ATS, 5 de Febrero de 2019

Ponente:ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Número de Recurso:4588/2017
Procedimiento:Social
Fecha de Resolución: 5 de Febrero de 2019
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
 
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CONTENIDO

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

Auto núm. /

Fecha del auto: 05/02/2019

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Número del procedimiento: 4588/2017

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa Maria Viroles Piñol

Procedencia: T.S.J.CATALUÑA SOCIAL

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz

Transcrito por: DRV / V

Nota:

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4588/2017

Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa Maria Viroles Piñol

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Auto núm. /

Excmo. Sr. y Excmas. Sras.

Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea

Dª. Rosa Maria Viroles Piñol

D. Angel Blasco Pellicer

En Madrid, a 5 de febrero de 2019.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Rosa Maria Viroles Piñol.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Tarragona se dictó sentencia en fecha 3 de febrero de 2017 , en el procedimiento nº 1018/15 seguido a instancia de D. Silvio contra Fundación Cares y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre derecho y cantidad, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 20 de julio de 2017 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 10 de noviembre de 2017 se formalizó por la letrada D.ª Roser Vilaplana Huertos en nombre y representación de Fundación Cares recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Y por proveído de 31 de mayo de 2018 se tuvo por personado y parte al letrado D. Javier Arazuri Herce en nombre y representación de Fundación Centre DŽAlt Rendiment Empresarial I Social (CARES) -Fundación Cares-.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 30 de octubre de 2018, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de julio de 2017 , en la que se confirma el fallo de instancia que, con parcial estimación de la demanda, declaró el derecho de la parte actora a percibir la retribución correspondiente a la categoría de Especialista de 1ª[Nivel 8] del Convenio Colectivo de talleres para Discapacitados Psíquicos de Cataluña, condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 6.130,18 euros correspondientes a las diferencias salariales del periodo reclamado. La empresa ante la Sala de suplicación manifestó su disconformidad con la categoría en la que fue encuadrado el actor, señalando que debió ser la de peón, o en su caso, la de Especialista de 3ª, al igual que le fue reconocida a otros trabajadores que fueron compañeros del actor y que se encontraban en la misma situación. El órgano jurisdiccional a la vista de los dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación, y las pocas diferencias existentes entre las distintas categorías de especialista, hasta el extremo de diferenciar entre la más alta y la más baja, manifiesta que como puede ser encuadrado en cualquiera de ellas, no concurre razón para no asignar la categoría de especialista más alta.

Disconforme la demandada con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala homónima de Extremadura de 24 de noviembre de 2010 (rec. 503/2010 ), recaída en reclamación de cantidad deducida contra el Ayuntamiento de Caraboso, y en la que la demandante --auxiliar de ayuda a domicilio-- denuncia que se le han abonado unos salarios inferiores de los que le correspondían. La sentencia de referencia hace suyas las argumentaciones del Juez a quo adversas a la pretensión deducida en demanda. Señala que en el caso no puede ser de aplicación del V Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, por no estar dentro del su ámbito funcional. Por lo tanto, ante la ausencia de convenio colectivo, el salario al que tiene derecho el demandante es el correspondientes a las "retribuciones iguales a las del personal contratado por la entidad beneficiaria que desempeñe el mismo puesto de trabajo y tenga igual categoría profesional", y eso es lo que han percibido quienes prestan servicios en el mismo puesto de la actora.

Una atenta lectura de las sentencias enfrentadas dentro del recurso evidencia que la contradicción en sentido legal no puede declararse existente al no concurrir la triple identidad legal que habilitaría el juicio positivo de contradicción. Así, la sentencia recurrida ventila una pretensión de derecho y cantidad, de tal suerte que reconocida la categoría procede el abono de los salarios correspondientes a la misma. En la sentencia de contraste únicamente se contempla reclamación de cantidad anudada a la aplicación de un determinado Convenio Colectivo. Por otro lado, tampoco los debates desplegados ante las respectivas Salas sentenciadoras son simétricos, porque la determinación de la categoría que corresponde al trabajador se ventila en la recurrida a la vista de las previsiones del convenio aplicable y las concretas funciones desempeñadas; extremo que no se debate en la referencial en la que, es pacífica la categoría que ostenta la trabajadora, sin perjuicio de su discrepancia con las retribuciones percibidas, pues al ser contratada en virtud de Decreto 238/2005, de 9 de noviembre y no contener ninguna disposición respecto al salario a percibir, aquélla pretendía la aplicación del V Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Lo expuesto hace lucir con nitidez la inexistencia de contradicción.

SEGUNDO

Por lo razonado, no habiendo la recurrente formulado alegaciones en el trámite oportuno, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con lo establecido en los arts. 219 y 225 LRJS . Y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 225.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se acuerda la pérdida del depósito constituido, dándose a la consignación efectuada el destino legal, y sin que proceda la imposición de costas al no haber comparecido la parte recurrida.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D.ª Roser Vilaplana Huertos, en nombre y representación de Fundación Cares, representada en esta instancia por el letrado D. Javier Arazuri Herce contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 20 de julio de 2017, en el recurso de suplicación número 2597/17 , interpuesto por Fundación Cares, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Tarragona de fecha 3 de febrero de 2017 , en el procedimiento nº 1018/15 seguido a instancia de D. Silvio contra Fundación Cares y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre derecho y cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente y con pérdida del depósito constituido, dándose a la consignación efectuada el destino legal.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.