STS 1024/2020, 16 de Julio de 2020

El presente recurso de casación se interpuso por la Comunidad de Madrid contra la sentencia núm. 353/2017, de 13 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid, estimatoria del recurso núm. 77/2017 formulado por D.ª Rafaela contra la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, de fecha 11 de marzo de 2016, confirmada por desestimación presunta del recurso de alzada contra la misma, por la que se rechazaba su petición relativa al abono de antigüedad y salarios durante los meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 10 de Madrid dictó sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo con sustento en el siguiente razonamiento:

"Quinto.- [...] [s]iendo esta la regulación legal, difícilmente podrá organizarse en equipo un curso escolar cuando esa organización, según reconoce la propia Administración, se realiza

principalmente en los meses sin clases escolares y cuando no están presentes, por haber sido cesada la actora, todos los miembros del profesorado, ya que en este punto ha de recordarse que la actora por el periodo reclamado siempre estuvo en el mismo centro escolar. A mayor abundamiento, la función de un profesor, y las horas de dedicación, no son solo las de carga docente, sino que el correcto desarrollo de las clases conlleva un trabajo preparatorio que va más allá de las concretas horas que está el profesor "delante de sus alumnos", y ese trabajo previo se adelanta en esos meses en que fue cesada la actora.

Sexto.- En otro orden de cuestiones, existe en este caso una sucesión de contratos concadenados y prácticamente sin solución de continuidad si atendemos a los sucesivos cursos reclamados, lo que evidencia la necesidad del trabajo desempeñado por la recurrente en el IES Prado de Santo Domingo de Alcorcón, debiendo recordarse, además de supuesto la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Décima, en sentencia de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-16/15), la Directiva 70/1999, de 28 de Junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada expresa, en su cláusula primera "que el objeto del presente Acuerdo marco es: a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación y b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada", aplicándose dicho Acuerdo "a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro" (cláusula segunda). "A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por 1.-"trabajador con contrato de duración determinada": el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado" y 2.- " trabajador con contrato de duración indefinida comparable": un trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña. En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de trabajo, la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales." (Cláusula tercera). Finalmente, en su cláusula cuarta regula el principio de no discriminación, al disponer que "por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas".

El artículo 2 de la Directiva 70/1999, de 28 de Junio establece que "los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a lo más tardar el 10 de julio de 2001 o se asegurarán de que, como máximo en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan establecido las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados miembros todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión". En virtud de su artículo 3, la Directiva 1999/70 entró en vigor el 10 de julio de 1999, fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Aún referida a un asunto distinto, en cuanto que afecta a los interinos, tampoco debe

olvidarse la reciente sentencia de 5 de noviembre de 2015 del Pleno del Tribunal Constitucional que estimó el recurso de amparo presentado por un profesor interino al que la Comunidad de Madrid denegó el derecho a percibir el pago de los complementos específicos de formación permanente del profesorado, los llamados sexenios, por no ser funcionario de carrera, lo que viene a evidenciar el avance en la equiparación de condiciones entre funcionarios de carrera e interinos.

En consecuencia, por lo expuesto, debe estimarse el presente recurso contencioso administrativo, y reconocerse el derecho de la actora al cómputo a efectos de antigüedad de los meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16, así como el cobro los salarios dejados de percibir, si bien de los mismos se descontarán las cantidades que ya hubieran sido abonadas por vacaciones, indemnizaciones o por cualquier otra causa, si bien respecto de los intereses reclamados es preciso diferenciar, con claridad, los intereses a que aluden, por un lado el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (o el artículo 106.2 LRJCA), y, por otro, el artículo 1100 del Código Civil, los unos aluden al llamado interés procesal, los primeros, en tanto que los últimos tienen una naturaleza jurídica diferente en cuanto que su propia esencia les configura o dota con un carácter indemnizatorio, destinados a compensar la mora o retraso en efectuar un determinado pago, como complemento de una prestación de dar una cantidad de dinero, en este sentido STSJ Mad, sección 7, de 4 de noviembre de 2016, Recurso: 667/2015, de ahí

que únicamente se conceda el interés del artículo 106 LRJCA, y siempre con el plazo de prescripción de cuatro años desde la solicitud en vía administrativa".

El letrado de la Comunidad de Madrid preparó recurso de casación contra la meritada sentencia mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2017, identificando como normas legales que se consideran infringidas el artículo 10.3 y 10.5 del Estatuto Básico del Empleado Público ["EBEP"] y la cláusula cuarta de la Directiva 70/1999

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid tuvo por preparado el recurso de casación por auto de 8 de enero de 2018.

