ATS, 14 de Febrero de 2019

Sentencia recurrida.

La STSJ Navarra 212/2018 de 5 julio (rec. 202/2018 ) desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Dª María Teresa . De ese modo, confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Pamplona, fechada el 20 de abril de 2018 ,

La trabajadora reclama su derecho al percibo de una pensión de jubilación anticipada, en cuantía del 76% de su base reguladora. La sentencia examina lo previsto en la LGSS de 2015 (Disposición Transitoria Cuarta, apartado 5 ), analiza los hechos demostrados y concluye que en el caso no existe Acuerdo colectivo del que pueda derivarse el cese de la recurrente, sino "una desvinculación individual y voluntaria causalizada por el interés de la trabajadora en acceder a una prejubilación económicamente satisfactoria".

Recurso de casación unificadora con aportación documental.

1. Frente a la anterior sentencia, con fecha 18 de julio de 2018, prepara recurso de casación para la unificación de doctrina el Abogado y representante de la trabajadora.

   Manifiesta que la sentencia recurrida es contradictoria con otra dictada por la Sala de Burgos del TSJ de Castilla y León, fechada el 6 de noviembre de 2013 . Establece como núcleo de la contradicción el determinar si se cumplen los requisitos del artículo 161.bis.2.d de la LGSS , en redacción vigente hasta 31 de diciembre de 2012.

   También considera que la sentencia es contradictoria con la de 30 junio 2011 (rec. 2239/2010) dictada por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

2. Mediante posterior escrito, fechado el 3 de mayo de 2018, el Letrado formaliza recurso de casación unificadora.

   Además de analizar las sentencias comparadas y de sostener que la recurrida contiene doctrina errónea, el escrito invoca el artículo 233.1 LRJS , así como el Auto dictado por esta Sala con fecha 14 de marzo de 2018 , para interesar la aportación a los autos de una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del TSJ de Canarias.

Alegaciones.

Con fecha 8 de octubre de 2018 el Letrado de la Administración de la Seguridad Social formula escrito de alegaciones, oponiéndose a que el documento se incorpore a los autos, dado que no se subsume en ninguno de los supuestos contemplados legalmente. En particular, subraya la heterogeneidad de materias abordada por la sentencia que se quiere incorporar a los autos.

Informe del Ministerio Fiscal.

Con fecha 25 de octubre de 2018 el representante del Ministerio Fiscal ante esta Sala Cuarta emite su Informe en sentido contrario a la incorporación pretendida.

Aportación excepcional de documentos.

El artículo 233.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

Con ello concuerda el art. 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente (LEC) que, después de establecer la misma prohibición sobre admisión de documentos después de la vista o juicio, añade: " Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o rectificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso... ".

De lo anterior se desprende que los únicos documentos que podrán ser admitidos en estas circunstancias son las sentencias y las resoluciones judiciales o administrativas firmes, así como otros documentos, pero siempre que unas y otras resulten condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y además que no se hubiesen podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables a la parte que lo pretende. En innumerables ocasiones, la doctrina que esta Sala viene manteniendo expone lo siguiente:

1) En los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de Žsentencias o resoluciones judiciales o administrativasŽ firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos.

2) La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) la sentencias o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. b) Que serán admisibles si, además, por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y c) en el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala.

3) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y unidos a los autos producirán el efecto pretendido por la parte sólo en el caso de que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar en definitiva.

3) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la Sala valorará en cada caso su alcance en la propia sentencia o auto que haya de dictar.

El criterio del ATS 14 marzo 2018 (rec. 1215/2017 ) y de otros concordantes.

Invoca la recurrente, a fin, de respaldar la solidez de su petición, el criterio sentado en nuestro precedente ATS 14 marzo 2018 (rec. 1215/2017 ). Se discute allí si hay grupo de empresas. Pero el criterio seguido por dicho Auto no es uniforme; antes de decidir si resulta trasladable al presente supuesto es menester contextualizarlo, reproduciendo los términos del posterior Auto de 12 septiembre 2018 (rec. 3735/2017).

