ATS, 29 de Octubre de 2020

Ponente:FERNANDO PIGNATELLI MECA
Número de Recurso:20/2020
Procedimiento:Cuestión de competencia
Fecha de Resolución:29 de Octubre de 2020
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Quinta, de lo Militar
 
ÍNDICE
CONTENIDO

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Militar

AUTO

Fecha del auto: 29/10/2020

Tipo de procedimiento: OTROS PENAL

Número del procedimiento: 20/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Pignatelli Meca

Procedencia: Tribunal Militar Central

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Palazuelos Morlanes

Transcrito por: NCM

Nota:

OTROS PENAL núm.: 20/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Pignatelli Meca

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Palazuelos Morlanes

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Militar

AUTO

Excmos. Sres.

D. Fernando Pignatelli Meca, presidente

D. Francisco Javier de Mendoza Fernández

D. José Alberto Fernández Rodera

En Madrid, a 29 de octubre de 2020.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Pignatelli Meca.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha de 5 de octubre de 2018 el guardia civil don Cesareo presentó, en el registro del Juzgado de Instrucción de Guardia de Vitoria-Gasteiz -Álava-, denuncia -que figura a los folios 10 a 24 de los autos-, acompañada de hasta cuarenta y seis documentos -obrantes a los folios 25 a 201 de las actuaciones-, aunque posteriormente se aportaron otros por su representación procesal -unidos a los folios 219 a 224 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019 del Juzgado Togado Militar Central núm. 1-, en la que daba cuenta de una serie de hechos ocurridos durante su destino en el Puesto de la Guardia Civil de Llodio, de la Comandancia de Álava -en el que manifiesta haber sido cesado como consecuencia de la resolución recaída en un Expediente Disciplinario-, que califica como constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y contra la integridad moral, en su modalidad de acoso laboral, del artículo 173 del indicado cuerpo legal, delitos cuya comisión atribuía a diversos mandos de la Guardia Civil, entre otros al Excmo. Sr. General de Brigada don Efrain, a la sazón Jefe de la 11ª Zona del Instituto Armado, del País Vasco, y hoy Teniente General de la Guardia Civil.

SEGUNDO

Los concretos hechos objeto de denuncia consisten, en síntesis, en la incoación al guardia civil denunciante de hasta cinco Expedientes Disciplinarios, cuatro de ellos por falta grave iniciados por otras tantas órdenes, de 1 y 14 de junio y 29 de noviembre de 2017 y 23 de abril de 2018, del, en aquel momento, Excmo. Sr. General de Brigada Jefe de la 11ª Zona -hoy Teniente General del Instituto Armado- don Efrain y uno por falta muy grave iniciado por orden del Sr. Director General de la Guardia Civil, que, según asevera el denunciante, tiene su origen en un informe del entonces Excmo. Sr. General de Brigada Jefe de la 11ª Zona.

Entre otros extremos, afirma el denunciante que "el propósito de todos los expedientes era que perdiera su destino en Llodio", todo ello como consecuencia de los problemas de convivencia con otros componentes del Puesto surgidos desde su llegada a este y su instalación con su familia en el pabellón que se le adjudicó en dicho Puesto, componentes que también residían en el mismo y "que no respetaban las más elementales normas de respeto en cuanto a los usuarios de pabellones, y en el caso de uno de ellos, el guardia civil ..., de forma especial, con afectación también a la forma en que este prestaba sus servicios ... por lo que en cumplimiento de sus obligaciones profesionales formuló un parte disciplinario sobre hechos realizados por el reseñado guardia civil ... Eso motivó un enfado de sus mandos ...", añadiendo, entre otras cosas, que "el 19 de abril de 2016 presenta un nuevo parte ... Otras situaciones vividas por este guardia civil, relativas por ejemplo a la tolerancia con que se permitían conductas como fumar en dependencias oficiales lo puso de manifiesto primero verbalmente a sus Superiores, y ante el caso omiso, en la papeleta de su servicio de 11 de diciembre de 2016 anotó que en el cuarto de monitores del Puesto de Llodio se deja abierto aireándolo por un fuerte olor a tabaco ... El 28 de marzo de 2017 se produjo un incidente, no sería el último, con la mujer de un componente del Puesto ... hechos que denunció en vía penal y que concluyeron con sentencia penal condenatoria firme a dicha usuaria por un delito leve de amenazas ..." y que esto, "lejos de causar la comprensión y apoyo de sus mandos, y que tomaran las medidas necesarias para su solución, fue motivo de recriminaciones y dio comienzo de alguna forma a la apertura de los diversos expedientes disciplinarios ... en un corto espacio de tiempo ... también ha sufrido en su vehículo, mientras estaba aparcado en el interior del acuartelamiento, diversos daños en las ruedas presentando denuncia, sin que se haya sabido el autor o autores ...".

Expone, asimismo, el denunciante que "en cuanto a sus condiciones de trabajo, al trato y las formas de sus mandos, eran continuamente bruscas, con peticiones absurdas para que bajara a retirar su vehículo cuando realmente no molestaba, subir a su casa mientras comía para entregarle algún papel que no era urgente, notificaciones a últimas horas de la mañana, o cuando existía un horario de mañana en la oficina, se le decía a qué hora exacta tenía que bajar a presentar escritos suyos" y que "también ha sufrido que los paquetes de empresas de transporte que le enviaban a su domicilio en el Acuartelamiento no eran recogidos por el resto de componentes, sin razón alguna, a diferencia de al resto que sí se los recogían quien estuviere en funciones de guardia en la puerta. Así se lo manifestó un empleado de la empresa de transporte ASN de nombre Iván ... quien dijo que no le permitían llamar al telefonillo de su domicilio para avisarle de que tenía un paquete. E igual le ocurría con su correo, al parecer había instrucciones para que, a diferencia del resto de componentes del Puesto, a él ninguno le recogiera su correo", que "fue citado como testigo en un juicio militar celebrado en el mes de mayo de 2017 en A Coruña ... tras su declaración dado que también habían sido citados el entonces Sr. Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Álava ... éste le propuso que retornara con él en el vehículo oficial a Vitoria, y en el transcurso de dicho viaje, donde también estaba el Teniente Jefe del Núcleo de Servicios de Álava ... expuso todo cuanto le estaba ocurriendo en el Puesto, mostrándose preocupados por todo e indicándole que iban a tratar de solucionarlo, si bien no hubo cambio alguno. El propio Teniente, manifestó en uno de los expedientes disciplinarios abiertos a este guardia civil ... que si les contó que el Comandante Isaac en su despacho le dijo que si seguía adelante con el parte que había presentado el día 5 de abril de 2016, que se atuviera a las consecuencias", que "este guardia civil antes de su destino en Llodio, estuvo un periodo en el Servicio de Información de la Comandancia de Bizkaia, tras coincidir con un miembro del Servicio de Información de la Comandancia de Álava, en un plan PATIO, una academia de formación, los días 17 y 18 de octubre de 2016, en concreto con el Sargento ... se ofreció a colaborar con ese servicio, en aspectos que fueran de interés para el mismo, cosa que empezó a realizar directamente con el referido Sargento ... y con otros dos componentes, suministrándoles diversa información ... Esa colaboración tampoco gustó a sus Mandos por la forma en la que se hacía, por lo que en varias ocasiones preguntó a los miembros del servicio de información si era correcto a lo que el Sargento ... le manifestó que sí y en una ocasión concreta que él iba a hablar con su Capitán, que lo consideraban una fuente de información ... Esto le trajo más problemas con sus Mandos y la incoación del expediente disciplinario por falta muy grave NUM000, en el cual esos componentes declararon negando lo que ellos mismos vía email o Whatsapp remitidos a este guardia civil y aportados a dicho expediente le habían transmitido sobre la corrección de su labor y la importancia para ellos de ésta ...", que "el Servicio Médico promovió su baja incidiendo en un problema de salud de él, que como ya indicó el Teniente Coronel Perito Psiquiatra en el informe que ya se expuso no era tal ...", que "el médico de la Comandancia de Álava, le realizó el 1 de septiembre de 2017 dos test, que esta parte le solicitó, y que de forma inexplicable fueron destruidos junto con las notas que elaboró dicho médico ...", aportando copia de un IPEGUCI realizado por un Capitán, cuyo contenido "además de incierto e injusto realiza unas afirmaciones demostrativas de la clara enemistad y obsesión para con este guardia civil ...", concluyendo que "todas estas situaciones, prolongadas en el tiempo, de forma reiterada, con comportamientos hostiles o despreciativos hacia su persona, en su entorno laboral, le han supuesto un grave padecimiento psíquico precisando de diversa atención médica y toma de medicación. Padece, como ya adelantó el psiquiatra militar, una situación de estrés provocada por esa situación laboral, que a lo largo del proceso ha venido empeorando ...", solicitando, finalmente, que se investiguen y comprueben los hechos y las personas relacionadas con los mismos, y en su caso se depuren las responsabilidades que procedan.

