STS, 28 de Junio de 2004
| Ponente | Mariano de Oro Pulido y López |
| ECLI | ES:TS:2004:4511 |
| Número de Recurso | 6968/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZD. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. JESUS ERNESTO PECES MORATED. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil cuatro.
Visto el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Saturnino Estevez Rodríguez, en nombre y representación del Ayuntamiento de La Oliva, siendo parte recurrida Dª Carina, representada por el Procurador D. José Manuel de Dorremochea Aramburu, ambos bajo la dirección de letrado; y estando promovido contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en recurso sobre fijación de cuotas de urbanización del Plan Parcial Corralejo Playa.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, se ha seguido el recurso nº 1095/98, promovido por Dª Carina, y en el que ha sido parte demandada el Ayuntamiento de La Oliva, sobre fijación de cuotas de urbanización del Plan Parcial Corralejo Playa.
Dicho Tribunal dicto sentencia con fecha 29 de junio de 2001, en la que aparece el fallo del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Carina contra las resoluciones del Alcalde de La Oliva expresadas en el antecedente primero que se anula por ser contrario a Derecho. "
Contra dicha sentencia se preparó recurso de casación por el Ayuntamiento de La Oliva y elevados los autos y el expediente administrativo a este Tribunal, por el recurrente se interpuso el mismo, y una vez admitido por la Sala, se sustanció el recurso por sus trámites legales.
Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día 22 de junio de 2004, en cuya fecha tuvo lugar.
Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas, dicto en fecha 25 de enero de 2002, y en su recurso contencioso-administrativo nº 128/99, por medio de la cual se estimó el formulado por Dª Carina, contra acuerdo del Alcalde del Ayuntamiento de La Oliva, de fecha 13 de febrero de 1998, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la notificación remitida por la Urbanizadora Corralejo Playa, S.A. relativa al cobro de la segunda cuota de urbanización como titular de la urbana 35 sita en el Polígono P-7 del Plan Parcial de Corralejo Playa.
Impugnada esa resolución en vía contencioso administrativa, la Sala de Las Palmas de Gran Canaria estimó el recurso contencioso administrativo y la anuló, declarando la improcedencia de la cuota.
Lo hizo con base en cuatro argumentos fundamentales, ya expuestos por el Tribunal en sentencias anteriores, y que eran los siguientes: 1º).- Que no existía presupuesto del proyecto de urbanización. 2º).- Que en la tramitación del procedimiento y ulterior prorrateo provisional de cuotas se obvió el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, omisión por sí suficiente para determinar la nulidad de la reclamación de cuotas impugnadas. 3º).- Que lo que el Ayuntamiento llama "presupuesto" es absolutamente inconcreto en cuanto a las obras de urbanización ya ejecutadas y sufragadas por los propietarios, cuyos costes no pueden ser incluidos como gastos del proyecto de urbanización litigioso. 4º).- Que la posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento mediante el cobro de las cuotas de urbanización con el sistema de cooperación (artículo 193-c) del Reglamento de Gestión Urbanística) la concede nuestro ordenamiento jurídico a las asociaciones administrativas de cooperación mencionadas en el artículo 131.3 de la Ley del Suelo y 191 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, mientras que la sociedad anónima que está reclamando las cuotas de urbanización "Corralejo-Playa" no es una de estas asociaciones sino una de las personas jurídicas mercantiles a que se refieren los artículos 21 y siguientes del Reglamento y entre cuyas competencias no se encuentra la de reclamar el pago de cuotas de urbanización.
Contra esta sentencia ha formulado el Ayuntamiento de La Oliva recurso de casación.
La parte recurrida aduce, en primer lugar, la inadmisibilidad de dicho recurso por defecto de cuantía, pero esta cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala en Auto de 12 de febrero de 2001, que estimó el recurso de queja nº 1263/2000 interpuesto también por el propio Ayuntamiento de La Oliva. Tanto en este asunto, como en el que se invoca como precedente; la cuestión litigiosa ha versado sobre la liquidación y requerimiento de pago, dirigido a diferentes propietarios, de las cuotas correspondientes a sus respectivas participaciones en los costes del "Proyecto de Urbanización de la Revisión del Plan Parcial Corralejo-Playa". Procede, pues, desestimar la petición de inadmisibilidad del presente recurso de casación, dando por reproducida la fundamentación del citado Auto de 12 de febrero de 2001, especialmente, la consideración que entonces se hizo acerca de que para determinar la cuantía litigiosa es preciso atender al presupuesto total de los costes de la urbanización, ascendente a 4.244.692.450 pesetas, cantidad que supera ampliamente el límite establecido en el artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción.
