ATS, 2 de Febrero de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 02 Febrero 2021 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 02/02/2021
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 1009/2020
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín
Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA SALA SOCIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
Transcrito por: DRV / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1009/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmo. Sr. y Excmas. Sras.
Dª. Rosa María Virolés Piñol
Dª. Concepción Rosario Ureste García
D. Ricardo Bodas Martín
En Madrid, a 2 de febrero de 2021.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín.
Por el Juzgado de lo Social Nº 8 de los de Málaga se dictó sentencia en fecha 29 de abril de 2019, en el procedimiento nº 1082/17 seguido a instancia de D.ª Rafaela contra Ministerio de Educación, sobre derechos y cantidad, que estimaba la demanda y declaraba lo que en su fallo consta.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en fecha 29 de enero de 2020, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 11 de marzo de 2020 se formalizó por el letrado D. Rafael López Serralvo en nombre y representación de D.ª Rafaela, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 26 de noviembre de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.
Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede en Málaga) de 29 de enero de 2020, en la que se desestima el recurso de suplicación deducido por la trabajadora recurrente frente al fallo de instancia que estimó parcialmente la demandada condenando al Ministerio demandado a abonar las cantidades que allí constan en concepto de 4 sexenios [20.414,70 €], pero que rechazó la condena al pago del interés por mora del 10% de las cantidades objeto de condena.
La sentencia de instancia, en lo que a la cuestión casacional importa, no procedió a fijar los intereses moratorios al haberse producido una estimación parcial de la demanda, y porque las sumas reclamadas no podían ser calificadas como exigibles, vencidas y líquidas, al tener su fundamento en la STS 9-2-2016 (rec. 1315/13), dictada en proceso de conflicto colectivo, y que declaró que los profesores de religión católica tenían los mismos derechos que los profesores interinos docentes de su mismo nivel educativo.
La sala de suplicación confirma la decisión recurrida, si bien su argumentación gira sobre otro orden de consideraciones. Así, señala que cantidad reclamada estaba pendiente de la previa homologación por el Ministerio demandado, toda vez que las horas de formación realizadas por la demandante no lo fueron en el seno de cursos de formación organizados por el propio MInisterio, sino por la Junta de Andalucía, siendo tal extremo necesario para la acreditación de los sexenios de conformidad con la disp. adic. 1ª de la Orden EDU/2886/2011. Y en el caso, no consta que la accionante hubiese interesado dicho reconocimiento, por lo que no cabe entender producida esa homologación sino en la fecha del juicio, momento en el que la Administración reconoció adeudar la cantidad señalada.
Disconforme la demandante con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina interesando la nulidad de actuaciones por incurrir la sentencia recurrida en incongruencia por exceso causante de indefensión, vulnerando con ello el art. 24.1 CE, y aportando como sentencia de referencia la dictada por el Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2005 (rec. amparo 4217/2000). Se trata de un supuesto en el que, tras recaer sentencia desestimando la demanda en solicitud de reconocimiento de incapacidad permanente absoluta por agravación, el interesado recurrió en suplicación articulando un único motivo por infracción de los artículos 134 y 137.5 de la LGSS. Y la Sala desestimó el recurso razonando que resultaba innecesario el examen de tal denuncia pues concurría una causa legal obstativa para la revisión de incapacidad solicitada, habida cuenta que el actor se encontraba jubilado cuando se le declaró en situación de invalidez total. El Tribunal Constitucional declara que la Sala de suplicación modificó la controversia transformando lo que era una petición de revisión por agravación de las dolencias en un litigio sobre la posibilidad de revisión cuando el solicitante cuenta con la condición jurídica de jubilado, sin haber sometido esa cuestión a las partes a fin de que pudieran formular alegaciones al respecto, para garantizar de ese modo los derechos que integran la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la CE). Circunstancia materializada, además, en el ámbito de un recurso de alcance limitado como es el de suplicación.
