STS 337/2004, 29 de Abril de 2004

1.- El Procurador D. José Mª Garrido Franquelo, en nombre y representación de Dª Carla , a su vez en representación de su hijo menor Isidro , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra la "Industria Constructora Técnica, S.A." (INCOTESA), D. Cornelio , D. Jesús María , "Contratas 2000, S.L." y Compañía de Seguros Lloyd Adriático España, S.A. y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que con estimación de la demanda, se condene a los demandados a abonar solidariamente a los demandantes la suma de treinta millones de pesetas (30.000.000 ptas.), más sus intereses legales devengados desde la fecha del siniestro, 9 de abril de 1992, y al pago de las costas del procedimiento.

2. - La Procuradora Dª María del Mar Alvarez Claro Morazo, en nombre y representación de D. Cornelio y Contratas 2000, S.L., contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que A) Se estime la excepción de falta de jurisdicción del orden civil para conocer de los hechos desestimándose la demanda sin entrar en el fondo del asunto. B) Subsidiariamente, se estime la excepción de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual frente a Contratas 2000, S.L., se desestime la demanda en el resto, absolviendo de toda ella a D. Cornelio . C) Alternativamente, se desestime íntegramente la demanda, absolviendo de toda ella a D. Cornelio y a la entidad mercantil Contratas 2000, S.L. D) En todo caso imponiendo las costas a la parte actora.

3. - La Procuradora Dª Carmen Durán Mora, en nombre y representación de "INCOTESA, S.A.", contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se declare no haber lugar a la misma y por ende, la desestimación de la demanda, todo ello con expresa condena en costas a la actora dada su temeridad y mala fe.

4. - La Procuradora Dª Carmen Durán Mora, en nombre y representación de D. Jesús María , contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se declare no haber lugar a la misma y por ende, la desestimación de la demanda, todo ello con expresa condena en costas a la actora dada su temeridad y mala fe.

5. - El Procurador D. Carlos Serra Benitez, en nombre y representación de Lloyd Adriático España, S.A., contestó a la demanda y oponiendo los hechos y derechos que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que sin entrar a conocer el asunto estima la excepción de falta de jurisdicción de litisconsorcio pasivo necesario, a no ser que se amplíe la demanda, según lo dispuesto en la regla 3ª del artículo 893 de la LEC, dictándose auto en el que se acuerde, tras la subsanación, la ampliación de la demanda, y en su caso de la falta de legitimación pasiva, por no haberse traído a juicio al promotor y propietario de la obra y su entidad aseguradora, así como a las entidades aseguradoras de INCOTESA a fin de poder ser declaradas bien constituidas la relación jurídico procesal de la presente litis, entre todos los demandados, y en su caso, para el supuesto de no estimarse las excepciones planteadas y se entre a conocer sobre el fondo del asunto, y sobre la acción planteada, se desestime la misma respecto a mi mandante con todos los pedimentos favorables, con imposición de costas a la actora, subsidiariamente a esta petición y se estima la solidaridad entre los demandados se determine el quantum indemnizatorio en la cifra de doce millones seiscientas mil pesetas, aplicándose la franquicia que determina la póliza y sin imposición de costas.

6. - Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos. la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella, dictó sentencia con fecha 15 de abril de 1.996, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que desestimando las excepciones procesales alegadas por los codemandados entidad Contratas 2.000, S.L., D. Cornelio , la entidad INCOTESA, D. Jesús María , y la entidad Lloyd Adriático España, S.A. y estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador Sr. Garrido Franquelo, en nombre y representación de Dª Carla , que actúa por sí y en representación de su hijo menor Isidro , debo condenar y condeno a los demandados, entidad Industria Constructora Técnica, S.A., D. Cornelio D Jesús María , la entidad Contratas 20000, S.L. y la Compañía de Seguros Lloyd Adriático España, S.A. abonar solidariamente a los actores, la cantidad de dieciocho millones de pesetas (18.000.00 pts), más los intereses legales de esta cantidad desde la fecha e esta resolución y hasta el pago y todo ello si hacer pronunciamiento de las costas procesales.

