STS 460/2019, 3 de Septiembre de 2019

Ponente:RAFAEL SARAZA JIMENA
Número de Recurso:4174/2016
Procedimiento:Recurso de casación
Número de Resolución:460/2019
Fecha de Resolución: 3 de Septiembre de 2019
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

ACCIDENTE AÉREO. CONTRATO DE SEGURO. INTERESES DE DEMORA. Los intereses de demora pagados por la aseguradora de una compañía aérea, tras un accidente, se rigen por la Ley del Contrato de Seguro y no por los Reglamentos de la Unión Europea o por el Convenio de Montreal. Se señala que el régimen normativo integrado por el Reglamento (CE) 2027/1997 -sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje-, así como el Convenio de Montreal, al que el Reglamento se remite, se aplica a las acciones ejercitadas por el pasajero frente al transportista, no a las peculiaridades propias de las obligaciones de las aseguradoras frente al perjudicado como consecuencia de la acción directa ejercitada por éste, que se rigen por la normativa nacional aplicable. Se estima parcialmente el recurso de casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 460/2019

Fecha de sentencia: 03/09/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 4174/2016

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 18/07/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Cuarta

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

Transcrito por: ACS

Nota:

CASACIÓN núm.: 4174/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 460/2019

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Saraza Jimena

D. Pedro Jose Vela Torres

En Madrid, a 3 de septiembre de 2019.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia de 19 de septiembre de 2016, dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria , como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 291/2013 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, sobre indemnización por fallecimiento acaecido en un accidente aéreo.

El recurso fue interpuesto por Mapfre Global Risks, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., representada por la procuradora D.ª María Isabel Campillo García y bajo la dirección letrada de D. Paulino José Fajardo Martos.

Son partes recurridas, D.ª Miriam , D.ª Salvadora , D.ª María Teresa y D.ª Begoña , representadas por el procurador D. Juan Antonio Marrero de Armas.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Tramitación en primera instancia.

  1. - El procurador D. Armando Curbelo Ortega, en nombre y representación de D.ª Miriam , D.ª Salvadora , D.ª María Teresa y D.ª Begoña , interpuso demanda de juicio ordinario contra Mapfre Global Risk Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia:

    "[...] por la que se estimen íntegramente los pedimentos de esta demanda, y, en consecuencia, se declare, conforme al artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro , la directa responsabilidad de la Compañía Aseguradora de los daños y perjuicios ocasionados a mi mandantes por la asegurada Spanair, S.A., como consecuencia del fallecimiento de sus padres D. Celso y Doña Verónica como consecuencia del siniestro acaecido en el vuelo NUM000 , fletado por dicha compañía el pasado día 20 de agosto de 2008 y, en su virtud,

    " Se condene a la demandada a estar y pasar por esta declaración y al abono de los daños y perjuicios causados a mis patrocinadas, condenándola al pago de la cantidad de dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos treinta euros y treinta y cinco céntimos (18.388.930,35 €) que ya incluye los intereses derivados de la aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , cantidad que deberá ser distribuida de la siguiente manera entre los demandantes:

    " 1.- A Doña Miriam , cuatro millones setecientos dieciocho mil trescientos noventa y tres euros y diecinueve céntimos (4.718.393,19 €).

    " 2.- A Doña Salvadora , cuatro millones setecientos dieciocho mil trescientos noventa y tres euros y diecinueve céntimos (4.718.393,19 €).

    " 3.- A Doña Begoña , cuatro millones setecientos dieciocho mil trescientos noventa y tres euros y diecinueve céntimos (4.718.393,19 €).

    " 4.- A Doña María Teresa , cuatro millones doscientos treinta y tres mil setecientos cincuenta euros y ocho céntimos (sic) (4.233.750,78 €)".

  2. - La demanda fue presentada el 19 de septiembre de 2013 y, repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, fue registrada con el núm. 291/2013 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

  3. - El procurador D. Ángel Colina Gómez, en representación de Mapfre Global Risks, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

    "1º.- Que estime la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y emplace a The Boeing Company como demandado en la siguiente dirección en España (que aparece en su página web www.boeing.es ):

    " Avenida del Sur del Aeropuerto de Barajas, 38

    " Edificio 4-4 Planta.

    " 28042 Madrid.