En la declaración del denunciante en el Juzgado de Instrucción núm, 3 de los de Vitoria, el día 6 de marzo de 2019 -grabada en el soporte digital unidos a las actuaciones-, en la que ratifica la denuncia, se limita a concretar que la denuncia "es hacia mi cadena de mando, porque unos sin otros ... Cabo Primero ..., Teniente ..., Capitán ..., Teniente ..., Comandante ..., Capitán ..., General de la Zona ...", porque "unos sin otros no hubiesen podido llevar a cabo, para mí, tal barbaridad, principalmente en lo del trato vejatorio el Cabo Primero ... y el Capitán ...", mientras que en el recurso de apelación interpuesto, el 16 de enero de 2020 -folios 293 a 295 de los autos-, por su representación procesal contra el auto del Juzgado Togado Militar Central núm. 1, de 13 de diciembre de 2019, por el que se acordaba inhibirse del conocimiento de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019 en favor del Juzgado Togado Militar Territorial núm. 43 -resolución esta última revocada por auto del Tribunal Militar Central de 3 de marzo de 2020- donde, de forma más detallada, se especifica la intervención que en los hechos denunciados se atribuye al hoy Teniente General don Efrain, al hacer constar, entre otros extremos, " Tercera.- Para rechazar que estas Diligencias continúen en el Juzgado Togado Militar Central núm. 1 al no considerar que exista persona aforada, se dice que al margen de los Mandos mencionados en dicho Auto, sobre el resto del personal aludido son meras suposiciones, o que no se indica con claridad su participación.

Como bien dice dicho Auto, el escrito de denuncia menciona el delito de prevaricación administrativa, donde se añadía que "La prevaricación administrativa se concreta en el actuar del funcionario público dictando, a sabiendas, una resolución arbitraria en un asunto administrativo, contraviniendo su actuación dirigida a servir con objetividad los intereses generales con pleno sometimiento a la ley y al Derecho, artículos 103 y 106 del[de la] Constitución".

En el hecho tercero de la denuncia y corroborado por los documentados aportados junto a la misma, se mencionan los expedientes, fechas de los mismos, Mando que acuerda su incoación, mando que los resuelve y la situación de los mismos en ese momento:

"Expediente por falta grave núm. 245/2017, iniciado el 1 de junio de 2017 por orden del General de Brigada, Jefe de la 11ª Zona, Efrain, con sede en Vitoria-Gasteiz, por un parte disciplinario promovido por el Cabo 1º Comandante Jefe Accidental del Puesto de Llodio D. Rubén, sancionándole por considerar que cometió una grave desconsideración con dicho Cabo 1º, e imponiéndole una sanción de pérdida de ocho días de haberes. Se aporta copia de la orden de incoación, doc. núm. 2 y de la resolución del expediente, doc. núm. 3.

Expediente por falta grave núm. NUM001, iniciado el 14 de Junio de 2017 por orden del General de Brigada Jefe de la 11ª Zona, donde se le propuso una sanción, si bien con fecha 21 de mayo de 2018 el propio Mando resolvió declarando la caducidad del mismo por superación del plazo máximo de tramitación. Se aporta dicha orden de inicio como doc. núm. 4.

Expediente por falta grave núm. NUM002, incoado por orden del General de Brigada Jefe de la 11ª Zona, con fecha 29 de noviembre de 2017, y que mediante resolución del mismo de fecha 12 de julio de 2018 ha declarado su caducidad, por transcurso del plazo para su tramitación, nuevamente por apreciar grave desconsideración. Se aporta la orden de inicio, doc. núm. 5. Ello no ha impedido que este 2 de octubre se le haya comunicado orden de incoación de nuevo expediente por estos mismos hechos, el 533/18.

Expediente por falta muy grave NUM000, iniciado por el Director General de la Guardia Civil y que tiene su origen en un informe del General de Brigada, Jefe de la 11ª Zona de 20 de junio de 2017, sancionándole con ocho meses de suspensión de empleo, que ha conllevado la pérdida de su destino, y la imposibilidad de solicitar destino en la Comandancia de Álava durante dos años. Se aporta dicho informe, doc. núm. 6 y la resolución de dicho expediente, doc. núm. 7, actualmente recurrido en alzada ante la Ministra de Defensa.

Expediente por falta grave NUM004, iniciado por orden de incoación del General de Brigada Jefe de la 11ª Zona, con fecha 23 de abril del 2018, que inicialmente pretendió se iniciara por falta muy grave pero la Dirección General, tal y como se recoge en su propio[a] orden de incoación no lo consideró así. Actualmente se encuentra en fase de instrucción. Se aporta copia de dicha orden de incoación, doc. Núm. 8" ... .

Cuarta.- A la vista de lo anterior se puede afirmar que cuanto se describe en la denuncia, se corrobora con documentos o decisiones adoptadas por el Excmo. Sr. General de Brigada D. Efrain entonces Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil en el País Vasco ...".

TERCERO

Por auto de fecha 13 de diciembre de 2019, del Juzgado Togado Militar Central núm. 1, se acepta la inhibición de las Diligencias Previas núm. 1399/2018, del Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de Vitoria -que fueron remitidas en inhibición al Juzgado Togado Militar Territorial núm. 43, con sede en Burgos, que, sin pronunciarse sobre la inhibición que le había sido deferida, acordó remitirlas al Juzgado Togado Militar Central Decano en atención al empleo del denunciado-, en favor de la jurisdicción militar, inhibiéndose del conocimiento de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019 en favor del aludido Juzgado Togado Militar Territorial núm. 43 por considerar que "en el momento actual de instrucción no existen indicios suficientes para considerar como investigada a ninguna persona aforada ante estos Juzgados Togados Militares Centrales".

Tras diversas vicisitudes, que no es del caso reseñar, por auto de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central de 3 de marzo de 2020, obrante a los folios 301 a 303 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, se consideró que el órgano competente para instruir las actuaciones era el Juzgado Togado Militar Central núm. 1 en atención el empleo de los miembros de la Guardia Civil denunciados por los hechos que, por lo que atañe al hoy Teniente General Excmo. Sr. don Efrain, se califican como constitutivos de un delito de prevaricación, consistentes en la instrucción en 2017 de cuatro Expedientes Disciplinarios por falta grave por el entonces General de Brigada Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil Efrain y la instrucción de un Expediente Disciplinario por falta muy grave como consecuencia de la elevación de un parte o informe por el citado oficial general a la Dirección General de la Guardia Civil, Juzgado Togado Militar Central núm. 1 que, a la vista de que por Real Decreto 549/2020, de 29 de mayo -BOE núm. 153, de 30 de mayo), el General de División Excmo. Sr. don Efrain fue promovido al empleo de Teniente General de la Guardia Civil, mediante auto de 18 de junio de 2020 -folios 403 a 406 de las actuaciones-, la inhibición del procedimiento en favor de esta Sala Quinta del Tribunal Supremo, al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

Interpuesto por el Iltmo. Sr. Fiscal jurídico Militar del Tribunal Militar Central recurso de apelación contra el antedicho auto, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central acordó, en auto de 21 de julio de 2020, inadmitir dicho recurso por no ser la resolución impugnada recurrible en apelación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, mediante exposición razonada de fecha 14 de agosto de 2020, el Juez Togado Militar Central núm. 1 acordó remitir a esta Sala, por considerarla competente para la instrucción y enjuiciamiento, testimonio de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, incoadas como consecuencia de la denuncia presentada el 5 de octubre de 2018, ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Vitoria, por el guardia civil don Cesareo, exponiendo las razones por las que considera que a la misma le corresponde la instrucción y enjuiciamiento de dichas actuaciones.

A tenor del texto de la exposición razonada, son dos las circunstancias que llevan al Iltmo. Sr. Juez Togado Militar Central núm. 1 a efectuar la citada remisión, a saber, en primer lugar, y fundamentalmente, el ascenso a Teniente General, por Real Decreto 549/2020, de 29 de mayo, del General de División Excmo. Sr. don Efrain, uno de los mandos de la Guardia Civil denunciados y, en segundo término, añade a lo anterior que, a su juicio, han quedado concretados con suficiente precisión los hechos que el denunciante, guardia civil don Cesareo, reprocha al hoy Teniente General Efrain, que no son sino "el inicio y/o resolución de cuatro expedientes disciplinarios por falta grave y la elevación del parte por una falta muy grave", estimando por ello innecesario, tal y como alguna de las partes personadas había interesado, la previa citación del denunciante a dichos efectos.