Son varios los recursos de casación unificadora que han accedido a esta Sala Cuarta sobre la concreta cuestión ahora abordada. Con las mismas empresas demandadas y distintos trabajadores accionantes, pero sobre idéntico trasfondo, las sentencias de suplicación han asumido soluciones distintas. Y son varias las ocasiones en que se nos ha solicitado la incorporación a los autos de sentencias que venían a reforzar una u otra tesis. Ello ha dado lugar a pronunciamientos aparentemente diversos por nuestra parte. Recordemos su tenor.

SEGUNDO.- Criterios precedentes

1. Ante esta Sala se sigue el recurso de casación unificadora 2679/2016, cuyo objeto presenta grandes semejanzas con el presente; así lo entiende la recurrente Qualiconsult cuando manifiesta su intención de interesar la acumulación de ambos.

   En el marco de ese procedimiento la mercantil recurrente (Qualiconsult) solicitó, al amparo del artículo 233 LRJS , la unión a los autos de tres documentos: la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de septiembre de 2016, rec. 468/2016 ; la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 29 de diciembre de 2016, rec. 257/2016 y el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia de fecha 9 de noviembre de 2016 , en el incidente concursal nº 1474/2014.

   Respondiendo a esa solicitud, nuestro Auto de 1 de julio de 2017 rechaza la referida pretensión por los siguientes argumentos:

   Los precedentes criterios llevan a rechazar la aportación pretendida, por cuanto que, por un lado, se trata de dos sentencias y un auto judicial de los que no consta su firmeza; es más, respecto de las dos sentencias la parte manifiesta expresamente que ha preparado frente a las mismas recurso de casación para la unificación de la doctrina; y, por otra parte, al hallarnos ante un recurso extraordinario, como el de unificación de doctrina, en el que no cabe la revisión de los hechos probados de la sentencia recurrida, la aportación de documentos es aún más limitada que en los recursos ordinarios. Por ello, teniendo en cuenta que los documentos cuya aportación se interesa no cumplen los requisitos legalmente exigidos, singularmente, la firmeza de las resoluciones judiciales- se impone desestimar la incorporación a los autos de los documentos pretendidos.

2. Por su lado, el Auto de 14 de marzo de 2018 (rec. 1888/2017) acepta la aportación documental interesada por la representación de los trabajadores por las siguientes razones:

   En el presente caso procede -entendemos- la incorporación de las resoluciones judiciales que la parte interesa, pues si bien no coincidimos con las afirmaciones de la presentante respecto de la eficacia de cosa juzgada en sentido positivo que atribuye a tales resoluciones, pues conforme al art. 222 LECiv ello requeriría una identidad subjetiva en la parte accionante que en el presente caso no existe, e igualmente discrepamos del automatismo que parece predicar del aserto que igualmente invoca ["las cosas no puede ser y no ser al mismo tiempo para los órganos del Estado"], lo cierto y verdad es que tanto la cosa juzgada como el aforismo obligarían como mínimo -de no coincidirse con la consecuencia a que se ha llegado en tales sentencias- a que en la motivación de la resolución que en su momento hayamos de dictar efectuamos una serie de consideraciones jurídicas en orden a una hipotética discordancia respecto de las aportadas, que a su vez presuponen la presencia en autos de las resoluciones judiciales de que se discrepa; o lo que es igual, como tales documentos se muestran "decisivos" cuando menos en términos de motivación, ello impone -de momento- su incorporación a las actuaciones, por obligada tutela judicial [ art. 24 CE ]. Y ello con independencia de su debida valoración en el momento oportuno, y siempre bajo el condicionamiento de que el presente recurso logre pasar el filtro de admisibilidad.

3. En el seno del procedimiento 2368/2017 seguido ante esta Sala, la Letrada de Quasiconsult ha aportado Copia del auto de esta Sala de 25 de octubre de 2017, recurso número 939/2017 , y de la STSJ Madrid de 12 de septiembre de 2016 . Mediante Auto de 14 de junio de 2018 hemos rechazado su incorporación por lo siguiente:

   El auto de 25 de octubre de 2017, recurso número 939/2017 , es una resolución dictada por esta Sala, por lo que no procede la admisión del documento presentado.