    " 2º.- Atendiendo a las alegaciones expuestas en el cuerpo de este escrito, desestime la demanda planteada sobre la base de una exclusiva responsabilidad de The Boeing Company por defecto de diseño de la aeronave siniestrada.

    " 3º.- Subsidiariamente respecto de la pretensión anterior, para el caso de que el Juzgador considere que ha concurrido tanto la negligencia de Spanair como la del fabricante en la producción del siniestro: (i) declare la responsabilidad de ambas compañías conforme a la normativa aplicable y los límites establecidos por la misma y (ii) condene a ambas partes a abonar a los perjudicados las respectivas indemnizaciones conforme a los criterios imperantes en el Derecho Español, individualizando la cuota de responsabilidad de cada una de las partes.

    " 4º.- Subsidiariamente respecto de la pretensión anterior, y para el caso de que sólo recaiga condena sobre Mapfre, al igual que en el caso anterior, se declare la cuota de responsabilidad que le correspondiera en la producción del siniestro a fin de poder repetir oportunamente contra los demás responsables del accidente, condenándole conforme a los mismos criterios de valoración y reglas delimitadoras de la responsabilidad mencionadas en el apartado 3º anterior de este suplico y

    " 5º.- Subsidiariamente respecto de la pretensión anterior, para el caso de que se estimase que el único responsable del accidente de Spanair, se condene a Mapfre conforme a los mismos criterios de valoración y reglas delimitadoras de la responsabilidad mencionadas en los dos anteriores apartados.

    " Todo ello con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas".

  4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia de 17 de diciembre de 2015 , con la siguiente parte dispositiva:

    "Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dña. Miriam , Dña. María Teresa , Dña. Salvadora y Dña. Begoña , y, en su virtud, acuerdo:

    " 1.- Condenar a Mapfre Global Risk Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. a pagar a cada una de las demandadas la suma de 87.200 €.

    " 2.- Condenar a Mapfre Global Risk Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. a pagar el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , que devenguen las anteriores cantidades desde la fecha del siniestro en los términos expuestos en el fundamento séptimo de esta sentencia.

    " 3.- No hacer expresa imposición de las costas causadas en esta instancia".

SEGUNDO

Tramitación en segunda instancia.

  1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Mapfre Global Risks, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. La representación de D.ª Miriam y otras se opuso al recurso.

  2. - La resolución de este recurso correspondió a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que lo tramitó con el número de rollo 297/2016 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia de 19 de septiembre de 2016 , en la que desestimó el recurso y condenó al apelante al pago de las costas.

TERCERO

Interposición y tramitación del recurso de casación

  1. - El procurador D. Ángel Colina Gómez, en representación de Mapfre Global Risk, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., interpuso recurso de casación.

    Los motivos del recurso de casación fueron:

    "Primero.- La sentencia recurrida infringe el artículo 29 del Convenio de Montreal en relación con el artículo 22.6 del Convenio de Montreal y con las obligaciones contenidas en el Reglamento (CE) nº 2027/1997".

    "Segundo.- La sentencia vulnera el artículo 20.8 de la Ley de Contrato de Seguro en relación con el artículo 20.3 y 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro porque hace una interpretación arbitraria, irrazonable e ilógica del artículo, contraria a su nítido tenor literal y al espíritu de la ley".

    "Tercero.- La sentencia recurrida infringe y vulnera la doctrina jurisprudencial sobre la valoración del daño en relación con el artículo 2.3 del Código Civil y los artículos 9.3 y 14 de la Constitución Española , ya que no ha tenido en cuenta los principios necesarios para valorar correctamente el daño: principio de discrecionalidad del daño, principio de irretroactividad, principio de seguridad jurídica y principio de igualdad".

    "Cuarto.- La sentencia recurrida infringe el artículo 9.3 de la Constitución Española en relación con el art. 1.106 del Código Civil y con la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo que determina que el daño resarcible es solo el daño efectivamente sufrido y, por tanto, que debe atenderse necesariamente a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida para su cuantificación (Sentencia núm. 57/2012, de 13 de febrero (RJ 2012/2042); núm. 326/2011, de 9 de mayo (RJ 2011/3845); núm. 628/2009, de 30 de septiembre (RJ 2010/654); núm. 977/2005, de 19 de diciembre (RJ 2006/295), entre otras)".

