STS 410/2019, 9 de Julio de 2019

Tramitación en primera instancia

1. El procurador Francisco Javier Gallego Brizuela, en nombre y representación de Martin y Eufrasia , interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Valladolid, contra la entidad Abanca S.A.. y suplicó al Juzgado que dictase sentencia por la que:

   "se condene a la demandada a aceptar la reestructuración del préstamo hipotecario solicitada el día 21 de julio de 2014, con efectos al día 21 de septiembre de 2014".

2. El procurador Constancio Burgos Hervás, en representación de la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

   "con desestimación íntegra de la demanda se dicte sentencia por la que se absuelva a mi representada de todos los pedimentos con expresa condena en costas a la parte demandante por su temeridad y mala fe a la hora de interponer la presente demanda".

3. El Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Valladolid dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2016 , cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Fallo: Desestimando la demanda promovida por D. Martin y D.ª Eufrasia contra la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A. por carencia sobrevenida de objeto litigioso, condenando expresamente a la entidad demandada al pago de las costas causadas por mala fe".

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones respectivas de la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A y Martin y Eufrasia .

2. La resolución de estos recursos correspondió a la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, mediante sentencia de 2 de noviembre de 2016 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Martin y D.ª Eufrasia contra la sentencia dictada el 27 de mayo de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Valladolid en los autos de juicio ordinario de los que dimana el presente rollo de Sala, sin imposición de costas a los recurrentes en ninguna de las dos instancias.

"Se estima el recurso de apelación interpuesto por la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A., contra la citada sentencia dictada el 27 de mayo de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valladolid y, en consecuencia, procede revocarla parcialmente en el sentido de dejar sin efecto el pronunciamiento sobre la imposición de costas a la demandada por mala (sic) recogido en los FD 3º y 4º y fallo de la sentencia recurrida.

"La desestimación del recurso lleva implícita la pérdida del depósito constituido al amparo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 , dándosele el destino legal.

"Al estimarse el recurso procede la devolución del depósito constituido al amparo de la Disposición Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009".

Interposición y tramitación del recurso de casación

1. El procurador Francisco Javier Gallego Brizuela, en representación de Martin y Eufrasia , interpuso recurso de casación ante la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Valladolid.

   El motivo del recurso de casación fue:

   "1º) Infracción de los arts. 2 y 5 del RDL 6/2012, de 9 de marzo , modificado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en relación con el art. 22 LEC ".

2. Por diligencia de ordenación de 3 de febrero de 2017, la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 3.ª, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente Martin y Eufrasia , representados por la procuradora María Luisa Bermejo García; y como parte recurrida la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A., representada por el procurador Rafael Silva López.

4. Esta sala dictó auto de fecha 20 de marzo de 2019 , con la siguiente parte dispositiva:

   "Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Martin y D.ª Eufrasia contra la sentencia dictada con fecha 2 de noviembre de 2016 por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3.ª) en el rollo de apelación n.º 326/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 71/2015 del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Valladolid"

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 27 de junio de 2019, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

   El 10 de marzo de 2006, Martin y Eufrasia concertaron con Caixa Galicia (en la actualidad Abanca) un préstamo hipotecario por un importe 111.000 euros, en el que hipotecaban su vivienda habitual sita en la CALLE000 nº NUM000 , NUM001 , de Laguna de Duero (Valladolid).

   A finales de 2013, los prestamistas dejaron de pagar las cuotas de devolución del préstamo, como consecuencia de la pérdida del empleo por parte de Martin .

   La prestamista resolvió el contrato el 9 de diciembre de 2013 e instó la ejecución hipotecaria que se siguió en el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Valladolid, bajo el número 25/2014 . En el curso de este procedimiento de ejecución, la publicación de la subasta se hizo el 24 de noviembre 2014.

