STS 1151/1997, 19 de Diciembre de 1997

El Juzgado de Primera Instancia de Collado de Villalba, resuelve en su Sentencia de 3 de diciembre de 1991, la demanda interpuesta por la actora frente al demandado, en la cual, pretendía se le reconociese la propiedad del piso a que se contrae las actuaciones, esto es, en el DIRECCION000, NUM000, piso NUM001de Galapagar, a cuya demanda se opuso el marido demandado, que además reconvino, para que se declarase que el piso era de su exclusiva propiedad con las demás peticiones que inserta su "petitum"; la Sentencia, como se ha transcrito en su parte dispositiva, es desestimatoria de la demanda y estimatoria de la reconvención, en síntesis, porque tras declarar los hechos probados de su F.J.1º, se razona el carácter ganancial del inmueble litigioso, pues, se compró por el matrimonio el 9 de noviembre de 1976, - el matrimonio se contrajo el 28 de mayo de 1972-, por lo que, no es posible entender eficaz la cesión de dicho bien, por parte del marido a su esposa, al no ser válida dicha cesión, dentro del conjunto de operaciones de disolución de la sociedad de gananciales, y teniendo en cuenta que, como contraposición, al art. 1355 C.c., la Ley sustantiva no previene la posibilidad de un supuesto inverso o conversión de un bien ganancial a privativo; dicho supuesto debe considerarse factible en tanto renuncia de derechos de uno de los cónyuges a favor del otro cuando se cumplan los requisitos "ad solemnitatem" precisos y que teniendo en cuenta que dicha cesión encierra una donación, no se ha cumplido la forma para viabilizar esa relación de bienes inmuebles y, hay que tener en cuenta también lo dispuesto, en la Escritura Pública de 24 de mayo de 1985, sobre la atribución a cada propietario de los bienes a cuyo nombre figuren, por todo ello procede dictar esa decisión, la cual fue objeto de recurso de Apelación por la actora y resuelto por la Sentencia de la Sección Décimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid de 25 de octubre de 1993, estimatoria del recurso y revocatoria por completo de la Sentencia, con la parte dispositiva que ha quedado transcrita, en virtud de la siguiente línea de razonamiento: en el F.J.1º, se especifica, que el Juez acierta al considerar el piso controvertido como ganancial, puesto que efectivamente el mismo se compró en documento privado de 9 de noviembre de 1976, a nombre del esposo, pero estando casado en régimen de gananciales con la actora, por lo que dicha vivienda ha de considerarse ganancial, y es en el F.J. 2º, en donde se especifica su "ratio decidendi" en los términos que se transcriben: "Ambos cónyuges con fecha 16 de marzo de 1985, suscribieron documento privado expresamente reconocido por las dos partes, en el que establecían su separación de hecho y pactaban un proyecto de capitulaciones matrimoniales, en el que atribuía cada uno distintos bienes y en cuanto a la vivienda de DIRECCION000objeto de estos autos se le asignaba a la esposa hoy demandante; simultáneamente el esposo realiza una cláusula adicional al contrato de compra-venta privado de adquisición de la vivienda en la que expresamente cede sus derechos a su esposa; el Juez de instancia califica erróneamente de donación dicho pacto, calificación que no se ajusta al concepto de donación establecido en el art. 618 del C.c. que establece 'la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta' y aquí lo que nos encontramos no es sino una distribución de bienes gananciales en la forma que libremente decidieron las partes, sin que por ello pueda ser exigible la forma de escritura pública para su validez, sin perjuicio de que al tener carácter de mero documento privado y referirse a bienes inmuebles y no inscribirse en el registro de la propiedad dichos pactos solamente tenga efectos entre las partes y no puedan surtir efectos frente a terceros; posteriormente el día 24 de mayo de 1985 otorgan los cónyuges escritura de capitulaciones matrimoniales, en la que se pacta como cláusula segunda 'que se consideran propios de cada cónyuge los bienes que figuren a su nombre en títulos, registros, depósitos o documentos' y el mismo día otorgan también escritura de liquidación de gananciales y adjudicación de bienes en la que no se hace referencia expresa a la vivienda de 'DIRECCION000' vivienda que es usada y disfrutada por la esposa desde la separación conyugal, en consecuencia y a la vista de lo anteriormente expuesto, es clara la voluntad de las partes de que dicha vivienda sea propiedad de la esposa, sin que quepa ver contradicción entre los pactos suscritos en documento privado y la escritura pública de capitulaciones matrimoniales, ya que en la misma aunque no se hace relación expresa de bienes si se atribuyen a cada cónyuge los bienes que figuren a su nombre entre otros instrumentos documento, y dicho carácter documental tiene el pacto del 6 de marzo de 1985, así como la cláusula adicionada al contrato privado de compraventa, por lo expuesto habrá de entenderse que fue voluntad de las partes la atribución de la vivienda objeto de autos a la esposa y habrá de declararse la propiedad de dicha vivienda a favor de ésta, procediendo en consecuencia la estimación de la demanda y la desestimación de la demanda reconvencional"; por todo ello, procede dictar su sentencia que es objeto del presente recurso de Casación por la parte demandada, con base a los ocho Motivos que se examinan por la Sala.