  2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 23 de enero de 2019, que admitió el recurso y acordó dar traslado a las partes recurridas personadas para que formalizaran su oposición.

  3. - D.ª Miriam , D.ª Salvadora , D.ª María Teresa y D.ª Begoña se opusieron al recurso de casación.

  4. - Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 18 de julio de 2019, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Antecedentes del caso

  1. - El 20 de agosto de 2008, hacia las 14:23 horas, se produjo un accidente de aviación en el aeropuerto de Barajas. Cuando estaba iniciando la maniobra de despegue, el avión MD82 matrícula ....-.... , de la compañía Spanair, que realizaba el vuelo NUM000 de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria, cayó al suelo y explotó. En el siniestro fallecieron ciento cincuenta y cuatro personas y resultaron heridas otras dieciocho.

    Entre los fallecidos se encontraban D. Celso y Doña Verónica , padres de las demandantes.

    Sin perjuicio de otras posibles concausas, el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar esa maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma.

  2. - La responsabilidad civil del transportista aéreo por los daños que pudieran sufrir los pasajeros de la aeronave siniestrada estaba asegurada por la compañía Mapfre Global Risks Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (en lo sucesivo, Mapfre) en una póliza que cubría también los daños sufridos por la aeronave y la responsabilidad frente a terceros. La responsabilidad del asegurador, frente a terceros y frente a pasajeros, tenía un límite de mil quinientos millones de dólares USA por acaecimiento y aeronave.

  3. - D.ª Miriam , D.ª Salvadora , D.ª Begoña y D.ª María Teresa interpusieron una demanda contra Mapfre, aseguradora de la responsabilidad civil de la aeronave siniestrada, en la que ejercitaron la acción directa prevista en el art. 76 de la Ley del Contrato de Seguro y le reclamaron 4.718.393,19 euros para cada una de las tres primeras demandantes (Dª Miriam , Dª Salvadora y Dª Begoña ) y 4.233.750,78 euros para Dª María Teresa . Estas cantidades ya incluían los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro .

  4. - Mapfre se opuso a la demanda. Planteó la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido demandada la empresa fabricante del avión, solicitó que se desestimase la demanda dirigida en su contra y, subsidiariamente, se declarara la responsabilidad de ambas compañías o la suya por su cuota de responsabilidad y, en caso de condena, se condenara "a abonar a los perjudicados las respectivas indemnizaciones conforme a los criterios imperantes en el Derecho Español, individualizando la cuota de responsabilidad de cada una de las partes". También se opuso a que las indemnizaciones devengaran el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro .

  5. - El Juzgado Mercantil estimó en parte la demanda y condenó a Mapfre a indemnizar a las demandantes en la cantidad resultante del baremo aplicable a los accidentes de automóvil fijado en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, incrementada en un 50%, que devengaría el interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro, con detracción del anticipo de 10.000 euros hecho a cada una de las demandantes.

  6. - La sentencia del Juzgado Mercantil fue apelada por Mapfre. La sentencia de la Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la sentencia del Juzgado Mercantil.

  7. - La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido recurrida por Mapfre con base en cuatro motivos, que han sido admitidos a trámite.

  8. - Las alegaciones de las recurridas para que se declare que los motivos son inadmisibles, no pueden estimarse. En unos casos, porque son inconsistentes; en otros, porque se refieren a las cuestiones de fondo que han de ser precisamente decididas al abordar los distintos motivos del recurso.

SEGUNDO

Formulación del primer motivo del recurso

  1. - El primer motivo del recurso de casación interpuesto por Mapfre se encabeza así:

    "La sentencia recurrida infringe el artículo 29 del Convenio de Montreal en relación con el artículo 22.6 del Convenio de Montreal y con las obligaciones contenidas en el Reglamento (CE) n.º 2027/1997".

  2. - En el desarrollo de este motivo, Mapfre cuestiona la fijación del interés de demora del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro pues alega que la obligación de pago y los plazos en que deben satisfacerse las indemnizaciones por los daños personales causados en accidentes de aviación vienen fijados en los citados Reglamento y Convenio, y el art. 22.6 del Convenio de Montreal (en adelante, CM) solo prevé la obligación de ofrecer la indemnización en los seis meses posteriores al siniestro o antes de comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior. Asimismo, es el art. 5 del citado Reglamento el que prevé la obligación de hacer un anticipo a cuenta no inferior a 16.000 DEG en los 15 días siguientes a la determinación de la identidad de la persona física con derecho a indemnización. Y el art. 29 CM excluye las indemnizaciones punitivas del régimen de indemnización de daños causados en el transporte aéreo.