CUARTO

Recibida la exposición razonada sobre la eventual competencia de esta Sala, a la que se acompañan las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, mediante providencia de fecha 8 de septiembre de 2020 se acordó, además de formar el correspondiente rollo y registrarlo con el núm. 106/20/2020, dar traslado de las actuaciones a la Sala de admisión de causas especiales -aforados- para adoptar lo procedente en orden a la fijación de su propia competencia y admisibilidad de la denuncia con sus derivadas.

Reunida la Sala de admisión de causas especiales -aforados-, se acuerda por unanimidad, mediante providencia de fecha 22 de septiembre de 2020, dar traslado de lo actuado al Excmo. Sr. Fiscal Togado para emisión de informe sobre competencia y eventual relevancia penal de los hechos a que se refieren las Diligencias Previas núm. 1/21/2019 del Juzgado Togado Militar Central núm. 1, por lo que concierne al Teniente General de la Guardia Civil Excmo. Sr. don Efrain.

QUINTO

En informe de fecha 8 de octubre de 2020, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo el día 13 de octubre siguiente, el Excmo. Sr. Fiscal Togado además de informar favorablemente la competencia de esta Sala para el conocimiento de la denuncia interpuesta por el guardia civil don Cesareo contra el hoy Teniente General de la Guardia Civil, Excmo. Sr. Don Efrain, se interesa se acuerde la inadmisión a trámite de la denuncia interpuesta por el citado guardia civil Cesareo contra el hoy Teniente General Efrain "por no deducirse de lo actuado la concurrencia de ningún hecho de carácter delictivo que pudiera serle imputado, con devolución de las actuaciones para su continuación conforme a Derecho al Juzgado Togado Militar Central núm. 1".

SEXTO

Mediante providencia de fecha 20 de octubre de 2020 se señaló, para la deliberación, votación y decisión sobre la admisión de las presentes actuaciones, el día 27 de octubre siguiente, a las 12:00 horas, convocándose al efecto a la Sala prevista para el trámite de admisibilidad de causas especiales durante el presente año, integrada, según acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2019, relativo a la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que deban turnar a los Magistrados en el año 2020, por los Excmos. Sres. Presidente en funciones de la Sala don Fernando Pignatelli y Meca y Magistrados don Francisco Javier de Mendoza Fernández y don José Alberto Fernández Rodera, acto que se llevó a cabo en dichas fecha y hora con el resultado que se recoge en la parte dispositiva del presente auto.

Es Magistrado ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO PIGNATELLI Y MECA, Presidente en funciones de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Procede, en primer lugar, fijar la competencia de esta Sala para conocer de las actuaciones por lo que atañe al Excmo. Sr. Teniente General de la Guardia Civil don Efrain y, a tal efecto, no cabe sino poner de relieve que, como atinadamente señala el Excmo. Sr. Fiscal Togado en su cuidado informe de fecha 8 de octubre de 2020, en el que se informa favorablemente la competencia de esta Sala para el conocimiento de la denuncia interpuesta por el guardia civil don Cesareo contra el hoy Teniente General Efrain, aun cuando no se realiza una atribución personalizada, refiere el denunciante en el último apartado de su escrito la concurrencia de dos delitos: prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y contra la integridad moral, en su modalidad de acoso laboral, del artículo 173 de dicho cuerpo legal.

Pese a la ausencia de individualización, parece evidente que la cita del delito de prevaricación administrativa se encuentra relacionada con la incoación y/o resolución de los expedientes sancionadores seguidos al guardia civil denunciante, tal y como se afirma no solo en el antealudido auto de 3 de marzo de 2020 del Tribunal Militar Central, resolución en que se indica que "en lo que se refiere a la prevaricación, la denuncia gira en torno a los expedientes disciplinarios, identificando con nombres y apellidos a los intervinientes, todos ellos personal aforado", sino en el también precitado auto de 18 de junio de 2020 del Juzgado Togado Militar Central núm. 1, en el que se asevera que "de lo que acabamos de señalar se deduce con toda claridad que el guardia civil D. Cesareo ha concretado con suficiente precisión los hechos que reprocha al hoy teniente general Efrain -el inicio y resolución de cuatro expedientes disciplinarios por falta grave y el parte por una falta muy grave- y la calificación que los mismos le merece -delito de prevaricación administrativa-", a lo que cabe añadir, por si se albergase alguna duda, que tanto en el escrito de denuncia como por la propia representación letrada del denunciante, en el texto del recurso de apelación interpuesto el 16 de enero de 2020 contra el auto del Juzgado Togado Militar Central núm. 1, de 13 de diciembre de 2019, por el que acordaba inhibirse del conocimiento de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019 en favor del Juzgado Togado Militar Territorial núm. 23, antes parcialmente transcrito, se anuda la intervención del Teniente General Efrain con el delito de prevaricación administrativa.

Respecto a la invocación por el denunciante de tipos delictivos contenidos en el Código Penal, y como señala el Excmo. Sr. Fiscal Togado, la competencia de la jurisdicción militar para conocer de los hechos denunciados está fuera de toda duda, pues ya en su auto de aceptación de la inhibición deferida por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de Vitoria, el Juez Togado Militar Central núm. 1 afirma que "no cabe duda de que, en ese extremo, los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de alguno de los delitos de "abuso de autoridad" previstos en los artículos 45 y siguientes del Código Penal Militar (CPM)" y en parecidos términos se expresa asimismo el Tribunal Militar Central en su citado auto de 3 de marzo de 2020.

Y esto es así porque, como nos recuerda nuestro auto de 24 de septiembre de 2015, "la jurisprudencia de esta Sala ( Sentencias 17.01.2006 y 16.02.2011, entre otras), establece un paralelismo conceptual entre el tipo de Abuso de autoridad del art. 103 CPM y la Prevaricación administrativa, sobre la base de la común exigencia de que concurra la arbitrariedad como presupuesto de la acción, esto es, la actuación que excluye conscientemente la aplicación de la norma, que se sustituye por el mero capricho o el voluntarismo de quien actúa", siendo así que la misma conducta contemplada en el artículo 103 del Código Penal Militar de 1985 se encuentra ahora tipificada, describiéndola exactamente en los mismos términos, en el artículo 45 del vigente Código Penal Militar de 2015; a tal efecto, en nuestro auto de 11 de diciembre de 2017, se pone de relieve que "cabe significar que el artículo 103 del Código punitivo marcial de 1985 ... castiga como abuso de autoridad, con la pena de tres meses y un día a cuatro años de prisión, la conducta del "... superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave al inferior, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho ...". La misma conducta se encuentra ahora tipificada, describiéndola exactamente en los mismos términos -salvo la acertada sustitución de la frase "al inferior" por la de "a un subordinado"-, en el artículo 45 del vigente Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, si bien la pena aplicable oscila ahora entre tres meses y un día y tres años de prisión ...".

A su vez, la sentencia de esta Sala de 30 de enero de 2012, en relación con el delito de abuso de autoridad que se configuraba en el artículo 103 del derogado Código Penal Militar de 1985, sentaba, con razonamiento aplicable, mutatis mutandis, al artículo 45 del Código punitivo marcial vigente, "que, respecto al subtipo de abuso de autoridad consistente en impedir arbitrariamente a un inferior el ejercicio de algún derecho cuya comisión se amenaza en el artículo 103 del Código Penal Militar, nuestra Sentencia de 17 de enero de 2006, seguida por la de 16 de febrero de 2011, afirma que "la modalidad típica que ahora se alega como variante del Abuso de autoridad, sigue nucleándose en torno al doloso uso abusivo de las facultades de mando, con la consecuencia de haber impedido arbitrariamente su autor el ejercicio de algún derecho, exigencia del tipo que refuerza el componente antijurídico de la conducta en que la actuación arbitraria presupone que el sujeto activo obra con conciencia de la antijuridicidad, esto es, queriendo hacer lo que sabe contrario a derecho y por medio de un comportamiento que no tiene su origen en la norma, sino en el mero capricho o en el voluntarismo de quien actúa. La arbitrariedad punible constituye en todo caso presupuesto de la acción, porque lo que se exige para la comisión del delito es la injusticia que se deduce de la ilegalidad evidente, patente, clamorosa, grosera y esperpéntica, según la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo recaída a propósito del delito de prevaricación, en particular de la prevaricación administrativa (Sentencias 15.10.1999; 12.12.2001; 07.11.2003 y 31.03.2004, entre otras y de esta Sala, a propósito del delito de que se trata, recientemente 22.11.2004). No basta a estos efectos la ilegalidad o mera irregularidad de la actuación corregible por otras vías, incluso la disciplinaria, pues lo que se castiga en vía penal es el ejercicio del mando en términos de estruendosa injusticia o de inadmisible voluntarismo"".