En el PRIMER MOTIVO, se denuncia al amparo del art. 1692, número 4, L.E.C. la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate, y se considera infringido lo dispuesto en el art. 1281 párrafo primero del Código Civil, "violada por inaplicación, ya que siendo claros los términos del pacto cuarto del acuerdo de separación de fecha 6 de marzo de 1985", no es posible obtener la conclusión a la que se refiere la decisión recurrida, puesto que de dicho texto resulta evidente, que las partes se comprometieron a otorgar en el futuro capitulaciones matrimoniales, por lo que se establecía el régimen de separación de bienes y para expresar ese compromiso utilizan el tiempo futuro del verbo, y "prevén que antes de adjudicarse los bienes se proceda a las operaciones de liquidación a que haya lugar"; que en ese pacto no puede verse otra cosa que un precontrato preparatorio de uno definitivo y futuro, el de capitulaciones matrimoniales, que por el momento no pueden o no quieren concertar, por el que las partes acordarían la modificación del régimen económico matrimonial, que, en conclusión, ha de estimarse por tanto que la sentencia recurrida ha infringido por inaplicación el art. 1281, párrafo primero del C.c.; el motivo fracasa, ya que no hay duda, es acertada la interpretación que hace la Sala "a quo", del citado apartado 4º del contrato o acuerdo de fecha de 6 de marzo de 1985, en el que se hace constar literalmente, ("los cónyuges se comprometen a otorgar escritura de capitulaciones matrimoniales, en las que cesará el régimen de gananciales y se establecerá régimen de separación de bienes, procediéndose a las operaciones de liquidación a que haya lugar, adjudicándose la esposa el vehículo Citroën y la vivienda sita en DIRECCION000, provincia de Madrid, y el esposo la finca sita en DIRECCION001"); es claro, pues, que en dicho pacto existen compromisos con todos los requisitos propios para obligarse por parte de los interesados, puesto que no solo se refieren al acuerdo de otorgar en el futuro escritura de capitulaciones matrimoniales, en donde se establecerá el régimen de separación de bienes, y se procederá a las operaciones liquidadoras, sino que, se hace constar expresamente con carácter constitutivo, que se adjudica ya a la esposa el vehículo Citroën y la vivienda sita en DIRECCION000provincia de Madrid, (y así luego viene como a ratificarse en la simultánea cesión de derechos sobre ese inmueble de igual fecha -folio 26-, y como indiscutible contraprestación -presuposición causal habilitante- al esposo se le adjudica la finca sita en DIRECCION001") y de consiguiente, por parte de la Sala "a quo" se interpretó dicho pacto 4º, respetando las reglas de la hermeneútica fundamentalmente contenidas en el art. 1281 párrafo 1º, cuya versión ha de entenderse prevalente en los términos especificados, entre otras muchas sentencias, en la de 7 de julio de 1995, que decía: "Las normas o reglas interpretativas contenidas en los arts. 1281 a 1289, ambas inclusive del C.c., constituyen un conjunto a cuerpo subordinado y complementario entre si de las cuales tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al primer párrafo del art. 1281, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes que vienen a funcionar con el carácter de subsidiarias respecto de la que preconiza la interpretación literal, y todo ello resulta coincidente con la reiterada doctrina jurisprudencial (SS. 2-11-83, 3-5 y 22-6-84, 10-1, 5-2, 2-7 y 18-9-85, 4-3, 9-6 y 15-7-86, 1-4 y 16-12-87, 20-12-88 y 19-1-90). Atendiendo a la cual hay que concluir que la Sentencia impugnada no incurrió en inaplicación de los arts. 1282, 1286, 1288 y 1289..."; y, en la de 19 de febrero de 1996, "Es cierto que la S. 3-2-88, estableció respecto a la hermenéutica contractual el llamado 'canon de la totalidad", pero ello, para el supuesto de no ser posible atenerse al sentido estrictamente literal de las cláusulas del contrato, reconociendo así la preferencia que, en materia interpretativa de los contratos, haya de concederse al criterio gramatical, es decir, al recogido en el art. 1281 C.c., lo cual, está en la línea de consolidada doctrina de la Sala respecto a que las normas de interpretación consignadas en dicho texto tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación, de forma que cuando la literalidad de las cláusulas sean claras, no son de aplicar otros diferentes a las correspondientes al sentido gramatical, y entre las SS. más recientes que preconizan tal carácter subsidiario para los arts. 1281 y sigs. C.c. a modo de relación jerarquizada entre sí, caben citar las de 23-3 y 6-7-93 y 25-4 y 9-7-94, e, igualmente, es doctrina constante y reiterada de la Sala la concerniente a que la interpretación contractual es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer a menos que fuese ilógico o carente de racionalidad", y en la de 9 de abril de 1996, "...Es criterio constante que la interpretación es tarea que corresponde a los Tribunales de instancia, cuyo criterio debe prevalecer en casación, salvo que sean sus conclusiones absurdas, ilógicas, erróneas, arbitrarias o contrarias a algún precepto legal (S.T.S. 17-4-93, 21-4-93, 7-10-93 y 29-3-94). Cuando los términos de un contrato son claros, ha de estarse al tenor literal, y sólo debe acudirse a las reglas de interpretación subordinadas o complementarias recogidas en los arts. 1281.2º y sigs. cuando, como dice el párr. segundo del art. 1281, la verdadera voluntad de las partes no resulte del tenor literal..." por lo que el motivo ha de rechazarse. En el MOTIVO SEGUNDO, con igual amparo procesal, se imputa a la sentencia la infracción de lo dispuesto en el art. 1156 C.c., según el cual "las obligaciones se extinguen por el cumplimiento..." y al respecto se aduce después de analizar algún supuesto resuelto por la jurisprudencia, "que en el caso que nos ocupa, las partes cumplieron el pacto 4º del acuerdo de separación de fecha 6 de marzo de 1985, acompañado con la demanda como documento cuarto, pues otorgaron el 24 de mayo de 1985, la escritura de capitulaciones matrimoniales y, también otorgaron escritura de liquidación de la sociedad de gananciales, y por tanto, la eficacia del acuerdo invocado por la sentencia recurrida se extinguió en el momento en que los litigantes otorgaron las citadas escrituras públicas el día 24 de mayo de 1985; tampoco el motivo prospera, porque, si bien con el otorgamiento de las escrituras de 24 de mayo de 1985, se da cumplimiento a lo establecido en la primera parte del pacto 4º, del repetido documento de 6 de marzo de 1985, esas escrituras no tenían por qué referirse al posterior acuerdo constitutivo y productor de efectos en su fase de consumación, en cuanto a la adjudicación en firme que se hizo la esposa, entre otras, de la vivienda controvertida, por lo cual, es claro que, como así acontece, en posteriores escrituras en nada aparece lo relativo a dicha vivienda que, como se dice, estaba ya adjudicada a favor de la esposa. El MOTIVO TERCERO, se denuncia por igual cobertura, lo dispuesto en el art. 1281, párrafo 1º C.c., y en esta ocasión, la infracción en la tarea interpretativa se refiere a lo inserto en la cláusula suscrita también en fecha 6 de marzo de 1985, que se añade por parte del demandado, en el documento núm. 8, de los adjuntados a la demanda, por la que cede todos sus derechos y obligaciones sobre tal vivienda a su esposa doña Luisa; y tampoco se ha producido dicha infracción debiendo reproducirse lo que antes se ha añadido, con respecto al Motivo Primero, ya que en esta cláusula se hace constar que "don Luis Enrique, cede a su esposa doña Luisa, todos sus derechos y obligaciones que dimanan del presente contrato y del de compraventa a que el mismo se refiere, de fecha 9 de noviembre de 1976, sobre la compra del piso NUM001, NUM000del DIRECCION000' en el término municipal de Galapagar. Y, para que así conste, lo firma en Madrid a 6 de marzo de 1985"; y no hay tal infracción interpretativa porque, precisamente la convicción que obtiene la Sala es de que en esta cláusula, se viene a ratificar el contenido obligacional que existió en el pacto comentado en el motivo precedente, pues, así ha de entenderse, cuando en aquel pacto se expone, por parte del marido a cuyo nombre figuraba dicha vivienda que, la vivienda en cuestión se adjudicaba a la esposa y, en consecuencia, en esta cláusula incorporada al documento relativo a la compraventa, el marido reitera su voluntad de ceder sus derechos