STS 178/2020, 19 de Mayo de 2020
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2020:1006 |
| Número de Recurso | 3641/2017 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 178/2020 |
| Fecha de Resolución | 19 de Mayo de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 178/2020
Fecha de sentencia: 19/05/2020
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 3641/2017
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 26/02/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16.ª
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: RSJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 3641/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 178/2020
Excmos. Sres.
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres
D. Juan María Díaz Fraile
En Madrid, a 19 de mayo de 2020.
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Mataró. Es parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por la procuradora Ana María Espinosa Troyano y bajo la dirección letrada de Marta Rius Alcaraz. Es parte recurrida Pedro Francisco y Tarsila, representados por el procurador Francisco José Agudo Ruiz y bajo la dirección letrada de Silvia González de Agüero Castañer.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Tramitación en primera instancia
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La procuradora Silvia Roig Serrano, en nombre y representación de Tarsila y Pedro Francisco, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Mataró, contra la entidad Catalunya Banc S.A., para que dictase sentencia por la que:
"se condene a la entidad demandada a indemnizar a mis representados, en la cantidad de 19.841,99 euros más intereses y costas".
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La procuradora Anna Vilanova Siberta, en representación de la entidad Catalunya Banc S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:
"Se desestime íntegramente la misma, imponiendo las costas a Tarsila y Pedro Francisco".
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El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Mataró dictó sentencia con fecha 25 de junio de 2015 cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Que estimando la demanda de indemnización de daños y perjuicios interpuesta por Tarsila y Pedro Francisco, contra Catalunya Banc S.A., debo condenar a Catalunya Banc S.A. a pagar a la actora la cantidad de diecinueve mil ochocientos cuarenta y un mil euros con noventa y nueve céntimos (19.841,99 €), más los intereses legales de esta cantidad desde la demanda.
"Todo ello con imposición de costas a la demandada".
Tramitación en segunda instancia
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Catalunya Banc S.A. La representación procesal de Pedro Francisco y Tarsila se opuso al recurso interpuesto de contrario.
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La resolución de este recurso correspondió a la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia de 25 de abril de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc S.A., contra la sentencia de fecha 25 de junio de 2015, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mataró en el proceso mencionado en el encabezamiento, confirmamos dicha sentencia, con imposición de las costas a la apelante y con pérdida del depósito constituido para recurrir".
Interposición y tramitación del recurso de casación
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El procurador Ignacio López Chocarro, en representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (antes, Catalunya Banc S.A.), interpuso recurso de casación ante la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El motivo del recurso de casación fue:
"1º) Infracción del artículo 1.101 del Código Civil".
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Por diligencia de ordenación de 14 de julio de 2017, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.
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Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por la procuradora Ana María Espinosa Troyano; y como parte recurrida Tarsila y Pedro Francisco representados por el procurador Francisco José Agudo Ruiz.
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Esta sala dictó auto de fecha 25 de septiembre de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (antes Catalunya Banc, S.A.) contra la sentencia dictada con fecha 25 de abril de 2017, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª), en el rollo de apelación n.º 975/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 461/2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Mataró".
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Dado traslado, la representación procesal de Pedro Francisco y Tarsila presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.
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Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 26 de febrero de 2020, en que tuvo lugar. La firma de la sentencia se ha demorado debido a los efectos del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resumen de antecedentes
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Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Entre los años 2004 y 2007, Tarsila y Pedro Francisco adquirieron obligaciones de deuda subordinada de Caixa Catalunya (luego, Catalunya Banc y, en la actualidad, BBVA), por un importe total de 88.500 euros.
Tras la intervención de la entidad por el FROB, el canje obligatorio de las obligaciones de deuda subordinada por acciones y su posterior venta, los clientes recuperaron la suma de 68.658,01 euros.
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Tarsila y Pedro Francisco interpusieron una demanda contra Catalunya Banc, S.A. de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización era la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB, que la demanda cifraba en 19.841,99 euros.
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El juzgado de primera instancia estimó en parte la demanda y condenó al banco demandado al pago de una indemnización de 19.841,99 euros, más los intereses devengados desde la interpelación judicial.
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco demandado. La Audiencia desestima el recurso y desatiende la objeción formulada de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros.
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Frente a la sentencia de apelación, el banco demandado interpuso recurso de casación, sobre la base de un único motivo.
Recurso de casación
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Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del arts. 1101 CC, en relación con la jurisprudencia contenida en la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en la medida que lo concedido excede de la satisfacción del daño sufrido en la inversión.
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
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Estimación del motivo. La cuestión suscitada en el motivo fue resuelta y aclarada por la sala en su sentencia 81/2018, de 14 de febrero.
En esta sentencia, con remisión a la anterior sentencia 613/2017, de 16 de noviembre, se reitera la doctrina contenida en la sentencia 301/2008, de 8 de mayo, según la cual en la liquidación de los daños indemnizables debía computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Esta regla había sido aplicada también por la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en un caso en que se apreció el incumplimiento contractual en la labor de asesoramiento que provocó la adquisición de participaciones preferentes, al concluir que "el daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes".
En este contexto, la sentencia 81/2018, de 14 de febrero, resulta más explícita, cuando razona:
"En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste.
"Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.
"Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y lucro".
De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial".
En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia.
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Al asumir la instancia, por las mismas razones que acabamos de exponer, estimamos también el recurso de apelación, en el sentido de desestimar la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio. De acuerdo con las liquidaciones aportadas con la contestación a la demanda, los rendimientos obtenidos por las subordinadas fueron 21.322,46 euros. La suma de esta cantidad y el capital rescatado tras la intervención del FROB es superior al importe de la inversión realizada con la adquisición de las obligaciones de deuda subordinada.
Costas
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Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC.
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Estimado el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, tampoco hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC).
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Desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede su condena al pago de las costas generadas en primera instancia ( art. 394 LEC).
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
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Estimar el recurso de casación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) de 25 de abril de 2017 (rollo 975/2015).
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Estimar el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Mataró de 25 de junio de 2015 (juicio ordinario 461/2014), en el siguiente sentido.
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Desestimar la demanda formulada por Tarsila y Pedro Francisco contra Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), y absolver al banco demandado de las pretensiones contra él ejercitadas.
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No hacer expresa condena de las costas generadas por los recursos de casación y apelación formulados por BBVA. E imponer a los demandantes las correspondientes a la primera instancia.
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Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