Preparado el recurso en la instancia y emplazadas las partes para comparecer ante esta Sala, por auto de 20 de septiembre de 2019, la Sección de Admisión de esta Sala acuerda:

"Segundo.- Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo, cuando (i) ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado el cese por no haberlo recurrido en tiempo y forma.

Tercero.- Identificar como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación: los artículos 10.3 y 10.5 del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA".

Notificada la anterior resolución a las partes personadas y dentro del plazo fijado en el art. 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ["LJCA"], la Abogacía de la Comunidad de Madrid, mediante escrito registrado el 8 de noviembre de 2019, interpuso el recurso de casación en el que centra al cuestión a dilucidar "[...] en determinar si, ante la ausencia de una norma que lo ampare, es posible reconocer la retribución de los meses de verano a aquél funcionario que, habiendo sido cesado cada curso escolar en fecha 30 de junio, no ha impugnado ninguno de aquellos ceses". Para la Administración autonómica "[...] la no percepción de retribuciones es una mera consecuencia de que el funcionario interino ha sido cesado a fecha 30 de junio, no ostentando relación jurídica alguna con la Administración que le dé el derecho a percibir retribuciones", al "[...] ser éste un derecho anudado a la condición de funcionario (ex artículo 14 del EBEP), extremo que recoge, con total claridad, la STJUE de 21 de noviembre de 2018, asunto C-245/2017" (pág. 10 del escrito de interposición). Además -se afirma-, se trata de "actos consentidos y firmes, que despliegan totalmente su presunción de validez y eficacia; así como todos sus efectos: particularmente, la pérdida de retribuciones, consecuencia de la extinción de la relación que provoca el cese", sin que exista norma, pacto o acuerdo que reconozca el derecho de los funcionarios docentes interinos a percibir retribuciones por los meses de verano no trabajados, lo que le lleva a solicitar la desestimación de las pretensiones de la contraparte y la casación de la sentencia impugnada (págs. 11 y 13).

Con carácter subsidiario, trae a colación la reciente STS de 9 de julio de 2019, recurso núm. 1930/2017 para rebatir las conclusiones de la sentencia de instancia y concluir que los ceses de los funcionarios docentes interinos en verano no son contrarios a derecho, por no existir las razones de urgencia y necesidad que motivaron sus nombramientos, respetándose así tanto los preceptos oportunos del EBEP como el Acuerdo Marco.

Finalmente solicita el dictado de sentencia que revoque la sentencia impugnada, "[...] confirmando y declarando ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada en los presentes autos".

Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte recurrida, la representación de doña Rafaela presenta, el día 17 de enero de 2020, escrito de oposición en el que muestra su "[...] total conformidad con la fundamentación jurídica de la Sentencia que se pretende casar y principalmente en sus Fundamentos Jurídicos Cuarto, Quinto y Sexto que abordan el fondo de la cuestión controvertida y que a la vista del recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid, basándose únicamente en la vulneración del artículo 14.d) del TREBEP, no ha quedado desvirtuada [...]" (pág. 1 del escrito de oposición).

Por su parte, para la recurrida "[...] la cuestión de controversia, es valorar jurídicamente el derecho de unos funcionarios interinos docentes que siendo nombrados al comienzo del periodo lectivo (ocupando una vacante por todo el curso escolar y desempeñando las mismas funciones que los funcionarios de carrera durante la totalidad de dicho periodo), son cesados a 30 de junio y readmitidos posteriormente al inicio del curso escolar sin solución de continuidad, valorando por ello si tienen derecho a percibir retribuciones por este periodo, o no, cuando se dan esas dos circunstancias [...]", citando al efecto tanto doctrina jurisprudencial como el Acuerdo de 9 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, y que viene a reconocer el mismo derecho al del Acuerdo Sectorial de 2006, que avalan ese derecho (pág. 2).

Asimismo, se afirma que la ausencia de impugnación de los ceses discriminatorios no es óbice para su declaración de nulidad, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí ha tenido en consideración esa falta de impugnación de los ceses en posteriores sentencias, citando a modo de ejemplo la sentencia núm. 10/2019, de 11 de enero de 2019.

Seguidamente aduce que "[...] la menor necesidad de docencia que se produce al finalizar el período lectivo, o el hecho de que ya no exista en absoluto tal necesidad, afecta en igual medida a funcionarios de carrera y a funcionarios interinos ya que, por lo que se refiere a la docencia en sí, las tareas que se encargan a los funcionarios interinos se corresponden con las de los funcionarios de carrera. Igualmente, en relación a las vacaciones, el hecho de que, debido a su cese antes de las mismas, los funcionarios interinos no pudieran disfrutarlas es simplemente consecuencia necesaria de su resolución anticipada ilegal, pero no constituye una discriminación independiente" (pág. 22).