a su esposa. En el MOTIVO CUARTO, se denuncia con el mismo amparo la misma regla hermeneútica del art. 1281 párrafo 1º, y ya, en concreto, por lo que se refiere al contenido del apartado D) de la cláusula segunda de las capitulaciones matrimoniales otorgadas en la escritura pública núm. 1718 del Protocolo del Notario don José Madridejos de 24 de mayo de 1985, alegándose que, el contenido de esa cláusula no ha sido interpretado adecuadamente y por tanto no se ha respetado la regla interpretativa del núm. 1º del art. 1281, siendo de aplicación la doctrina jurisprudencial antes transcrita; tampoco se puede admitir el contenido del motivo, ya que, -y tal vez radica aquí la clave de la discrepancia de la recurrente- en ese apartado D) de la cláusula 2ª, se hace constar, literalmente... "Se consideraran propios de cada cónyuge, los bienes que figuren a su nombre en títulos, registros, depósitos o documentos, y si no pudiera determinarse la propiedad de algunos bienes, se entenderá que pertenecen por mitad a ambos cónyuges"; pues si se quiere deducir de esta cláusula que serán propiedad del marido, los bienes, entre otros, el relativo al piso objeto de la controversia, porque, en el sentir del recurrente, están a su nombre, ya que con este carácter lo adquirió en la escritura de compraventa de 9 de noviembre de 1976, sin embargo frente a ello, se subraya, que si ha de entenderse en ese sentido parcial la expresión de "a su nombre" esto es, porque su titularidad aparece en dicha escritura, no obstante, también se puede oponer al respecto, -siguiendo idéntico método deductivo- que con el reconocimiento del derecho a favor de la esposa, merced a que se le hizo la adjudicación en el pacto 4º, de ese acuerdo de separación de fecha 16 de marzo de 1985, implicaba asimismo, la integración de un título nominativo a favor de la esposa, pues, en otra visión del problema, no porque constase en aquella escritura pública el nombre del esposo -como adquirente, tenía que ser el titular- porque, en puridad técnica, habiéndose adquirido el piso en régimen legal de gananciales, la titularidad auténtica, en su caso, devendría a favor de la comunidad de gananciales y no con respecto al marido cuya propiedad pretende en este litigio. En el MOTIVO QUINTO, se denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 1324 del C.c., y se vuelve de nuevo a interpretar el contenido de la cláusula 2ª, apartado D) de la escritura de capitulaciones matrimoniales, alegándose no sólo lo dispuesto en ese artículo, sino el art. 1251 en relación con el art. 1361 C.c., y que para ello, para destruir la presunción de ganancialidad establecida en el 1361 es bastante la confesión del otro cónyuge, como establece el precepto "que considero violado por inaplicación pues las partes reconocieron en las capitulaciones matrimoniales como privativos todos los bienes que estuvieran a nombre de uno de los cónyuges y además los litigantes, en la escritura pública así lo establecieron". El Motivo también fracasa, porque, es bien significativo que, ni, en la escritura de capitulaciones matrimoniales, ni en la de la liquidación de la sociedad de gananciales, aparece para nada la inclusión del piso controvertido, y ello en una lógica explicación, proviene de que el mismo ya se adjudicó por pacto privado entre las partes vinculantes para ambos, en el susodicho apartado cuarto del documento privado de 9 de noviembre de 1976, exclusión, pues, determinante de que se mantenía aquella adjudicación, lo que no ocurrió con los otros bienes (vehículo y finca) que sí aparece en dicha liquidación (f. 57 y ss. Autos) prueba de que sobre los mismos no persistía aquella decisión adjudicativa a favor de la esposa; En el MOTIVO SEXTO, se denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 1396 C.c., en cuanto establece que "Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y del pasivo de la sociedad", que la normativa del Código al respecto no prevé la posibilidad de convertir en privativo un bien ganancial por el simple acuerdo, que para transferir un bien ganancial al patrimonio privativo de uno de los cónyuges, como permite el art. 1323 del C.c., es necesario un negocio jurídico tal como la compraventa o la donación, lo cual no ha