Por su parte, respecto al delito de prevaricación administrativa, la sentencia de la Sala Segunda de este Alto Tribunal núm. 227/2020, de 26 de mayo de 2020 -R. 3424/2018-, tras señalar que "la resolución exigida por el tipo delictivo reseñado debe ser un acto de contenido decisorio que resuelva definitivamente sobre el fondo de un asunto y con eficacia ejecutiva - sentencias núm. 939/2003, de 27 de junio; 405/2009, de 13 de abril; 48/2011, de 2 de febrero; 429/2012, de 21 de mayo y 624/2013, de 27 de junio, entre otras-. En análogos términos se expresaba la sentencia núm. 38/1998, de 23 de enero, reservando ese concepto para el "acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados", considerando al respecto que "lo esencial es que tenga un efecto ejecutivo, esto es, que decida sobre el fondo del tema sometido a juicio de la administración". Más recientemente hemos señalado ( sentencia núm. 200/2018, de 25 de abril con referencia expresa a la sentencia núm. 606/2016, de 7 de julio) que se entiende por resolución: "el acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisivo, que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general, bien sea expresa, tácita, escrita u oral, ya que lo esencial es que posea en sí misma un efecto ejecutivo, recayente sobre un asunto administrativo"" y que "además, el delito exige que la resolución resulte arbitraria en el sentido de que, además de contrariar la razón, la justicia y las leyes, lo haga desviándose de la normal praxis administrativa de una manera flagrante, notoria y patente, esto es, que el sujeto activo dicte una resolución que no sea el resultado de la aplicación del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, una voluntad injustificable revestida de una aparente fuente de normatividad", asevera que "es necesario que la autoridad o funcionario público realice un acto que suponga una absoluta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo inspiran. En este sentido la sentencia de esta Tribunal núm. 723/2009, de 1 de julio de 2009, establece que no toda resolución administrativa ilegal es arbitraria por el mero hecho de resultar contraria a las disposiciones del ordenamiento jurídico. De esta forma, es necesario de la actuación sea manifiestamente arbitraria, esto es, carente de justificación alguna mediante interpretaciones que tengan cabida en el ordenamiento jurídico", viniendo a concluir que "conforme reiteradamente viene señalando esta Sala, para que pueda apreciarse prevaricación administrativa no basta la mera ilegalidad a este respecto. No existe el delito cuando la resolución correspondiente es sólo una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del derecho; se precisa una discordancia tan patente y clara entre esta resolución y el ordenamiento jurídico que cualquiera pudiera entenderlo así por carecer de explicación razonable. Es decir, la injusticia ha de ser tan notoria que podamos afirmar que nos encontramos ante una resolución arbitraria. También es reiterada la doctrina sobre lo que debe entenderse por el contenido de la injusticia o arbitrariedad, que puede provenir tanto en la absoluta falta de competencia del funcionario o autoridad, en la inobservancia de alguna norma esencial del procedimiento o en el propio contenido sustancial de lo resuelto ( sentencia núm. 723/2009, de 1 de julio)"; y en el mismo sentido discurre la sentencia de la nombrada Sala de lo Penal núm. 294/2019, de 3 de junio de 2019 -R. 927/2018-.

SEGUNDO

Sentado lo anterior, a la hora de fijar la competencia para conocer de los hechos denunciados por el guardia civil don Cesareo respecto al hoy Teniente General Efrain resulta determinante el empleo militar de Teniente General que ostenta en la actualidad el que fuese General Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil, pues, según lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, en la redacción conferida por la Disposición final primera .cuatro de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, esta Sala de lo Militar del Tribunal Supremo conocerá "de la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los procedimientos por delitos y faltas no disciplinarias, que sean de la competencia de la Jurisdicción Militar, contra los Capitanes Generales, Generales de Ejército, Almirantes Generales y Generales del Aire, Tenientes Generales y Almirantes cualquiera que sea su situación militar, miembros del Tribunal Militar Central, Fiscal Togado, Fiscales de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y Fiscal del Tribunal Militar Central".

En definitiva, a tenor del precepto legal de mérito esta Sala resulta competente para conocer de la denuncia interpuesta por el guardia civil don Cesareo contra el hoy Teniente General don Efrain, pues, al enmarcarse los hechos denunciados en el ámbito de la relación jerárquica existente entre el Teniente General denunciado y el guardia civil denunciante, tales hechos, caso de ser delictivos, encontrarían su más adecuado encaje en el Código Penal Militar y, más en concreto, en el delito de abuso de autoridad que se configura en el artículo 45 del vigente Código punitivo marcial, por lo que resultarían, en principio, de la competencia de la jurisdicción militar.

Y sobre la base de la anterior premisa, resulta determinante, a efectos de fijar la competencia para conocer de aquellos hechos, el empleo militar de Teniente General que ostenta el denunciado, pues determina el mismo la competencia de esta Sala Quinta del Tribunal Supremo para el conocimiento de los hechos conforme a lo dispuesto en el aludido artículo 23.2 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, a cuyo tenor la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo conocerá "de la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los procedimientos por delitos y faltas no disciplinarias, que sean competencia de la jurisdicción militar, contra los ... Tenientes Generales y Almirantes, cualquiera que sea su situación militar ...".

En conclusión, y de acuerdo con el aludido informe del Excmo. Sr. Fiscal Togado de fecha 8 de octubre de 2020, esta Sala resulta competente para el conocimiento de la denuncia formulada por el guardia civil don Cesareo contra el hoy Teniente General del Instituto Armado Excmo. Sr. don Efrain.

TERCERO

Una vez que ha sido fijada la competencia de esta Sala para el conocimiento de la denuncia formulada, procede ahora entrar en el análisis de la eventual relevancia penal de los hechos denunciados.

En las presentes actuaciones se trata de determinar si los hechos denunciados pudieran ser calificados como legalmente constitutivos del delito tipificado en el artículo 45 del Código Penal Militar de 2015 y tener encaje o ser subsumibles en este o en cualquier otro precepto penal, para proceder, en su caso, a la admisión y trámite de la denuncia.

Pues bien, la sumaria verificación de que han sido objeto los hechos a los que la denuncia del guardia civil don Cesareo se contrae, en lo que concierne al hoy Teniente General de la Guardia Civil Excmo. Sr. don Efrain, al solo objeto de decidir si concurre en los mismos algún indicio delictivo, pone de manifiesto lo siguiente:

En la denuncia de que se trata se imputa al Teniente General Efrain la comisión de un delito de prevaricación administrativa y ello como consecuencia de su intervención en los expedientes disciplinarios -cuatro por falta grave y uno por falta muy grave- incoados al denunciante a lo largo de los años 2017 y 2018.

De acuerdo con la documentación que se adjunta a la denuncia, tales procedimientos administrativos sancionadores son:

En primer lugar, el Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM003, incoado contra el hoy denunciante por orden del General de Brigada Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil Excmo. Sr. don Efrain de 1 de junio de 2017, obrante a los folios 32 a 34 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, como consecuencia del parte formulado por el Cabo Primero, Comandante Accidental del Puesto de Llodio de la Comandancia de Araba/Álava obrante a los folios 32 a 34 de las citadas Diligencias Previas, viniendo dicha orden de incoación precedida de un informe del asesor jurídico de la 11ª Zona de fecha 11 de mayo anterior -folio 36 de los autos-, en el que, tras calificar de forma cautelar la conducta del guardia civil don Cesareo como legalmente constitutiva de una falta grave del apartado 6 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en "la grave desconsideración con los superiores, en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o vistiendo de uniforme", se hace constar, a la vista de lo dispuesto en los artículos 24.1 y 39.1 y 3, en relación con los artículos 23.1 y 29, todos ellos de la nombrada Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, la procedencia de incoar un Expediente Disciplinario por falta grave contra el guardia civil antes citado.