Por último, suplica a la Sala dicte "sentencia desestimando el recurso de casación, siendo confirmada la Sentencia recurrida Nº 353/2017 de 13 de noviembre de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 10 de Madrid (recaída en autos de Procedimiento Abreviado 77/2017), con imposición de costas a la recurrente".

Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 92.6 de la LJCA, al considerar innecesaria la celebración de vista pública, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo del recurso el día 10 de marzo de 2020, fecha en que tuvo lugar dicho acto. En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo de redacción de la sentencia, por razón de la carga de trabajo que pende sobre la Sala, como consecuencia de la incidencia de la medida de suspensión de plazos procesales establecida en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 436/2020, de 14 de marzo, de estado de alarma, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la "COVID-19".

La sentencia recurrida.

Se impugna en el presente recurso de casación sentencia núm. 353/2017, dictada el 13 de noviembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid, recaída en el procedimiento abreviado núm. 77/2017, en la que se estimaba el recurso formulado por doña Rafaela por entender que había una sucesión de contratos encadenados, sin solución de continuidad, y con referencia a la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-16/15), la Directiva 70/1999 de 28 de junio relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y se reconocía el derecho de la recurrente al cobro de los salarios dejados de percibir, con el descuento de las cantidades ya abonadas por vacaciones, indemnizaciones u otra causa, dentro del plazo de prescripción de cuatro años desde la solicitud en vía administrativa, más los intereses legales.

Antecedentes del litigio.

La actora y aquí recurrida, doña Rafaela, ha venido desempeñando como funcionaria interina diversos puestos de trabajo en el sector de la enseñanza no universitaria, como docente, con sucesivos nombramientos como funcionaria interina de la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, desde el año 1989. Si bien la actora no ha aportado sus nombramientos y ceses, sino únicamente la hoja de servicios, concluye el Juzgado de instancia que tal y como se mantiene en la resolución impugnada, estos nombramientos responden a las necesidades educativas existentes en la Comunidad de Madrid para los distintos cursos escolares y en los centros para los que se produjo el nombramiento, que en el caso de la actora y por los periodos reclamados, cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16, fue en el IES Prado de Santo Domingo de Alcorcón. Consta que antes y después de estos cursos académicos ha prestado servicios en otros centros docentes de distintas localidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la misma condición de interina, según consta en la hoja de servicios aportada por la actora.

En todos los cursos a que se refiere su petición, fue cesada a fecha 30 de junio por finalización del periodo lectivo del curso escolar respectivo para el que se efectuaron los respectivos nombramientos, sin que formulase impugnación alguna contra los actos de cese, tampoco contra los de nombramiento, que adquirieron firmeza. Concretamente fue nombrada el día 17 de septiembre de 2013 y cesada el día 30 de junio de 2013 (curso 2012/2013); nombrada nuevamente el 6 de septiembre de 2013 y cesada el 30 de junio de 2014 (curso 2013/2014); nombrada el 7 de septiembre de 2015 y cesada el 30 de junio de 2016 (curso 2015/2016). Todos los nombramientos responden a la cobertura de las necesidades educativas existentes en la Comunidad de Madrid, y en el marco del procedimiento establecido a través de la correspondiente bolsa de empleo o listado de aspirantes formados en el marco del procedimiento de selección para la cobertura temporal de puestos docentes.

La argumentación de la sentencia recurrida.

La sentencia recurrida examina los principios generales que inspiran las regulación de la actividad docente, y en particular los criterios de calidad de la enseñanza, así como el principio de colaboración y trabajo en equipo de los distintos docentes del centro educativo, art 91.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y concluye que "[s]iendo esta la regulación legal, difícilmente podrá organizarse en equipo un curso escolar cuando esa organización, según reconoce la propia Administración, se realiza principalmente en los meses sin clases escolares y cuando no están presentes, por haber sido cesada la actora, todos los miembros del profesorado, ya que en este punto ha de recordarse que la actora por el periodo reclamado siempre estuvo en el mismo centro escolar. A mayor abundamiento, la función de un profesor, y las horas de dedicación, no son solo las de carga docente, sino que el correcto desarrollo de las clases conlleva un trabajo preparatorio que va más allá de las concretas horas que está el profesor "delante de sus alumnos", y ese trabajo previo se adelanta en esos meses en que fue cesada la actora".