   Tal y como consta en el auto de esta Sala de 18 de diciembre de 2017, recurso 2246/2016: "No procede la admisión de los documentos presentados ya que se trata de sentencias dictadas por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo resolviendo recursos de casación para la unificación de doctrina, por lo que las mismas son conocidas por esta Sala, sin que proceda su aportación por las partes".

   La sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 12 de septiembre de 2016, recurso 468/2016 , no es decisiva para la resolución del recurso ya que se pronuncia acerca del efecto positivo de cosa juzgada y sobre la existencia de grupo de empresas, cuestiones que son examinadas por la sentencia recurrida sin que quepa apreciar que lo resuelto en la sentencia que se aporta puede condicionar la resolución que en su día se adopte.

4. Por su lado el Auto de 20 junio 2018 (rec. 1215/2017 ) admite la aportación documental por las mismas razones que el de 14 de marzo de 2018.

5. Ante esta Sala se sigue el procedimiento 3169/2017. La Letrada de Qualiconsult presentó escrito aportando documentos consistentes en copia de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 12 de septiembre de 2016, recurso número 468/2016 , y auto de esta Sala de lo Social de 25 de octubre de 2017, recurso 939/2017 , por el que se declaró la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra dicha sentencia y la firmeza de la misma. Y nuestro Auto de 29 junio 2018 la ha desestimado por las siguientes razones:

   Aunque la sentencia aportada resuelva una reclamación de cantidad formulada contra Qualibérica SL, su administradora concursal Doña Araceli , Qualibérica Seguridad SL, su administrador concursal D Hernan , Qualigroup SAS Y Qualiconsult SA, demandadas que son coincidentes con las que ostentan tal cualidad en la presente litis, es lo cierto que no son las mismas las actoras en uno y otro asunto y que la citada sentencia no es decisiva para la resolución del presente litigio. En efecto, la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no constituye jurisprudencia ni tiene superior fuerza de convicción que la que puedan tener sentencias dictadas por otras Salas de lo Social que resuelvan asuntos similares.

   TERCERO.- Consideraciones sobre la aportación pretendida.

1. Elementales razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la nos abocan a reiterar el pronunciamiento de inadmisión de los documentos que contiene nuestro Auto de 1 de julio de 2017 respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 29 de diciembre de 2016, rec. 257/2016 y el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia de fecha 9 de noviembre de 2016 , en el incidente concursal nº 1474/2014.

2. La tercera de las resoluciones judiciales cuya aportación se interesa (la STSJ Madrid 12 de septiembre de 2016, rec. 468/2016 ) ha devenido firme como consecuencia del Auto de esta Sala Cuarta a que hemos hecho referencia.

   El Ministerio Fiscal considera que concurre también una causa de inadmisión de la sentencia que permanece invariable: no posee carácter decisivo para la resolución del procedimiento. Nuestro Auto de 29 de junio de 2018 también ha rechazado su incorporación al procedimiento.

3. Es cierto que en los citados Autos de 14 de marzo y 20 de junio de 2018 hemos permitido que los trabajadores recurrentes aporten sentencias al procedimiento y que en ellos anida alguna argumentación favorable a que lo hagamos también ahora. Sin embargo, vamos a rechazar esa aportación por las siguientes razones:

   Primera:- Los Autos de esta Sala de 1 julio 2017 , 14 junio 2018 y 29 junio 2018 se refieren específicamente a la misma aportación de Qualiconsult que la ahora interesada y la rechazan motivadamente, por razones que ahora reiteramos.

   Segunda.- Coincidimos con el criterio del Ministerio Fiscal acerca de que las sentencias cuya aportación se pretende no son decisivas para resolver el caso.

   Tercera.- Al cabo, de lo que se trata es de que unos mismos hechos (suponiendo que se haya aportado una prueba similar en el presente caso y en el resuelto por la STSJ Madrid aportada) reciben una valoración jurídica distinta. Ese problema es, precisamente, el que debe combatirse mediante el recurso de casación unificadora y cumpliendo los requisitos impuestos por el legislador, uno de los cuales es el de invocación de una sentencia referencial que sea firme al momento de finalizar el plazo de interposición del recurso ( art. 221.3 LRJS ). Permitir la reconstrucción del recurso de casación unificadora al amparo del artículo 233.1 LRJS , para aportar a su través sentencias que no tenían firmeza en el momento de precluir el plazo legalmente fijado, conduciría a desnaturalizar su propia esencia y a frustrar la finalidad de la norma.

