STS 520/93, 25 de Mayo de 1993
| Ponente | D. ANTONIO GULLON BALLESTEROS |
| Número de Recurso | 3148/1990 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 520/93 |
| Fecha de Resolución | 25 de Mayo de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de La Rioja, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Logroño, sobre nulidad de acta; cuyo recurso ha sido interpuesto por las COMUNIDADES DE REGANTES DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA, BERCEO Y ESTOLLO y DE BADARAN, representada por el Procurador de los Tribunales D. Felipe ramos Arroyo y asistida del Letrado D. Santiago Coello Cuadrado; siendo parte recurrida DON Lucio, representada por el Procurador D. Manuel Infante Sánchez y asistido de la Letrada Dª Mercedes López Arriba.ANTECEDENTES DE HECHO
El Procurador Don José Javier García Aparicio, en representación de LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA, BERCEO, ESTOLLO y de BADARAN, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía, ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Logroño, sobre nulidad de acta, contra DON Lucio; estableciéndose en síntesis los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando se dictase sentencia "por la que estimando la demanda se declare la nulidad de pleno derecho del Acta de Notoriedad de fecha 15 de diciembre de 1987 y de las declaraciones en la misma contenidas en relación con la presunta Notoriedad de los aprovechamientos que declara a favor del demandado, autorizada por el Notario D. Andrés Sánchez Rizos de Nájera con el nº 1413 de su Protocolo.- Asimismo se acuerde la cancelación de haberse practicado, de la anotación preventiva de tal acta en el registro de la Propiedad de Nájera, así como la del Registro de Aprovechamiento de Aguas Públicas si se hubiera producido o se produjera, amén de la del asiento definitivo en su caso, en el referido Registro de la Propiedad.- Se acuerde, igualmente mantener a los actores en la misma forma en que lo han venido efectuando, esto es, de poseedores a título de dueños, de los aprovechamientos para riegos y usos industriales prescritos a su favor, tal como se recogen en el Acta de Notoriedad de 3 de junio de 1969, para San Millan, Berceo y Estollo, y en la de 23 de junio de 1967 para Badaran, presentadas ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, ordenando eliminar a la par todas las posibles obras que puedan existir tendentes a usurpar y derivar aguas del cauce del Río Cárdenas y afluentes, por parte de D. Lucio, obligándole a estar y pasar por las presentes declaraciones.- Admitida la demanda y emplazado el mencionado demandado, compareció en los autos en su representación el Procurador Sr. Peche López, que contestó a la demanda, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente y terminó suplicando "se dictase sentencia por la que sin entrar a conocer el fondo de la cuestión planteada, se estime la excepción de incompetencia de jurisdicción, por razón de la materia debatida. Y en supuesto de que se considere competente este Juzgado y se entre a conocer del fondo del asunto, que se desestime igualmente la demanda absolviendo de ella al demandado y en todo caso, con expresa imposición de las costas de este recurso a la parte actora".-Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta se celebró el día señalado, con asistencia de las partes sin avenencia.- Recibido el pleito a prueba se practicó las que propuestas por las partes fue declarada pertinente.-Unidas a los autos las pruebas se convocó a las partes a comparecencia poniéndolas mientras tanto de manifiesto en secretaría para que hicieran un resumen de las mismas lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar sentencia.- El Sr. Juez de 1ª Instancia nº 3 de Logroño, dictó sentencia de fecha 25 de abril de 1990, con el siguiente FALLO: "Estimando parcialmente la demanda formulada por las Comunidades de Regantes de San Millán de la Cogolla, Berceo, Estollo y de Badarán representadas ambas comunidades por el Procurador de los Tribunales Sr. García Aparicio, contra el demandado D. Lucio, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Peche López, debo declarar y declaro la nulidad del Acta de Protocolización del acta de Notoriedad de fecha 15 de diciembre de 1987, autorizada por el Notario de Nájera Sr. D. Andrés Sánchez Rizos, con el nº de protocolo 1413, por no ser titular el demandado por prescripción de los tres aprovechamientos de aguas públicas del Río Cárdenas, que en la misma se contienen, acordando la cancelación de la anotación preventiva de tal acta en el Registro de la Propiedad de Nájera así como de las inscripciones que en su caso se hayan producido en los Registros de Aguas Públicas y de la Propiedad".
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de D. Lucioy tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de La Rioja, dictó sentencia con fecha 19 de octubre de 19 90, con la siguiente parte dispositiva.- FALLAMOS: "Que con estimación de la excepción de incompetencia de jurisdicción, no se ha de entrar en el fondo del asunto, revocando la sentencia recurrida de 25 de abril de 1990, en causa de Juicio de Menor Cuantía nº 138/88, del que procede el Rollo nº 232/90, sin hacer expresa condena en costas en ambas instancias".