El argumento anterior se acompaña, en el FJ sexto con la afirmación de que "[...] existe en este caso una sucesión de contratos concadenados (sic) y prácticamente sin solución de continuidad si atendemos a los sucesivos cursos reclamados, lo que evidencia la necesidad del trabajo desempeñado por la recurrente en el IES Prado de Santo Domingo de Alcorcón [...]".

La sentencia anula el único acto administrativo recurrido, el de denegación de la petición de la recurrente relativa al abono de antigüedad y salarios durante los meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16, y declara que "[...]debe estimarse el presente recurso contencioso administrativo, y reconocerse el derecho de la actora al cómputo a efectos de antigüedad de los meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16, así como el cobro los salarios dejados de percibir, si bien de los mismos se descontarán las cantidades que ya hubieran sido abonadas por vacaciones, indemnizaciones o por cualquier otra causa [...]".

Los argumentos de las partes.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid pone de manifiesto en su escrito de interposición del recurso de casación que la actora no recurrió ninguno de los actos de cese, que los mismos se correspondían con las condiciones establecidas en los nombramientos como funcionaria interina, y que la denegación del abono de las cantidades reclamadas así como del reconocimiento de servicios prestados en los periodos a que se contrae la reclamación responde al hecho de que, no ostentando la recurrente relación jurídica alguna con la Administración en dichos periodos, por haber sido cesada en cada una de las fechas indicadas y no haber sido objeto de impugnación dichos actos administrativos, tampoco en el presente litigio, dichos actos administrativos, carece de todo vínculo de relación de servicio con la Administración que le dé el derecho a percibir retribuciones", al "[...] ser éste un derecho anudado a la condición de funcionario (ex artículo 14 del EBEP), extremo que recoge, con total claridad, la STJUE de 21 de noviembre de 2018, asunto C-245/2017" (pág. 10 del escrito de interposición). Además -se afirma-, se trata de "actos consentidos y firmes, que despliegan totalmente su presunción de validez y eficacia; así como todos sus efectos: particularmente, la pérdida de retribuciones, consecuencia de la extinción de la relación que provoca el cese", sin que exista norma, pacto o acuerdo que reconozca el derecho de los funcionarios docentes interinos a percibir retribuciones por los meses de verano no trabajados, lo que le lleva a solicitar la desestimación de las pretensiones de la contraparte y la casación de la sentencia impugnada (págs. 11 y 13). Respecto a la fundamentación legal de la limitación del nombramiento hasta el 30 de junio de los respectivos años reclamados, invoca las previsiones de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de medidas urgentes por la que se modificó la ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que en su DA 4ª , y en relación al Acuerdo de 26 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprobó el Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009, suspendió la previsión de que los profesores interinos que prestaran sus servicios durante al menos cinco meses y medio en un mismo curso, cobrarían íntegramente los meses de verano ( art. 6.b). Señala que la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, citada, dispuso en su DA 4ª la suspensión de dicho acuerdo, en los siguientes términos:

"Se suspende la aplicación de lo establecido en el artículo 6, apartado B), letra e), relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos. Esta medida surtirá efectos para los nombramientos de interinos que se produzcan a partir del 1 de septiembre de 2010".

Idéntica previsión -señala- se mantuvo en las sucesivas leyes de presupuestos de los ejercicios siguientes, durante todo el periodo a que se refiere la reclamación, concretamente la Disposición Adicional Décima de la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011; Disposición Adicional Décima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012; Disposición Adicional Novena de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013; Disposición Adicional Novena de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014; Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2014, de 22 de diciembre, Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2015; Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 6/2015, de 23 de diciembre, Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016; Disposición Adicional Novena de la Ley 6/2017, de 11 de mayo, Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017; y Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018.

Con carácter subsidiario, trae a colación la reciente STS de 9 de julio de 2019, recurso núm. 1930/2017, para rebatir las conclusiones de la sentencia de instancia y concluir que los ceses de los funcionarios docentes interinos en verano no son contrarios a derecho, por no existir las razones de urgencia y necesidad que motivaron sus nombramientos, respetándose así tanto los preceptos oportunos del EBEP como el Acuerdo Marco.

Finalmente solicita el dictado de sentencia que revoque la sentencia impugnada, "confirmando y declarando ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada en los presentes autos".