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de los demandados (salvo la entidad de seguros), al que se adhirió la parte demandante, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga, dictó sentencia con fecha 8 de abril de 1.998, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Contratas 2000 y D. Cornelio contra la sentencia dictada con fecha 15 de abril de 1996 por la Sra. Juez de Primera Instancia número siete de Marbella en los autos civiles 91/95 de que este rollo dimana, debemos revocar y revocamos dicha resolución, y en su lugar, estimando la excepción de falta de jurisdicción de los Juzgados civiles para conocer de la cuestión planteada, debemos absolver y absolvemos en la instancia a todos los demandados, sin expresa imposición a ninguno de los litigantes de las costas causadas en primera instancia, así como de las causadas por el recurso de los demandados apelantes, y con expresa imposición a la actora de las costas causadas por su recurso adhesivo.

1.- El Procurador D. José Ignacio Noriega Arquer, en nombre y representación de Dª Carla (quien a su vez representa a su hijo menor Isidro ), interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO.- PRIMERO.- a) Infracción por inaplicación de los arts. 1902 y 1903 del Código civil y de la jurisprudencia aplicable. b) Infracción por aplicación indebida del apartado 1º del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. c) Infracción por inaplicación del artículo 97, nº 3 de la Ley General de la Seguridad Social y Jurisprudencia aplicable. SEGUNDO.- Apartado 1º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Manuel Gómez Montes, en nombre y representación de Allianz Ras, S.A. de Seguros, presentó escrito de impugnación al mismo.

3. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 19 de abril del 2004, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

El día 9 de abril de 1992 se produjo un desprendimiento de tierra en la zanja que se había abierto para colocar las tuberías de la red de saneamiento en una calle de Marbella, en el momento en que se pretendía tomar medidas de seguridad; en la zanja se hallaba, además de otras personas, D. Isidro , que falleció sepultado. Su viuda, Dª Carla , en su nombre y en el de su hijo menor, Isidro , interpuso demanda frente a la empresa "Contratas 2000, S.L." y la subcontratista, "Industria Constructora Técnica, S.A." (INCOTESA), el director de las obras, ingeniero D. Cornelio , D. Jesús María , aparejador de INCOTESA, así como a la compañía de seguros que cubría la responsabilidad civil de la primera.

La sentencia dictada por la Juez de 1ª Instancia nº 7 de Marbella estimó la responsabilidad de los demandados -dice literalmente- al poderse prever por los técnicos y responsables de la obra los peligros que esta actividad entrañaba, en lo cual tuvo poca participación la conducta del trabajador fallecido y víctima que pudo realizar su trabajo atendiendo y confiando en las instrucciones recibidas por los técnicos y entendidos en la materia, extendiéndose por tanto también la responsabilidad a las empresas responsables de la obra y también demandadas, contratista y subcontratista, en cuanto que a pesar de actuar cada una de las empresas con cierta autonomía en el desempeño de sus funciones, la contratista se reservó facultades de dirección, vigilancia, o participación en los trabajos del subcontratista, como lo acredita el que uno de los técnicos y codemandado Sr. Cornelio , fuese nombrado por la contratista entidad "Contratas 2000, S.L.", lo cual da lugar a la persistencia de la relación de dependencia generadora de la doble responsabilidad, tanto del subcontratista como del contratista, extendiéndose a la entidad aseguradora demandada en virtud del contrato de seguro que le une a esta última entidad.

La Audiencia Provincial, Sección 5ª, de Málaga revocó la anterior en su sentencia de 8 de abril de 1998 y absolvió de la demanda a los demandados por estimar la excepción de falta de jurisdicción de los Juzgados civiles, entendiendo que corresponde la acción a la jurisdicción del orden social.

Procede, en primer lugar, reiterar la posición de la jurisprudencia de esta Sala sobre la responsabilidad civil en los accidentes laborales, respecto al orden jurisdiccional al que le corresponde conocer de la acción ejercitada.

Se ha proclamado insistentemente la compatibilidad de los procedimientos y responsabilidades laborales y civiles, "ya que la responsabilidad aquiliana es compatible con la derivada en base a relación de trabajo": sentencia de 5 de diciembre de 1995, que reitera la de 27 de febrero de 1996 con cita de numerosas sentencias anteriores y claramente lo reafirma la de 19 de diciembre de 1996 en estos términos: "jurisprudencia reiterada y consolidada en cuanto a la competencia jurisdiccional del orden civil para resolver cuestiones como los que conforman el objeto de este proceso (Ss. de 4-6-1993, 21-11-1995, 6-2 y 15-6-1996), que no lo impide el hecho de que entre los litigantes medie relación laboral, pues se da compatibilidad de las indemnizaciones que puedan corresponder por accidente de trabajo y los que puedan dimanar de los actos encuadrables en culpa extracontractual, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Civiles. Procede la dualidad de pretensiones por no ser irreconciliables, pues la reglamentación especial no sólo no restringe el ámbito de aplicación de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, sino que reconoce expresamente que puedan derivarse del hecho otras acciones distintas a las regidas por las leyes laborales y así lo dicen los artículos 97-3 y 93-9 de la Ley de Seguridad Social de 30 de mayo de 1974 (Ss. de 28-10-1983, 8-10-1984, 21-1-1991 y 31-5-1995)." La sentencia de 11 de diciembre de 1997 reitera la misma idea.