TERCERO

Decisión del tribunal: no debe confundirse el ámbito normativo del Reglamento comunitario y el Convenio de Montreal con el de la Ley del Contrato de Seguro

  1. - Este mismo motivo, prácticamente en los mismos términos, fue planteado por Mapfre en el recurso que fue resuelto en nuestra sentencia 269/2019, de 17 de mayo . Esta Sala no encuentra razones para apartarse de lo resuelto en dicha sentencia, por lo que reiteramos lo que en ella dijimos.

  2. - El planteamiento del motivo confunde ámbitos normativos distintos: el aplicable a la responsabilidad derivada del contrato de transporte, de un lado, y las obligaciones del asegurador frente al perjudicado derivadas del contrato de seguro, de otro.

    El régimen normativo integrado por el Reglamento (CE) n.° 2027/1997, modificado por el Reglamento (CE) n.º 889/2002, y el Convenio de Montreal, al que aquel Reglamento se remite, se aplica a las acciones ejercitadas por el pasajero frente al transportista, no a las peculiaridades propias de las obligaciones de las compañías aseguradoras frente al perjudicado como consecuencia de la acción directa ejercitada por este, que se rigen por la normativa nacional aplicable. No es correcto, pues, afirmar que este régimen normativo es completo y autosuficiente para excluir la aplicación de la normativa relativa a las obligaciones de las compañías aseguradoras, cuyas peculiaridades no resultan reguladas en él. El recargo que establece el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro lo es exclusivamente para el asegurador en el caso de acción directa del perjudicado, no para el transportista aéreo.

  3. - Por último, que el art. 29 CM excluya las indemnizaciones punitivas del régimen de indemnización de daños causados en el transporte aéreo supone que dicho convenio, aplicable en Estados con sistemas jurídicos muy diversos, ha optado por el sistema de indemnización resarcitoria, propia del régimen común de los sistemas de Derecho civil, frente a los sistemas de indemnizaciones punitivas que caracterizan algunos sectores normativos de los ordenamientos de Common Law . Pero no significa que excluya la posibilidad de establecer recargos en el caso de demora en el pago de las indemnizaciones.

CUARTO

Formulación del segundo motivo del recurso de casación

  1. - Este motivo del recurso de Mapfre se encabeza con este título:

    "La sentencia recurrida vulnera el artículo 20.8 de la Ley de contrato de seguros en relación con el artículo 20.3 y 20.4 de la Ley de contrato de seguros porque hace una interpretación arbitraria, irrazonable e ilógica del artículo, contraria a su nítido tenor literal y al espíritu de la Ley".

  2. - En el desarrollo del motivo se alega, resumidamente, que la incertidumbre sobre la cobertura del seguro supone una causa justificada para exonerar a la aseguradora del pago de los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro ; que la consignación y puesta a disposición de los demandantes de la indemnización enerva el devengo de intereses; que la obligación de indemnizar del asegurador nace del art. 18 y no del art. 20.3 de la Ley del Contrato de Seguro ; que la normativa reguladora de la responsabilidad por daños personales en el transporte aéreo establece plazos de indemnización distintos a los previstos en el art. 20.3 de la Ley del Contrato de Seguro ; y que no se ha valorado la diligencia de Mapfre en cumplir sus obligaciones.

QUINTO

Decisión del tribunal: aplicación del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro a la aseguradora de la responsabilidad civil del transportista aéreo

  1. - Mapfre reproduce también en este motivo lo que alegó en el recurso que fue resuelto en nuestra sentencia 269/2019, de 17 de mayo . Tampoco encontramos en este caso razones para apartarnos de lo resuelto en dicha sentencia, por lo que también en este caso reiteraremos lo que en ella dijimos.

  2. - En primer lugar, la regulación de la demora del asegurador de la responsabilidad civil del transportista aéreo está regulada en nuestro ordenamiento jurídico por el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro y no por el Reglamento (CE) n.º 2027/1997 y el Convenio de Montreal, como ya se ha dicho al resolver el anterior motivo.