Por su parte, la parte recurrida señala que "[...] la cuestión de controversia, es valorar jurídicamente el derecho de unos funcionarios interinos docentes que siendo nombrados al comienzo del periodo lectivo (ocupando una vacante por todo el curso escolar y desempeñando las mismas funciones que los funcionarios de carrera durante la totalidad de dicho periodo), son cesados a 30 de junio y readmitidos posteriormente al inicio del curso escolar sin solución de continuidad, valorando por ello si tienen derecho a percibir retribuciones por este periodo, o no, cuando se dan esas dos circunstancias [...]", citando al efecto tanto doctrina jurisprudencial como el Acuerdo de 9 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, y que viene a reconocer el mismo derecho al del Acuerdo Sectorial de 2006, que avalan ese derecho (pág. 2).

Asimismo, se afirma que la ausencia de impugnación de los ceses discriminatorios no es óbice para su declaración de nulidad, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí ha tenido en consideración esa falta de impugnación de los ceses en posteriores sentencias, citando a modo de ejemplo la sentencia núm. 10/2019, de 11 de enero de 2019. Seguidamente aduce que "[...] la menor necesidad de docencia que se produce al finalizar el período lectivo, o el hecho de que ya no exista en absoluto tal necesidad, afecta en igual medida a funcionarios de carrera y a funcionarios interinos ya que, por lo que se refiere a la docencia en sí, las tareas que se encargan a los funcionarios interinos se corresponden con las de los funcionarios de carrera. Igualmente en relación a las vacaciones, el hecho de que, debido a su cese antes de las mismas, los funcionarios interinos no pudieran disfrutarlas es simplemente consecuencia necesaria de su resolución anticipada ilegal, pero no constituye una discriminación independiente" (pág. 22).

La cuestión de interés casacional.

La cuestión de interés casacional delimitada por auto de 20 de septiembre de 2019, de la Sección de Admisión de esta Sala es la siguiente:

"Segundo.- Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo, cuando (i) ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado el cese por no haberlo recurrido en tiempo y forma.

Tercero.- Identificar como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación: los artículos 10.3 y 10.5 del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA".

El juicio de la Sala.

La sentencia recurrida, ya lo hemos dicho, se apoya en lo que considera vulneración de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE y, en su desarrollo hace cita y trascripción de diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También, en la vulneración de los artículos 10.3 y 5 del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/ 2007, y el artículo 14 de la Constitución española.

Pues bien, el examen de la cuestión de interés casacional nos sitúa en la posición de analizar un nuevo matiz de una cuestión que, estrechamente relacionada con la actual, fue resuelta en la sentencia de esta Sala de 9 de julio de 2019 (rec. cas. núm. 1930/2017 - ES:TS:2019:2480). En aquella sentencia fijamos la siguiente doctrina jurisprudencial: "[...] que el cese de los funcionarios docentes interinos de los Cuerpos Docentes no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado sólo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, no comporta un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera".

Esta doctrina jurisprudencial se basa en la interpretación que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fijado sobre la cuestión de la compatibilidad de los ceses, por la causa indicada, con la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Se trata de la sentencia del TJUE de fecha 21 de noviembre de 2018 en el asunto C-245/17, que tenía por objeto una petición de decisión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante auto dictado el 19 de abril de 2017 en el recurso contencioso administrativo número 164/2015.

La sentencia del TJUE de 21 de noviembre de 2018, cit., resolvió estas cuestiones declarando lo siguiente:

1. - En cuanto a la primera cuestión: "1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite a un empleador extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento, mientras que se mantiene la relación de servicio por tiempo indefinido de los docentes que son funcionarios de carrera".

2. - En cuanto a la segunda y tercera, examinadas conjuntamente: "2) El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 , relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico, aun cuando esta circunstancia prive a esos docentes de días de vacaciones estivales anuales retribuidas correspondientes a dicho curso académico, siempre que los referidos docentes perciban una compensación económica por este concepto".

Estas consideraciones del TJUE determinan, también aquí, nuestra decisión y nos llevan a estimar el presente recurso de casación, en la línea sentada en nuestra anterior sentencia de 9 de julio de 2019, cit., sin que resulte procedente el planteamiento de cuestión prejudicial alguna, al resultar clara la interpretación de la norma de derecho europeo de aplicación. Es así, por la jurisprudencia reiterada y uniforme del TJUE relativa a cómo ha de ser interpretada la Cláusula 4 del Acuerdo marco tantas veces citado, y, en particular, por la interpretación fijada en la indicada sentencia del TJUE de 21 de noviembre de 2018, cit. Esta interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recogimos en nuestra sentencia de 9 de julio de 2019, cit., ha aclarado definitivamente la cuestión de la interpretación y alcance de las citadas normas de Derecho Europeo, en términos distintos a los que hizo nuestra sentencia de 11 de junio de 2018 (rec. cas. núm. 3716/2015) en un recurso de casación anterior al modelo de casación introducido en la Ley orgánica Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

