STS 583/2020, 5 de Noviembre de 2020
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2020:3607 |
| Número de Recurso | 818/2018 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 583/2020 |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 583/2020
Fecha de sentencia: 05/11/2020
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 818/2018
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 28/10/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16.ª
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez
Transcrito por: RSJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 818/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 583/2020
Excmos. Sres.
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres
D. Juan María Díaz Fraile
En Madrid, a 5 de noviembre de 2020.
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Cerdanyola del Vallés. Es parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por la procuradora Ana Llorens Pardo y bajo la dirección letrada de Mónica del Collado Picó. Es parte recurrida Pedro Enrique y Pablo Jesús, representados por la procuradora María Isabel Torres Ruíz y bajo la dirección letrada de Esther Costa Rosell.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Tramitación en primera instancia
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La procuradora María Teresa Prat Ventura, en nombre y representación de Pedro Enrique y Pablo Jesús, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Cerdanyola del Vallés, contra la entidad Catalunya Banc S.A., para que se dictase sentencia por la que:
"estimando íntegramente [a presente demanda, y que contenga los siguientes pronunciamientos:
"1.- Se declare el incumplimiento por parte de Catalunya Banc SA de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta de los instrumentos objeto de la presente demanda, en los términos recogidos en la misma.
"2.- Se condene, a Catalunya Banc SA, a indemnizar en concepto de daños y perjuicios a los actores en la suma de 15.603,55 €, más los intereses legales que correspondan.
"3.- Se condene a Catalunya Banc SA al pago de las costas judiciales causadas en la presente instancia.".
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La procuradora María Dolors Ribas Mercader, en representación de la entidad Catalunya Banc S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:
"Desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.".
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El Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Cerdanyola del Vallés dictó sentencia con fecha 11 de junio de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Debo estimar y en consecuencia estimo la demanda formulada por la representación procesal de D. Pedro Enrique y D. Pablo Jesús contra la entidad Catalunya Banc, SA. a la cual condeno a abonar a la actora 15.603,55 €, más los intereses legales devengados por esta suma desde la interpelación judicial, incrementados en dos puntos desde la notificación de la presente Sentencia y hasta el completo abono.
"Debo condenar y en consecuencia condeno a Catalunya Banc SA. al pago de todas las costas.".
Tramitación en segunda instancia
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Catalunya Banc S.A.
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La resolución de este recurso correspondió a la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 2 de noviembre de 2017, con la siguiente parte dispositiva:
"Fallamos: Debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. De Anzizu Pigem, en representación de la entidad "Catalunya Banc, S.A." contra la Sentencia nº 102/2015 dictada en fecha 11 de junio de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Cerdanyola del Vallès, confirmando íntegramente la misma.
"Todo ello sin hacer imposición expresa a ninguna de las partes de las costas de esta alzada.""
Interposición y tramitación del recurso de casación
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El procurador Ignacio López Chocarro, en representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (antes Catalunya Banc S.A.), interpuso recurso de casación ante la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El motivo del recurso de casación fue:
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Por diligencia de ordenación de 9 de febrero de 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.
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Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por la procuradora Ana Llorens Pardo; y como parte recurrida Pedro Enrique y Pablo Jesús, representado por la procuradora María Isabel Torres Ruíz.
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Esta sala dictó auto de fecha 27 de mayo de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Admitir el recurso de casación interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2017 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) en el rollo de apelación n.º 1166/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 373/2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Cerdanyola del Vallés.".
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Dado traslado, la representación procesal de Pedro Enrique y Pablo Jesús, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.
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Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 28 de octubre de 2020, en que ha tenido lugar.
Resumen de antecedentes
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Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Gerardo el 3 de julio de 1992 adquirió obligaciones subordinadas de Caixa Catalunya (luego, Catalunya Banc y, en la actualidad, BBVA), por un importe nominal de 30.050,50 euros. Y el 17 de octubre de 2008 adquirió obligaciones subordinadas por un importe nominal de 7.500 euros. Sumadas unas obligaciones y otras, el importe total de las subordinadas adquiridas era de 37.550,50 euros.