La de 21 de marzo de 1997 insiste en la competencia de la jurisdicción civil en casos en que -dice literalmete- "lo acontecido fue la producción de un resultado dañoso como consecuencia de un hecho realizado en los quehaceres laborales", lo que repiten, con las mismas palabras, las de 13 de octubre de 1998, 13 de julio de 1999 y 30 de noviembre de 1999.

La de 30 de noviembre de 1998 insiste en la compatibilidad en estos términos: "la compatibilidad de la indemnización satisfecha por accidente de trabajo y la dimanante del acto culposo, tanto en el espacio de los daños materiales, como en el de los morales, ya que la reglamentación especial no sólo no restringe el ámbito de aplicación de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, sino que explícitamente viene reconociendo su vigencia, al aceptar expresamente la posibilidad de que puedan derivarse del hecho cuestionado otras acciones que las regidas por la legislación laboral, exigibles las mismas ante la jurisdicción del orden civil". Lo que reitera la sentencia de 18 de diciembre de 1998 con un detallado resumen de la doctrina jurisprudencial. Cuya competencia de la jurisdicción civil vuelve a ser afirmada por las sentencias de 7 de julio de 2000, 2 de julio de 2001, 26 de abril de 2002, 15 de julio de 2002.

Se puede citar, por último, para reiterarla, la doctrina que resume la sentencia de 28 de noviembre de 2001 en estos términos: "Como explica, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1993: la jurisprudencia ha reiterado la compatibilidad de la indemnización satisfecha por accidente de trabajo y la dimanante del acto culposo ya que la reglamentación especial no solo no restringe el ámbito de aplicación de los artículos 1.902 y 1.903, reguladores de la culpa extracontractual, sino que explícitamente viene admitiendo su vigencia, al admitir expresamente que puedan derivarse del hecho cuestionado otras acciones que las regidas por la legislación laboral, exigibles las mismas ante la jurisdicción civil (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero, 4 y 6 de octubre y 8 de noviembre de 1982, 9 de marzo, 6 de mayo, 5 de julio y 28 de octubre de 1983 y 7 de mayo y 8 de octubre de 1984), siendo así que las prestaciones de carácter laboral nacen de la relación de la Seguridad social y, mediatamente al menos, de la misma relación laboral que preexiste a las responsabilidades de índole extracontractual y que nacen de diferente fuente de las obligaciones (artículos 1.089 y 1.093 del Código civil) que es la culpa o negligencia no penadas por la Ley; así lo declara el artículo 97.3 y reitera tal compatibilidad el artículo 93.9 ambos de la Ley de Seguridad Social (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de enero de 1991). Los argumentos que anteceden, establecen que corresponde a este orden jurisdiccional el conocimiento del asunto (sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1995); como remarca, asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1995, la compatibilidad de responsabilidades en punto a la indemnización por accidente de trabajo y la dimanante de acto culposo está reconocida por numerosa jurisprudencia, entre otras por la sentencia de 2 de enero de 1991, que dice no se excluyen, sino que, por el contrario, las reglamentaciones laborales especiales vienen explícitamente reconociendo la vigencia en estos casos de los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil, lo mismo que expresaba la sentencia de 8 de octubre de 1984 al decir que la Jurisdicción Ordinaria Civil no viene vinculada a la Laboral, siendo por tanto independiente para enjuiciar conductas cuando se acciona al amparo de los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil, ya que la responsabilidad aquiliana es compatible con la derivada en base a relación de trabajo, y la de 5 de enero de 1982 al expresar que son completamente compatibles ambas responsabilidades, como se deduce".