Una vez tramitado el referido Expediente Disciplinario, y previo el preceptivo - artículo 62.2 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre- informe en igual sentido de su asesor jurídico, de 7 de noviembre de 2017, obrante a los folios 42 a 45 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, el General de Brigada Jefe de la 11ª Zona impuso al guardia civil don Cesareo, mediante resolución de fecha 13 de noviembre siguiente que figura a los folios 38 a 41 de las actuaciones, la sanción de pérdida de ocho días de haberes con suspensión de funciones, resolución que fue confirmada en alzada por la del Director General de la Guardia Civil de fecha 15 de febrero de 2018, y, a mayor abundamiento, el Tribunal Militar Central, en sentencia de 27 de junio de 2019, actualmente recurrida en casación ante esta Sala, desestimó el recurso contencioso-disciplinario militar interpuesto por el denunciante contra las antedichas resoluciones sancionadoras dictadas en el Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM003.

En segundo término, el Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM001, incoado contra el ahora denunciante por orden del General de Brigada Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil, Excmo. Sr. don Efrain de 14 de junio de 2017, obrante a los folios 46 y 47 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, como consecuencia del parte formulado por el Teniente Oficial Adjunto de la 2ª Compañía de Llodio de la Comandancia de Araba/Álava, viniendo dicha orden de incoación precedida de un informe del asesor jurídico de la 11ª Zona de fecha 13 de junio anterior -folio 48 de los autos-, en el que, tras calificar de forma cautelar la conducta del guardia civil don Cesareo como legalmente constitutiva de una falta grave del apartado 5 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en "la falta de subordinación", se hace constar, a vista de lo dispuesto en los artículos 24.1 y 39.1 y 3, en relación con los artículos 23.1 y 29, todos ellos de la aludida Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, la procedencia de incoar un Expediente Disciplinario por falta grave contra el guardia civil antes citado.

Por resolución de 21 de mayo de 2018, que figura a los folios 101 a 103 de los autos, el por entonces General de Brigada Efrain acordó, previo dictamen de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil de 11 de enero de 2018, que obra a los folios 104 a 106 de las actuaciones, la terminación del Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM001 declarando la caducidad del mismo, con su consiguiente archivo, conviniendo dejar constancia de que aun cuando el informe de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil al que se acaba de hacer mención preveía la posibilidad de apertura de un nuevo procedimiento por los mismos hechos para el caso de no haberse producido la prescripción de la falta imputada, en la resolución dictada por el General de Brigada Efrain, no obstante constatar que la falta grave imputada no había prescrito, se acordó el archivo definitivo de las actuaciones al considerar que los hechos que el Instructor consideró probados en la propuesta de resolución tenían "relación directa con los ya investigados, y recientemente sancionados, en el expediente disciplinario por falta muy grave número NUM000, también instruido al guardia civil Cesareo; por lo que, la reapertura de un nuevo expediente pudiera dar lugar a bis in idem".

En tercer lugar, el Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM002, incoado contra el hoy denunciante por orden del General de Brigada Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil Excmo. Sr. don Efrain de 29 de noviembre de 2017 como consecuencia del parte formulado por el Teniente Oficial Adjunto de la 2ª Compañía de Llodio de la Comandancia de Araba/Álava obrante a los folios 49 y 50 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, viniendo dicha orden de incoación precedida de un informe del asesor jurídico de la 11ª Zona de fecha 15 de noviembre anterior -folio 51 de los autos-, en el que, tras calificar de forma cautelar la conducta del guardia civil don Cesareo como legalmente constitutiva de una falta grave del apartado 37 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en "la infracción de cualquier otro deber u obligación legal o reglamentariamente establecida que resulte inherente al cargo o la función, cuando se produzca de forma grave y manifiesta", se hace constar, a vista de lo dispuesto en los artículos 24.1 y 39.1 y 3, en relación con los artículos 23.1 y 29, todos ellos de la aludida Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, la procedencia de incoar un Expediente Disciplinario por falta grave contra el guardia civil antes citado; por el General de Brigada Efrain se desestimó, por resolución de fecha 13 de diciembre de 2017 que figura a los folios 78 y 79 de los autos, igualmente de conformidad con lo previamente informado el 12 de diciembre anterior por su Asesor Jurídico -folio 80 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019-, la recusación del Instructor del Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM002 formulada por el guardia civil Cesareo hoy denunciante.

Por resolución de 12 de julio de 2018, obrante a los folios 107 a 109 de los autos, el General de Brigada Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil, Excmo. Sr. don Efrain, acordó, de conformidad con el preceptivo informe de su asesor jurídico de 10 de julio anterior, obrante a los folios 110 a 112 de las actuaciones, la terminación del Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM002, declarando la caducidad del mismo, con su consiguiente archivo, si bien haciendo constar que en este caso dicha declaración de caducidad no impide la apertura de un nuevo procedimiento por los mismos hechos, que deberá sustanciarse por un Instructor distinto del que actuó en el expediente ya caducado, siempre y cuando la infracción no se hallare prescrita, habiéndose procedido a la apertura de un nuevo Expediente Disciplinario por los mismos hechos.

En cuarto término, el Expediente Disciplinario por falta muy grave núm. NUM000, incoado contra el hoy denunciante por orden del Sr. Director General de la Guardia Civil de 4 de agosto de 2017 como consecuencia del informe obrante al folio 52 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019 elevado a dicha autoridad por el General de Brigada Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil Excmo. Sr. don Efrain, dimanante del parte disciplinario emitido por el Cabo Primero Comandante Accidental del Puesto de Llodio de la Comandancia de Araba/Álava, dando cuenta de la presunta comisión por el guardia civil don Cesareo de una falta grave prevista en el apartado 20 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en "cualquier otra infracción a la normativa legal sobre utilización de medios técnicos de captación de imágenes y sonidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos", informe elevado por el General Efrain a la Dirección General del Cuerpo al entender que los hechos pudieran ser legalmente constitutivos de una falta muy grave del apartado 22 del artículo 7 de la aludida Ley Orgánica 12/2007, consistente en "utilizar los medios técnicos regulados en la normativa legal sobre videocámaras para fines distintos de los previstos en esta", y no de la reseñada falta grave, "al entender que la extracción de imágenes del sistema de CCTV se realizó sin autorización previa del Responsable del Tratamiento y fuera de los casos previstos por la normativa aplicable".

Este cambio en la tipificación propuesto por el General de Brigada Excmo. Sr. don Efrain fue plenamente asumido por el Sr. Director General de la Guardia Civil, quien emitió orden de proceder con fecha 4 de agosto de 2017 y que, en resolución de 11 de mayo de 2018 obrante a los folios 53 a 58 de los autos, y previo informe de 7 de mayo anterior del Excmo. Sr. General Auditor Jefe de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil -folios 59 a 66 de las actuaciones- en idéntico sentido, acordó la terminación del Expediente Disciplinario por falta muy grave núm. NUM000 imponiendo al guardia civil don Cesareo la sanción disciplinaria de ocho meses de suspensión de empleo por la comisión de la falta muy grave prevista en el apartado 22 del artículo 7 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario del Benemérito Instituto, consistente en "utilizar los medios técnicos regulados en la normativa legal sobre videocámaras para fines distintos de los previstos en ésta", "con los efectos previstos en el artículo 13 de la meritada Ley disciplinaria, en particular, la pérdida del destino que venía ocupando en el Puesto Principal de Llodio, así como la imposibilidad de obtener otro en el ámbito territorial de la Comandancia de Álava, durante un periodo de dos años".

Y, en quinto, y último, lugar, el Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM004, incoado contra el hoy denunciante por resolución del General de Brigada Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil Excmo. Sr. don Efrain de 23 de abril de 2018, obrante a los folios 67 a 69 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, por la presunta comisión de la falta grave configurada en el apartado 21 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en "cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas".

Tras recibirse en la Jefatura de la 11ª Zona de la Guardia Civil, por conducto del Sr. Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava, cinco partes disciplinarios en sobre cerrado y confidencial emitidos por el guardia civil don Cesareo contra el Cabo Primero don Rubén y el guardia civil don Nemesio, por el General Efrain se ordenó instruir una Información reservada para un mejor esclarecimiento de los hechos narrados en los citados partes.

En las conclusiones finales de la referida Información reservada, instruida por el Teniente Adjunto a la 1ª Compañía -Vitoria-Gasteiz-, se concluía que la actuación del guardia civil don Cesareo podría constituir una falta grave contenida en el apartado 21 del artículo 8, consistente en "cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas o formuladas con carácter colectivo" y una falta muy grave del apartado 21 del artículo 7, consistente en "reproducir las imágenes y sonidos obtenidos con videocámaras para fines distintos a los previstos", ambos de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.