El 23 de marzo de 2012, falleció Gerardo. Le sucedieron en la titularidad de estas obligaciones subordinadas sus hijos Pedro Enrique y Pablo Jesús.
Tras la intervención de la entidad por el FROB, el canje obligatorio de las obligaciones de deuda subordinada por acciones y su posterior venta, los clientes recuperaron la suma de 21.946,95 euros.
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Pedro Enrique y Pablo Jesús interpusieron una demanda contra Catalunya Banc, S.A. en la que ejercitaban una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización era la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB, que la demanda cifraba en 15.603,55 euros.
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El juzgado de primera instancia desestimó la acción principal de nulidad y estimó la subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios, y condenó al banco demandado al pago de una indemnización de 15.603,55 euros, más los intereses devengados desde la interpelación judicial.
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco demandado. La Audiencia desestima el recurso del banco demandado y desatiende la objeción formulada de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros.
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Frente a la sentencia de apelación, el banco demandado interpuso recurso de casación, sobre la base de un único motivo.
Recurso de casación
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Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del arts. 1101 CC, en relación con la jurisprudencia contenida en la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en la medida que lo concedido excede de la satisfacción del daño sufrido en la inversión.
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
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Estimación del motivo. La cuestión suscitada en el motivo fue resuelta y aclarada por la sala en su sentencia 81/2018, de 14 de febrero.
En esta sentencia, con remisión a la anterior sentencia 613/2017, de 16 de noviembre, se reitera la doctrina contenida en la sentencia 301/2008, de 8 de mayo, según la cual en la liquidación de los daños indemnizables debía computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Esta regla había sido aplicada también por la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en un caso en que se apreció el incumplimiento contractual en la labor de asesoramiento que provocó la adquisición de participaciones preferentes, al concluir que "el daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes".
En este contexto, la sentencia 81/2018, de 14 de febrero, resulta más explícita, cuando razona:
"En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste.
"Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.
"Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y lucro".
De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial".
En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia.
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Al asumir la instancia, por las mismas razones que acabamos de exponer, estimamos también el recurso de apelación, en el sentido de desestimar la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio. De la documentación aportada con la contestación a la demanda se desprende que el importe de los rendimientos obtenidos por las subordinadas durante el periodo de vigencia fueron de 35.483,38 euros. La suma de esta cantidad y el capital rescatado tras la intervención del FROB (21.946,95 euros) es superior al importe de la inversión realizada con la adquisición de las obligaciones de deuda subordinada (37.550,50 euros).
Costas
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Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC, y acordamos la devolución del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Estimado el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, tampoco hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC).
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Desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede su condena al pago de las costas generadas en primera instancia ( art. 394 LEC).
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
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Estimar el recurso de casación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) de 2 de noviembre de 2017 (rollo 1166/2015).
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Estimar el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Cerdanyola del Vallés de 11 de junio de 2015 (juicio ordinario 373/2014), en el siguiente sentido.
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Desestimar la demanda formulada por Pedro Enrique y Pablo Jesús contra Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), y absolver al banco demandado de las pretensiones contra él ejercitadas.
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No hacer expresa condena de las costas generadas por los recursos de casación y de apelación, formulados por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA).
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Imponer a Pedro Enrique y Pablo Jesús las costas de primera instancia.
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Acordar la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
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SAP Pontevedra 254/2022, 21 de Marzo de 2022
...la regla del art. 1303 sustantivo, pero carecen de interés para juzgar sobre la existencia o persistencia del error-vicio, (cfr. STS 583/2020, de 5 de noviembre, entre otras muchas, lo que nos excusa de profundizar en el Consecuencias de la estimación de la acción basada en el error-vicio. ......
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SAP Pontevedra 687/2020, 15 de Diciembre de 2020
...la regla del art. 1303 sustantivo, pero carecen de interés para juzgar sobre la existencia o persistencia del error-vicio, (cfr. STS 583/2020, de 5 de noviembre, entre otras Finalmente, sobre la forma de proceder a la hora de determinar las consecuencias de la declaración del error-vicio, t......