Pero, en aplicación de la anterior doctrina debe apreciarse falta de contradicción entre las sentencias comparadas. En el supuesto de autos, y en contra de lo que se afirma en el escrito rector del recurso, difícilmente puede afirmarse que la Sala de suplicación decida sobre elementos novedosos, pues la realidad procesal evidencia que la Administración demandada abiertamente opone la falta de acreditación de dicha formación, sin perjuicio de que en el acto de la vista, tal y como allí se concreta, se reconozca adeudar la cantidad reclamada. Y esta situación no es parangonable con la que decide la sentencia de contraste, y en la que la sentencia allí recurrida en amparo había desestimado la demanda de revisión de IT por estar en situación de jubilación el trabajador mientras que lo que estaba siendo cuestionado no era esa circunstancia sino si existía agravación. En definitiva, la Sala de suplicación introdujo un debate sobre la revisión de la IP que no fue el que se planteaba en el recurso.
Siguiendo el hilo argumental del recurso, y en lo que hace ahora al caso, señala la recurrente que en un asunto idéntico al que nos ocupa, fue resuelto en sentido estimatorio a los intereses de la demandada, de ahí que afirme la existencia de contradicción con la sentencia dictada por la misma Sala de 13 de noviembre de 2019 (rec. 868/2019) y en la que, ante una reclamación por sexenios, la Sala de suplicación sí reconoce el derecho al interés por mora ex art. 29.3 ET.
Ahora bien, y a pesar de las evidentes similitudes, tampoco la contradicción puede declararse existente. Así, en la sentencia recurrida concurre un óbice que justifica la solución allí adoptada, y es la relativa a que tratándose de una reclamación por sexenios era necesario la previa acreditación de dicha formación, lo que no ha sido al caso, homologación que no se produce sino en la fecha del juicio. Por lo tanto, a los efectos de apreciar la existencia de una divergencia doctrinal que necesite ser unificada, los supuestos de hecho no resultan análogos en términos de identidad. Nada de esto consta en la sentencia de contraste, por lo que no es posible entender que concurra la divergencia doctrinal que se afirma, haciendo referencia la versión judicial de los hechos que las demandantes sí habían presentado solicitudes para el reconocimiento del complemento de formación permanente-sexenios, acompañando la documentación acreditativa de los requisitos precisos para su reconocimiento, por lo que el debate giró exclusivamente sobre la determinación de si la estimación parcial de la demanda obstaculiza el devengo de intereses.
A la vista de las alegaciones evacuadas tras la precedente providencia que abrió el trámite de inadmisión, ha de convenirse con la parte recurrente en el hecho de que en la meritada resolución se deslizó un error al no constar que el recurso de impugnación fuera en el momento procesal oportuno impugnado por la Administración recurrente, pero tal manifestación no empece la solución adoptada porque tal extremo sí que fue objeto de alegación en el acto de la vista tal y como refiere la decisión judicial de instancia que acoge en este concreto extremo las manifestaciones evacuadas por la demandada. Por lo demás, ha de recordarse que el carácter extraordinario de la unificación de doctrina exige pasar por la existencia de contradicción y es ésta la que no concurre en el presente caso, pues las diferencias destacadas ponen de manifiesto la falta de homogeneidad de las situaciones contempladas y sin la concurrencia de dicho presupuesto no es dable a la sala entrar a decidir cuál de las doctrinas es la correcta, habiendo sido resuelto en el mismo sentido el R. 472/2020, muy similar a este. Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 219.1, 225.3.4 y 5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede declarar la inadmisión del recurso, habiéndose manifestado en el mismo sentido el Ministerio Fiscal, y sin que proceda imponer a la parte recurrente las costas.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Rafael López Serralvo, en nombre y representación de D.ª Rafaela contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga de fecha 29 de enero de 2020, en el recurso de suplicación número 1387/19, interpuesto por D.ª Rafaela, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de los de Málaga de fecha 29 de abril de 2019, en el procedimiento nº 1082/17 seguido a instancia de D.ª Rafaela contra Ministerio de Educación, sobre derechos y cantidad.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