Remitida toda esta documentación a la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil a los efectos de informe sobre las infracciones disciplinarias que pudieran existir, por el Excmo. Sr. General Auditor Jefe de la misma se evacuó, con fecha de 19 de marzo de 2018, informe, obrante a los folios 70 a 73 de las actuaciones, en el que se aprecia la inexistencia de la falta muy grave, si bien se considera, "con las debidas cautelas que conlleva la imputación indiciaria que nos ocupa", que "existen méritos en el presente caso para presumir la posible comisión de la falta prevista en el art. 8.21; toda vez que las manifestaciones obrantes en los partes disciplinarios, pudieran ser, a la par que objetivamente inveraces, frontalmente contrarias a la disciplina"; consecuentemente con lo anterior, por resolución del General Jefe de la 11ª Zona, Excmo. Sr. don Efrain, de 23 de abril de 2018, que figura a los folios 67 a 69 de los autos, se acordó la incoación del Expediente Disciplinario núm. NUM004, por la presunta comisión de la falta grave configurada en el apartado 21 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en "cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas", en relación con la conducta del guardia civil don Cesareo.

También en este Expediente Disciplinario el guardia civil don Cesareo recusó al Instructor del mismo, recusación desestimada por resolución del General Efrain de fecha 8 de mayo de 2018 que figura a los folios 81 y 82 de las actuaciones, de conformidad con el previo informe de su asesor jurídico de la misma fecha que obra al folio 83 de los autos.

Critica el guardia civil don Cesareo, tanto en su escrito de denuncia como en la ratificación que del mismo efectuó ante la titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de Vitoria, en una de las escasas alusiones directas al Excmo. Sr. General Jefe de la 11ª Zona, los términos en los que se expresa la resolución de fecha 8 de mayo de 2018, en concreto por calificar alguna de sus aseveraciones como "esperpénticas", pero es lo cierto que, una vez más, el General Efrain se limita, en su resolución, a reproducir las consideraciones contenidas en el prenombrado dictamen de su asesor jurídico, en el que incluso al adjetivo "esperpéntica" añadió el de "desaforada", expresión esta última omitida por el Excmo Sr. don Efrain.

CUARTO

A la vista del contenido de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019, la Sala rechaza que pueda apreciarse en la conducta observada por el hoy Teniente General denunciado cualquier indicio de actuación prevaricadora, y más concretamente de abuso de autoridad cuya comisión se amenaza en el artículo 45 del vigente Código Penal Militar -a cuyo tenor "el superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión"-, cuya esencia, como en el delito de prevaricación, a tenor del auto de esta Sala de 24 de septiembre de 2015, "radica en la arbitrariedad con que actúa el sujeto activo, autoridad o funcionario, que dicta la resolución administrativa y que se comporta al margen de cualquier interpretación razonable de la normativa aplicable, a la que se desplaza por el puro voluntarismo del autor, que se erige en caprichosa y antijurídica fuente de lo que se dice ser el derecho. La arbitrariedad constituye un "plus" respecto de la mera ilegalidad corregible por aquella vía jurisdiccional (recientemente Sentencia 259/2015, de 30 de abril, de la Sala 2ª de este Tribunal Supremo)".

Siguiendo nuestro precitado auto de 24 de septiembre de 2015, aplicable, mutatis mutandis, al artículo 45 del vigente Código punitivo marcial, no cabe afirmar que en el caso se haya hecho un uso abusivo de las facultades que asisten al mando - artículo 45 del Código Penal Militar-, "con conciencia y voluntad de la antijuridicidad de actuación desviada o torcida de la finalidad para la que se conciben y otorgan las potestades administrativas, sancionadoras en la ocasión. La jurisprudencia de esta Sala (Sentencias 17.01.2006 y 16.02.2011, entre otras), establece un paralelismo conceptual entre el tipo de Abuso de autoridad del art. 103 CPM y la Prevaricación administrativa, sobre la base de la común exigencia de que concurra la arbitrariedad como presupuesto de la acción, esto es, la actuación que excluye conscientemente la aplicación de la norma, que se sustituye por el mero capricho o el voluntarismo de quien actúa. De manera que para la realización del delito de que se trata no basta la simple ilegalidad enmendable por otra vía, sino la injusticia que se deduce de la ilegalidad evidente, patente, clamorosa, grosera y esperpéntica, como viene afirmando la jurisprudencia de la Sala 2ª de este Tribunal a propósito del delito de Prevaricación administrativa. En definitiva, no basta a efectos penales con el desajuste de lo resuelto con el ordenamiento jurídico, sino que se requiere que el ejercicio del mando abusivo y perjudicial en todo caso para el subordinado, se produzca en términos de estruendosa injusticia o de inadmisible voluntarismo".

Respecto al tipo subjetivo del delito de prevaricación administrativa, la Sala Segunda de este Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 477/2018, de 17 de octubre de 2018 -R. 2187/2017-, tras aseverar que "en cuanto al elemento subjetivo reiterada jurisprudencia, por todas STS 82/2017, de 13 de febrero, viene exigiendo que en el delito de prevaricación el autor actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución. Los términos injusticia y arbitrariedad deben entenderse aquí utilizados en sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, el conocimiento debe abarcar necesariamente el carácter arbitrario de la resolución. De conformidad con lo expresado en las SSTS núm. 766/1999, de 18 mayo y 797/2015, de 24 de noviembre, como el elemento subjetivo viene legalmente expresado con la locución "a sabiendas", se puede decir, en resumen, que se comete el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado ( STS. 443/2008 de 1 de julio). Por tanto, en el delito de prevaricación el elemento subjetivo es determinante para diferenciar la mera ilegalidad administrativa, por grave que resulte, del comportamiento sancionado penalmente. Dictar, u omitir, la resolución arbitraria no determina, por sí mismo, la comisión del delito de prevaricación, si no se constata la concurrencia del elemento subjetivo de la prevaricación, pues para ello se requiere, como señala la STS 152/2015, de 24 de febrero o la STS 797/2015, de 24 de noviembre, la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido ... La arbitrariedad de la resolución, la actuación a sabiendas de su injusticia, tiene ordinariamente una finalidad de beneficiar o perjudicar a alguien, por lo que la prueba del elemento subjetivo exige constatar la concurrencia de indicios de algún tipo de interés que explique el carácter espurio de la resolución dictada. Pero la alegación gratuita del desconocimiento del carácter injusto y arbitrario de la resolución no basta para excluir el tipo subjetivo. Ha de concretarse con cautela ese elemento subjetivo. Como se recordaba en la STS 797/2015, de 24 de noviembre, las Autoridades y funcionarios administrativos de alto rango no pueden conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que les son sometidos a la firma, por lo que generalmente deben fiarse de los informes técnicos que los avalan, y lo mismo puede decirse en el caso de los comportamientos omisivos, en los que no necesariamente tienen que conocer la obligatoriedad de dictar una resolución. Por ello es conveniente constatar la concurrencia de indicios que pongan de relieve algún tipo de interés espurio que acredite que la autoridad o funcionario administrativo actúa con plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, es decir, que quiere el resultado injusto y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración" y que "por ello la exigencia típica de que el funcionario público haya dictado la resolución de que se trate "a sabiendas de su injusticia" permite excluir del tipo penal aquellos supuestos en los que el funcionario tenga "dudas razonables" sobre la injusticia de su resolución; estimando la doctrina que en tales supuestos nos hallaríamos en el ámbito del Derecho disciplinario y del derecho administrativo-sancionador, habiendo llegado algunas resoluciones judiciales a excluir de este tipo penal la posibilidad de su comisión por dolo eventual ( SSTS de 19 de octubre de 2000 y de 21 de octubre de 2004)", sienta que "en definitiva para colmar la tipicidad objetiva y subjetiva será necesario lo que sigue: en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico- jurídica mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto, y en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la particular voluntad de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. La expresión "a sabiendas", según las SSTS de 30 de mayo de 2003, 22 de septiembre de 2003, 25 de mayo de 2004, 1 de julio de 2009, no solo elimina del tipo la comisión culposa, sino también la comisión del delito a título de dolo eventual".

