ATS, 17 de Mayo de 2018
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| ECLI | ES:TS:2018:5652A |
| Número de Recurso | 4389/2017 |
| Procedimiento | Social |
| Fecha de Resolución | 17 de Mayo de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 17/05/2018
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 4389/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Procedencia: T.S.J. CATALUÑA SOCIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
Transcrito por: CLA/R
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4389/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Luis Fernando de Castro Fernandez
Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
D. Antonio V. Sempere Navarro
En Madrid, a 17 de mayo de 2018.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga.
Por el Juzgado de lo Social N.º 25 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 4 de noviembre de 2016 , en el procedimiento nº 1014/2014 seguido a instancia de D.ª Penélope contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), sobre incapacidad permanente, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 3 de julio de 2017 , que estimaba el recurso interpuesto y en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 24 de noviembre de 2017 se formalizó por la procuradora D.ª Ana Tarragó Pérez en nombre y representación de D.ª Penélope , con la asistencia letrada de D. Roberto Pérez Frechoso, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Por escrito de 21 de diciembre de 2017 y para actuar ante esta sala, se designó al procurador D. Luis Fernando Granados Bravo.
Esta sala, por providencia de 27 de febrero de 2018, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia impugnada revoca la dictada en la instancia --que declara a la actora en situación de incapacidad permanente absoluta-- y desestima la demanda. La demandante fue declarada en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de vendedora de panadería, por presentar gonartrosis severa tricompartimental tributaria de PTR, malformación Arnold Chiari, hidrocefalia secundaria que en 1995 precisó derivación ventrículo-peritoneal, y posteriormente en 2001 recambio de dicha derivación. En la actualidad persisten dichas dolencias, a las que se han añadido enfermedad de Meniere con hipoacusia neurosensorial bilateral, pérdida auditiva OD 69,2% y OI 33,6%, y ansiedad en tratamiento farmacológico. Solicitó revisión de grado por agravación, que la sala deniega, razonando que la merma auditiva a lo sumo determinaría limitación para actividades que requieran de una óptima agudeza auditiva, requerimiento que no está presente en la totalidad de actividades laborales. Concluyendo que con las dolencias actuales la trabajadora conserva capacidad residual suficiente para el desempeño de un amplio abanico de actividades sedentarias.
La parte actora interpone recurso de casación para la unificación de la doctrina proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de junio de 2015 (R. 1409/2015 ), que declara al actor en situación de incapacidad permanente absoluta. Se trata de un supuesto en el que el demandante que fue declarado por el INSS en incapacidad permanente total cualificada, presenta: hipoacusia neurosensorial bilateral profunda (100 dB en OD y 80 dB en OI), síndrome de Meniere, implante coclear derecho en mayo de 2013 con clínica de acúfenos (y) audífono izquierdo ... persistencia de hipoacusia con afectación importante del área conversacional y síndrome vertiginoso limitante. Anord Chiari tipo I, lumbociática izquierda, discopatía grado II L5-S1 y grado I L4-L5. Clínica de ansiedad en control por médico de familia. La sala fundamenta su decisión en que el actor presenta una severa afectación funcional, con importante reducción de la audición, persistiendo mareos y acúfenos así como inestabilidad cefálica, junto a clínicas de parestesias en extremidades superiores. Por lo que -concluye- su estadio patológico proyecta sus efectos más allá del grado administrativamente reconocido para situarse en el superior dado que las dolencias descritas no le permiten el eficaz desarrollo de una actividad laboral.
De lo expuesto se desprende que las sentencias comparadas no son contradictorias pues, además de resolver la recurrida --a diferencia que la referencial-- una petición de revisión de grado por agravación, las dolencias y limitaciones objetivadas a los respectivos demandantes no son iguales. En particular, en la sentencia referenciaron concurre una importante reducción de la audición (100 dB en OD y 80 dB en OI), en tanto que en la recurrida la pérdida auditiva es de 69,2% en OD y 33,6% en OI.
Además, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la doctrina mantenida desde antiguo por esta sala, las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina, tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general ( SSTS 22 de marzo de 2002, R. 2654/01 , 7 de octubre de 2003, R. 2938/02 , 19 de enero de 2004, R. 1514/03 , 10 de diciembre de 2004, R. 5252/03 , 23 de junio de 2005 [2], RR 1711/04 y 3304/04 , o 2 de noviembre de 2005, R. 3117/04 ). En este sentido, las 2 sentencias de 23 de junio de 2005 (Sala General, R. 1711/04 y 3304/04 ) y la de 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/04 ) han establecido que "este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo ( SSTS 19 de noviembre de 1991, R. 1298/90 ; 27 de enero de 1997, R. 1179/96 ; 9 de julio de 2004, R. 3145/03 ; 24 de mayo de 2005, R. 1728/04 , 17 de febrero de 2010, R. 52/09 , o 22 de febrero de 2017, R. 1746/15 , entre otras muchas).
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.
LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la procuradora D.ª D.ª Ana Tarragó Pérez, en nombre y representación de D.ª Penélope , con la asistencia letrada de D. Roberto Pérez Frechoso y representado en esta instancia por el procurador D. Luis Fernando Granados Bravo, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 13 de julio de 2017, en el recurso de suplicación número 2608/2017 , interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 25 de los de Barcelona de fecha 4 de noviembre de 2016 , en el procedimiento n.º 1014/2014 seguido a instancia de D.ª Penélope contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