acontecido en el caso de autos; el Motivo asimismo decae, ya que, con base, precisamente al voluntarismo inserto tanto en el art. 1323 como 1324 C.c., es hoy viable acceder a cuanto ha acontecido, es decir, que los propios interesados podrán transmitirse cualquier tipo de bienes, celebrando toda clase de contratos y esta transmisión no sólo operará sobre bienes de la exclusiva pertenencia de uno de ellos, sino también podrá referirse a posibles derechos inherentes en favor de cada cónyuge sobre su cuota ganancial, expectante, de tal forma que, con total libertad, se le permite realizar los contratos que estimen conveniente, sin que, obvio es, quepa entender que ello sólo se permitiera a través de la compraventa o a la donación, ya que tanto, el reconocimiento o la cesión de derechos, son modalidades, dentro de la tipicidad contractual, que las partes, en uso de esa libertad negocial, podrán utilizar, pues, en virtud de la permisibilidad de dicho artículo 1323 prevalente pués, frente a cualquier normativa que se pretenda sobreponer con carácter imperativo, carácter que, a todas luces no es predicable, sobre el particular, a la que así se contiene en el Título 3º del Libro IV, en torno al régimen económico matrimonial del Código Civil; lo razonado hasta puede confirmarse por el criterio de la S. de 22-4-97, aplicable "mutatis mutandi" al exponer "...el acuerdo referido , al que las partes llaman de 'partición de bienes', no es de la materia nombrada, sino de adjudicación de bienes del sistema económico-matrimonial de separación, y no forma parte necesariamente del contenido en el art. 90 C.c.... Sin embargo, dicha estipulación es válida y eficaz como negocio jurídico bilateral aceptado, firmado y reconocido por ambas partes, pues no hay obstáculo a su validez en esa significación, en que ha concurrido el consentimiento, el objeto y la causa, y sin que contenga ningún motivo de invalidez, como no lo hay tampoco para su ineficacia, ya que, aunque carece de aprobación judicial, ello le ha impedido ser incorporado al juicio y producir efectos procesales, pero no la pierde como tal convención..."; En el MOTIVO SÉPTIMO, se denuncia la infracción del art. 618 C.c., en cuanto que si la cesión de derechos se considera como donación, no se han cumplido los requisitos de forma. Tampoco el motivo se acepta porque, en caso alguno, puede entenderse -como hizo el Juzgado de Primera Instancia- que la cesión o reconocimiento de derechos del marido en favor de su esposa, implica una auténtica donación y que por tanto, la inobservancia de la forma hace decaer la misma, pues, la adjudicación controvertida ha de contemplarse, en su evolución al socaire de la jurisprudencia de intereses, dentro de la complejidad de operaciones inherentes a la separación de hecho que en origen se consumó en el documento privado de 6 de marzo de 1985, pues, bien consecuente es, explicarse aquél reconocimiento/cesión en un conjunto de adjudicaciones duales de carácter sinalagmático, explicativo de ese reconocimiento y cesión de derechos entre ambos consortes; En el MOTIVO OCTAVO, se denuncia la infracción del art. 633 C.c., en cuento a la inobservancia de las formas concretas de las donaciones de cosas inmuebles, que deberán hacerse en escritura pública; y la respuesta es exactamente la misma que la del motivo precedente, por lo cual, ha de rechazarse el motivo, y con ello el recurso (cuya inusual extensión, pugna incluso, con la hasta deficiente pretensión del recurrente que ignora su inhabilidad para sostener una nulidad de lo antes consentido por el mismo y, por tanto, causante de haber dado lugar a esa nulidad, según SS. entre otras, de 14-6-1962 y 17-9-84) con los demás efectos derivados.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación legal de DON Luis Enrique, contra la Sentencia pronunciada por la Sección Décimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 25 de octubre de 1993; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas causadas en este recurso. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ.- ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS.- EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES.- RUBRICADO.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.