De la doctrina anterior, compatibilidad de la responsabilidad laboral y civil, y competencia de la jurisdicción de este orden para conocer de las acciones de responsabilidad civil, se desprende la estimación del motivo primero del recurso de casación que, al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega la infracción de los artículos 1902 y 1903 del Código civil, 533.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 97.3º de la Ley General de la Seguridad Social, sin que tenga interés el motivo segundo, planteado subsidiariamente.

En efecto, se ha ejercitado en la demanda la acción de responsabilidad civil, basada en la normativa de la responsabilidad extracontractual del Código civil y se cita también el artículo 1101 sobre la responsabilidad contractual; sólo en un breve apartado menciona preceptos reglamentarios del ámbito laboral. Es decir, no se da el supuesto de la acción ejercitada fundada exclusivamente en el incumplimiento de las obligaciones del empresario derivadas del contrato de trabajo, a que alude, entre otras, la sentencia citada anteriormente de 7 de julio de 2000: "la competencia del orden jurisdiccional civil para conocer de la responsabilidad civil dimanante de culpa extracontractual del empresario por muerte o lesiones del trabajador sufridas mientras desempeñaba su trabajo. Dicha jurisprudencia... , se mantuvo en las sentencias de 21-3-97 y 19-5- 97 sobre la base de la compatibilidad entre las indemnizaciones que podía acordar uno y otro orden jurisdiccional. Finalmente, después de las tres sentencias de esta Sala citadas en el párrafo segundo que parecían indicar un cierto giro en la jurisprudencia sobre esta materia, se ha reafirmado sin embargo la competencia del orden jurisdiccional civil siempre que, como en este caso, la demanda no se funde en el incumplimiento de las obligaciones del empresario derivadas del contrato de trabajo sino en la culpa extracontractual del art. 1902 CC, pudiendo citarse al respecto las sentencias de 13-7-98, 13-10-98, 18-11-98, 30-11-98, 24-11-98, 18-12-98, 1-2-99, 10- 4-99, 13-7-99 y 30-11-99, 7-7-2000" . Cuya doctrina ha sido reiterada por las sentencias de 26 de abril de 2002 y 15 de julio de 2002."

En consecuencia, la sentencia de instancia ha infringido el artículo 533.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los artículos 1902 y 1903 del Código civil, así como la numerosísima jurisprudencia de esta Sala, al entender que la jurisdicción competente es la social.

Al estimarse el motivo primero, esta Sala asume la instancia y resuelve lo que corresponde, dentro de los términos en que aparece planteado el debate, como ordena el artículo 1715.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A ello se refiere el último apartado del escrito del recurso y tiene tres partes; la condena principal, los intereses y las costas.

En cuanto a la condena, ante todo esta Sala ratifica y asume la desestimación de las excepciones en los mismos términos en que lo hace la sentencia dictada en primera instancia.