   Antes, el 21 de julio de 2014, por medio de la oficina de interlocución hipotecaria de la Junta de Castilla y León, los prestatarios habían presentado a la entidad prestamista una propuesta de reestructuración al amparo de la normativa sobre el Código de Buenas Prácticas (regulado por el RDL 6/2012, de 9 de marzo, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo). La propuesta consistía en un periodo de carencia en la amortización de 5 años y una reducción del interés aplicable durante este plazo de carencia a Euribor + 0,25.

   Abanca dejó transcurrir el mes sin contestar, lo que obligó a Martin y Eufrasia a volver a requerirle para que se pronunciara. Finalmente, el banco contestó y denegó la propuesta porque no se cumplían los siguientes requisitos: que el litigio abierto en la ejecución de la finca hipotecada sea enervado en los términos del art. 693 LEC con fondos propios del deudor y que se cancelen registralmente las cargas posteriores a la hipoteca que se iba a novar, salvo que se dejara constancia registral de que con esa novación el banco no alteraba el rango de su hipoteca.

   En la hoja registral de la finca hipotecada constaban dos embargos posteriores.

2. Martin y Eufrasia presentaron una demanda contra Abanca en la que, después de aducir que se encontraban en situación de exclusión conforme a lo regulado en el RDL 6/2012, de 9 de marzo, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, pedían que fuera condenado el banco "a aceptar la reestructuración del préstamo hipotecario solicitada el día 21 de julio de 2014, con efectos al día 21 de septiembre de 2014".

3. Abanca se opuso a la demanda porque, como manifestó al contestar al segundo requerimiento, la reestructuración quedaba condicionada al previo pago de las cuotas vencidas e impagadas y a la cancelación de las cargas posteriores.

   Y, durante la tramitación del procedimiento, opuso la concurrencia de circunstancias sobrevenidas que determinaban la carencia de objeto litigioso, porque los demandantes habían dejado de ser titulares de la vivienda objeto de la ejecución hipotecaria.

4. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda porque en los autos de ejecución hipotecaria 25/2014 (seguidos en el Jugado de Primera Instancia 4 de Valladolid) se había aprobado la adjudicación de la vivienda hipotecada, lo que determinaba la imposibilidad de que pudiera otorgarse la tutela pretendida por los demandantes, pues estos últimos habían dejado de ser titulares de la vivienda.

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los demandantes. La Audiencia desestima la apelación y confirma la decisión del juzgado de "estimar la pérdida de interés legítimo de la actora en la medida en que ni existe préstamo hipotecario (ha sido resuelto anticipadamente en virtud del impago de las cuotas), ni tampoco los prestatarios son titulares de la garantía real ejecutadas". Y argumenta:

   "En definitiva, resulta irrelevante en este preciso momento procesal valorar si la actuación de la entidad de crédito fue conforme al CBP, esto es, si incumplió las obligaciones de información o comunicación impuestas en el Anexo del Real Decreto 6/12, pues resulta jurídicamente inviable "reactivar" el contrato de préstamo hipotecario una vez ejecutada la garantía. El debate, por tanto, no se centra en valorar las condiciones impuestas por la demandada en el trámite de negoción (sic) del plan de reestructuración, y su procedencia, o si resultaba viable la proposición de medidas complementarias (quita) o sustitutivas (dación en pago) de los apartados 2 y 3 del Anexo, pues difícilmente se podrían aplicar las medidas más flexibles o quitas si el contrato se ha resuelto, o interesar la dación en pago de la deuda cuando el bien no forma parte de su patrimonio.

   "Por ello, el simple hecho de haber interesado "en plazo" (antes del anuncio de la subasta -Anexo 1.a.II-) la reestructuración no habilita la adopción de las medidas en cualquier tipo de situaciones jurídicas, por más que el legislador hubiera contemplado expresamente su tramitación durante el curso de una ejecución hipotecaria. Atendiendo precisamente a los problemas relacionados con el devenir del proceso ejecutivo y sus consecuencias irreversibles, la parte actora interesó -y obtuvo- como medida cautelar, la suspensión de la subasta (auto de 6 de febrero de 2015), el cual no produjo los efectos pretendidos por la falta de depósito de la caución.