El Procurador Don Felipe Ramos Arroyo, en representación de LAS COMUNIDADES DE REGANTES SAN MILLAN DE LA COGOLLA, BERCEO Y ESTOLLO y de BADARAN, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de La Rioja, con apoyo en los siguientes motivos.- PRIMERO: Al amparo del art 1692.2º LEC. Infracción de los arts. 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-SEGUNDO: Al amparo del art. 1692.5º LEC, aplicación indebida del art. 113 de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 en relación con la Disposición Transitoria 1ª, de la misma.- TERCERO: Al amparo del art. 1692.5º LEC.Inaplicación de la disposición transitoria primera, especialmente de su párrafo 2º, de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 en relación con el art. 65 del vigente Reglamento Hipotecario.- CUARTO: Al amparo del art. 1692.5º LEC. Inaplicación de la Disposición Transitoria Primera , 2, de la Ley de 2 de agosto de 1985 y del art. 1º último párrafo de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, y art. 79.3º de la misma, en relación con el art. 65 del Reglamento Hipotecario vigente.- QUINTO: Al amparo del art. 1692.5º LEC por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia.- SEXTO: Al amparo del art. 1692.5º LEC, inaplicación del art. 1º de la Ley Hipotecaria en relación con los art. 31, 64 especialmente su párrafo final y con el art. 65, regla 7ª, todos ellos del Reglamento Hipotecario y con la Disposición Transitoria Primera 2, de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, disposiciones todas ellas violadas por falta de aplicación.- SEPTIMO: Al amparo del art. 1692.5º LEC, inaplicación del art. 72 de la Ley Hipotecaria en relación con el art. 65, Regla VII del Reglamento Hipotecario y de la Disposición Transitoria 1ª.2 de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985.
Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de vista pública el día 11 de mayo de 1993.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS
Las Comunidades de Regantes de San Millán de la Cogolla, Bercero, Escollo y Badaran demandaron por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a Don Lucio, solicitando la declaración de nulidad del acta de notoriedad y declaraciones en ella contenidas, de fecha 15 de diciembre de 1987, en relación con la presunta notoriedad de los aprovechamientos de las aguas del río Cárdenas en favor del demandado, junto con las cancelaciones registrales que pudiera haber producido, y que se acordase mantener a las actoras en su situación de poseedoras a título dominical de los aprovechamientos para riegos y usos industriales de las aguas del citado río, que habían adquirido por prescripción tal y como se recogen en actas de notoriedad de 3 de junio de 1969 y 23 de junio de 1967, ordenando además eliminar todas las posibles obras que puedan existir tendentes a usurpar y derivar aguas del cauce del río Cárdenas y afluentes por parte del demandado.
El Juzgado de 1ª Instancia estimó parcialmente la demanda, pues la acogió excepto en el último extremo, que sustituyó por la condena al demandado "a que se abstenga de instalar los elementos mecánicos y técnicos precisos para la elevación del agua del río Cárdenas a que se refieren los tres aprovechamientos de protocolización de fecha 15 de diciembre de 1987".
Apelada esta sentencia por el demandado, la Audiencia estimó la excepción de incompetencia de jurisdicción, sin entrar en el fondo del asunto, revocando la sentencia recurrida, sin hacer expresa condena en costas en ambas instancias.
Contra la sentencia de la Audiencia las Comunidades de Regantes actoras y apeladas interpusieron y formalizaron un único recurso de casación por los motivos que se pasan a considerar.
El motivo primero, al amparo del art. 1692.2º LEC, estima infringidos los arts. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su fundamentación, resaltan las recurrentes que toda la cuestión litigiosa se reduce al juego del instituto de la prescripción adquisitiva, materia de estricto carácter de derecho privado.
El motivo se estima porque es patente la razón que asiste a las recurrentes y el desacertado criterio de la Audiencia pese a que no se residencia en el ordinal 1º del art. 1692 LEC por ser materia de orden público la que se cuestiona. En el litigio lo que se ha cuestionado exclusivamente es si el demandado, ahora recurrido, había ganado por prescripción adquisitiva los aprovechamientos de las aguas del río Cárdenas a los efectos previstos en las disposiciones transitorias de la vigente Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. Es indudable por ello que remitir la cuestión a la jurisdicción contencioso-administrativa carece del más mínimo sentido, en tanto que no se trata obviamente de enjuiciar ningún acto administrativo sino una cuestión de índole a todas luces privada. Cierto que el art. 113 de aquella Ley atribuye la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer en materia de aguas, pero sólo en cuanto a las pretensiones que se deduzcan en relación"con los actos de cualesquiera Administraciones públicas, en materia de aguas, sujetos al Derecho Administrativo". Este supuesto de hecho de la norma brilla por su ausencia en el caso del presente litigio, por lo que es indiscutible que la incompetencia de jurisdicción que señala la sentencia recurrida carece de todo apoyo legal.
La estimación del motivo primero del recurso hace inútil el análisis de los restantes, por cuanto obliga a casar y anular la sentencia recurrida, entrando a resolver la cuestión litigiosa de acuerdo con los términos del debate.
Por el exhaustivo y legal análisis de las pruebas realizado por la sentencia de primera instancia, y lo adecuado de sus razonamientos jurídicos al resultado que obtiene, debe ser confirmada en todos sus extremos, sin condena en costas en ninguna de las instancias por no haberse estimado íntegramente la demanda ni en este recurso de casación ( art. 1715.3 LEC).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador D. Felipe Ramos Arroyo, en representación de la COMUNIDAD DE REGANTES SAN MILLAN DE LA COGOLLA, BERCEO Y ESTOLLO Y DE BADARAN, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, de fecha 19 de octubre de 1990, la cual casamos y anulamos, confirmando la dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Logroño, de fecha 25 de abril de 1990; sin condena en costas a ninguna de las partes en la primera instancia, apelación, ni en este recurso; sin hacer declaración sobre el depósito al no haberse constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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STS, 2 de Abril de 2001
...que acabamos de citar y que no está en confrontación con la recogida en las SSTS de 18 de julio de 1989, 15 de junio de 1989 y 25 de mayo de 1993, invocadas por el Ayuntamiento de Arquillos en el primer motivo de su recurso, sentencias estas últimas en que se afirma que el conocimiento de l......