ATS, 8 de Septiembre de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 08 Septiembre 2020 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 08/09/2020
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 4661/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín Procedencia: T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.5
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Transcrito por: JHV/RB
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4661/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
Dª. María Lourdes Arastey Sahún
D. Sebastián Moralo Gallego
D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín
En Madrid, a 8 de septiembre de 2020.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín.
Por el Juzgado de lo Social Nº 32 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 20 de junio de 2018, en el procedimiento nº 275/2018 seguido a instancia de D.ª Leticia contra el Servicio Madrileño de Salud, sobre reconocimiento de derecho, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 25 de octubre de 2019, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 28 de noviembre de 2019 se formalizó por el letrado D. Miguel Ángel Santalices Romero en nombre y representación de D.ª Leticia, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 26 de junio de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012), 22/07/2013 (R. 2987/2012), 25/07/2013 (R. 3301/2012), 16/09/2013 (R. 302/2012), 15/10/2013 (R. 3012/2012), 23/12/2013 (R. 993/2013), 29/04/2014 (R. 609/2013) y 17/06/2014 (R. 2098/2013).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012), 23/05/2013 (R. 2406/2012), 13/06/2013 (R. 2456/2012), 15/07/2013 (R. 2440/2012), 16/09/2013 (R. 2366/2012), 03/10/2013 (R. 1308/2012), 04/02/2014 (R. 677/2013) y 01/07/2014 (R. 1486/2013).
Se recurre en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 25 de octubre de 2019, R. Supl. 604/2018, que estimó el recurso de suplicación interpuesto por la Comunidad de Madrid, y revocó la sentencia de instancia, y en su lugar desestimó la demanda de la trabajadora y absolvió a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su contra. La sentencia de instancia había estimado la demanda de la trabajadora frente al Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, y declaró que la trabajadora se encontraba vinculada con la Comunidad de Madrid mediante una relación laboral de carácter indefinido no fijo.
La actora presta servicios para la Comunidad de Madrid, como personal laboral, con antigüedad de 19 de septiembre de 2005 y categoría profesional de auxiliar de control e información. La relación laboral se establece en virtud de contrato de interinidad para cobertura de vacante vinculada a oferta de empleo público a tiempo completo suscrito el 14 de septiembre de 2005. En el contrato se disponía que la trabajadora ocuparía provisionalmente de forma interina y hasta la conclusión de los procesos selectivos regulados en los artículos 13.2 y 3 del Convenio Colectivo, una vacante concreta vinculada a la oferta pública de empleo correspondiente al año 2000. En mayo de 2008 se convocaron pruebas selectivas de promoción profesional específica para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría de auxiliar de control e información (Grupo V, Nivel 2, Área C).
La sala de suplicación constata que la actora ha estado vinculada a la demandada por un contrato temporal de interinidad para la cobertura de vacante durante más de tres años, pero ello no significa que haya adquirido la condición de trabajadora indefinida no fija. La sentencia de suplicación se remite a la jurisprudencia de esta Sala Cuarta, expresada en la sentencia de 4 de julio de 2019 (Rcud 2357/2018) que exige que se acredite la existencia de fraude o abuso en la contratación temporal, y que como indicó esta propia sala en la Sentencia de 24 de abril de 2019 (Rcud 1001/2017), el artículo 70 EBEP no establece que el mero transcurso del plazo de tres años suponga la novación de los contratos de interinidad por cobertura de vacante; debiendo los tribunales valorar, en el caso concreto, si la excesiva duración justifica su conversión en contrato indefinido. Concluye la sala de suplicación que la sentencia de instancia se limitaba a reconocer la condición de la actora como trabajadora indefinida no fija con base en el transcurso de más de tres años del contrato de interinidad para la cobertura de la vacante, por lo que estimó el recurso y con revocación de la sentencia de instancia desestimó la demanda de la trabajadora.
Recurre la trabajadora en casación para la unificación de doctrina centrando el núcleo de la contradicción en la determinación del carácter de la relación laboral existente entre las partes cuando el contrato de interinidad para cobertura de vacante ha durado más de tres años. Se invoca de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2019, (Rec. 1001/17).
En ella se declara indefinida no fija la relación laboral de la actora, que viene prestando servicios para la demandada como directora del centro de servicios sociales de Ribadavia, en virtud de los siguientes contratos: 1.- Contrato de fomento de empleo desde el 28/7/92 al 27/7/95. 2.- Contrato de interinidad desde el 28/7/95 para cubrir la vacante de directora del centro de servicios sociales de Ribadavia hasta que se cubriera la vacante por el procedimiento legalmente establecido o se amortizara la plaza. La sala parte de la base de que la superación de los plazos previstos en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público no implican la conversión de la relación laboral en indefinida no fija, pero entiende que deviene inadmisible el mantenimiento de una contratación temporal en circunstancias como la concurrente en el presente caso. Así, dadas las circunstancias del presente caso, no es necesario resolver sobre la naturaleza y carácter del plazo de tres años contemplado en el art. 70 EBEP, ni sobre la posible incidencia en el carácter temporal de la contratación de interinidad por vacante, pues notoriamente -como se ha señalado- estamos ante un supuesto en el que la duración inusualmente larga del contrato (más de 20 años) hace que devenga fraudulenta, y que justifica la aplicabilidad de la doctrina expuesta de esta Sala IV/TS, y del TJUE por imperativo del art. 4 bis de la LOPJ (" Los jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea").