En efecto, tal y como declaramos en nuestra sentencia de 9 de julio de 2019, cit., la comparabilidad de la situación de los funcionarios interinos, que ejercen las mismas funciones que los docentes que son funcionarios de carrera (funcionarios comparables por razón de su estatuto, aun con las salvedades que haremos más adelante) no impide que, en atención a circunstancias objetivas, concretamente a la fijación de una fecha o circunstancia predeterminada objetivamente como determinante del cese, éste sea acordado por la Administración por razones objetivas, a diferencia de los trabajadores fijos comparables, los funcionarios de carrera. El cese de los funcionarios interinos, también el de la actora, responde a la finalización de la causa que motivó cada uno de sus nombramientos como funcionaria interina, siendo tal causa objetiva la finalización del respectivo período lectivo del curso escolar, que se produjo el 30 de junio de cada uno de los años que se indica en la reclamación, y sobre la base de una configuración previa de la relación jurídica de servicio de tiempo determinado, que tuvo en cuenta de manera predeterminada el efecto extintivo de la finalización del periodo lectivo. Hay que destacar que, como señala la citada STJUE de 21 de noviembre de 2018, "[...] el Acuerdo Marco reconoce en principio la legitimidad de recurrir a relaciones de servicio por tiempo indefinido y también de hacerlo a relaciones de servicio de duración determinada, y, en la medida en que no establece en qué condiciones se puede hacer uso de unas y de otras, no cabe sancionar, sobre la base de dicho Acuerdo, una diferencia de trato como la que es objeto del litigio principal, consistente en el mero hecho de que una relación de servicio de duración determinada se extingue en una fecha dada, mientras que una relación de servicio por tiempo indefinido no se extingue en esa fecha" (parágrafo 46).

La elección de una relación de servicio de duración determinada deriva únicamente de una razón objetiva, la introducción de nuevas medidas organizativas en la prestación del servicio público de educación, en particular en la actividad genuinamente docente, encaminadas además a la consecución de un objetivo de interés público igualmente relevante, cómo es la reducción del déficit público, y establecidas en una norma de rango legal, como son las disposiciones presupuestarias con rango de ley a que hace referencia la Administración recurrente. Esta elección de una relación de servicio determinada, justifica un trato diferenciado entre los docentes, en función de que sean funcionarios interinos o funcionarios de carrera, dado que la relación de servicio de la interesada finalizó en unas fechas determinadas, como la de los demás interinos docentes, esto es, en aquellas en que se produjeron la finalización de las necesidades lectivas del curso escolar y, por ende, la extinción de las causas que determinaron su nombramiento, lo que además estaba previsto en sus nombramiento de forma objetiva y predeterminada, mientras que la de los docentes que eran funcionarios de carrera se mantuvo después de dicha fecha, correspondiendo a los mismos realizar todas cuantas labores administrativas y organizativas son propias del periodo no lectivo del curso escolar, y están establecidas en las ordenes reguladoras de la programación de los sucesivos cursos escolares.

Por tanto, la proscripción de discriminación en el tratamiento, a tenor del estatuto jurídico de funcionarios de carrera y funcionarios interinos, no ha sido vulnerada. Además, las razones de índole organizativa consideradas por la Administración para la determinación de manera predeterminada de la fecha de finalización de la relación de servicio (finalización del periodo lectivo del curso escolar), en cuanto fundadas en un objetivo de naturaleza pública igualmente relevante, no pueden tacharse por si mismas de medidas de trato discriminatorio para los funcionarios interinos.

Ciertamente es pacífico que las razones de índole presupuestaria no pueden constituir por si mismas y en todo caso justificación de una diferencia de trato, ya que no son directamente un objetivo perseguido por el Acuerdo marco incorporado a la Directiva 1999/70. Sin embargo, sí es preciso analizar si las medidas de tipo organizativo adoptadas, y que han determinado una distribución de las tareas no estrictamente lectivas a cargo de los funcionarios de carrera, posibilitando que los nombramientos de funcionarios interinos como docentes no hubiera de prolongarse más allá de la finalización del periodo lectivo, constituyen una discriminación injustificada de los funcionarios interinos.