En las resoluciones adoptadas por el hoy Teniente General de la Guardia Civil Excmo Sr. don Efrain en los Expedientes Disciplinarios incoados al hoy denunciante no se aprecia, ni por asomo, en razón de cuanto se ha expuesto al examinar la actuación de dicho oficial general en cada uno de ellos, que ninguna de tales actuaciones sea contraria a Derecho, es decir, ilegal, pues se han ajustado escrupulosamente todas ellas a lo previsto en el ordenamiento jurídico, especialmente en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, habiendo actuado, siempre, el indicado Teniente General de conformidad con lo informado y propuesto por los correspondientes asesores jurídicos y en ejercicio de las facultades, y deberes, que le imponía la meritada Ley Orgánica, no habiéndose ocasionado a resultas de tales actuaciones resultado materialmente injusto alguno al ahora denunciante sino el que, a tenor de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 12/2007 y según el preceptivo informe del asesor jurídico correspondiente, era obligado adoptar por el entonces General de Brigada Excmo. Sr. don Efrain, sobre el que pesaba el deber legal de incoar aquellos procedimientos sancionadores y resolverlos previo informe del correspondiente asesor jurídico, del que en ninguno de ellos se apartó.

Con independencia de la decisión que, en definitiva, pueda adoptarse en la vía jurisdiccional contencioso-disciplinaria sobre la adecuación a Derecho de las resoluciones adoptadas en aquellos procedimientos sancionadores, la actuación del hoy Teniente General de la Guardia Civil denunciado al ejercer, previos los asesoramientos jurídicos preceptivos, la potestad sancionadora respecto del denunciante en los términos dichos de razonable interpretación de la norma habilitante, no reviste carácter punible, pues, como se desprende de los pronunciamientos jurisprudenciales antecitados, para que se integre el delito de abuso de autoridad, en su modalidad de abuso de facultades de mando o de la posición en el servicio, cuya comisión se contempla en el artículo 45 del vigente Código Penal Militar, resulta preciso que dicho abuso de facultades de mando o de la posición en el servicio constituya una ilegalidad evidente y flagrante, lo que, como resulta del examen de la intervención del hoy Teniente General Efrain en los Expedientes Disciplinarios incoados al denunciante, no ocurre.

QUINTO

De todo lo hasta ahora expuesto en relación con los expedientes sancionadores incoados al denunciante cabe concluir que todas las resoluciones adoptadas por el hoy Teniente General Efrain en su condición de General de Brigada Jefe de la 11ª Zona de la Guardia Civil respecto a la incoación y resolución de los Expedientes Disciplinarios por falta grave núms. NUM003, NUM001, NUM002 y NUM004 y respecto a la elevación del informe que dio lugar a la incoación del Expediente Disciplinario por falta muy grave núm. NUM000, todos ellos relativos al guardia civil don Cesareo hoy denunciante, así como las decisiones sobre caducidades y recusaciones adoptadas por el Excmo. Sr. don Efrain lo fueron de conformidad con los previos dictámenes bien de su asesor jurídico bien de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil, y si bien en el informe obrante al folio 52 de las actuaciones el entonces General de Brigada Efrain calificó como constitutivos de falta muy grave unos hechos que el Cabo Primero Comandante Accidental del Puesto de Llodio, al remitir el parte contra el guardia civil don Cesareo, había incardinado en la falta grave del apartado 20 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario del Instituto Armado, ha de tenerse en cuenta no solo que se trató de un informe elevado a quien tenía la competencia sancionadora, es decir, el Sr. Director General de la Guardia Civil, sino que tanto esta autoridad como su Asesoría Jurídica y el Consejo Superior de la Guardia Civil avalaron tal calificación, considerando que los hechos realizados por el hoy denunciante objeto de aquel informe eran efectivamente constitutivos de una falta muy grave de las previstas en el apartado 22 del artículo 7 de la citada Ley Orgánica, consistente en "utilizar los medios técnicos regulados en la normativa legal sobre videocámaras para fines distintos de los previstos en ésta", tal y como el Excmo. Sr. General de Brigada don Efrain estimaba en aquel informe que obra al folio 52 de las Diligencias Previas núm. 1/21/2019.

Encontrándose en el origen de todos los hechos denunciados, como resulta no ya de los propios términos de la denuncia formulada por el guardia civil don Cesareo sino de la declaración de este en el Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de Vitoria, las fuertes desavenencias existentes entre ciertos componentes del Puesto de Llodio, esta situación en momento alguno fue negada, descartada u ocultada por el Teniente General ahora denunciado, quien ya en su resolución de 13 de junio de 2016, obrante al folio 138 de los autos, por la que, a la vista del parte formulado por el nombrado guardia civil en fecha 19 de abril anterior dando cuenta de las presuntas faltas graves apreciadas al guardia civil don Camilo, tipificadas en los apartados 1 y 5 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, y consistentes en "la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil", la primera y en "la falta de subordinación", la segunda, manifestó que "considera esta Autoridad que los hechos relatados por el guardia civil Cesareo, constituyen unos problemas graves de convivencia en los pabellones oficiales del Cuerpo en los que ambos residen, corregibles con la aplicación de cuanto dispone al respecto la Orden General número 5, dada en Madrid el día 19 de mayo de 2005, sobre regulación de Pabellones oficiales de la Guardia Civil; no siendo por tanto de aplicación, en el caso que nos ocupa, el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil", acordando, en consecuencia, "no ordenar la incoación de Expediente Disciplinario por falta Grave contra el referenciado, por estimar que los hechos objeto del parte no son constitutivos de falta disciplinaria".

Y la única ocasión en que el entonces General de Brigada Efrain se separó de lo previamente informado por sus asesores jurídicos ha sido, precisamente, en beneficio del guardia civil don Cesareo ahora denunciante, pues, por resolución de 21 de mayo de 2018, acordó, previo informe de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil de 11 de enero de 2018, la terminación del Expediente Disciplinario por falta grave núm. NUM001 declarando la caducidad del mismo, con su consiguiente archivo, y aun cuando en el aludido informe de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil se preveía la posibilidad de apertura de un nuevo procedimiento por los mismos hechos para el caso de no haberse producido la prescripción de la falta imputada, en la resolución dictada por el hoy Teniente General Efrain se acordó, no obstante constatarse que la falta grave imputada no había prescrito, el archivo definitivo de las actuaciones al considerar que los hechos que el Instructor consideró probados en la propuesta de resolución tenían "relación directa con los ya investigados, y recientemente sancionados, en el expediente disciplinario por falta muy grave número NUM000, también instruido al guardia civil Cesareo; por lo que, la reapertura de un nuevo expediente pudiera dar lugar a bis in idem".

Todo lo anterior nos permite concluir que no ha existido por parte del oficial general denunciado el más mínimo indicio de actuación prevaricadora y que, con independencia de las decisiones que, en el futuro, se puedan adoptar en vía jurisdiccional contencioso-disciplinaria en relación con la adecuación a Derecho de las resoluciones sancionadoras dictadas, la actuación del hoy Teniente General, Excmo. Sr. don Efrain, ejerciendo la potestad sancionadora respecto del denunciante, siempre previos los asesoramientos jurídicos preceptivos, no reviste, en modo alguno, carácter delictivo.

En este sentido, resulta preciso recordar que, como se ha señalado, la finalidad de los artículos 404 del Código Penal y 45 del Código Penal Militar no es la corrección de meras ilegalidades o irregularidades administrativas -que, en el caso, tampoco son de apreciar-, sino que resulta necesario algo más, viniendo concretado legalmente ese plus en la exigencia de que se trate de una resolución injusta y arbitraria, de una desviación o torcimiento del derecho de tal naturaleza que evidencie, de forma clamorosa, patente e incluso grosera, la sustitución de la interpretación razonable de la normativa aplicable por el mero capricho o voluntarismo de quien así actúa, y es lo cierto que nada de esto, repetimos, se desprende de la numerosa documentación obrante en las actuaciones y aportada por el propio denunciante, pues en ninguna de las resoluciones dictadas por el hoy Teniente General denunciado se aprecia un abuso de las facultades de mando o de su posición en el servicio, sino, por el contrario, no solo la más escrupulosa sujeción a la normativa disciplinaria del Instituto Armado sino un uso cabal, prudente y moderado de las facultades que dicha normativa le concedía.

SEXTO

Lo expuesto hasta ahora pone de manifiesto la falta de relevancia penal de los hechos denunciados, que, por las razones indicadas, no resultan incardinables, al menos indiciariamente, en alguno de los tipos penales que podrían comprender dicha conducta en los textos penales militares.

A tal efecto, cabe significar que, como señala nuestro auto de 11 de diciembre de 2017, para que se integre el delito de abuso de autoridad, en su modalidad de abuso de facultades de mando o de la posición en el servicio, cuya comisión se amenaza en el artículo 45 del Código punitivo castrense hoy vigente, "resulta preciso que dicho abuso de facultades de mando o de la posición en el servicio constituya una ilegalidad evidente y flagrante", lo que, en razón de lo expuesto, ni por asomo es el caso.

