido por la base primera, letra G, de la convocatoria, que constituye la Ley del proceso selectivo, a la que se aquietaron los ahora solicitantes y bajo cuyo amparo normativo han realizado todo el proceso selectivo", ofreciendo el recurso de alzada, que no fue utilizado y en consecuencia dicho acto fue consentido. Es evidente que la solicitud formulada por el recurrente en fecha 3 de julio de 2002 suponía dejar sin efecto la base G.2 antes citada. La recurrente, pretende ahora negar la existencia de acto consentido, en tanto sostiene que allí lo que se solicitaba era que las plazas se ofrecieran conjuntamente a los nueve aspirantes seleccionados, pero no que plazas concretas debían ofrecerse, o si tenían que ofrecerse a dichos aspirantes antes que a los demás miembros de la carrera judicial, en activo o en otras situaciones. Pero la base impugnada nada dice de este ultimo extremo, por lo que mal pueden los acuerdos impugnados contradecir dicha base, aunque pudieran hacerlo hipotéticamente de otras normas.

En consecuencia, y admitiendo la existencia de jurisprudencia que admite en algunos casos excepcionales, especialmente en supuestos de violación de derechos fundamentales o de nulidad de pleno derecho la impugnación de las bases con motivo de la impugnación de los actos que ponen termino al proceso selectivo, lo que no es correcto en nuestro ordenamiento es que dichas bases puedan impugnarse reiteradamente pese a haberlas consentido, por lo que procede desestimar en este punto el presente recurso.

QUINTO

Lo ya dicho sería suficiente para desestimar el presente recurso, pero a mayor abundamiento, el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial sostiene acertadamente en su resolución que no cabe apreciar infracción del ordenamiento jurídico en las base primera apartado G) del concurso de méritos de referencia. En efecto, el artículo 311.1 de la LOPJ regula el sistema de cobertura de las vacantes en la categoría de Magistrado, determinando que de cada cuatro vacantes, dos se proveerán mediante ascenso a la categoría, la tercera mediante pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social, y la cuarta vacante por medio de concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional (cuarto turno). Por su parte, el artículo 171 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, al regular el acceso a la Carrera por la categoría de Magistrado mediante concurso, señala que el número de plazas a convocar "no corresponderán a destinos determinados". Para la resolución citada, esta fue la razón por la cual los Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de mayo de 2001, por las que se convocaron por órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) pruebas selectivas de acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado por el procedimiento de concurso de méritos entre juristas de reconocido prestigio con más de diez años (cuarto turno), no especificaron en ningún momento los concretos destinos a que se referían el número de plazas objeto de las respectivas convocatorias, extremo del que tuvo perfecto conocimiento el recurrente desde el mismo momento en que tomó parte de las citadas pruebas selectivas correspondientes al Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La resolución se fundamenta además en un informe elaborado por la Sección de selección de Escuela Judicial, aprobado por la Comisión Permanente, en el que se dice, a propósito de la provisión de plazas de magistrado por el procedimiento de concurso de eméritos (cuarto turno), lo siguiente: "...en cuanto a la adjudicación de destinos y qué plazas eran las que se debían proveer, a la luz de lo sucedido en la convocatoria de 1 de diciembre de 1999, se planteaban dos posibilidades: a) Conociendo las plazas concretas a proveer, "bloquearlas" hasta el momento de adjudicar los destinos a los aspirantes que superasen las pruebas selectivas. Esta hipótesis fue descartada por los inconvenientes que conllevaba mantener un órgano vacante - además del tiempo que llevara sin ocupar hasta la fecha - durante más de un año que mediaría hasta la resolución del concurso de méritos, con el indudable perjuicio para el funcionamiento de Juzgados y Tribunales que ello suponía, privando además a miembros de la Carrera Judicial en activo a acceder a esos destinos vacantes. b) Plantear en abstracto las "cuartas vacantes" a que se refiere el artículo 311 de la LOPJ para su provisión mediante concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional y para ello se irían "reservando" para los aspirantes que superasen las pruebas las plazas que no fueran adjudicadas en los sucesivos concursos de traslados que se fueran realizando entre miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado, siempre que se tratara de plazas de características adecuadas a las convocadas. Téngase en cuenta que por ejemplo, en este juego de oferta-provisión, no entraban los numerosos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción servidos por Magistrados. Finalmente la última solución expuesta, propugnada también por el Servicio de Personal Judicial en su informe de 28 de abril de 2001, fue la que se propuso por considerarla menos perjudicial a los intereses generales y posteriormente fue aprobada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, incorporándola a las bases de la convocatoria".

