STS 388/2020, 13 de Mayo de 2020
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 388/2020 |
| Fecha | 13 Mayo 2020 |
REC.ORDINARIO(c/a) núm.: 3602/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Maria Pilar Molina Lopez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Octava
Sentencia núm. 388/2020
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
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Luis María Díez-Picazo Giménez, presidente
Dª. María del Pilar Teso Gamella
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José Luis Requero Ibáñez
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Jesús Cudero Blas
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Ángel Ramón Arozamena Laso
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Rafael Toledano Cantero
En Madrid, a 13 de mayo de 2020.
Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo 2/3602/2016, interpuesto por la mercantil CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CORUÑA, S.L., representada por la procuradora doña Belén Montalvo Soto y defendida por el letrado don Fernando Búa Gil, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez.
La representación procesal de la entidad CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CORUÑA, S.L. interpuso ante esta Sala, con fecha 18 de febrero de 2016, recurso contencioso- administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015, que desestimó la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por la recurrente por los daños y perjuicios que le generó el abono del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001).
Registrado el recurso, se acordó suspender el trámite del actual recurso hasta que se dictara sentencia en los registrados con los números 291, 312, 519, 634 y 1583, todos del 2015, que se tramitaban con carácter preferente.
Habiéndose dictado sentencias firmes en los recursos antes citados, se levantó la suspensión acordada y se dio traslado a la parte recurrente afectada por la suspensión únicamente de la sentencia recaída en el recurso núm. 312/2015, atendido el contenido sustancialmente coincidente de todas las sentencias dictadas, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), interesara la extensión de los efectos de la referida sentencia o, en su caso, alguna de las otras opciones previstas en los citados preceptos.
La parte recurrente, evacuando el traslado concedido, interesó la continuación del procedimiento, lo que fue acordado por la Sala, requiriéndose a la Administración recurrida la remisión del expediente administrativo.
Recibido el expediente administrativo, se entregó a la parte recurrente y se confirió trámite para la formulación del correspondiente escrito de demanda.
La parte actora formalizó la demanda a través de escrito presentado el 10 de septiembre de 2019.
Alega que de los años 2002 a 2009 (ambos inclusive) soportó la repercusión de cuotas por el concepto del IVMDH por importe de 6.134,45 € y que de acuerdo con la STJUE de 27 de febrero de 2014 y la sentencia de esta Sala de 18 de febrero de 2016 (recurso 351/2016), que reproduce en los particulares de su interés, le asiste el derecho a ser indemnizado por el Estado.
Concluye por ello que la Administración General del Estado deberá indemnizarle "[...] en la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del IVMDH y reclamadas en el presente recurso contencioso- administrativo (ejercicios 2002 a 2009), cuyo importe asciende a SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (6.134,45 €) con los intereses legales que corresponden desde la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LJCA a partir de ese momento".
Y termina suplicando a la Sala que dicte sentencia por la que se acuerde "[...] que la Administración General del Estado indemnice a "CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CORUÑA, S.L." en la cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (6.134,45 €), más los intereses legales que correspondan".
De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó a la misma mediante escrito de 17 de octubre de 2019.
Manifiesta que las cuestiones de fondo que se plantean en el presente recurso han sido resueltas por la Sala en numerosas sentencias firmes que reconocen la procedencia de la indemnización, de manera que ninguna alegación va a efectuar sobre ese extremo, sin perjuicio de interesar que se apliquen al presente caso las mismas bases que establecieron aquellas sentencias para el cálculo de la indemnización, transcribiendo, a tal efecto, la fundamentación contenida en la sentencia de 6 de marzo de 2018 (recurso núm. 1224/2015).
Por todo ello suplica a la Sala que "[...] dicte en su día sentencia declarando, para el caso de estimación del recurso, que la indemnización concreta deberá calcularse en ejecución de sentencia aplicando las bases reseñadas en el Tercero de los fundamentos de derecho de esta contestación a la demanda".
Por decreto de 23 de octubre de 2019 se fijó la cuantía del recurso y no habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se concedió a la parte recurrente plazo para que presentara escrito de conclusiones.
Evacuadas sus conclusiones, se confirió plazo a la parte demandada para cumplimentar dicho trámite. Una vez verificado, quedaron conclusas las actuaciones, habiéndose señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 4 de marzo de 2020, fecha en que tuvo lugar.
El debate procesal trabado en este recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante del que tuvo lugar en, entre otros, los recursos números 12/2015, 194/2015, 195/2015, 217/2015, 241/2015, 244/2015, 251/2015 y 258/2015, en los que hemos dictado sentencias estimatorias con fechas 18 y 24 de febrero de 2016. En consecuencia, el principio de igualdad en la aplicación de la ley obliga ahora a llegar a igual pronunciamiento con sustento en los mismos razonamientos jurídicos, de los cuales tan solo es necesario transcribir el decimoquinto de la sentencia recaída en el recurso número 195/2015, del siguiente tenor:
"DÉCIMO QUINTO.- La determinación de la indemnización
Los razonamientos anteriores nos conducen a la estimación del recurso contencioso administrativo. En consecuencia, la Administración General del Estado deberá indemnizar a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las siguientes bases.
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La indemnización se integra por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos contrario al Derecho de la Unión Europea, y reclamadas en el presente recurso contencioso administrativo.
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La cantidad anterior únicamente podrá verse minorada con las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, la parte recurrente ya hubiera percibido, por devolución de ingresos indebidos, respecto de ese mismo impuesto contrario al Derecho de la Unión Europea y ejercicios.
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También podrá minorarse la citada suma por las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, la recurrente ya hubiera percibido por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional, respecto de ese mismo impuesto y ejercicios.
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Se abonarán los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas, en su caso, las cantidades recibidas por devolución de ingresos indebidos o respecto del gasóleo profesional (apartados B y C), desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia. Con aplicación, a partir de ese momento, de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LJCA".
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la LJCA, tras la modificación por Ley 37/2011, de 10 de octubre, no entendemos procedente la imposición de las costas procesales, pues aunque rige en esta materia el criterio del vencimiento, el rigor de su aplicación se atempera en los casos como el examinado, toda vez que, al tiempo de interponerse el recurso, la cuestión objeto del mismo presentaba "serias dudas de hecho o de derecho", derivadas de la complejidad y diversidad de la controversia suscitada.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora doña Belén Montalvo Soto, en nombre y representación de la mercantil CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CORUÑA, S.L., contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, que anulamos por su disconformidad a Derecho.
En consecuencia, la Administración General del Estado deberá indemnizar a la recurrente en la cantidad reclamada en el presente recurso. De esta cantidad únicamente podrán restarse las cantidades abonadas por la Administración, por los ejercicios reclamados, cuando al momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, la recurrente ya hubiera percibido lo reclamado, en su caso, por devolución de ingresos indebidos o por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional, derivadas del referido impuesto.
Igualmente deberán abonarse los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas, en su caso, las cantidades recibidas por devolución de ingresos indebidos o respecto del gasóleo profesional, desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia. Con aplicación, a partir de ese momento, de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LJCA.
Todo ello, sin imposición de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
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Luis María Díez-Picazo Giménez Dª. María del Pilar Teso Gamella
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José Luis Requero Ibáñez D. Jesús Cudero Blas
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Ángel Ramón Arozamena Laso D. Rafael Toledano Cantero
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Luis María Díez-Picazo Giménez, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