En cuanto al fondo del asunto, asimismo acepta el razonamiento de dicha sentencia y recuerda, de nuevo, la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad civil en general, cuya objetivación se acentúa cada vez más, y la relativa a la responsabilidad por accidentes de trabajo, que no deben quedar sin la protección legal, que les da el ordenamiento y que aplican los Tribunales. En este sentido, dice la sentencia de 18 de diciembre de 1997: "Esta Sala de casación Civil ha declarado que ante situaciones de riesgo acreditado, impone a los empresarios extremar su actividad de adoptar todas las precauciones, agotar los medios y evitar todas aquellas circunstancias a su alcance que transformen el peligro potencial en daño efectivo (sentencia de 10-3-1994), por lo que procede atenuación de la carga probatoria que obligaba a las recurrentes a demostrar satisfactoriamente el haber obrado con la máxima diligencia debida, aportando las medidas técnicas de seguridad y control que la propia instalación exigía, diligencia que se exige como especifica en cuanto supera la administrativamente reglada, (Ss. de 23-9-1991, 24-1 y 11-2-1992 y 25-2-1992, 22-9-1992 y 8-10-1996)". Y añade la de 15 de abril de 1999: "La doctrina de esta Sala, ante los progresos de la técnica, aumento intensivo de la inseguridad en las actividades laborales e instauración constante de riesgos para la vida humana, ha ido evolucionando hacia posiciones cuasi-objetivas para adaptar a los tiempos históricos actuales el culpabilismo que se integra en el artículo 1902, despojándolo de una concepción jurídica cerrada, sin dejar de tener en cuenta por completo el juicio de valor sobre la conducta del agente (SS. de 8-10 y 31-12-1996). En supuestos como el que nos ocupa hace aplicable la doctrina de la responsabilidad por riesgo (SS. de 24-1- 1992, 11-2-1992, 10-3 y 9-7-1994, 8-4 y 7-11-1996), y obliga a acreditar a quien se imputa algún actuar imprudencial, el haber adoptado todas las medidas a su alcance para evitar la producción de daños que el riesgo establecido lleva en sí mismo y resultan previsibles, con las mayores posibilidades de evitarlos, si las prevenciones aseguradoras que se adopten resultan las técnicamente adecuadas por su capacidad y eficacia. De este modo resultan insuficientes las medidas superficiales, aparentes y meramente formales, como sucede en este caso, respecto al cartel prohibitivo de uso, que se presenta como la única medida de prevención y resulta más bien convencional y hacia el exterior, para figurar observancia de medidas de seguridad, cuando en muchas ocasiones los trabajadores utilizaban el elevador con el consentimiento tácito de la empresa, lo que pone de manifiesto que no había dispuesto de prevenciones cautelares suficientes y disuasorias para evitar el uso efectivo del montacargas." E insiste la de 18 de enero de 2000: "en materia de culpa extracontractual debe presumirse la existencia de negligencia en el causante del daño, salvo cuando, aparte de fuerza mayor, el autor de la acción u omisión acredite debidamente haber actuado con el cuidado que requieren las circunstancias de lugar y tiempo y que la culpa del perjudicado en la hipótesis de que concurra, se presente con caracteres de exclusividad o con tan acusado relieve como para abonar a otra culpa concurrente, pues, en otro caso sólo puede apreciarse cierta compensación (de la responsabilidad mejor que de la culpa, como precisó la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1984) traducible en moderación del montante económico a satisfacer (sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1985)." Lo que remacha la sentencia de 29 de enero de 2003 al decir: "el concepto moderno de la culpa no consiste solamente, según criterio clásico, en la omisión de la diligencia exigible según las circunstancias del caso, puesto que, hoy por hoy, dado el dinamismo de la vida moderna, y sobre todo en el campo laboral, se ha ampliado el concepto de la culpa para abarcar a aquellas conductas en las que puede haber negligencia sin una conducta antijurídica".

En el presente caso, aparece una actuación de los codemandados, cada uno en su ámbito, a los que alcanza la imputación de responsabilidad según la doctrina jursprudencial expuesta, concorde con la realidad social y de acuerdo con la idea de justicia, siempre latente en todo caso y tanto más en los temas de los lamentablemente frecuentes accidentes de trabajo.

En cuanto a los intereses, es también reiterada la doctrina de esta Sala que no impide la condena al pago de intereses moratorios el hecho de que se minore la cantidad reclamada, como en este caso y en el que expone con precisión la sentencia de 27 de febrero de 1996 en estos términos: "Aparte de que sería manifiestamente injusto que una pequeña diferencia entre lo solicitado y lo concedido llevase a la pérdida de los intereses legales, el brocardo "in iliquidis mora non contrahitur" es incompatible con la naturaleza de la deuda nacida de la responsabilidad extracontractual, pues no es una deuda de suma, sino resarcitoria o compensatoria del daño experimentado, que trata de colocar al dañado en la misma situación que tenía antes de ocurrir el hecho lesivo, o, si no es posible, compensarle por esta imposibilidad. La sentencia que concreta o establece en dinero aquel resarcimiento o compensación nada añade ni quita a la naturaleza intrínseca de la deuda, es un puro instrumento para su materialización, por lo que la cantidad a que condena al responsable debe considerarse que forma parte de su patrimonio desde la causación del daño. Así las cosas, lo intereses dejados de percibir son suyos, como frutos civiles de dinero de su propiedad, además de que en la actualidad su nominal, que es alto, incorpora el daño de la pérdida de valor de la moneda. Ni los frutos civiles son del deudor ni el acreedor lesionado tiene que sufrir el daño de la devaluación monetaria; no se lograría así el íntegro resarcimiento o compensación del dañado."

En cuanto a las costas, no hay posibilidad de imponerlas a ninguna de las partes, ya que, en la instancia, no se dicta sentencia que estime plenamente la demanda, ni se aprecia temeridad en las partes demandadas; en el presente recurso, tampoco se imponen las costas, tal como ordena el artículo 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español