La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente al ser diferentes los supuestos y el alcance de los debates, sin que existan fallos contradictorios en cuanto a la conversión del contrato de interinidad por vacante por superación del plazo de 3 años del art. 70 EBEP, puesto que ambas sentencias consideran que no resulta aplicable dicho precepto, si bien por distintas razones. La sentencia recurrida se remite a la doctrina de esta Sala Cuarta que ha manifestado que el plazo de tres años a que se refiere el art. 70 del EBEP no puede entenderse en general como una garantía inamovible y que deben ser las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar la una concreta conclusión. Así en el caso de la actora se argumenta que la sentencia de instancia se limitaba a reconocer la condición de la trabajadora indefinida no fija por haber transcurrido más de tres años desde que se suscribió el contrato de interinidad para la cobertura de vacante, por lo que estima el recurso y revoca dicha sentencia de instancia. La de contraste sostiene que la superación de los plazos previstos en el art. 70 EBEP no implica la conversión de la relación laboral en indefinida no fija de manera automática, pero entendió que devenía inadmisible el mantenimiento de una contratación temporal en circunstancias inusualmente largas (más de veinte años), como se dan en el caso analizado, en el que la actora había suscrito dos contratos: uno de fomento de empleo desde el 28 de julio de 1992 hasta el 27 de julio de 1995 y otro de interinidad, desde el 28 de julio de 1995 para cubrir la vacante de directora de un centro de servicios sociales hasta que se cubriera la vacante por el procedimiento legalmente establecido o se amortizara la plaza.
Por otra parte, concurre como causa de inadmisión la falta de contenido casacional porque la parte recurrente pretende aplicar un precepto ( art. 70 EBEP) en términos que esta Sala ha rechazado. Así, nos hemos pronunciado en sentencia del Pleno de 24 de abril de 2019 (R. 1001/2017), seguida, entre otras por STS 22/5/2019, Rec 1336/18; 11/6/2019, Rec 2610/18 y 25/9/2019, Rec 1472/18, en relación con contratos de interinidad por vacante suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del EBEP.
En la sentencia del Pleno se indica: "3.- Respecto al alcance que posea la superación del plazo de tres años contemplado en el art. 70 del EBEP, precepto citado en el análisis de la contradicción de las sentencias comparadas, aunque no sea objeto de censura jurídica como es de ver del motivo único de censura jurídica, cuarto del recurso, ha de señalarse que dicho precepto va referido a "la ejecución de la oferta de empleo público".
El plazo de tres años a que se refiere el art. 70 del EBEP referido, no puede entenderse en general como una garantía inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que antes de que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación pueda comportar; al igual que en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático.
En suma, son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar la una concreta conclusión.".
Esto es, el plazo del art. 70 del EBEP va referido, solamente, a la ejecución de la oferta pública de empleo, pero ello no es óbice a la posible conversión del contrato en indefinido no fijo, incluso antes del transcurso de tres años, si ha existido fraude o abuso en la contratación temporal por su excesiva duración. Por tanto, el art. 70 del EBEP impone obligaciones a las administraciones públicas, pero no establece que la superación del plazo de tres años suponga la novación de los contratos de interinidad por vacante, ni tampoco que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres años, plazo que viene referido sólo a la ejecución de la oferta de empleo público.
Añaden las STS de 23/5/2019 (Rec 1756/18 ) y 4/7/2019 (Rec 2357/18 ):
"La aplicación de la anterior doctrina obliga a estimar el recurso porque no se aprecia irregularidad alguna en el proceder de la Administración, porque las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo quedaron paralizadas por la grave crisis económica que sufrió España con esa época y que dieron lugar a numerosas disposiciones limitando los gastos públicos, como el RDL 20/2011, de 30 de diciembre y la Ley 22/2013, de presupuestos generales, que tuvieron incidencia directa en el gasto en personal y convocatorias de empleo público, por cuanto prohibieron la incorporación de personal nuevo, aunque fuese temporal y las convocatorias de procesos selectivos para cubrir plazas vacantes, aunque fuese de puestos ocupados interinamente y en proceso de consolidación de empleo ( artículos 3 RDL 20/2011 y 21 de la Ley 22/2013).
Por providencia de 26 de junio de 2020, se mandó oír a la parte recurrente dentro del plazo de cinco días, y en aplicación de lo que dispone el artículo 225.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al apreciar la Sala la eventual existencia de causa de inadmisión por posible falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación, al no concurrir las identidades del art. 219 de la LRJS y posible falta de contenido casacional.
La parte recurrente, en su escrito de 2 de julio solicita que el recurso sea admitido por considerar que concurre la contradicción puesta de manifiesto en su escrito de interposición, siendo necesario analizar la conducta de la entidad empleadora, por lo que sí existe contenido casacional en la pretensión. Sin embargo los argumentos expuestos por la misma no desvirtúan en modo alguno las consideraciones que se hacen en los razonamientos previos de esta resolución, por lo que, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Miguel Ángel Santalices Romero, en nombre y representación de D.ª Leticia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 25 de octubre de 2019, en el recurso de suplicación número 604/2018, interpuesto por el Servicio Madrileño de Salud, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 32 de los de Madrid de fecha 20 de junio de 2018, en el procedimiento nº 275/2018 seguido a instancia de D.ª Leticia contra el Servicio Madrileño de Salud, sobre reconocimiento de derecho.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