A tal efecto, y en relación con el tipo penal de abuso de autoridad del artículo 45 del Código Penal Militar de 2015, en su modalidad de irrogación de perjuicio grave a un subordinado, ha puesto de relieve esta Sala, en su precitado auto de 11 de diciembre de 2017, siguiendo nuestras sentencias de 16 de febrero de 2011 y 17 de enero de 2006, que el mismo exige, "como elemento objetivo que la conducta del autor, investido de facultades de mando respecto del sujeto pasivo, consista en el ejercicio abusivo de la dicha potestad inherente a la condición de militar superior. Lo abusivo, que es concepto relativamente indeterminado, resulta equivalente a lo excesivo, desmesurado o desmedido y también a lo injusto o arbitrario y más concretamente al mal uso que se hace de las atribuciones o potestades que corresponden al cargo que se desempeña, utilizándolas para finalidades distintas o desviadas de aquéllas para las que están concebidas. El mando tiene carácter instrumental, como se dice en la sentencia de instancia, y su ejercicio se entiende en función del desenvolvimiento racional de las relaciones jerárquicas dentro de las Fuerzas Armadas, de manera que se mantenga la disciplina como factor de cohesión esencial en el ámbito castrense. Dicho de otro modo, el mando tiene carácter servicial y funcional y no se justifica por sí mismo sino por el uso que de éste se hace para la realización de las misiones y cometidos que los Ejércitos o los Institutos Armados tienen asignadas. A través del uso del mando responsable, razonable y adecuado a las circunstancias, se articulan las relaciones entre los militares, equilibradas dentro del mutuo respeto que se deben superiores e inferiores en empleo, sin perjuicio de la posición de jerarquía que asegure el cumplimiento de las órdenes impartidas", añadiendo que "el tipo subjetivo requiere un comportamiento doloso, esto es, que el autor sabe el mal uso que hace del mando (elemento intelectual) y actúa en función de ese conocimiento (elemento volitivo), sin necesidad de que concurra algún componente intencional o de tendencia dirigido a la causación de algún efecto. El resultado típico consiste en "irrogar un perjuicio grave al inferior", que éste debe experimentar como consecuencia de aquella conducta abusiva. La determinación de la gravedad del perjuicio como resultado de la conducta es concepto normativo, sometido a la ponderada y casuística apreciación judicial, sobre todo en consideración a la amplitud del término "perjuicio" que, en principio, puede referirse a cualquier clase de lesión, enfermedad, quebranto, daño o menoscabo, y luego su grave entidad cuyo relativismo requerirá por razones de seguridad jurídica, que se integre mediante remisión a otras normas aplicables por razón de análogo fundamento. El grave perjuicio ha de ser ocasionado por aquella actuación o conducta del sujeto activo, en términos de adecuada relación o nexo causal de manera que el juicio de autoría dependerá en primer lugar de la imputación causal, ya sea aquella conducta única o preponderante en términos de decisiva influencia en su producción. Tal resultado que forma parte del tipo objetivo, ha de ser abarcado por el dolo del autor al menos a título de dolo eventual, en que éste se representa el desenlace y lo acepta como consecuencia de su acción".

En el supuesto que nos ocupa, y tal y como se ha indicado, resulta evidente, además, que no concurre, en absoluto, en las resoluciones en su día adoptadas por el Teniente General Efrain ni la ilegalidad ni la flagrante arbitrariedad que, como se ha expuesto, exige el tipo penal del abuso de autoridad en su modalidad de irrogar un perjuicio grave a un subordinado del artículo 45 del Código Penal Militar. Por el contrario, las actuaciones llevadas a cabo por el citado oficial general ponen de manifiesto que las resoluciones disciplinarias dictadas por este se ajustan escrupulosamente a las normas vigentes en la materia.

Por otro lado, tampoco se aprecia la concurrencia en los hechos denunciados del inequívoco elemento subjetivo de carácter doloso preciso para colmar el tipo penal de abuso de autoridad de que se trata, específicamente, a tenor de nuestro auto de 11 de diciembre de 2017 y la sentencia de esta Sala de 17 de febrero de 2016, "de dolo directo como sucede con las figuras del abuso de autoridad ...".

SÉPTIMO

Esta Sala, por las razones que ha dejado expuestas con anterioridad, y por lo que concierne exclusivamente al denunciado, Excmo. Sr. Teniente General de la Guardia Civil don Efrain, no aprecia indicios de delito alguno en los hechos denunciados por el guardia civil don Cesareo, con lo que, lógicamente, se desvanece el correspondiente juicio de posible tipicidad penal de tales hechos respecto de cualquiera de los delitos de que se ha hecho mención en los Fundamentos de Derecho que anteceden por lo que atañe al citado oficial general.

A este respecto, y como se señala en nuestro auto de 11 de diciembre de 2017, "conviene recordar que la mera presentación de una denuncia no determina, sin más, la incoación de un procedimiento penal, sino que impone la necesidad de realizar una inicial valoración de los hechos relatados en ella y, en el supuesto que de tal valoración, como es el caso, se derive la irrelevancia penal de estos, resulta oportuno proceder a su inadmisión a trámite, inadmisión que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del denunciante en su vertiente de acceso a la jurisdicción".

En este sentido, y como señala la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 115/2001, de 10 de mayo, seguida por la de la Sala Segunda del Juez de la Constitución 178/2001, de 17 de septiembre, "es cierto que la pretensión punitiva de quien ejercita la acusación, desde su condición de persona agraviada o perjudicada, no obliga al Estado, único titular del ius puniendi, a castigar en todo caso, pues la Constitución no otorga a los ciudadanos un pretendido derecho a obtener condenas penales ( SSTC 31/1996 , de 27 de febrero, FJ 10 ; 41/1997 , de 10 de marzo, FJ 4 ; 116/1997 , de 23 de junio, FJ 5 ; 67/1998 , de 18 de marzo, FJ 2 , y 215/1999 , de 29 de noviembre , FJ 1). Tampoco el ejercicio de la acción penal conlleva la existencia de un "derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso, sino solamente a un pronunciamiento motivado del Juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando, en su caso, las razones por las que inadmite su tramitación" ( STC 157/1990 , de 18 de octubre , FJ 4)".

Por ello, en razón de lo hasta ahora expuesto, y teniendo en cuenta que, a la vista del conjunto de circunstancias que, según hemos señalado, concurren, en modo alguno puede apreciarse que de los hechos expuestos en la denuncia presentada, con fecha de 5 de octubre de 2018, por el guardia civil don Cesareo en el registro del Juzgado de Instrucción de Guardia de Vitoria- Gasteiz -Álava-, ya sean considerados de forma individual o en su conjunto, se deriven indicios de resultar los mismos constitutivos de delito alguno imputable al hoy Teniente General de la Guardia Civil, Excmo. Sr. don Efrain, entiende la Sala que resulta procedente disponer el archivo, sin más trámite, de las actuaciones incoadas como consecuencia de la denuncia interpuesta por el indicado guardia civil en lo que atañe, exclusivamente, al citado Teniente General.

OCTAVO

Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987 de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar .

En consecuencia; visto lo que se dispone en el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Primero.- Declararse competente para el conocimiento de la denuncia presentada, con fecha de 5 de octubre de 2018, por el guardia civil don Cesareo en el registro del Juzgado de Instrucción de Guardia de Vitoria-Gasteiz -Álava-, contra el hoy Teniente General de la Guardia Civil, Excmo. Sr. don Efrain.

Segundo.- No haber lugar a admitir a trámite la denuncia deducida por el guardia civil don Cesareo exclusivamente por lo que atañe al hoy Teniente General de la Guardia Civil, Excmo. Sr. don Efrain, por no deducirse de lo actuado la concurrencia de ningún hecho de carácter delictivo que pudiera ser imputado a dicho Teniente General.

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Tercero.- La devolución de las actuaciones, para su continuación conforme a Derecho, al Juzgado Togado Militar Central núm. 1.

Cuarto.- Sin costas.

Notifíquese la presente resolución al denunciante y al Excmo. Sr. Fiscal Togado, con instrucción de que pueden interponer ante esta Sala recurso de súplica en el plazo de tres días que fija el artículo 272 de la Ley Procesal Militar, y remítase testimonio de la misma a la Sra. Directora General de la Guardia Civil, para su conocimiento y el del Excmo. Sr. Teniente General del Instituto Armado don Efrain, a quien deberá dar traslado de copia certificada de dicho testimonio.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.