   Cuarta.- En particular, las sentencias de suplicación cuya aportación se pretende tampoco pueden considerarse decisivas para la suerte del recurso de casación unificadora que ahora resolvemos. No siendo firme en el momento de dictarse la STSJ País Vasco recurrida tampoco cabe argumentar que se había desconocido la eficacia de la cosa juzgada.

   Quinta.- Ninguna indefensión se produce a la recurrente con este rechazo, toda vez que las consideraciones doctrinales de las referidas sentencias ha podido incorporarlas a su propia exposición, o incluso invocar su parecer opuesto para que esta Sala, al igual que ya hiciera la del País Vasco, tome conciencia de que asuntos similares están recibiendo respuestas dispares.

Documento cuya aportación se interesa.

1. De cuanto llevamos expuesto se desprende que la parte recurrente solicita la admisión de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Sección Primera.

   Se dicta tras haber sido impugnadas reclamaciones económico-administrativas y el Acuerdo de Resolución de Recurso de reposición, Concepto IRPF 100 2012 anual, de la administración de la AEAT de la Laguna, Acuerdo de Resolución de Recurso de reposición, Concepto IRPF 100 2012 anual, de la administración de la AEAT de Santa María de Guía, Acuerdo de Resolución de Recurso de reposición, Concepto IRPF 100 2012 anual, de la administración de la AEAT de Santa Cruz de Tenerife, Acuerdo de Resolución de Recurso de reposición, Concepto IRPF 100 2012 anual, de la administración de la AEAT de Arona, Acuerdo de Resolución de Recurso de reposición, Concepto IRPF 100 2012 anual, de la administración de la AEAT de Puerto de la Cruz, en expedientes de rectificación con base en el contenido del artículo 120. 3 de la LGT y devolución de ingresos promovidos por cada uno de los interesados en relación a la autoliquidación del IRPF ejercicio 2012.

2. El supuesto, de entrada, es bien diverso al del contemplado en el Auto de esta Sala que la recurrente invoca, donde se trata de aportar sentencias dictadas por órganos de la jurisdicción social, en interpretación de las mismas normas cuestionadas en el recurso de casación unificadora.

   Por el contrario, en nuestro caso, se aporta una sentencia que contiene doctrina, quizá diversa a la recogida en la sentencia recurrida, pero surge, si es que así fuera, en un ámbito diverso y en aplicación de normas tributarias.

3. Por tanto, el asunto debatido en la sentencia de Canarias poco tiene que ver con lo solicitado por la recurrente en los presentes autos (pensión de jubilación, con efectos 14 de junio de 2017, en cuantía del 76% de su base reguladora). La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 4 de mayo de 2018, P O 1215/2017, sentencia susceptible de recurso, se refiere a un procedimiento de IRPF (independientemente que se pueda debatir sobre pensión de jubilación de compañeros de la recurrente).

   Las consideraciones doctrinales vertidas en tal sentencia, por descontado, pueden haberse utilizado por la recurrente, pero ello no significa que estemos ante una sentencia decisiva, en modo alguno, ni siquiera ante una dispar valoración sobre si unos mismos hechos constituyen el supuesto de jubilación previsto en la LGSS para acceder a la jubilación anticipada.

4. Por si lo anterior no bastara, la sentencia aportada contiene diligencia expresa indicando que la misma no es firme, lo que constituye, por sí solo, causa bastante para rechazar la incorporación de referencia, como advierte el escrito de alegaciones de la Seguridad Social.

Inadmisión de la aportación pretendida.

A la vista de cuanto antecede, coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal en su razonado Informe, debemos concluir que no nos encontramos en ninguno de los supuestos que el artículo 233.1 LRJS establece para que pueda admitirse la aportación documental de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 4 de mayo de 2018, P O 1215/2017. En consecuencia, deberá ser devuelta a la aportante.