   "Lo anterior nos permite concluir que carece de objeto el presente procedimiento declarativo ( art. 22 LEC ), pues el antecedente lógico de las medidas interesadas no es otro que la existencia de un préstamo con garantía hipotecaria, circunstancia que no concurre en el caso que nos ocupa a la vista del resultado del procedimiento de ejecución hipotecaria seguido ante el JPI nº 4".

6. La sentencia de apelación es recurrida en casación por los demandantes sobre la base de un único motivo.

Recurso de casación

1. Formulación del motivo . El motivo denuncia la infracción de los arts. 2 y 5 del RDL 6/2012, de 9 de marzo , modificado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en relación con el art. 22 LEC . Los recurrentes entienden que, una vez la entidad de crédito se ha acogido al Código de Buenas Prácticas y los demandantes se encuentran en el umbral de exclusión, la reseñada normativa es de obligado cumplimiento, sin que deje de serlo porque después de requerida la reestructuración, sin atender a esta solicitud, se haya ejecutado la hipoteca.

   Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Estimación del motivo . En el presente caso, no se discute que en julio de 2014, Abanca ya estaba adherida voluntariamente al Código de Buenas Prácticas incorporado en el anexo del RDL 6/2012, de 9 de marzo, modificado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Tampoco que el préstamo hipotecario que los demandantes tenían concertado con Abanca entraba dentro del ámbito de aplicación del Código, ni que los demandantes se encontraban en el umbral de exclusión previsto en el art. 3 .

   La adhesión voluntaria de la entidad de crédito al Código de Buenas Prácticas conlleva su sujeción a este sistema previsto en el anexo del RDL 6/2012, de 9 de marzo. Con ello surge un derecho para los prestatarios que cumplan los requisitos contenidos en el cuerpo de esta Ley, a instar de la entidad de crédito las medidas previstas en el anexo, en concreto, la reestructuración previa a la ejecución hipotecaria y, en su caso, las complementarias (quita) o sustitutivas a la ejecución (dación en pago), en los términos previstos en la norma.

3. En este caso, ante el impago de varias cuotas mensuales del préstamo hipotecario, Abanca resolvió el contrato el 9 de diciembre de 2014 e instó la ejecución hipotecaria.

   Antes de que se realizara el anuncio de la subasta (24 de noviembre de 2014), el 21 de julio de 2014, los demandantes presentaron al banco una propuesta de reestructuración al amparo de la normativa sobre el Código de Buenas Prácticas, que consistía en un periodo de carencia en la amortización de 5 años y una reducción del interés aplicable durante este plazo de carencia a Euribor + 0,25.

4. La letra a) del apartado 1 del Anexo prevé que los deudores comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, "podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora la reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y largo plazo de la misma".

   En cuanto a su contenido, la letra b) de ese apartado 1 prevé el siguiente, sin perjuicio de la concreción de cómo se ejecutaría en cada caso:

   "i. Carencia en la amortización de capital de cinco años. El capital correspondiente a las cuotas de ese periodo podrá o bien pasarse a una cuota final al término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o realizarse una combinación de ambos sistemas.

   "ii. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la concesión del préstamo.

   "iii. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el plazo de carencia.

   "iv. En todo caso, se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas limitativas de la bajada del tipo de interés previstas en los contratos de préstamo hipotecario".

   Por otra parte, según dispone el último párrafo de la letra a) de ese apartado 1:

   "No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez se haya producido el anuncio de la subasta".

   A sensu contrario, los prestatarios pueden solicitar estas medidas antes de que se hubiera producido el anuncio de la subasta. Y en nuestro caso, eso fue lo que ocurrió, se solicitó la reestructuración el 21 de julio, meses antes de que hubiera sido anunciada la subasta (24 de noviembre de 2014).