Para comprobar si esta medida es proporcionada y objetiva habrá que atender a si tales medidas organizativas, que posibiliten la reducción de las necesidades de personal docente interino al periodo estrictamente lectivo, con reorganización de los servicios a desarrollar exclusivamente por el personal docente de carrera en el periodo no lectivo del curso escolar, se han aplicado de manera objetiva y uniforme a todo el personal funcionario interino en una situación comparable, y que esas razones, y no otras, constituyen realmente la causa de finalización de la relación de servicio de duración determinada. En el presente caso, ninguna prueba se ha aportado de que las sucesivas extinciones de la relación de servicio de la actora hayan respondido a situaciones distintas de las que estaban previstas objetivamente en los sucesivos nombramientos, esto es, a la finalización del periodo lectivo del curso escolar, y tampoco se cuestiona que han sido aplicadas de manera uniforme a los funcionarios docentes interinos en una situación comparable. No puede reputarse comparable, desde luego, la situación de la propia recurrente en años anteriores, como alegaba en su escrito de reclamación en vía administrativa, en que su actividad continuó en los meses del periodo no lectivo. Tal y como señala, tal y como señala el parágrafo 50,51 y 52 de la sentencia del TJUE de 21 de noviembre de 2018, cit.:

"[...] 50.A este respecto, es preciso señalar que los interesados no solicitan ser tratados efectivamente, por lo que respecta a la duración de su relación de servicio, de la misma manera que sus compañeros funcionarios de carrera, que están llamados a ocupar sus puestos incluso después del 14 de septiembre de 2012. En realidad, lo que reclaman con sus solicitudes es el mismo trato que se otorgó a los docentes que en los anteriores cursos académicos fueron nombrados como funcionarios interinos hasta el 14 de septiembre.

51 Pues bien, dado que el principio de no discriminación se ha aplicado y se ha concretado mediante el Acuerdo Marco únicamente en lo que respecta a las diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contratos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación comparable ( sentencia de 5 de junio de 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, apartado 50 y jurisprudencia citada), las posibles diferencias de trato entre determinadas categorías de personal con contrato de duración determinada no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2016, de Diego Porras, C-596/14, EU:C:2016:683, apartado 38 y jurisprudencia citada).

52 En tales circunstancias, la diferencia de trato alegada por los interesados no puede estar comprendida, en cualquier caso, en el ámbito de aplicación de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco" (parágrafo 50 a 52).

Las consideraciones que el juzgador de instancia hace sobre la improcedencia de que pueda organizarse un servicio adecuado del curso escolar, y por tanto la imposibilidad de reducir el personal durante el periodo no lectivo, no se basan en apreciación de hechos o pruebas, extremo que quedaría al margen del recurso de casación, sino en la interpretación jurídica de normas, tales como la Ley General de Educación de 1970, la ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación y la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Afirma la sentencia de instancia que "[s]iendo esta la regulación legal, difícilmente podrá organizarse en equipo un curso escolar cuando esa organización, según reconoce la propia Administración, se realiza principalmente en los meses sin clases escolares y cuando no están presentes, por haber sido cesada la actora, todos los miembros del profesorado, ya que en este punto ha de recordarse que la actora por el periodo reclamado siempre estuvo en el mismo centro escolar. A mayor abundamiento, la función de un profesor, y las horas de dedicación, no son solo las de carga docente, sino que el correcto desarrollo de las clases conlleva un trabajo preparatorio que va más allá de las concretas horas que está el profesor "delante de sus alumnos", y ese trabajo previo se adelanta en esos meses en que fue cesada la actora".

Tales conclusiones, fruto de una labor de interpretación jurídica, no establecen ningún hecho, ni desvirtúan lo que resulta del expediente y de las propias alegaciones de las partes, y es que la actora no desempeñó las tareas correspondientes al periodo no lectivo del curso escolar, ya que en base a una decisión organizativa de la Administración, y con base en el interés de cumplir una finalidad pública igualmente relevante como el control del déficit público, se optó por un modelo de relación laboral de duración limitada, acotada en su finalización al dato objetivo de la finalización del periodo lectivo del curso escolar, y sin menoscabo alguno de los derechos de la recurrente que disfrutó de su periodo vacacional o recibió la compensación económica correspondiente, extremo que no cuestiona.

Además, hay que matizar que la situación de los funcionarios de carrera no resulta por completo comparable en el sentido de que dichos funcionarios no es que, como dice la demandante, recibieran la retribución de los meses de julio y agosto pese a finalizar el curso escolar antes, el 30 de junio, sino que continúan en el desempeño de sus puestos de trabajo - como es lógico - con dedicación a otras labores también propias de su actividad, pero no disfrutando de unas vacaciones más allá de las previstas legalmente. Estas labores no son las mismas que la tarea docente y las conexas con la misma durante el periodo lectivo, que es la necesidad que justificó los nombramientos de la recurrente, y que concluyó al final de cada periodo lectivo.