Este Tribunal, considera razonable la interpretación que del artículo 171 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, cuando al regular el acceso a la Carrera por la categoría de Magistrado mediante concurso, señala que el número de plazas a convocar "no corresponderán a destinos determinados" hace la resolución impugnada, por otra parte conforme con el criterio sentando por el Tribunal Supremo en sentencias de 18 de enero de 1996 y 15 de octubre de 1997 de la procedencia de no reservar plazas para el acceso por el cuarto turno. En consecuencia, no estamos ante una base que se opone, como dice la recurrente al principio de reserva de ley orgánica, en tanto regula el ingreso en la carrera judicial, sino que interpreta un precepto reglamentario, sin que, por otra parte, la propia recurrente manifieste a que precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial se opone.

SEXTO

Igualmente a título de mayor abundamiento, tampoco puede entenderse que de la Base Primera G) se desprenda, como sostiene la recurrente, que debieran haberse ofrecido a los aspirantes aprobados las plazas vacantes de características adecuadas a la convocatoria, efectivamente existentes al publicase la lista de aprobados, y no sólo, como interpreta el Consejo General, cuando ha quedado desierto el concurso correspondiente entre Magistrados. Nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado. Para el diccionario de la lengua española la palabra vacante se aplica al empleo o cargo que permanece libre, sin que nadie lo ocupe. La Sala no puede compartir el criterio del recurrente, pues, en primer lugar, no debe olvidarse que el artículo 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no habla de vacantes en un orden jurisdiccional, sino de vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado, regulando que dos plazas de cada cuatro se destinaran a ascenso de jueces, una para acceso mediante pruebas selectivas o de especialización y finalmente otra para el cuarto turno. Pues bien el concepto de vacante es igual para todos estos grupos, que igualmente accederán sólo a las plazas desiertas de concursos. Y ello es conforme con lo dispuesto en el artículo 326.2 de dicha Ley Orgánica, en cuanto prevé que la adjudicación de destinos en la carrera judicial se hará por concurso, con determinadas excepciones, y con lo dispuesto en el artículo 329, en el que igualmente, con determinadas especialidades se establece el principio de que tendrá preferencia el más antiguo en el escalafón. Es evidente que si no se permitiera la realización del concurso y la declaración de desierta de una plaza, para ser declarada vacante a los efectos que nos ocupa, el derecho a acceder a un destino determinado sería ilusorio, pues quien accediera a la carrera judicial directamente tendría preferencia sobre los que ya formaban parte de la misma, más antiguos.

En consecuencia, reconocida la corrección del criterio seguido por el Consejo General del Poder Judicial, sería intranscendente la existencia o no de una plaza vacante según la actora, pero que no se había sacado a concurso, pues en último caso se vulneraría el derecho de quienes ya formaban parte de la Carrera Judicial. Y por otra parte, el recurrente, de entender que dichas plazas debieran habérsele ofrecido, siempre podía haber impugnado los concursos o adjudicaciones correspondientes, sin que conste lo hiciera.

SEPTIMO

Queda por analizar la pretensión del recurrente en relación con la decisión de tener por decaído al mismo en su derecho a acceder a la carrera judicial. El motivo de la existencia o no de renuncia tácita ya ha sido analizado. Sin embargo, como ya se dijo, el acto de la Comisión permanente y del Pleno del Consejo se fundamenta esencialmente en la falta de cumplimiento del requerimiento que se le efectúa para que presente la documentación necesaria para determinar la inexistencia de impedimentos en el plazo de 15 días.