5. De esta forma los demandantes presentaron a tiempo la solicitud de reestructuración de su deuda hipotecaria y su contenido se adecuaba a la previsión legal. El banco incumplió el deber legal de atender a esta solicitud y la rechazó por dos motivos que no justifican por sí mismos tal rechazo.

   En primer lugar, objetó que con carácter previo debían pagarse todas las cuotas vencidas y pendientes de pago.

   Respecto de esta primera objeción, hemos de advertir que, si bien la mera reestructuración no conlleva la condonación de las cuotas vencidas y pendientes de pago hasta ese momento, su previo pago no constituye en la ley un presupuesto para la concesión de la reestructuración cuyo incumplimiento justifique el rechazo de la solicitud. En todo caso, la forma en que deben pagarse esas cuotas vencidas e impagadas forma parte de ese plan que la propia letra a) del apartado 1 del anexo prevé que el banco debe ofrecer "en el que se concreten la ejecución y las consecuencias financieras para el deudor de la aplicación conjunta de las medidas contenidas en esta letra (...)".

   En segundo lugar, el banco objetó que debían alzarse antes los embargos que se habían trabado con posterioridad a la constitución de la hipoteca.

   Esta segunda objeción tampoco resulta admisible, pues el plan de reestructuración no altera el rango registral de la hipoteca. En atención a las razones por las que se adopta la medida de reestructuración, en el marco de la normativa legal especial que pretende paliar los efectos de la crisis económica para las personas en el umbral de exclusión, y, por su propio contenido, no se altera el rango registral de la hipoteca, por lo que para preservar su garantía la entidad de crédito no tiene por qué exigir el levantamiento de los dos embargos.

6. En consecuencia, el banco no podía rechazar la solicitud de reestructuración amparándose en esas dos objeciones mencionadas. Como la solicitud se hizo a tiempo, el banco debía haberla atendido. Es cierto que la letra c) del apartado 1 concede al banco la posibilidad de advertir el carácter inviable del plan conforme al criterio previsto en el apartado 2, pero en este caso no consta se hubiera hecho valer.

   Sin perjuicio del control del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas previsto en el art. 6 del RDL 6/2012, de 9 de marzo , y de las reclamaciones que pudieran presentarse ante el Banco de España, la adhesión por parte de las entidades de crédito a dicho Código comporta además que el cumplimiento de algunas de las obligaciones asumidas pueda ser reclamado judicialmente por los prestatarios, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley.

   Es por ello que si el banco desatiende una solicitud de reestructuración de deuda por causas ajenas a las que legalmente podrían justificarlo, puede ser demandado judicialmente por el prestatario para que sea condenado a conceder esta reestructuración.

   Ejercitada esta acción judicial a tiempo (antes de que se hubiera consumado la ejecución de la garantía y los prestatarios hubieran perdido la vivienda hipotecada), su prosperabilidad no puede quedar supeditada a que el banco no consume la realización de la garantía. La posterior ejecución hipotecaria no impide que el procedimiento judicial continúe adelante, sin perjuicio de que, en caso de estimación de la demanda, ante la imposibilidad de dar cumplimiento in natura a la condena de hacer (otorgar la reestructuración de la deuda reclamada), haya que optar por el cumplimiento por equivalencia (la indemnización de los daños y perjuicios sufridos).

7. En consecuencia, procede estimar el recurso de casación y asumir la instancia, para estimar el recurso de apelación, por las razones mismas razones, y estimar la demanda.

Costas

1. Estimado el recurso de casación, no hacemos expresa condena en costas conforme a lo prescrito en el art. 398.2 LEC .

2. La estimación del recurso de apelación conlleva que tampoco hagamos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC ).

3. Estimadas sustancialmente las pretensiones de los demandantes, imponemos a la demanda las costas ocasionadas en primera instancia ( art. 394 LEC ).