ATS, 25 de Septiembre de 2019
| Ponente | SEBASTIAN MORALO GALLEGO |
| ECLI | ES:TS:2019:10662A |
| Número de Recurso | 1445/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación para la unificación de doctrina |
| Fecha de Resolución | 25 de Septiembre de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 25/09/2019
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 1445/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastian Moralo Gallego
Procedencia: T.S.J.COM.VALENCIANA SOCIAL
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Transcrito por: RLT / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1445/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastian Moralo Gallego
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana
Dª. Maria Lourdes Arastey Sahun
D. Sebastian Moralo Gallego
En Madrid, a 25 de septiembre de 2019.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Sebastian Moralo Gallego.
Por el Juzgado de lo Social Nº 6 de los de Alicante se dictó sentencia en fecha 26 de mayo de 2017, en el procedimiento nº 390/16 seguido a instancia de D. Rafael contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Mutua MC Mutual y Acciona Servicios Urbanos SL, sobre incapacidad permanente parcial derivada de accidente de trabajo, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en fecha 12 de diciembre de 2018, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 13 de febrero de 2019 se formalizó por la procuradora D.ª Alicia Ramírez Gómez en nombre y representación de D. Rafael, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 19 de julio de 2019, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (R. 2147/2015), 30 de marzo de 2017 (R. 3212/2015), 31 de mayo de 2017 (R. 1280/2015) y 5 de julio de 2017 (R. 2734/2015)]. Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (R. 614/2015), 6 de abril de 2017 (R. 1869/2016) y 4 de mayo de 2017 (R. 1201/2015)].
La sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia de 12 de diciembre de 2018 (R. 3850/2017) confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda presentada en materia de incapacidad permanente.
Consta la sentencia recurrida que el actor, con categoría profesional de conductor de vehículo de recogida de residuos sufrió el 11 de junio de 2015 un accidente de trabajo mientras prestaba servicios para Acciona Servicios Urbanos S.L. El informe médico de síntesis recogía el siguiente diagnóstico: aplastamiento mano derecha en AT y FX conminutas base F2 dedo índice y de diáfisis F1 dedo medio, MA FX oblicua F 3 dedo anular con tto QG en 2 tiempos. Limitaciones orgánicas y funcionales: algias residuales mano derecha a nivel IFP 2-3-4 dedo con limitación de flexión 50-60 grados y distancia palma pasiva 2 centímetros, resistencia activa a puño en relación algias. No amiotrofias mano. Pinza útil y oposición a todos los dedos. Parestesias leves Phalen negativo. El 19 de enero de 2016 el INSS declaró al actor afecto de lesiones permanentes no invalidantes de limitación de movilidad global en más del 50 por ciento de índice derecho, limitación de movilidad global en más del 50 por ciento de dedo medio-anular-meñique derecho y limitación movilidad global en más del 50 por ciento de dedo medio-anular-derecho.
El actor está limitado para requerimientos intensos de mano derecha a nivel de IFP y requerimientos importantes de puño mantenido e intenso.
Recurre el actor en casación unificadora y aporta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 25 de junio de 2009 (R. 1337/2008) que declara al actor afecto de una incapacidad permanente parcial. El actor fue declarado afecto de lesiones permanentes no invalidantes, secuelas de aplastamiento de mano derecha con fractura conminuta de 5º metarcapiano de mano derecha, intervenido mediante artrodesis de MCF con anquilosis; retracción de IFP en unos 15º, cicatriz retráctil en zona volar, derivadas de accidente de trabajo ocurrido el 9 de junio de 2006.
De acuerdo con la doctrina antes indicada no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir las identidades que exige el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, lo que se deduce sin mayores disquisiciones de la simple lectura de los cuadros patológicos expuestos en las sentencias contrastadas que producen en los respectivos trabajadores distintas limitaciones funcionales.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado la Sala, por citar la más reciente, en STS de 16/09/2014 (R. 2431/2013). De hecho, en este sentido las SSTS de 23/06/2005 (R. 1711/2004 y 3304/2004) y 2/11/2005 (R. 3117/2004) han establecido que "este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social" [ SSTS de 13/11/2007 (R. 81/2007), 22/01/2008 (R. 3890/2006), 17/02/2010 (R. 52/2009)].
De conformidad con los argumentos anteriores, la decisión congruente es la de que el recurso aquí planteado no puede ser admitido, siendo en dicho sentido en el mismo en que se ha manifestado el Ministerio Fiscal, sin que el escrito de alegaciones de la recurrente tenga contenido suficiente para dejar sin efecto las apreciaciones que en el mismo sentido les fueron puestas de manifiesto por la providencia precedente que abrió el trámite de inadmisión. Por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS, y sin imposición de costas.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Rafael, representado en esta instancia por el procurador D. Jesús Iglesias Pérez y bajo la dirección letrada de D. Manuel Aliaga Chorro contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 12 de diciembre de 2018, en el recurso de suplicación número 3850/17, interpuesto por D. Rafael, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Alicante de fecha 26 de mayo de 2017, en el procedimiento nº 390/16 seguido a instancia de D. Rafael contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Mutua MC Mutual y Acciona Servicios Urbanos SL, sobre incapacidad permanente parcial derivada de accidente de trabajo.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