En este sentido la resolución del Pleno impugnada sostiene que el recurrente conocía los efectos de la falta de cumplimiento del requerimiento, pues se hacía constancia que se le llamaba como consecuencia de que el aspirante anterior no había cumplimentado el requerimiento en plazo. La recurrente sostiene que al folio 56, tercer párrafo del expediente, el aspirante que le precedía, consta que se dirigió al Consejo con el siguiente tenor :"lamento comunicarle que no he remitido la documentación indicada dentro del plazo señalado y que hubiese sido necesaria para el ingreso en la Carrera Judicial", de donde no se desprende, como sostiene el actor, que dicho aspirante hubiera renunciado de forma expresa, pero en cualquier caso, en cuanto apercibimiento de las consecuencias de la falta de cumplimiento es evidente que el telegrama cumplía suficientemente el requisito, pues lo decisivo era el contenido de lo que se le comunicó. Pues bien, de la conducta del recurrente que conocía la posibilidad de estos efectos, no puede deducirse sino que por un lado recurre el acto, y por otro asume dicha posibilidad, que sin duda prefiere a ser destinado a la plaza a la que se le nombra. Y así se desprende del escrito que remite al Consejo General de fecha 7 de noviembre de 2002, cuando sostiene que "el mencionado requerimiento implica la asignación de un destino forzoso que conculca mis derechos como aspirante que ha superado las pruebas señaladas".

OCTAVO

El recurrente mantiene que no hubo desatención del requerimiento, al recurrirlo y solicitar la suspensión de su ejecutividad. Y que dentro del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo

24.1 de la Constitución está incardinado el derecho de que, hasta en tanto en cuanto se decida sobre la ejecución del acto impugnado, el mismo no se ejecute, o lo que es lo mismo, que existe un derecho a que el plazo que transcurre entre la petición de la suspensión y su resolución no sirva para ejecutar aquello cuya ejecución se suspende, con cita de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de mayo de 1996. La doctrina de esta ultima sentencia viene sintetizada en el fundamento jurídico Tercero, cuando sostiene que :" Hemos declarado .. que «el privilegio de autotutela atribuido a la Administración Pública no es contrario a la Constitución, sino que engarza con el principio de eficacia enunciado en el art. 103 de la CE » (STC 22/1984 ), y la ejecutividad de sus actos en términos generales y abstractos tampoco puede estimarse como incompatible con el art. 24.1 de la CE (STC 66/1984 y AATC 458/1988, 930/1988 y 1095/1988 ), pero que de este mismo derecho fundamental deriva la potestad jurisdiccional para adoptar medidas cautelares y suspender la ejecución por los motivos que la Ley señala. Mas «la efectividad de la tutela judicial respecto de derechos o intereses legítimos reclama la posibilidad de acordar medidas adecuadas para asegurar la eficacia real del pronunciamiento futuro que recaiga en el proceso» (STC 14/1992 ), evitando un daño irremediable de los mismos. «Es más, la fiscalización plena, sin inmunidades de poder, de la actuación administrativa impuesta por el art. 106.1 de la CE comporta que el control judicial se extienda también al carácter inmediatamente ejecutivo de sus actos» (STC 238/1992, doctrina conforme con la de la Sentencia 148/1993 antes citada. La ejecución inmediata de un acto administrativo es, pues, relevante desde la perspectiva del art. 24.1 de la CE ya que si tiene lugar imposibilitando el acceso a la tutela judicial puede suponer la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o incluso prejuzgar irreparablemente la decisión final del proceso causando una real indefensión. En consecuencia, el derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la ejecución de los actos administrativos que, si formulada en el procedimiento administrativo, debe permitir la impugnación jurisdiccional de su denegación y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el mismo a la correspondiente revisión específica. «El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión» (STC 66/1984 ). Si, pues, hemos declarado que la tutela se satisface así, es lógico entender que mientras se toma aquella decisión no pueda impedirse ejecutando el acto, con lo cual la Administración se habría convertido en Juez. Los obstáculos insalvables a esta fiscalización lesionan, por tanto, el derecho a la tutela judicial y justifican que, desde el art. 24.1 de la CE, se reinterpreten los preceptos aplicables como también dijimos en la STC 66/1984 . «Por ello hemos declarado la inconstitucionalidad de las normas que impiden radicalmente suspender la ejecutividad de las decisiones de la Administración (SSTC 238/1992 y 115/1987, fundamento jurídico 4.º), que los defectos o errores cometidos en incidentes cautelares del procedimiento son relevantes desde la perspectiva del art. 24.1 de la CE si imposibilitan la efectividad de la tutela judicial, implican la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o prejuzgan irreparablemente la decisión firme del proceso (STC 237/1991 ) y, en fin, que el derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste resuelva sobre la suspensión» (STC 148/1993 fundamento jurídico

4.º) 2".