  3. - El pago del anticipo exigido por el art. 5 de dicho Reglamento tiene una función diferente a la del pago del importe mínimo que prevé el inciso final del art. 20.3 de la Ley del Contrato de Seguro . Lo regulado en aquel precepto no es el "importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, según las circunstancias por él conocidas", sino "los anticipos necesarios para cubrir las necesidades económicas inmediatas", cuya cuantía está muy alejada de la indemnización mínima que el asegurador pudiera estar obligado a pagar por el fallecimiento de un pasajero.

    Por tal razón, el pago de aquel anticipo no impide el devengo del interés de demora del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro respecto del resto de la cantidad a que asciende la indemnización.

  4. - Respecto de la invocación que la recurrente hace al art. 18 de la Ley del Contrato de Seguro , su interpretación de tal precepto dejaría sin efecto la previsión del art. 20.3 de la Ley del Contrato de Seguro , puesto que, según Mapfre, el asegurador solo incurriría en mora si dejara de abonar la indemnización "al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo", cualquiera que fuera la duración de tales investigaciones y peritaciones.

  5. - La consideración conjunta de ambos preceptos muestra que la Ley del Contrato de Seguro impone al asegurador una celeridad y diligencia extrema en la realización "de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo", así como en el cumplimiento de su prestación. De este modo, si no anticipa en el plazo de cuarenta días desde la recepción de la notificación del siniestro el importe mínimo que "pueda deber" según las circunstancias por él conocidas, y no cumple su prestación (generalmente, el pago de una indemnización) en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro, incurre en mora en los términos previstos en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro , salvo que "la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable" ( art. 20.8.º de la Ley del Contrato de Seguro ).

  6. - En el presente caso, la existencia del siniestro era conocida por Mapfre desde el momento en que el mismo se produjo, dada su repercusión pública, y los daños, al menos los daños personales consistentes en el fallecimiento de un número elevado de pasajeros, también fueron conocidos inmediatamente, sin que la aseguradora cumpliera su obligación de indemnizar en el plazo fijado en el citado precepto legal.

  7. - La sentencia 73/2017, de 8 de febrero , con cita de otras anteriores, resume la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la regla del artículo 20.8.º de la Ley del Contrato de Seguro .

    Como se recuerda en dicha sentencia, la jurisprudencia ha mantenido una interpretación restrictiva de las causas que excluyen el devengo del interés de demora del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro , en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma, para impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados.

    La mera existencia de un proceso judicial no constituye causa que justifique por sí sola el retraso en la indemnización, o permita presumir la racionalidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses, a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar.

    En lo que aquí interesa, la sentencia afirma que no se ha considerado causa justificativa que excluya el devengo del interés de demora acudir al proceso para dilucidar la discrepancia suscitada por las partes en cuanto a la culpa, ya sea por negarla completamente, ya sea por disentir del grado de responsabilidad atribuido al demandado en supuestos de posible concurrencia causal de conductas culposas. Asimismo, la iliquidez inicial de la indemnización que se reclama, cuantificada definitivamente por el órgano judicial en la resolución que pone fin al pleito, no implica valorar ese proceso como causa justificadora del retraso, ya que debe prescindirse del alcance que se venía dando a la regla in iliquidis non fit mora [tratándose de sumas ilíquidas, no se produce mora], y atender al canon del carácter razonable de la oposición para decidir la procedencia de condenar o no al pago de intereses y concreción del día inicial del devengo, habida cuenta que la deuda nace con el siniestro y que la sentencia que la cuantifica definitivamente no tiene carácter constitutivo sino meramente declarativo de un derecho que ya existía y pertenecía al perjudicado.

  8. - Otros argumentos expuestos en el desarrollo del motivo para impugnar el devengo del interés de demora parten, también en este recurso, de una base fáctica distinta a la fijada en la instancia, por lo que no pueden ser tomados en consideración.

  9. - Lo expuesto determina que la discrepancia de las partes sobre la cuantía de la indemnización, las dudas que inicialmente pudieran haber existido sobre las causas del siniestro, las propuestas de acuerdo o el ofrecimiento de pago de cantidades inferiores a las finalmente fijadas en sentencia, no pueden ser consideradas como circunstancias excepcionales que enerven el devengo de los intereses de demora del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro hasta la consignación de la cantidad a cuyo pago fue condenada la demandada en primera instancia.