Por otra parte, hay que tener presente que, de la conducta de la actora, que no impugnó los actos de cese, se sigue, sin dificultad, que no cabe cuestionar la licitud de los mismos, máxime cuando ni se aportan por la actora los nombramientos ni tampoco los actos de cese, ni el hecho de que éstos últimos se correspondieran con la causa objetiva establecida en los respectivos nombramientos.

El dato en que se insiste por la sentencia recurrida de que los nombramientos dieron lugar a la prestación de servicio en un mismo centro docente no empaña la conclusión que hemos establecido, pues es notorio que los procesos de acceso a la condición de funcionario interino se producen mediante el acceso a la condición, y no para centro determinado, sin perjuicio de que en el proceso de adjudicación de puestos como funcionarios interino se produzcan determinadas prioridades que respondan a las preferencias del aspirante que resulta nombrado. No estamos ante una situación de interinidad por vacante específica, que tendría una vinculación con el centro, sino en un nombramiento por necesidades de la planificación educativa. No es el centro escolar o docente el que nombra al funcionario interino, sino la Administración educativa y sobre la base de una "bolsa de empleo", o listado de aspirantes y según un proceso anualizado (puede verse al respecto el Decreto 42/2013, de 9 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el procedimiento de selección de funcionarios interinos docentes de ámbito no universitario en la Comunidad de Madrid).

Así pues, la adjudicación de la plaza concreta en que desempeña sus servicios no sirve, en la forma que pretende exponer la sentencia recurrida, a unas concretas necesidades educativas de un centro cubiertas por un determinado docente interino. De hecho, la hoja de servicios de la actora prueba que tanto antes como después de los periodos reclamados ha prestado servicios en otros centros docentes de la Comunidad de Madrid. De ahí que la continua referencia a que los servicios se prestaron en un mismo centro carezca de relevancia para la cuestión en litigio. De modo que no cabe hablar de "readmisión" como hace la demanda y acepta la sentencia recurrida en su argumentación.

Lo relevante es que la relación de servicio había sido extinguida válidamente al final del periodo lectivo de cada curso escolar, sobre la base de razones objetivas y predeterminadas. Por consiguiente, reconocer como hace la sentencia recurrida, el devengo de retribuciones sin que traiga causa de una relación de servicio existente, dada la extinción legítima y además consentida de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, supone una vulneración frontal de lo dispuesto en el art. 14.d) y del art. 10.3 y 5, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como una infracción de la doctrina jurisprudencial establecida respecto a la interpretación del alcance de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE.

La doctrina jurisprudencial sobre la cuestión de interés casacional.

De lo razonado se sigue que, la finalización del vínculo de relación de servicio se produce en las respectivas fechas de los ceses del personal funcionario interino -que en este caso fue a 30 de junio de cada uno de los años reclamados-, y la iniciación de un nueva relación de servicio al inicio del siguiente curso escolar no invalida los efectos jurídicos de cada uno de los ceses precedentes, y, por ende, no otorga derecho alguno al funcionario interino en esta situación para percibir retribuciones por el periodo de tiempo transcurrido entre el cese anterior y el inicio de una nueva relación de servicio, como tampoco otorga derecho al reconocimiento de otros efectos de índole administrativa, como antigüedad o cómputo de servicios prestados, en relación al indicado periodo.

Decisión sobre las pretensiones.

De conformidad con la doctrina jurisprudencial establecida, y la que se fija en nuestra sentencia de 9 de julio de 2019, cit., procede estimar el recurso de casación y revocar la sentencia recurrida, al declarar el derecho a la percepción de unas retribuciones a favor de la recurrente que carecen de causa, por no existir relación de servicio que determinase su devengo, al igual que también carece de causa el reconocimiento de derechos de antigüedad o cómputo de tiempo de servicios prestados. En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo al ser ajustados a Derecho el acto administrativo que resolvió en sentido denegatorio sobre la pretensión de la Sra. Rafaela, relativa al abono de antigüedad y salarios durante los meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16.

Costas.

Respecto a las costas del recurso de casación, no apreciamos temeridad ni mala fe en ninguna de las partes, por lo que cada parte habrá de soportar las causadas a su instancia, y las comunes por mitad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.4 LJCA. En cuanto a las de la instancia, no ha lugar a hacer imposición a ninguna de las partes, habida cuenta de la complejidad jurídica que la cuestión suscita.