Y en el párrafo final del fundamento jurídico cuarto resalta dicha sentencia que: "La cuestión radica, pues, precisamente en que se ordenase ejecutar la sanción sin esperar a su firmeza y aun sin haber resuelto ni el recurso de reposición ni la solicitud de suspensión. Lo cual supone, según el recurrente, sustraer a la posibilidad de amparo judicial la decisión sobre la suspensión de la ejecución del acto vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva. Apoya esa afirmación en que, de acuerdo con la reiterada doctrina constitucional sobre la ejecutividad de los actos administrativos (STC 148/1993, por todas), el cumplimiento inmediato de aquellos que dificulte o impida una plena y efectiva tutela judicial posterior, al hacer imposible el adecuado restablecimiento de los afectados en la integridad de sus derechos e intereses, contraviene el art. 24.1 de la Constitución Española ".

Esta doctrina ha sido seguida por este Tribunal en numerosas resoluciones como la Sentencia de 30 de julio de 1996, los Autos de 25 de enero y 25 de febrero de 1999, la sentencia de 4 de diciembre de 1999, los Autos de 18 de febrero y 16 de mayo del año 2000, la sentencia de 12 de junio del mismo año, o la sentencia de 25 de enero de 2003, incluso extendiéndola al supuesto de que se solicite una suspensión en vía administrativa y se ejecute antes de la resolución sobre la misma (sentencia de 16 de mayo del año 2000 de este Tribunal). Sin embargo, dicha doctrina no es de aplicación al caso presente. En primer lugar hay que tener presente que aun cuando esta doctrina tiene un efecto que trasciende la esfera del derecho sancionador, la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, como otras de las citadas de este Tribunal, se refieren precisamente a una sanción administrativa, ámbito en el que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su artículo 138.3, como excepción a lo dispuesto acerca de la ejecutividad de los actos administrativos en los artículos 56 y 57 de dicha norma, dispone que "la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa". En el presente caso, no estamos ante una sanción, y tampoco el actor mantiene esta naturaleza, sino ante el decaimiento del ejercicio de un derecho. En segundo lugar, del contenido de esta sentencia y de las en ella citadas, se confirma la constitucionalidad de la ejecutividad de los actos administrativos, y sólo se cuestiona que, solicitada una impugnación de la ejecución material de un acto administrativo (lo que puede hacerse siempre autónomamente en vía judicial, en tanto supone un acto que pueda producir indefensión al ciudadano, incluso, de entender que la inmediata ejecución puede afectar al derecho a la tutela judicial efectiva, a través del procedimiento de protección de derechos fundamentales de la persona), no es compatible con este derecho proceder a la ejecución antes de que se resuelva la suspensión solicitada por parte de los órganos jurisdiccionales. Pero en el presente caso, el actor no acudió a los jueces o tribunales solicitando la suspensión de la ejecución, sino que, cuando se dicta el acto por la Comisión Permanente del Consejo General, interpone contra el mismo el recurso de alzada ante el Pleno, y contra el mismo el presente recurso contencioso-administrativo en cuyo escrito de interposición tampoco solicita la suspensión de los actos impugnados.

Por otra parte, aunque es cierto que el recurrente solicita la suspensión del requerimiento para presentar documentación, ni este requerimiento era un acto que le causara indefensión, siendo de trámite (sino en su caso, el nombramiento como Magistrado número 2 de Vitoria), ni la petición de suspensión se había efectuado en vía de recurso, en cuyo caso la ejecución anterior al plazo de resolución sobre la misma si que podría ser considerada como atentatoria al derecho del actor a obtener por vía de recurso una respuesta sobre dicha suspensión, y aun una invasión de la competencia de quien tiene la potestad de resolver el recurso y decidir sobre la medida cautelar.

OCTAVO

La recurrente sostiene que el requerimiento que se le efectúa era irregular, pues no contenía los requisitos de las notificaciones. Estamos, como decíamos anteriormente ante un acto de trámite, pero en cualquier caso, cualquier defecto estaría subsanado por el propio recurrente que interpone un escrito contra el mismo, dentro del plazo que se le había dado, por lo que se da por notificado.

Se dice igualmente que el requerimiento debió haber señalado los efectos de su incumplimiento, pero como sostienen los actos impugnados, en tal requerimiento se decía que se le llamaba a cumplimentar los datos por haber sido decaído el aspirante anterior al no haber cumplimentado el mismo requerimiento, por lo que el recurrente conocía lo que había ocurrido por una actitud semejante, y como ya se ha dicho a estos efectos ha de entenderse que no se le producía indefensión.