SEXTO

Formulación del tercer motivo del recurso de casación

  1. - El encabezamiento del tercer motivo del recurso tiene este contenido:

    "La sentencia recurrida infringe y vulnera la doctrina jurisprudencial sobre la valoración del daño en relación con el artículo 2.3 del Código Civil y los artículos 9.3 y 14 de la Constitución Española , ya que no ha tenido en cuenta los principios necesarios para valorar correctamente el daño: principio de discrecionalidad del daño, principio de irretroactividad, principio de seguridad jurídica y principio de igualdad".

  2. - En el desarrollo del motivo, la recurrente alega que la infracción denunciada se habría producido porque la sentencia recurrida toma como referencia, para valorar los daños personales, un sistema de valoración establecido en una ley que entró en vigor ocho años después del siniestro. La sentencia habría aplicado retroactivamente el sistema de valoración establecido por la Ley 35/2015 a un accidente acaecido en 2008, por lo que habría utilizado unos parámetros legislados y creados en 2015 para valorar un siniestro acaecido en 2008, momento en que eran desconocidos por Mapfre, por los perjudicados y por los tribunales. Afirma literalmente el recurso:

    "La Sentencia recurrida, sorprendentemente, ha obviado completamente que el hecho de hacer un uso orientativo de una norma y del principio de discrecionalidad no exime al Juzgador de aplicar y conservar los principios y la doctrina que rigen la valoración del daño y la aplicación de las normas, en concreto, el principio de irretroactividad y el principio de seguridad jurídica".

SÉPTIMO

Decisión del tribunal: improcedencia de aplicar el sistema de valoración del daño vigente en 2015 para indemnizar los daños personales de un siniestro acaecido en 2008, ni siquiera como criterio orientativo

  1. - En nuestra anterior sentencia 269/2019, de 17 de mayo , en que también resolvimos un recurso interpuesto en un litigio sobre la indemnización por un fallecimiento acaecido en el mismo siniestro, declaramos, con cita de una sentencia anterior, que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales solo tiene acceso a casación cuando existe una notoria desproporción o se comete una infracción del ordenamiento en la determinación de las bases tomadas para la fijación de la cuantía. Solo en estos términos y con ese alcance puede examinarse la impugnación que afecta al importe de la indemnización.

  2. - También afirmamos en esa sentencia que, desgraciadamente, no es posible reparar la pérdida de los seres queridos, fallecidos en unas circunstancias tan trágicas. No existen parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que el daño moral esencialmente consiste.

    La indemnización del daño o sufrimiento moral, que no atiende a la reintegración de un patrimonio, va dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado, lo que conlleva que la determinación de la cuantía de la indemnización se realice apreciando las circunstancias concurrentes.

    Pero ese carácter irreparable de la pérdida del ser querido no justifica la fijación de cualquier indemnización. La cuantía de esta ha de fijarse tomando en consideración los criterios utilizados para este tipo de daños en nuestro ordenamiento jurídico.

  3. - Ante la inexistencia de normas de valoración de los daños personales causados en accidentes de aviación, en esa sentencia afirmamos que era adecuada una indemnización en cuya fijación tenga una función orientativa el baremo legal existente para los daños personales causados en accidentes de vehículos de motor.

  4. - Sobre esta cuestión, hemos reiterado en la 776/2013, de 16 de diciembre:

    "El efecto expansivo del Baremo previsto en el Anexo a la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados , a otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos de los del automóvil, ha sido admitido con reiteración por esta Sala con criterio orientativo, no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima que informa los arts. 1106 y 1902 del Código Civil ".

  5. - Esta utilización orientativa del citado baremo para la cuantificación de la indemnización de los daños personales no impide que puedan aplicarse criterios correctores en atención a las circunstancias concurrentes en el sector de actividad al que venga referida esta utilización.

    En el caso del fallecimiento de un pasajero en un accidente aéreo, su carácter catastrófico y las demás circunstancias que lo rodean (entre otras, la frustración de la confianza en la mayor seguridad del transporte aéreo de pasajeros por la exigencia de elevados estándares de seguridad) lo hace más propenso a provocar un duelo patológico por el fallecimiento del ser querido.