El recurso de casación se articula en cuatro motivos que son idénticos a los formulados en el recurso de casación nº 4453/01, resuelto por esta Sala en sentencia de 17 de septiembre de 2003, por lo que en base a los principios de unidad de doctrina y de igualdad en la aplicación de la ley debe ser resuelto de idéntica forma. A tal efecto será suficiente con reproducir lo dicho en el fundamento tercero de dicha sentencia:
"Todos esos motivos deben ser rechazados por su inutilidad, ya que parten (como es lógico) de la alegada conformidad a Derecho de los actos administrativos recurridos, lo que ahora ya no puede sostenerse, como veremos, con independencia del acierto o desacierto de los motivos que aquí se esgrimen.
En efecto, por sentencia de la Sala de instancia de fecha 19 de Noviembre de 1999 (recurso contencioso administrativo nº 581/97) se anuló el acto del que trae causa el aquí impugnado, y que era el de prorrateo de cuotas aprobado por el Ayuntamiento de La Oliva en fecha 10 de Febrero de 1996. Esa sentencia quedó firme, al haberse inadmitido por auto de fecha 25 de Octubre de 2002 el recurso de casación nº 4165/2001, formulado contra ella.
Esto quiere decir que, anulado el acto del que derivan los concretos requerimientos del pago de cuotas, estos carecen de apoyatura jurídica y se convierten, por eso sólo, en disconformes a Derecho, ello con independencia de que sean o no acertados los argumentos que en aquella sentencia de 19 de Noviembre de 1999 fundaron la decisión anulatoria, (y que son los mismos que ahora utiliza la Sala de instancia), puesto que, siendo aquella decisión firme, no pueden ser ya discutidos.
Tal como dice nuestra sentencia de 19 de Mayo de 2003 (casación 5449/98), "este Tribunal ha recordado en sus recientes sentencias de fechas 19 y 21 de Mayo de 1999, 25 de Septiembre de 2000, 19 de Marzo y 10 de Mayo de 2001 y 10 de Febrero y 5 del corriente mes y año, que la desaparición del objeto del recurso ha sido considerada, en muchas otras, como uno de los modos de terminación del proceso contencioso administrativo; tanto cuando lo impugnado eran disposiciones generales, en que la ulterior derogación de éstas, o su declaración de nulidad por sentencia anterior, ha determinado la desestimación del recurso, no porque en su momento no estuviere fundado, sino porque la derogación sobrevenida de la norma priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real, (así sentencias de 24 de Marzo y 28 de Mayo de 1997 o 29 de Abril de 1998); como en recursos dirigidos contra resoluciones o actos administrativos singulares, en los que se ha considerado que desaparecía su objeto cuando circunstancias posteriores les privaban de eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de la controversia, (así en sentencias de 31 de Mayo de 1986, 25 de Mayo de 1990, 5 de Junio de 1995 y 8 de Mayo de 1997)".
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en sus Sentencias de 17 de septiembre de 2003 (recurso de casación 4453/2001), 19 de septiembre de 2003 (recurso de casación 6838/2001), 20 de septiembre de 2003 (recurso de casación 3790/2001, 22 de septiembre de 2003 (recursos de casación 5365/2000 y 7468/2000) y 15 de enero de 2004 (recursos de casación 4485/01, 5177/01 y 381/02). CUARTO.- Teniendo en cuenta la razón que utilizamos para desestimar este recurso de casación, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 139-2 de la Ley Jurisdiccional 29/98, de 13 de Julio, procede no hacer condena en costas.
Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación nº 6968/01 formulado por el Ayuntamiento de La Oliva contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en fecha 29 de junio de 2001 y en su recurso contencioso administrativo nº 1095/98. Y no hacemos condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo.Sr.D. Mariano de Oro- Pulido y López, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretario certifico.
-
SAP Cádiz 319/2014, 11 de Junio de 2014
...la jurisprudencia ha reconocido el interés superior del menor como criterio fundamental en la resolución de esta clase de conflictos ( SS TS 28 junio 2004 y 27 julio 2009 ). Aplicando la anterior doctrina al supuesto enjuiciado, y apareciendo, como se indicaba, la existencia de unos element......
-
Actividad tributaria impugnable en via contencioso-administrativa. Las disposiciones generales. Decretos legislativos. Reales decretos, decretos y ordenanzas de naturaleza tributaria
...de la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), Tomo i, ob., cit., pág. 657. [101] cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2004 (rJ 2004, 4989), de 15 de junio de 2005 (rJ 2005, 5870) o de 6 de octubre de 2005 (rJ 2005, 8762) o la 13 octubre 2011 ......