También argumenta el recurrente que la declaración del decaimiento de su derecho, producida al resolver un recurso supone una "reformatio in peius", lo que debe descartarse, pues aunque se resuelven en el mismo acuerdo, en realidad existe una denegación de la reiterada petición de suspensión del proceso de adjudicación de plazas hasta que existan todas las que se pudieran adjudicar a los aspirantes, y por otra parte la declaración de tener por decaído al aspirante, que no es la respuesta a su petición, sino la determinación de los efectos jurídicos que la falta de cumplimiento del requerimiento produce, acto autónomo, nuevo, y que justifica por eso el otorgamiento de recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, utilizado por la recurrente.

Mantiene el recurrente, que al ser Secretario de Administración Local de Categoría Superior en Activo tal requerimiento no era necesario, pues las condiciones que se exigen para el ingreso en la Carrera Judicial son análogas a las exigidas para el desempeño de aquella función, pero lo cierto es que en el escrito de impugnación del requerimiento no hace esta alegación, sino que claramente manifiesta su oposición a formular el requerimiento, al entender que ello conllevaría inevitablemente que se le nombrara para la plaza de Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria.

Igualmente sostiene que no se le ha concedido audiencia, pero lo cierto es que la Comisión Permanente resuelve sin tener en cuenta otros hechos ni alegaciones que las efectuadas por el interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

NOVENO

Siguiendo el orden de argumentación del recurrente, se alega que existe incompetencia manifiesta del órgano que decide el decaimiento de su derecho al ingreso en la carrera judicial. No puede compartirse este argumento a la vista de lo dispuesto en el apartado 131.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que otorga competencia a la Comisión Permanente del mismo para decidir aquellos nombramientos de Jueces y Magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno. Pero es que además, ni se trataría de una incompetencia por razón de la materia o territorio (artículo

62.1,b ) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ) y en consecuencia no estaríamos ante un acto nulo, sino anulable, disponiendo el artículo 67.3 de esta última ley citada que si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente, cuando sea superior jerárquico del que dicto el acto viciado, y en el presente caso el Pleno del Consejo confirma el acto dictado por el Pleno.

DECIMO

Sostiene finalmente el recurrente que el efecto jurídico del decaimiento en el derecho, como consecuencia de no cumplimentar el requisito de aportar los requisitos necesarios para ser Magistrado, no esta previsto en la normativa estatutaria de los miembros de la Carrera Judicial. El Abogado del Estado cita que si está previsto en el artículo 23.2 del Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo . Sin necesidad de aplicar esta norma, hay que acoger el argumento de dicha representación, cuando sostiene que, existiendo terceros interesados, que podrían verse afectados, el término de 15 días tenía carácter esencial, a tenor de lo dispuesto en los artículos 63.3 y 71.2 de la Ley 30/1992, tantas veces citada, y que el incumplimiento de dicho requerimiento implica la falta de toma de posesión y en consecuencia ello lleva aparejada la renuncia tácita a ingresar en la Carrera Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En efecto, no puede dejarse en manos de los aspirantes de un proceso selectivo el cumplimiento de la acreditación de los requisitos para el ingreso, pues ello supondría tanto como paralizar los procesos selectivos a voluntad del interesado, con el consiguiente perjuicio de los intereses públicos, y de los aspirantes que le seguían en el orden de puntuación. En el presente caso, hay que llegar a la conclusión de que el interesado, conocedor de los efectos que podían derivarse del incumplimiento del requerimiento que le fue efectuado, decide asumir ese riesgo antes de aceptar la plaza que se le ofrecía.

UNDECIMO

En consecuencia, procede desestimar el presente recurso contencioso- administrativo, sin que haya lugar a una expresa condena en las costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

FALLAMOS

  1. - Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 002/92/2003 interpuesto por la Procuradora Doña OLGA GUTIERREZ ALVAREZ, en nombre y representación de DON Jose Ignacio, contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 26 de febrero de 2003, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Permanente de dicho Consejo de 14 de noviembre de 2002, desestimatoria de la petición efectuada por el recurrente contra el requerimiento efectuado para presentar la documentación acreditativa de los requisitos para ser nombrado Magistrado y le tiene por decaído de su derecho a ingresar en la Carrera Judicial.

  2. - No ha lugar a hacer expresa imposición de las costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.