  6. - La normativa que establece el baremo de indemnización de los daños personales causados en accidentes de vehículos de motor hace una referencia expresa a que, para la determinación de las cuantías de las indemnizaciones, toma en consideración las circunstancias concurrentes en la circulación de los vehículos de motor y en el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor. Esas circunstancias son diferentes de las que concurren en el transporte aéreo de pasajeros y en el aseguramiento de la responsabilidad civil de los transportistas aéreos.

  7. - Por ello es razonable que la indemnización que resulte de la aplicación del baremo sea incrementada con un porcentaje adicional, que el juzgado fijó en un 50%, y la Audiencia Provincial confirmó.

  8. - Ahora bien, que el citado baremo se utilice con carácter orientativo y que puedan aplicarse criterios correctores en atención a las circunstancias concurrentes en el sector de actividad donde ha acaecido el siniestro, no significa que el margen de arbitrio del tribunal llegue al punto de poder elegir qué sistema de valoración de daños personales y qué cuantías elige, si los vigentes cuando se produjo el accidente (y, en el caso de lesiones, la cuantía del punto vigente cuando se produce el alta definitiva) o los vigentes en un momento posterior, como puede ser el de la sentencia. En este motivo, Mapfre impugna que se haya tomado como referencia el sistema de valoración del daño personal establecido en una ley publicada ocho años después del siniestro, y no el vigente cuando el mismo se produjo.

  9. - La sentencia de esta sala 33/2015, de 18 de febrero , resume la doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión. Afirma esta sentencia:

    "[...] procede cuantificar el daño mediante la aplicación del Baremo o sistema legal de valoración del daño corporal incorporado al Anexo de la Ley 30/95 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, de aplicación orientativo a otros sectores distintos de la circulación, conforme doctrina reiterada de esta Sala (afirmada en SSTS de 9 de diciembre de 2008 ; 11 de septiembre 2009 , entre otras), teniendo además en cuenta que, a partir de las SSTS de 17 de abril de 2007, del Pleno de esta Sala (rec 429/2007 y rec 430/2007 ), constituye igualmente jurisprudencia reiterada, recogida en las más recientes de 9 de julio de 2008 , 10 de julio de 2008 , 18 de junio de 2009 y 9 de marzo y 5 de mayo de 2010 , que los daños sufridos quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente en el momento de la producción del hecho que ocasiona ese daño, sin perjuicio de que su valoración económica se haga, a efectos de concretar la indemnización correspondiente, con arreglo a los importes que rigen para el año en que se produzca el alta definitiva o estabilización de las lesiones sufridas por el perjudicado".

    Para el caso de fallecimiento, en la sentencia 223/2013, de 12 de abril , declaramos:

    "en los casos de muerte instantánea el daño queda fijado en el mismo momento que los hechos que lo producen y, por tanto, es este momento o fecha el que determina la cuantía de la indemnización según la actualización entonces vigente".

  10. - Lo expuesto lleva a la estimación de este motivo. Por tanto, la cuantía de las indemnizaciones acordadas en favor de las demandantes debe determinarse mediante la adición del porcentaje corrector fijado en la instancia (50%) sobre las cuantías que resulten de la aplicación del baremo vigente cuando sucedió el siniestro, en el año 2008, no sobre las que resulten de la aplicación del baremo establecido en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre.

  11. - La estimación de este motivo hace innecesario resolver el motivo cuarto pues este se formuló de forma subsidiaria, solo para el caso de que no fuera estimado el motivo tercero.

OCTAVO

Costas y depósito

  1. - No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado en parte, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Respecto de las costas del recurso de apelación, la estimación parcial del recurso de casación supone también la estimación parcial del recurso de apelación, por lo que no procede hacer expresa imposición de las costas generadas en el mismo.

  2. - Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. - Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por Mapfre Global Risk, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. contra la sentencia de 19 de septiembre de 2016, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, en el recurso de apelación núm. 297/2016 .

  2. - Casar la expresada sentencia en el extremo relativo a la cuantía de las indemnizaciones por haber sido fijadas utilizando como referencia el baremo establecido en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre. Y, en su lugar, acordar que las indemnizaciones son las resultantes de incrementar en el porcentaje del 50% acordado en la instancia las cuantías que resultan de la aplicación del baremo vigente cuando sucedió el siniestro, en 2008, con detracción de las cantidades entregadas a cuenta.

  3. - No imponer las costas del recurso de casación ni del recurso de apelación.

  4. - Devolver al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.