STS 219/2020, 1 de Junio de 2020
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 219/2020 |
| Fecha | 01 Junio 2020 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 219/2020
Fecha de sentencia: 01/06/2020
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 3642/2017
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 25/03/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1.ª
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: RSJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 3642/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 219/2020
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres
D. Juan María Díaz Fraile
En Madrid, a 1 de junio de 2020.
Esta sala ha visto recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona. Es parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representado/a por la procuradora Ana Llorens Pardo y bajo la dirección letrada de Marta Rius Alcaraz. Es parte recurrida Alvaro y María Antonieta, representados por el procurador Carmelo Olmos Gómez y bajo la dirección letrada de Enric Olivé i Manté.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Tramitación en primera instancia
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La procuradora Marta Pradera Rivero, en nombre y representación de Alvaro y María Antonieta, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona, contra la entidad Catalunya Banc S.A., para que dictase sentencia por la que declare:
"1.º) El incumplimiento de contrato de compra de "obligaciones de deuda subordinada 7.ª emisión" y el contrato de compra de "obligaciones de deuda subordinada 8.ª emisión" o, alternativamente el de intermediación financiera, y que se establezca el resarcimiento por los daños y perjuicios irrogados a mis mandantes por la siguiente cuantía:
"Daño emergente que se reclama: la cantidad de 13.454,47 euros, resultantes de la diferencia entre lo invertido inicialmente (60.000 €) menos la cantidad obtenida por el canje obligatorio en acciones y la oferta de adquisición de las acciones de nueva emisión, de lo que resultó un 77,58% de su inversión.
"Lucro cesante que se reclama: Se deberán añadir los intereses, que serán los legales, desde la interpelación judicial y, asimismo, a partir de la sentencia, los intereses procesales hasta el momento del pago.
"2.º) se solicita asimismo que se impongan a la demandada el pago de las costas del presente juicio".
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El procurador Ignacio López Chocarro, en representación de la entidad Catalunya Banc S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:
"se desestime íntegramente la misma, imponiendo las costas a Alvaro y a María Antonieta".
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El Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2015 cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Alvaro y D.ª María Antonieta contra Catalunya Banc S.A., debo declarar y declaro que la demandada ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales de diligencia, lealtad e información, condenándola a indemnizar a los actores por los daños y perjuicios causados, en la cantidad 13.454,47 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interpelación judicial y los de la mora procesal desde esta resolución hasta su completo pago, con imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada".
Tramitación en segunda instancia
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Catalunya Banc S.A. La representación de Alvaro y María Antonieta se opuso al recurso interpuesto de contrario.
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La resolución de este recurso correspondió a la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia de 30 de junio de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 32 de Barcelona en fecha 7 de mayo de 2015 (sic) en el procedimiento del que derivan las presentes actuaciones y confirmar esta resolución.
"Son a cargo de Catalunya Banc las costas que derivan de la apelación".
Interposición y t ramitación del recurso de casación
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El procurador Ignacio López Chocarro, en representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., interpuso recurso de casación ante la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El motivo del recurso de casación fue:
"1º) Infracción del artículo 1.101 del Código Civil".
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Por diligencia de ordenación de 12 de septiembre de 2017, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.
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Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya S.A., representada por la procuradora Ana María Llorens Pardo; y como parte recurrida Alvaro y María Antonieta representados por el procurador Carmelo Olmos Gómez.
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Esta sala dictó auto de fecha 25 de septiembre de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (antes Catalunya Banc, S.A.) contra la sentencia dictada con fecha 30 de junio de 2017 por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, en el rollo de apelación n.º 1069/2015, dimanante del juicio ordinario n.º 1121/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 32 de Barcelona".
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Dado traslado, la representación procesal de María Antonieta y Alvaro presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.
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Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 25 de marzo de 2020, en que ha tenido lugar a través del sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia. La firma de la sentencia se ha demorado debido a los efectos del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resumen de antecedentes
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Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Entre 2005 y 2008, Alvaro y María Antonieta adquirieron obligaciones de deuda subordinada de Caixa Catalunya (luego, Catalunya Banc y, en la actualidad, BBVA), por un saldo total de 60.000 euros.
Tras la intervención de la entidad por el FROB, el canje obligatorio de las obligaciones de deuda subordinada por acciones y su posterior venta, los clientes recuperaron la suma de 46.545,52 euros.
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Alvaro y María Antonieta interpusieron una demanda contra Catalunya Banc, S.A. de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización era la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB, que la demanda cifraba en 13.454,47 euros.
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El juzgado de primera instancia estimó la demanda y condenó al banco demandado al pago de una indemnización de 13.454,47 euros, más los intereses devengados desde la interpelación judicial, sin hacer expresa condena en costas.
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco demandado. La Audiencia desestima el recurso del banco demandado y desatiende la objeción formulada de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros.
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Frente a la sentencia de apelación, el banco demandado interpuso recurso de casación, sobre la base de un único motivo.
Recurso de casación
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Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del arts. 1101 CC, en relación con la jurisprudencia contenida en la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en la medida que lo concedido excede de la satisfacción del daño sufrido en la inversión.
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
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Estimación del motivo. La cuestión suscitada en el motivo fue resuelta y aclarada por la sala en su sentencia 81/2018, de 14 de febrero.
En esta sentencia, con remisión a la anterior sentencia 613/2017, de 16 de noviembre, se reitera la doctrina contenida en la sentencia 301/2008, de 8 de mayo, según la cual en la liquidación de los daños indemnizables debía computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Esta regla había sido aplicada también por la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en un caso en que se apreció el incumplimiento contractual en la labor de asesoramiento que provocó la adquisición de participaciones preferentes, al concluir que "el daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes".
En este contexto, la sentencia 81/2018, de 14 de febrero, resulta más explícita, cuando razona:
"En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste.
"Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.
"Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y lucro".
De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial".
En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia.
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Al asumir la instancia, por las mismas razones que acabamos de exponer, estimamos también el recurso de apelación, en el sentido de desestimar la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio. De la documentación aportada con la contestación a la demanda se desprende que el importe de los rendimientos obtenidos por las subordinadas durante el periodo de vigencia fue en total de 15.803,94. euros. La suma de esta cantidad y del capital rescatado tras la intervención del FROB es superior al importe de la inversión realizada con la adquisición de las obligaciones de deuda subordinada.
Costas
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Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC y se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Estimado el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, tampoco hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC).
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Desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede su condena al pago de las costas generadas en primera instancia ( art. 394 LEC).
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
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Estimar el recurso de casación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1.ª) de 30 de junio de 2017 (rollo 1069/2015).
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Estimar el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona de 27 de mayo de 2015 (juicio ordinario 1121/2013), en el siguiente sentido.
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Desestimar la demanda formulada por Alvaro y María Antonieta contra Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), y absolver al banco demandado de las pretensiones contra él ejercitadas.
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No hacer expresa condena de las costas generadas por los recursos de casación y de apelación, formulados por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA).
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Imponer a Alvaro y María Antonieta las costas de primera instancia.
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Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
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SAP Valencia 431/2020, 27 de Julio de 2020
...y resultó absuelta ( STS 399/2019 de 5 de julio de 2019). En el mismo sentido se pronuncian las SSTS 247/2020 y 250/2020 de 3 de junio; 219/2020, 221/2020, 222/2020 y 223/2020 de 1 de junio, entre Por lo tanto, en esencia no le falta razón al apelante cuando afirma que la sentencia debería......